¿QUÉ TENDRÍA QUE HACER EL FUJIMORISMO PARA QUE LOS CIENTÍFICOS POLÍTICOS LO DECLAREN ANTIDEMOCRÁTICO?

En los últimos años muchos científicos políticos peruanos han señalado que el fujimorismo ha pasado a una segunda etapa de su historia. La primera estaría marcada por la dictadura de los 90 y con la figura de Alberto Fujimori, mientras que la segunda lo estaría por los esfuerzos de una joven Keiko, rodeada de personas jóvenes y un equipo renovado, que estarían conduciendo al partido (por llamarlo de algún modo) a una performance democrática. Pero dicha supuesta "renovación de cuadros" es falsa, pues detrás siguen estando los mismos de siempre, como Luz Salgado, quien es actual Presidenta del Congreso y que fue una de las primeras colaboradoras de Alberto Fujimori.

Este relato que fue esgrimido en varias oportunidades por Steve Levitsky, me parece más como un anhelo que como una constatación, y que ha sido apoyada por Martín Tanaka y quienes lo copian, parece no ser tan creíble. Con excepción de algunos, como Eduardo Dargant,  los científicos políticos se han empecinado en seguir afirmando que el fujimorismo se ha democratizado y que es una fuerza democrática. Incluso después de que lo hemos visto pactar con los sectores más lumpen de nuestra sociedad y de realizar una grosera política (por darle un nombre a lo que hacen)  groseramente populista. Después de que los hemos visto hacer acciones ignominiosas en el intento desesperado de ganar las elecciones, como la acción de  José Chlimper con los audios trucados y con la presencia de Joaquín Ramirez (investigado por la DEA). 

En el caso de Chlimper, hasta la revista Semana Económica publicó un articulo titulado "''Chlimper versus Chlimper' y el lado oscuro del fujimorismo"  en el que se dice textualmente: 

"En ese panorama, José Chlimper se presentaba como un emblemático representante del ‘lado-no-oscuro’ del fujimorismo; uno de aquellos que constituía una influencia positiva en el entorno de la candidata presidencial. 

Ha dejado de serlo, lamentablemente, dada su participación en las últimas dos semanas en el affaire Ramírez. Primero defendió al referido individuo a capa y espada, para sorpresa de muchos (sobre todo de quienes tenían una buena opinión de Chlimper), al conocerse la noticia de la supuesta investigación de la DEA. Pero lo verdaderamente grave ocurrió cuando se supo que fue el propio Chlimper quien hizo llegar a los directivos de Panamericana Televisión el audio que se adulteró con la finalidad de hacer creer que el testigo principal de la denuncia se retractaba, cuando lo cierto era exactamente lo contrario (se ratificaba). Si Chlimper tuviera sentido del humor (cosa que nunca ha demostrado tener, al menos públicamente), las explicaciones que ha dado podrían parecer un chiste. Si él entregó el audio sin adulterar, como ha declarado, ¿para qué lo hizo, si eso confirmaba la denuncia contra Ramírez? Y, en cualquier caso, ¿por qué calló ostensiblemente durante los días en que prevaleció la versión apócrifa?

SEMANA económica se considera una revista de empresarios para empresarios. Por eso celebra el aporte empresarial a la cosa pública, y repudia enérgicamente los casos aislados de representantes empresariales que desprestigian al gremio (ver Comenta el Director en SE 925, 1467, ). Hoy parece claro que si José Chlimper fue alguna vez una buena influencia para el fujimorismo, ha terminado participando de, o en el mejor de los casos avalando, sus más cuestionables prácticas, como esta grosera manipulación de la verdad. ¿Será que la figura se revirtió y el peor fujimorismo –el lado oscuro— terminó siendo una mala influencia para Chlimper?"(http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/189672-chlimper-versus-chlimper-y-el-lado-oscurso-del-fujimorismo/)

De esta manera, la revista empresarial, a la cual nadie podría tildar de izquierdista está deslindando del representante fujimorista y señalando con firmeza que era inaceptable lo que estaba pasando. Si dicha revista lo pudo hacer, la pregunta es ¿por qué no hacen lo mismo los  científicos políticos no?   

Las actitudes antidemocráticas del fujimorismo no se hicieron esperar el día 28 de julio. Antes de la toma de mando aparece un spot en la televisión en el cual Keiko Fujimori dice "convertiremos nuestras propuestas del plan de gobierno en ley". Como si fuese quien ganó las elecciones, realiza dos acciones de carácter autoritario: 1) Da un mensaje a la nación (algo que corresponde al Presidente electo) y 2) Señala que impondrá sus proyectos políticos a través de la mayoría parlamentaria. 

Pero si eso fuera poco, la actitud de la bancada fujimorista dejó mucho que desear durante en momento en que Kuczynski estaba dando su primer discurso. Los fujimoristas no tuvieron la cortesía política de aplaudir el discurso, comenzando por Kenji Fujimori. Y, además, por momentos vociferaron el lema "'¡Keiko Presidenta!"Lo que Augusto Álvarez Rodrich denomina "berrinche fujimorista" debido a que perdieron las elecciones, no es sólo un berrinche. Se trata de una actitud sostenida de desprecio a los principios democráticos más sustanciales. Se trata del mismo espíritu de Martha Chávez durante el primer discurso del ex presidente Ollanta Humala. Es la actitud de quien dice "aquí ago lo que me venga en gana".

Si estas son las actitudes del fujimorismo ¿por qué los científicos políticos insisten en tildarlo como partido político democrático? No basta con decir que han sido oposición durante gobiernos democráticos, como algún analista político de corazón fujimorista ha señalado hace unos meses. El partido NAZI también fue oposición en periodos de democracia hasta que ganó las elecciones y trocó democracia por totalitarismo. Entiendo la esperanza de Levitsky de que el fujimorismo se democratice, pero no basta con tener esa esperanza para que ello se convierta en una realidad.

¿Qué tendría que pasar para que los científicos políticos señalen que el fujimorismo es antidemocrático? ¿Tal vez que ganen las elecciones e impongan un gobierno dictatorial como el de los 90?¿O den un golpe de Estado al actual presidente, como el año 92? ¿O tomen las armas e inicien la "lucha armada", como Sendero Luminoso? Una cosa es la neutralidad del análisis del científico político, que provienen de sus compromisos metodológicos, y otra el tener una actitud complaciente frente a una agrupación de mostrado talante autoritario.

CONCENTRACIÓN Y MEDIOS: LAS AMENAZAS PARA LA DEMOCRACIA Y CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Hace unos días la agencia internacional TELESUR me hizo una entrevista en el contexto de la concentración de medios en el Perú. La razón por la que me invitaron fue mi post a propósito del impasse entre Perú.21 y Germán Alarco. Ciertamente, TELESUR pertenece al bloque del ALBA y aunque no comparto todas las ideas que ellos defienden, accedí puesto que como demócrata y liberal de izquierda rechazo la concentración de medios. 

La concentración de medios disminuye la libertad de expresión. Y toda forma de restricción arbitraria de esta libertad es una amenaza contra la democracia y se convierte en una forma de dominación, tal como lo percibió el Papa Francisco en su visita al Paraguay. 

Sin más, comparto el enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=ui6_GWKzpLk

La Filosofía del Derecho y su vínculo con la democracia

 Es común que cuando se alguien se dedique a la Filosofía del Derecho y a la Epistemología Jurídica tome la decisión de desvincular sus reflexiones de cualquier consideración de orden político. Esta decisión se encuentra gobernada por el afán de cientificidad y de neutralidad que el positivismo a legado al derecho. Pero no toda práctica común se encuentra debidamente justificada. A veces, la repetición de ciertas prácticas académicas tiene su base en cuestiones extraacadémicas, como puede ser el prestigio o el predominio que determinados hábitos de pensamiento tienen en la comunidad científica. Ciertamente, esto no quiere decir que no podamos encontrar razones para evaluar si ciertas ideas son mejores que otras. La hegemonía de ciertos referentes intelectuales no lo es todo, sino que las razones también cuentan y deberían de tener un peso importante, e incluso más importante.

Ahora bien, las razones circulan en el aire, sino entre la comunicación de las personas que comparten un mundo. Como investigadores y como personas compartimos un mundo, nuestro mundo, en el cual se encuentran elementos que son objeto de discusión y otros que forman el horizonte que da sentido a dicha discusión. En nuestro mundo, tanto el derecho, como la Filosofía del Derecho y la Epistemología Jurídica tienen como trasfondo el horizonte de la sociedad democrática, sociedad que considera a las personas como libres e iguales en dignidad. El mundo democrático (y sus intuiciones morales como la libertad y la igualdad en dignidad)  no es ni necesario ni arbitrario. No es necesario, ya que  la historia de nuestro mundo pudo tomar otra dirección; tampoco es arbitrario, pues se han ido forjando en un proceso de aprendizaje histórico. En dicho aprendizaje han sido importantes los conflictos y los procesos traumáticos por los que nuestro mundo ha pasado como, por ejemplo, las guerras de religiones durante el siglo XVII, que trajo consigo el principio político de tolerancia religiosa, y el holocausto judío propinado por los Nazis, del que surge la Cultura de Derechos Humanos.  Este proceso de aprendizaje no ha sido –y nunca es- automático, sino que en él se ha hecho valer la capacidad de razonar de las personas que hicieron su mejor esfuerzo tomando en cuenta las herramientas conceptuales que tenían a mano. Esto ha hecho que el mundo en el que estamos y hemos heredado esté lejos de ser arbitrario, sino que representa la mejor manera de articular intuiciones fundamentales para nuestra vida en común.

           

Pero el trabajo no está acabado y no podemos quedar con los brazos cruzados regocijándonos de nuestra herencia. No podemos hacer eso porque, entonces, correríamos dos peligros. El primero es desandar lo aprendido. El segundo es dejar tal como está aquello que falta articular. El primer peligro no se basa sólo en las consecuencias que puede tener la inercia del pensamiento y la reflexión, sino porque los logros que hemos alcanzado se encuentran constantemente amenazados por adversarios políticos que buscan regresar al mundo premoderno, defienden el Estado confesional y denostan de la Cultura de los Derechos Humanos. El segundo peligro tiene como fuente las inarticulaciones que tienen aún nuestras intuiciones morales básicas y, como consecuencia de ello, también las inarticulaciones que tienen nuestras instituciones sociales fundamentales.

            

La inarticulación que me parece relevante, en este punto de mi argumentación, es aquella que existe entre el derecho y la democracia tanto en la vida práctica como en la discusión académica. Abogados, juristas y teóricos del derecho no piensan la democracia como el horizonte del derecho en nuestro mundo contemporáneo. Más bien, ven en éste una caja de herramientas o un manojo de llaves que permiten tener éxito en la interacción social. Es revelador que los estudiantes de derecho afirmen que la finalidad del derecho es el orden o la paz en la sociedad, y que no piensen que el derecho se encuentra remitido a la justicia, tal como una sociedad democrática y liberal entiende la justicia. Los estudiantes suelen repetir lo que sus profesores les dicen y, una vez siendo profesionales, suelen replicar los hábitos de pensamiento y acción que aprendieron en las aulas universitarias. Si ellos piensan así, quiere decir que piensan en el derecho como herramientas técnicas desconectadas de su trasfondo político. Ello enrarece la comprensión del derecho al punto de pensarlo como herramientas desvinculadas de la práctica en el mundo. Es como si el derecho se pensara como un aeroplano que jamás tocase tierra en el mundo.

Como ejemplo de este despropósito, examinemos  una idea que se divulga en las aulas de las Facultades de Derecho según la cual una ley promulgada debe ser asumida como si fuese de conocimiento público. Es como si los ciudadanos, incluso los más alejados de los centros de comunicación jurídica, tuviesen que leer todos los días la gaceta jurídica para enterarse de las buenas nuevas. En la realidad, ni siquiera todos los profesores de derecho leen todos los días ese tipo de publicaciones. Pero el supuesto de acuerdo al cual todos los ciudadanos debemos de estar al día con la ley es un indicio de que el derecho es pensado como un sistema normativo que hace abstracción del mundo en el que se aplica. Este ejemplo muestra claramente la desconexión entre la ley y nuestro mundo, el abismo que han colocado entre el derecho y la política. Si se pensara de otra manera, se vería la necesidad de una política de Estado dirigida no sólo ha hacer posible el conocimiento de las leyes más relevantes por parte de los ciudadanos, a través de todos los medios de difusión disponibles. Pero algo más importante aún, el Estado debería de asumir la tarea de fortalecer los foros públicos de discusión sobre las leyes y los proyectos de ley.

       

Cosas como estas son indicio de que es necesario conectar el derecho y la democracia. Esto supone dejar de pensar al derecho como un sistema cerrado y autopoiético para verlo como un sistema abierto y conectado con la sociedad democrática.   El derecho ha de pensarse como una herramienta para la convivencia democrática, es decir, que permita abrir las puertas a la libertad y la igualdad entre las personas. En por ello que el derecho debe encontrarse en el centro de la deliberación pública, a fin de que en el debate los ciudadanos puedan ir modulando el lugar que tiene el derecho en las relaciones sociales, así como discutir el contenido del derecho mismo. Ciertamente, el derecho tiene sus procedimientos y procesos, y éstos son importantes. Pero una cosa es entender la importancia que tiene la teoría general del proceso y otra es sacralizarla. Al sacralizarla lo que hacemos es extraerla del debate público, mientras que comprender su importancia significa articularla con la deliberación dentro de la sociedad.  

Ciertamente, la deliberación pública es política. En ese sentido, para poder conectar al derecho con su trasfondo democrático requerimos restablecer la conexión entre el derecho y la política. Al escribir esto me imagino, de una parte, a los positivistas, a los defensores del neoconstitucionalismo y a los partidarios de la teoría de la argumentación jurídica frunciendo el seño, y del otro, a los defensores de la teoría del derecho natural, frotándose las manos en señal de victoria. Pero a estos últimos les tengo malas noticias. Cuando pienso en política no lo hago desde un punto de vista sectario, así como cuando pienso en la moral no lo hago en un sentido confesional. La política tiene un significado más amplio que se conecta con la apertura de los caminos para hacer valer los derechos y las libertades de todos y no sólo de mis partidarios. Y la moral, tiene un sentido postconvencional, que escape a los preceptos de una religión o una comunidad particular, y que puede aspirar a validez universal. Así como el relativismo cultural, que afirma que es imposible la comunicación y el debate entre personas de diferentes culturas, es cuestionable, también lo es la concepción de la moral y la política encajonada en una pequeña parroquia.

            

El derecho y sus procesos deben de organizarse de modo que puedan recoger las exigencias que brotan de la deliberación social para que pueda conectarse con las relaciones sociales dentro de la democracia. Es decir, el derecho debe de dejar de entenderse como un sistema cerrado y comenzar a pensarse en la cristalización normativa de un debate social sobre cuestiones de interés general. Las instancias jurídicas, como el Congreso de la República, debe de recoger esas exigencias, debatirlas y darle de norma de derecho.  De esta manera, el Estado y sus instituciones debe de abrirse como una carretera para que permita que la deliberación pública y democrática sobre las leyes pueda discurrir con facilidad a fin de que el derecho case con la justicia entendida como igualdad en dignidad y libertad de los ciudadanos. 

LA NECESIDAD DE FORTALECER EL ESTADO LAICO EN PERÚ

En  los últimos tiempos se han hecho públicos una serie de incidentes que llaman a la reflexión sobre el hecho de fortalecer la laicidad del Estado peruano. Hace ya un tiempo, el conocido incidente de CONCYTEC, en el cual la directora retiró de los espacios públicos de la institución una serie de símbolos religiosos que pululaban en ella. La decisión de la directora de CONCYTEC fue altamente cuestionada por muchas personas, que no entendían lo que la laicidad del Esto significa y lo importante que es, para la democracia, defender la independencia del Estado  del fuero de las Iglesias. Incluso, un grupo de personas, totalmente desconociendo los valores de un Estado republicano, pidieron al cardenal Cipriani que interceda a favor de reintegrar los símbolos religiosos en la institución.

Otro incidente importante es el ocurrido antes de la Navidad en la UNMSM. Una estudiante de Filosofía envió una carta al Decano de la Facultad de Letras en la cual exigía, con pleno derecho, que se proceda a retirar los símbolos religiosos y el nacimiento que se había puesto en las áreas comunes de la Universidad, puesto que se trataba de una institución pública.  Las reacciones adversas contra la carta y la estudiante no se hicieron esperar.  Ella se grangeó de insultos y agravios, y muchos de sus profesores (especialmente, de ética y filosofía política - de quienes se esperaba una mayor comprensión del problema-, mientras que los profesores de epistemología le dieron su respaldo). 

Un tercer incidente, que vale la pena mencionar en este contexto, es la presencia del altamente cuestionado cardenal Cipriani, en la toma de mando de Castañeda en la Alcaldía de Lima. El hecho de que el actual Alcalde invite al Cardenal   a tal ceremonia deja mucho que desear respecto de las credenciales democráticas del primero. Se podría enumerar una serie de situaciones e incidentes en la que la laicidad del Estado peruano es puesta entre paréntesis. Cada nuevo incidente da muestra el hecho de que muchas personas no entienden la importancia de afirmar la laicidad del Estado.  Las reacciones han ido desde señalar que el tema carece de importancia, o que, como el Perú es tradicionalmente católico, hay que aceptar la situación. Otros han señalado, que puesto que el catolicismo es la religión mayoritaria, está bien el que el Estado esté  teñido por el catolicismo. Incluso, hay varias personas que apoyan la idea de que el Estado peruano sea confesional.  Al  parecer, no sólo vivimos en un país homofóbica, racista y discriminatoria, sino rabiosamente religiosa, donde las versiones más radicales de las religiones se encuentran a la orden del día 

¿Por qué es importante fortalecer la laicidad del Estado peruano? La laicidad supone la consideración de la igualdad moral de las personas y la libertad de creencia (tanto religiosa o no religiosa), y para poder hacer valer esos principios, el  Estado laico tiene dos procedimientos importantes. El primero es la separación entre el Estado y la religión, mientras que el segundo consiste en poner en pie de igualdad a todos los credos.  Con ello se logra que no existan ciudadanos de segunda fila. Y no existen argumentos como el de la tradición, o el de la religión mayoritaria, que pueda esgrimirse seriamente en contra de la laicidad. Una de las consecuencias de la laicidad consiste en que el la esfera Estatal (escuelas y universidades públicas, ministerios u otras instituciones públicas) ninguna religión particular debe ser promovida por el Estado, y en los espacios comunes de las instituciones estatales lo religioso no debe estar presente.

Parece que las escuelas de derecho del país no tienen claridad sobre lo que la laicidad significa, y de su importancia. Muchos abogados arguyen que el artículo 50 de la Constitución Política del Perú faculta a las personas a ignorar la laicidad. Cada vez que surge una polémica sobre la laicidad, los abogados formados por profesores extremadamente conservadores,  enarbolan el famoso artículo 50, que señala lo siguiente: 

Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.

Para quien lea atentamente dicho artículo, en él se afirma claramente la independencia del Estado respecto de la religión católica y se aboga por el pluralismo religioso. Pero los abogados conservadores consideran que el que dicho artículo se declare a la Iglesia Católica como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú es igual a afirmar la confesionalidad del Estado. Lamentablemente, para nuestros ultramontanos criollos, eso no es cierto. Pero otro dato importante lo constituye en que los defensores del Estado confesional desconozcan el artículo 2 de la misma Constitución, que en su inciso 3 señala que: 

Toda persona tiene derecho:

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.

Dicho artículo no puede ser más claro respecto a la defensa de la libertad religiosas y de creencia, y respecto a la defensa del pluralismo razonable. ¿Por qué no lo mencionan nuestros ultramontanos criollos? Tal vez porque no les conviene. Lamentablemente, la Constitución de 1993 no contiene una expresión como "El Estado peruano  es laico". Se entiende que los constituyentes, en su mayoría fujimoristas, hayan preferido mantener la formulación de la Constitución de 1979, debido al juego de fuerzas políticas. Es por ello que se hace necesario desarrollar una política que modifique esa situación para que la laicidad del Estado no quede en entredicho, y con ello la igualdad de los ciudadanos no quede en vilo.  

Debido a su formación, que incluye confusiones conceptuales, los abogados afirman taxativamente que el derecho y la política son dos cosas diferentes, que el derecho debe mantenerse puro ante cualquier pretensión política y que la palabra política en la Constitución política del Perú es como un detalle que debe ser ignorado. Es necesario comprender que una Constitución es fruto de un acuerdo político y que las fuerzas políticas progresistas de este país deben defender la laicidad. ¿Dije "fuerzas progresistas"?. Bueno, son escasas, pero allí están y deben de tomar en serio la cuestión de la laicidad, y no hacer como algunos profesores de San Marcos, que prefieren no involucrarse porque tienen miedo a perder su puesto de trabajo. Aquí, el dicho anglosajón cae a pelo: "NO PRETENDAS QUE ALGUIEN VEA ALGO CUANDO SU SUELDO PRESENTE Y FUTURO DEPENDE DE QUE NO LO VEA"

Ética de la función pública

 La ética de la función pública forma parte de una rama de la ética denominada “ética aplicada”. Esta rama constituye un nuevo enfoque que surge en los Estados Unidos de América en la década de 1960  y  consiste en la especificación de pautas de conducta y exigencias que se imponen a ámbitos específicos del quehacer científico y de las prácticas profesionales.  Brenda Almond, co-fundadora de la Sociedad de Filosofía Aplicada,  señala que la ética aplicada constituye el examen filosófico, desde un punto de vista moral, de cuestiones concretas de la vida práctica y pública de juicio moral.

En la actualidad, la ética aplicada se ha diversificado ampliamente y ha ingresado a un sinnúmero de actividades humanas de carácter científico, profesional y de interés público, desde la  ética profesional a la ética vinculada al cuidado del medioambiente.  De este manera, por ejemplo, en el cambo de la investigación médica y genética,  la bioética coloca los límites y exigencias morales a la investigación biológica y trata sobre una serie de temas problemáticos propio de la actividad de los científicos y de la aplicación técnica de los avances alcanzados por las ciencias.  Un ejemplo lo constituye el problema de la clonación humana o de los productos transgénicos. La cuestión de la manipulación genética abre el espacio de una discusión ética amplia.

Lo mismo sucede con las diferentes profesiones.  Por ejemplo, los abogados  o los contadores se encuentran frente a exigencias éticas que se derivan de su propia profesión y que responden a problemas que brotan de ésta. Otros ejemplos lo constituyen la ética de las empresas o los negocios, la ética de las relaciones políticas, la ética de los medios de comunicación, la ética de las diferentes profesiones (periodistas, abogados, médicos, educadores, entre otros). Resulta también ser un área importante de la ética aplicada aquella que concierne a la responsabilidad moral que las personas y los Estados tienen respecto de los demás seres del planeta (por ejemplo, la exigencia de disminuir el sufrimiento propinado a los animales, como el caso de las corridas de toros o las peleas de gallos o la utilización de animales vivos en las escuelas de medicina para observar al abierto el funcionamiento de determinados sistemas como el respiratorio), el problema de la extinción de especies animales a causa de la intervención de la mano del hombre o la responsabilidad frente al medioambiente en general (el efecto invernadero, la emisión de gases tóxicos o las pruebas químicas en las profundidades marinas para la innovación en armas).

En cambio la ética o la moral, en un  sentido amplio, tiene que ver con exigencias de conducta y orientaciones para la vida de las personas en general, independiente a qué se dediquen o cuáles sean sus campos profesionales. Así, mientras que seguir el código de ética y reflexionar sobre éste es propio de la ética aplicada al ejercicio del derecho o del periodismo, la veracidad y la rectitud de conducta, así como la orientación de la vida hacia ciertos bienes morales fundamentales compete a la vida moral de las personas. La ética aplicada busca, pues,  modular y ver los caminos de aplicación de las exigencias generales de la ética o la moral en los distintos campos de acción profesional o científica.

La ética aplicada a los servidores públicos supone un cambio esencial en las actitudes de cada funcionario que se traduce en actos concretos orientados hacia el interés púbico[1]. Los funcionarios públicos, en el cumplimiento de su trabajo, tienen ciertas exigencias éticas en virtud del servicio civil que realizan. Dicho servicio tiene una conexión profunda con las instituciones de una sociedad democrática. El Estado para el que los funcionarios públicos trabajan es un Estado Democrático de Derecho. En éste, la legitimidad de las instituciones públicas se funda en la voluntad popular que los ciudadanos expresan a través de una serie de mecanismos propio de las sociedades democráticas, mecanismos que pasan desde el voto, la consulta popular y la deliberación pública sobre cuestiones de interés. Es en este sentido que los funcionarios públicos devienen en servidores públicos. Dicha transformación se encuentra motivada por el hecho de que, en una democracia la soberanía reside en los ciudadanos y que los funcionarios públicos se deben a ese soberano que es la ciudadanía en general. De este modo, en una sociedad democrática, el Estado y todas sus instituciones brotan – por decirlo de algún modo – del poder soberano que la ciudadanía representa.

En los últimos años se ha vuelto necesaria esta ética de la función pública por a) los casos de corrupción y malas prácticas, b) por la necesidad de constituir una administración pública más eficaz y por c) las exigencias y demandas que provienen de la sociedad civil. Estas necesidades surgen debido a que la Administración Pública no basta con saberes técnicos, sino que requiere de dos componentes adicionales que son fundamentales. Un componente ético, constituido por buenas prácticas en la función pública, además de un componente político, articulado por una estructura democrática.

La ética de la función pública es, entonces, la ética aplicada a las  prácticas del funcionario público. De acuerdo a la ley, la ética de la función pública está constituida por el Código de Ética de la Función Pública (Ley 27815 – Art. 4°) y se encuentra dirigido a personas definidas del siguiente modo: “...se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado”. Desde una perspectiva ética, el bien principal de quienes ejercen función pública en un Estado democrático es el servicio a los ciudadanos. Así, ser servidor público implica una doble responsabilidad: en tanto que persona y en tanto servidor público. En tanto persona debe conducirse según las exigencias de la ética general mientras que, en tanto funcionario público debe ceñirse a las exigencias propias del servidor público. Aunque esta doble responsabilidad corresponde a todo profesional, en el caso del funcionario público se acentúa debido a que representa al Estado frente a la ciudadanía y a personas  extranjeras ya sea que residen en el territorio nacional o estén de visita en el país.

Ahora bien, la ética de la función pública tiene puntos críticos. Entre ellos destacan tres áreas: a) El área de la transparencia y la publicidad de la información; b) el área de la neutralidad y la imparcialidad en la toma de decisiones políticas y en política de adquisiciones de bienes y servicios, y c) el área de la probidad en el uso de recursos públicos. En este sentido, es necesario que la actividad del funcionario público sea transparente y el funcionario público debe brindar la información de manera clara a los ciudadanos. En este sentido, también los funcionarios públicos deben de dotar de información clara y rendir cuentas ante la ciudadanía, en general. La rendición de cuentas ante los ciudadanos garantiza que su función corresponda a la de un Estado Democrático.

A fin de hacer frente a estos aspectos críticos se hace necesario tomar medidas que garanticen la eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función, así como el buen  trato y el trato preferente al ciudadano además de la apertura a mecanismos de participación y control ciudadanos. Al mismo tiempo se requieren de aspectos institucionales importantes. En este sentido, se hace necesario la construcción de una “infraestructura ética” en las instituciones. Algunos elementos propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son los siguientes: Compromiso y voluntad políticos; marco legal efectivo; mecanismos de responsabilidad; códigos de conducta; socialización y formación profesional; condiciones de trabajo adecuadas.

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[1] Cf. BAUTISTA, Óscar Diego; La ética y la corrupción de la política y en la función pública.

VALORES NATURALES VS. DERECHOS FUNDAMENTELES

La laicidad ha sido una conquista importante en la modernidad. Como respuesta a la guerras de religión que azotaron la Europa del siglo XVII, la laicidad enarboló la bandera de la separación entre el Estado y la Iglesia, de tal manera que se puedan poner en pie de igualdad a todos los ciudadanos, no importando sus creencias religiosas, o si son agnósticos o ateos. Esta conquista civilizatoria en occidente se ha visto constantemente amenazada por aquellos que denostan de la modernidad y realizan una política de retorno a la Edad Media. Esta política de rechazo a la modernidad consiste en pugnar por la consolidación de un Estado confesional e  integrista, en el cual las instituciones del Estado,  el derecho y la moral de la religión católica se encuentren fusionadas.

En ciertas Facultades de Derecho del país hay profesores que señalan abiertamente que el Estado confesional es la mejor propuesta que podemos tener para el Perú. Hay quienes consideran que muchos de los problemas que sufre la sociedad peruana tienen su origen en la laicidad y la secularización. Ellos ven que lo que llaman "ideología de género", que aboga por la igualdad en derechos entre hombres y mujeres, y los derechos de las minorías sexuales no es otra cosa que una de las calamidades que surgen de la separación de la Iglesia y el Estado. Así, cuestiones como la unión civil, el aborto terapéutico y el aborto por razones de embarazos producto de violaciones sexuales, entre otras cosas, son vistas como las exigencias monstruosas de  una sociedad que ha perdido el rumbo del derecho natural medieval y de los "valores eternos". Desde antes de asumir el cargo de Cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani ha sido un entusiasta y combativo de esta política adversa a la laicidad, la modernidad, lo que denomina la "ideología de género" y el pluralismo social, que él denomina "relativismo".

El 28 de julio último , en su homilía del Te Deum se refirió a la relación entre Iglesia y Estado bajo los términos de lo que él denominó "Laicidad Positiva". Señaló que este término fue acuñado por el papa Benedicto XVI y se opondría a una supuesta "Laicidad Negativa". Siguiendo la argumentación desplegada en la homilía, podemos deducir que mientras que la denominada "Laicidad Negativa" consiste en la confinación de la religión en el ámbito individual y privado, mientras que la "Laicidad Positiva"  supone la manifestación de la religión en la esfera pública.

Si eso es así, la distinción es completamente inútil e irrelevante pues nadie apoya la llamada "Laicidad Negativa". El debate, en realidad, se encuentra en lo que se considera como esfera pública. Ésta puede ser entendida de dos maneras: a) la esfera de la sociedad o, b) la esfera de la sociedad y el Estado. Lo que Cipriani está defendiendo es que la religión debe poder intervenir en la esfera pública, y entiende esta esfera como la suma de la sociedad y el Estado. Esta propuesta es cuestionable y altamente perniciosa, porque la propuesta del Cardenal es que la Iglesia intervenga en las políticas públicas como si fuese su derecho natural.

Realizando un juego de palabras que lo logra su objetivo, el Cardenal parece apoyar la separación entre la Iglesia y el Estado, con citas evangélicas y todo, mientras que, por otro lado realizas afirmaciones como

-      Es evidente que el criterio democrático de la mayoría puede ser suficiente, en gran parte, de la materia que debe regular jurídicamente los poderes del Estado. Pero también es evidente que en cuestiones fundamentales del derecho natural, en las cuales está en juego el presente y el futuro de la humanidad, otras consideraciones de carácter ético son indispensables

Con esta apelación al supuesto Derecho Natural se pretende subordinar las decisiones del Estado a los valores tradicionales de la Iglesia Católica. Puesto que, según Cipriani, el debate democrático puede ser pernicioso, es necesario sustraer la facultad de decisión a la sociedad para que la Iglesia tome la última palabra e indique la regla. Con ello desconoce el lugar que ocupan los Derechos Fundamentales dentro de un Estado Democrático de Derecho y en una sociedad democrática y plural. Pero ese desconocimiento no es un olvido, sino una negación, pues mientras los supuestos valores universales y naturales que acompañan al derecho natural desconocen la igualdad de los ciudadanos y dejan en manos de una élite teocrática las decisiones últimas, los Derechos Fundamentales hacen valer la igualdad en derechos y libertades a cada ciudadano y protegen las libertades políticas de las personas. Además, los Derechos Fundamentales cumplen de mejor manera el papel que Cipriani reclama para el Derecho Natural: servir como principios pétreos contra los que no se puede pactar en la dinámica de la discusión democrática. Lo hacen de mejor maneras, porque a diferencia de la versión del Derecho Natural que Cipriani defiende, los Derechs Fundamentales son compatibles con una sociedad democrática y plural.

El Cardenal, quien de una parte arremete contra la igualdad en derechos de los ciudadanos, por el otro reclama el derecho de los cristianos a actuar de acuerdo a sus valores tradicionales. De esta manera señala que:   Hay personas que, a título de suprimir la discriminación, pretenden a obligar a los cristianos, que desempeñen o no una función pública, a actuar en contra de sus conciencias. El problema no es que los cristianos conservadores expresen sus puntos de vista en sus iglesias y en la sociedad, sino que se abogue por el derecho que supuestamente ellos tendrían de determinar las leyes del derecho en el ejercicio de una función pública, como es el caso de los legisladores.  Y es que Cipriani capitaliza para sí la creencia falsa pero extendida de que los valores morales auténticos son los que se derivan de la religión católica y que éstos deben impregnar las normas del derecho. 

Muchas personas, especialmente en una sociedad conservadora como la peruana, considera que la moral se deriva de la religión. Cipriani aprovecha de esta confusión conceptual  instalada en la cabeza de muchas personas y difundida por el sistema educativo, para ganar posiciones en su proyecto contra la laicidad. Sin embargo, la idea de que la moral debe fundarse en la religión expresa deshonestidad  intelectual y no hace justicia ni a la religión ni a la moral. De esta manera, si queremos ser honestos lo que debemos afirmar son los Derechos Fundamentales y rechazar la idea de Derecho Natural medieval y los llamados valores naturales.

Apuntes sobre la extrema derecha en Perú (Segunda parte)

      La extrema derecha eclesial en el Perú encuentra en Juan Luis Cipriani, en el Opus Dei y en el Sodalisium sus mayores articuladores. Esta facción de la extrema derecha fue promovida por Juan Pablo II en el contexto de su combate contra el comunismo, en Europa del Este y de la Teología de la Liberación en Latinoamérica. La extrema derecha eclesial tiene dos frentes de acción: la política al interior de la Iglesia Católica y la política dentro de la sociedad peruana. En los dos ámbitos de acción ha conseguido una posición privilegiada a la política de Juan Pablo II se nombrar a Cipriani Cardenal de Lima y al nombrar obispos a varios de su representantes, en ciudades importantes como Arequipa y Piura.

         Al interior de la Iglesia Católica en el Perú, la política de la extrema derecha eclesial dos propósitos: uno ideológico y otro económico. El ideológico es eliminar al sector eclesial vinculado a la Teología de la Liberación. El lugar de ella, ha impuesto en los centros de formación de sacerdotes una teología conservadora, de inspiración neotomista, rigorista y compatible con los intereses del neoliberalismo. El económico es hacerse de recursos y bienes de la Iglesia para poder potenciar su su actividad política y saciar la ambición de poder económico y político de sus representantes.   Para estos objetivos no ha dejado de aprovechar la posición de poder que tiene dentro de la Iglesia.

        Respecto de la sociedad, la extrema derecha eclesial eclesial tiene como objetivo imponer una moral conservadora, a través de los medios de comunicación, la escuela pública (a través del curso de religión) y la escuela privada, a través de sus escuelas propias. Además, el otro objetivo es influir en la política nacional por medio de la intervención directa, a través de las opiniones de su líder, Juan Luis Cipriani, quien no espera la oportunidad de opinar respecto de toda cuestión política, sea a través de su programa radial, sea vía las entrevistas que los medios le hace.  Pero su intervención en la política nacional es complementada por sus aliados en el congreso y en los partidos políticos.
         La extrema derecha intelecual es apoyada por un sector de la extrema derecha académica, que de la mano de Carl Schmitt, Joseph de Maistre y el neotomismo busca potencias su presencia en las universidades y en los debates académicos. Aunque sus argumentos no son tan sólidos, su producción es abundante y penetran el discurso académico a través de artículos y las cátedras.
           La extrema derecha en el Perú cuenta con una representación política a través de partidos como el fujimorismo, el APRA y un sector del PPC. Otros grupos pequeños se asocian a esta extrema derecha.Todos ellos tienen conexiones con la extrema derecha empresarial y la eclesial, así como se comprometen con ideas como aceptar la democracia no por principio, sino por estrategia, hasta el punto que no ven ningún problema con la desestabilización política del sistema democrático. Además tiene conexiones con sectores altamente corruptos y controla instituciones importantes del Estado, como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La extrema derecha política en este país es neoliberal en economía, autoritaria en política y conservadora en términos culturales. Por ello se siente cómoda con los intereses empresariales, contenta con la dictadura y la autocracia, y adversa al progresismo cultural representado con la exigencia de matrimonio para todos. Esta extrema derecha política ha penetrado en las universidades y, junto con la extrema derecha intelectual ha neutralizado el debate político y ha impuesto un pensamiento único

  

La ética pública colonizada

       

En los últimos años la ética púbica ha sido colonizada por los partidarios de la elección racional y los amantes de la educación en valores. De esta manera, los neoliberales, e un lado, y los conservadores, por otro, se han posicionado en las escuelas de ética pública. ¿Cómo ha podido suceder esto? y ¿cómo es posibles que ambos grupos se den la mano en este punto? Trataré de dar algunas luces que nos acerque a las respuestas.

     Cuando hablamos de ética pública nos encontramos con cuestiones que tienen que ver con el bien público y la deliberación sobre la marcha de la república (tal como Gonzalo Gamio lo deja claro en sus trabajos). El término "república" proviene de latín res publica, que significa cosa o cuestión pública. Es decir, cosa de interés pública, es decir, de todos los ciudadanos. Así es en sociedades democráticas y no autoritarias. 

        En este sentido, las cuestiones públicas, incluyendo la ética pública,  competen a todos. Estos todos pueden agruparse en a) los políticos y gobernantes, b) los ciudadanos y c) los servidores públicos o burócratas. Estos tres tipos de agentes son importantes para el funcionamiento de la República. La ética pública supone, entonces el combate contra la corrupción, el buen funcionamiento del Estado, la participación de los políticos y de los ciudadanos en la construcción de una sociedad más justa, entre otros temas. 

      Sin embargo, las Escuelas de Ética Pública, tanto en las universidades, institutos como en el mismo Estado, se han centrado en la formación de los servidores públicos (la burocracia). Fortalecer la burocracia es, sin duda, una tarea importante que emprender. Sin embargo, al plantear la formación ética de la burocracia se produce una desconexión de ésta respecto de los políticos y de los ciudadanos. Esta desconexión tiene como objetivo apartar todo aspecto político. Como se ve en los gobernantes, los políticos y la sociedad civil elementos de carga política densa, se considera que la profesionalización y la moralización de la burocracia pasa por apartarla de las presiones políticas o, por lo menos, de blindarlas -en la medida de lo posible- de tales presiones.

        Esta desconexión es una estrategia que comparten tanto los positivistas, los conservadores y los utilitaristas. Es por ello que desde el derecho, la moral conservadora y aristocrática como desde los imperativos del neoliberalismo imperante se exige 1) reducir la ética pública a la ética del funcionario público y 2) desconectar la ética pública de la política. Colocada la ética pública en esta "cancha de juego" se procede a convertir a los servidores públicos en "gerentes" (los directivos) o empleados (los no directivos), y se utiliza la racionalidad de que se usa en las empresas del sector privado para la gestión públicas. Este movimiento tiene su reflejo en otros ámbitos. Por ejemplo, en el derecho, con la penetración tanto del positivismo como del análisis económico del derecho sucede que los arreglos económicos han reemplazado la justicia y que la lógica del derecho privado está colonizando al derecho público. De hecho muchos abogados y juristas consideran que es posible reemplazar el peso de los derechos fundamentales por el mejor arreglo económico. En el gobierno sucede otro tanto cuando el consejo de ministros se convierte en un consejo de técnicos y el ministro de economía adquiere un peso especial.

          En la formación de los servidores públicos se aplican los métodos propios de sector privado. El modelo de análisis de casos, -punta de lanza de la formación ética en las empresas - es copiado, sin variaciones, para el sector público. No podía ser de otra manera, una vez que se ha convertido en los directivos en gerentes y a los no directivos en empleados. En este contexto la eficacia (propia del neoliberalismo) se ha convertido en una palabra clave, así como los valores (propia de los conservadores). Conservadores y neoliberales convergen en la necesidad de formar una burocracia que se mantenga dentro de los parámetros del status quo  funcional al mercado. 

           Fortalecer el Estado es un imperativo en este país, y la formación ética de la burocracia es fundamental. La pregunta es si siguiendo los patrones de formación ética que el neoliberalismo y los conservadores sugieren es la mejor manera de fortalecer una República Democrática

La formación del juicio y del discernimiento crítico (primera parte)

          Uno de los elementos cuestionables de la educación moral en el Perú tiene que ver con la “educación en valores”. El despliegue de la política de la llamada “educación en valores” ha crecido después de la caída de Fujimori y el destape de las redes de corrupción que habían infectado el aparato del Estado y amplios sectores de la sociedad. Las encuestas sobre los niveles de tolerancia, que arrojaron un alto nivel de permisibilidad frente a la corrupción han contribuido a expandir la errónea idea de que gran parte de los problemas del país se resolverían a través de campañas de educación o “cruzadas” de valores[1]. Pero la idea de que una de las tareas de la escuela y la educación en general es la “educación en valores” es algo que viene de más atrás y que sigue presente aún hoy que los índices de corrupción parecen importar poco para que la clase política y gran parte de la ciudadanía acepte a personas corruptas como candidatos dignos de respaldo en la contienda  electoral. El tema de la “educación en valores” es, pues, un punto central en la vieja agenda en el Perú.  El tema es uno de los ejes de una política tradicionalista que se encuentra instalada en muchas de las escuelas de formación de maestros. Dicha política consiste en mantener la “autoridad de ciertos valores”. 

            La formación de la ciudadanía es entendida como la tarea de inculcar en los futuros ciudadanos desde la escuela y a través de los espacios se socialización ciertos valores que desde las elites se consideran los adecuados. Así, la educación moral consiste en introducir desde fuera determinados valores en los corazones de los ciudadanos. Estos valores pueden ser “tradicionales”, como el respeto a la autoridad del superior, o pueden ser supuestamente “democráticos” como  el rechazo al nepotismo. El problema en este esquema de educación moral se encuentra no en la clase de valores que se trata de inculcar, sino en que la formación moral de los ciudadanos se entiende como la tarea de inculcar valores en la ciudadanía. Los inculcadores de valores son elites políticas,  aristocracias  intelectuales u oligarquías  que establecen relaciones asimétricas respecto de la ciudadanía y que entienden que su trabajo  consiste en definir los valores  e inculcarlos en la población.

            De este modo las elites inculcadoras de valores se erigen constantemente como tutores de la nación que saben qué modelos de conductas deben asumir los ciudadanos. Los ciudadanos son entendidos como menores de edad que son incapaces de articular por sí mismos sus orientaciones morales. Esto es, el esquema de las elites prescriptoras de lo bueno y lo malo tiene como presupuesto que los ciudadanos adolecen de “estupidez moral”, es decir, que carecen de la capacidad de definir e intuir por sí mismos los bienes morales. Estas elites plantean el proceso de educación moral de los niños en las escuelas  no como el tránsito de la niñez moral a la adultez moral, sino como la consolidación de una infancia moral en la cual el niño es preparado para, durante su vida, recibir prescripciones morales. Así, la escuela tradicional no prepara a los ciudadanos para la reflexión y el discernimiento crítico respecto de los valores morales tradicionales. No prepara para pensar en los asuntos morales[2]. Esta política en la educación moral resulta ser sumamente útil a los poderosos sectores conservadores, puesto que con ello se garantizan el mantenimiento del status quo, en el cual ejercen control del espacio público (que en algún sentido deja de ser público). 

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[1] El término “cruzada de valores” no deja de ser infeliz por la connotación de imposición que trae consigo. No hay que olvidar jamás que las cruzadas de la edad media tenían un gran componente “moralizante”. La idea continúa siendo que hay que imbuir de ciertos valores para que la gente se salve.

[2] Sobre el pensar sobre los términos morales, cfr. el clásico opúsculo de Kant Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? en: KANT, Inmanuel; En defensa de la ilustración, Barcelona: Alba Editorial, 1999.

MANDELA

            

        La sensible muerte de Nelson Mandela ha conmovido a todo el mundo, no tanto porque se haya suscitado repentinamente, sino por la huella que éste dejó en nuestro mundo contemporáneo. Ciertamente, la gravedad de su estado de salud era conocida desde hace algunos meses. Pero el significado de su vida para nuestro mundo actual es lo que brilla más en este momento.

I

            Mandela es reconocido contra luchar y derrotar el régimen del apartheid en Sudáfrica. El apartheid, término que en afrikáans significa  “separación” , era un régimen de segregación racial que separaba a la mayoría negra de Sudáfrica y Namibia del poder político y económico, con el objetivo de que la minoría blanca puedan mantener sus privilegios.  En vista de lo sucedido en otros países del entorno, donde las minorías blancas habían cedido el poder a la mayoría negra, el Sudáfrica la minoría blanca había impuesto el régimen del apartheid para evitar perder su posición de poder. Ello significaba la creación de lugares habitacionales, de estudio y de recreo separados, la denegación al voto de la mayoría negra, la prohibición de matrimonios y de relaciones sexuales entre negros y blancos. 

            Este régimen fue impuesto en 1948, bajo el gobierno del Daniel Malan, del radical Partido Nacionalista. Cuando dicho partido ganó las elecciones, en 1947, Malan declaró lo siguiente: "Hoy día Sudáfrica vuelve a ser nuestra, Dios permita que sea nuestra siempre", donde el término “nuestra” refería a la minoría blanca (21% de la población). La gesta de Mandela y de CNA (Congreso Nacional Africano) comienza desde muy temprano con la Campaña de Desobediencia Civil de 1952 y con la resistencia no violenta, inspirada en Gandhi,  desarrollada durante esos años. El 5 de diciembre de 1956 fue arrestado, junto con otros 150 activistas, y fue encarcelado entre 1956 y 1961, año en que fue liberado por ser hallado inocente. A raíz de la masacre de Sharpeville, el 21 de marzo de 1960, en la que la policía abrió fuego contra manifestantes matando 69 personas, el CNA abandonó la resistencia pasiva y asumió estrategias guerrilleras.  En esa década Mandela participó activamente en esta resistencia armada, liderándola y fue declarado terrorista por la ONU, y aunque huyó del país, fue capturado con el apoyo de la CIA y entre 1964 y 1990 fue encarcelado en la prisión de la Isla Robben, con el número 466/64 (por la celda y el año).

II

            Por las presiones internas y externas, el gobierno de De Klerk liberó a Mandela y se convirtió en el principal interlocutor para la democratización de Sudáfrica y el desmantelamiento del régimen del apartheid. En 1995 Mandela el electo presidente e instauró la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su país, presidida por el Arzobispo Desmond Tutu. La Comisión presentó su Informe Final en 1998.

            En varios aspectos la situación de sudafricana que Mandela tuvo que enfrentar tiene sus paralelos con la situación que debemos enfrentar en el Perú. Entre ellos se pueden destacar 3: a) El paso de un régimen no democrático a otro de carácter democrático, b) Encarar el mal social y político de la discriminación racial y étnica,  y c) El llevar adelante una Comisión de la Verdad.

            El proceso de democratización del régimen político sudafricano fue a través de un proceso largo que culminó con una negociación con el régimen de De Klerk. En ese proceso, la presión internacional fue un elemento determinante. En el caso peruano, también gracias a la presión internacional y a los escándalos de los vladivideos el régimen fujimontesinista tuvo que abandonar el poder. No hubo, como en Sudáfrica, una negociación, o un acuerdo hacia la transición democrática. El régimen autoritario se aferró en Perú todo lo que pudo. De otro lado, en Sudáfrica la segregación racial no estuvo exenta de violencia, al igual que el conflicto armado interno en Perú estuvo marcado por el desprecio racial y étnico, donde los pueblos quechas, aymaras y amazónicos fueron brutalmente tratados tanto por los grupos terroristas (MRTA y SL) como algunos efectivos del orden.  Y en ambos países se instituyó una Comisión de la Verdad, una vez caído el régimen anterior e instaurada la democracia. Si algo debe ser asociada la memoria de Mandela es a la Comisión de la Verdad, por su instauración y el impulso que le dio. En el Perú hemos carecido de un gobierno que se comprometa realmente con el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La figura de Mandela constituye una exigencia para la sociedad peruana en ese sentido.

FILOSOFÍA DEL DERECHO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

            La argumentación jurídica es una herramienta muy antigua en la actividad del derecho. Jueces, legisladores y abogados se han visto constantemente forzados a argumentar en sus sentencias, leyes y alegatos. La argumentación siempre ha estado presente en la actividad jurídica desde antiguo, pues es propio de ésta el que los actores pretendan convencer, persuadir y ganarse la aprobación y legitimidad para sus pretensiones. Pero la argumentación a la que todos ellos han recurrido desde un siempre ha tenido una filosofía del derecho de trasfondo. En los últimos años se han hecho esfuerzos para explicitar las ideas filosóficas que se encuentran detrás de la argumentación jurídica.

            Esto se ha debido a que el contexto de fortalecimiento de la democracia liberal en muchos países ha llevado al derecho a afinar sus herramientas de argumentación. De esta manera, el derecho inserto en una sociedad democrática liberal ha traído consigo la necesidad de pulir y verificar sus medios de argumentación para encontrarse legitimado democráticamente. En este contexto ha surgido la llamada “Teoría de la argumentación jurídica”, y la misma argumentación jurídica como un tema de estudio reciente en el derecho. Es natural que muchos abogados, juristas y jueces no se encuentren familiarizados con las ideas que la argumentación jurídica está desarrollando en estos años, pues cuando se formaron en sus respectivas Facultades de Derecho no se hablaba de este tema tal como se hace hoy en día. Estas páginas tiene como objetivo aclarar qué se entiende por argumentación jurídica para que personas que no tiene mucha idea al respecto pueda tener una primera aproximación.

            La argumentación jurídica, tal como la entendemos hoy en día, está conectada con una filosofía del derecho que, como ya hemos señalado, le sirve como trasfondo. No podremos comprender a cabalidad lo que es ésta si no entendemos la filosofía del derecho que le sirve de base. El error de mucho de los que tratan sobre el tema consiste en que desconectan la argumentación jurídica contemporánea de la filosofía del derecho que le da significado. Con esta desconexión lo que hacen es convertir a la argumentación jurídica en una herramienta técnica que carece de orientación y finalidad, cuando en realidad se trata de una práctica jurídica que tiene una orientación y finalidad específica: el servir como una práctica jurídica en el contexto de una sociedad democrática y liberal. Es por ello que la argumentación jurídica de encuentra conectada con una política democrática liberal.

Entiendo que los abogados acusen de “hereje” a quien considere que el derecho y la argumentación jurídica se encuentran conectados con la política. Esta reacción es comprensible si tenemos en cuenta el hecho de que muchos abogados (me atrevería a decir, la mayoría) han sido formados en escuelas en las que los dogmas del positivismo jurídico de Kelsen y de Hart eran tomados como verdades absolutas e incuestionables. Dichos dogmas fueron asumidos con la pasión de un dogmatismo intransigente. Y uno de los dogmas del positivismo jurídico, desde John Austin en el siglo XIX, ha sido el que el derecho, para ser ciencia, debe tomar distancia de todo componente ideológico, como la política, la moral, e incluso de la justicia.  Esta posición radical respecto de la pureza del derecho ha sido repetida de manera irreflexiva por décadas en las escuelas de derecho, a pesar de que ha mostrado en varias oportunidades sus falencias. Uno de los momentos más claros fue durante El juicio de Núremberg, en el cual los generales nazis fueron sentados en el banquillo de los acusados por los crímenes que cometieron durante la guerra, especialmente contra los judíos, los gitanos y los homosexuales. Los generales nazis señalaron que ellos actuaron de acuerdo al derecho positivo que regía en el III Reicht, de manera que acusaron una y otra vez el hecho de que el juicio era político y no jurídico, es decir, que representaba la represalia que los vencedores estaban propinando a los vencidos. Con ello lo que saltaba a luz es que el paradigma del positivismo jurídico se había agotado.

Si nos desembarazamos del dogma positivista que exige la separación del derecho y la política, y abandonamos la hipocresía de la “neutralidad” del derecho, podemos ganar para nuestra reflexión la idea según la cual el derecho (como práctica y como instituciones) se encuentra inserto en la política. La relación entre el derecho y la política no es la de dos ámbitos desconectados, como cajones uno al lado del otro, sino como círculos concéntricos, uno dentro del otro. Así, el derecho es es representado por el círculo que está dentro de un círculo mayor, que es la política. Ahora bien, la política de la que se trata aquí es la política liberal y democrática, es decir, aquella actividad política que inspira el proyecto de articulación y de fortalecimiento de las sociedades democráticas y liberales contemporáneas. La filosofía del derecho explora estas ideas el conocida como “Liberalismo Político”.  ¿Había oído hablar de ella antes? Se trata del trasfondo filosófico sobre el que se levanta la argumentación jurídica tal como la conocemos actualmente.  El liberalismo político concibe el derecho como una práctica inserta en una sociedad democrática y liberal, y piensa las  instituciones jurídicas como articuladas con el resto de instituciones de la sociedad democrática y liberal. La articulación misma es de carácter político, pero respecto de ello trataremos a su debido tiempo.

En consecuencia, la argumentación jurídica es el tipo de argumentación que se desarrolla en la práctica del derecho dentro de instituciones de una sociedad democrática y liberal, donde las mismas instituciones jurídicas se encuentran conectadas con las instituciones políticas de la sociedad. 

ADIOS A JAVIER DIEZ CANSECO

          La noche del 4 de mayo falleció Javier Diez Canseco, uno de los más destacados políticos de izquierda peruana de los últimos tiempos. Su amplia trayectoria política y de vida fue indiscutiblemente  limpia, coherente y valiosa. Ningún político y ciudadano consciente, no importa cuál sea su opción política, puede dejar de reconocer la grandeza de su persona. Un elemento adicional que distinguía a su persona era el haber sufrido polio durante su niñez, condición que lo hizo particularmente sensible con los discapacitados en general

            En tiempos en los que muchos políticos han buscado más sus intereses particulares o partidarios, y en los que la política sin escrúpulos, ni integridad y transparencia, la figura de Javier Diez Canseco se ha estacado como una excepción. Él supo combinar la fidelidad a sus convicciones políticas de izquierda, con la reflexión, la búsqueda de hacer que sus creencias políticas fuesen lo más consistentes posibles y un elemento adicional, que es sumamente importante pero para muchos políticos y ciudadanos parece no existir: los aspectos éticos de la política.

            Para muchas personas la política carece de límites éticos. Para muchos de ellos, especialmente políticos, la ética y la política son como el agua y el aceite. Para otros, las los intentos de colocar parámetros éticos a la actividad política esa una argucia para política más. Sin embargo, nuestro lenguaje y debate político está cargado de conceptos éticos. La justicia social, la democracia, los derechos humanos, la defensa de los derechos de las minorías y de los discapacitados,  ciertamente pueden ser instrumentalizados políticamente, pero también son, y eso es incuestionable, pautas éticas para la vida política.

            La actividad de Javier Diez Canseco  brilló especialmente por el reconocimiento de esas pautas éticas y por la exigencia de que éstas fuesen respetadas por los agentes políticos nacionales.  Podríamos señalas que entre sus aportes más destacables se encuentran el compromiso con la justicia social, que caracteriza a su filiación de izquierda, su compromiso con los Derechos Humanos, su compromiso con los discapacitados y su reconocimiento de la importancia que tienen las pautas éticas en la actividad política.

            En nuestros días, muchos políticos, e incluso partidos o agrupaciones políticas, carecen de entereza moral. Muchos de ellos buscan su provecho personal más que la defensa de los derechos de los ciudadanos y la protección de la democracia frente a sus adversarios. Muchos de ellos no tiene ningún empacho en señalar que actúan en función del cálculo político partidario o personal sin tener en cuenta consideraciones más amplias. Pero otra cosa que caracteriza la escena política actual es la pobreza en el debate de ideas. Muchos políticos, congresistas y agentes del gobierno señalan que antes de estar “ideologizados” y de ser de izquierda o de derecha,   son pragmáticos y toman decisiones técnicas.  Hemos escuchado en estos días al mismo Presidente de la República señalar que toma decisiones de manera no ideológica (es decir, sin carga política) sino de manera técnica. ¡Nunca escuché mayor disparate en mi vida! ¿Cómo es posible que la máxima autoridad política diga con todo desparpajo que no toma decisiones desde un punto de vista político?

            Esto último lo que revela es la miseria de la reflexión política y el debate de ideas políticas en muchos de los niveles de la sociedad, y espacialmente en el congreso y en el gobierno. Ciertamente, este no es un mal exclusivo del gobierno actual ni del congreso actual, sino que se ha ido generando durante las últimas décadas. La palabra “pragmatismo” es usada simplemente para ocultar la pobreza de ideas políticas. Javier Diez Canseco  durante su vida fue muy consciente de la importancia de las ideas en la política y por eso se dedicó, entre otras cosas a fomentar el debate y a discutir ideas.

            El aporte de Javier a la vida política nacional es invalorable desde muchos aspectos. El que la muerte lo encuentre con una sanción parlamentaria hace que brille con toda su luz tanto su integridad como persona y político, como su honestidad intelectual. Esta acción pone de relieve  la catadura moral del los partidos representados en el Congreso de la República.