Ética de la función pública

 La ética de la función pública forma parte de una rama de la ética denominada “ética aplicada”. Esta rama constituye un nuevo enfoque que surge en los Estados Unidos de América en la década de 1960  y  consiste en la especificación de pautas de conducta y exigencias que se imponen a ámbitos específicos del quehacer científico y de las prácticas profesionales.  Brenda Almond, co-fundadora de la Sociedad de Filosofía Aplicada,  señala que la ética aplicada constituye el examen filosófico, desde un punto de vista moral, de cuestiones concretas de la vida práctica y pública de juicio moral.

En la actualidad, la ética aplicada se ha diversificado ampliamente y ha ingresado a un sinnúmero de actividades humanas de carácter científico, profesional y de interés público, desde la  ética profesional a la ética vinculada al cuidado del medioambiente.  De este manera, por ejemplo, en el cambo de la investigación médica y genética,  la bioética coloca los límites y exigencias morales a la investigación biológica y trata sobre una serie de temas problemáticos propio de la actividad de los científicos y de la aplicación técnica de los avances alcanzados por las ciencias.  Un ejemplo lo constituye el problema de la clonación humana o de los productos transgénicos. La cuestión de la manipulación genética abre el espacio de una discusión ética amplia.

Lo mismo sucede con las diferentes profesiones.  Por ejemplo, los abogados  o los contadores se encuentran frente a exigencias éticas que se derivan de su propia profesión y que responden a problemas que brotan de ésta. Otros ejemplos lo constituyen la ética de las empresas o los negocios, la ética de las relaciones políticas, la ética de los medios de comunicación, la ética de las diferentes profesiones (periodistas, abogados, médicos, educadores, entre otros). Resulta también ser un área importante de la ética aplicada aquella que concierne a la responsabilidad moral que las personas y los Estados tienen respecto de los demás seres del planeta (por ejemplo, la exigencia de disminuir el sufrimiento propinado a los animales, como el caso de las corridas de toros o las peleas de gallos o la utilización de animales vivos en las escuelas de medicina para observar al abierto el funcionamiento de determinados sistemas como el respiratorio), el problema de la extinción de especies animales a causa de la intervención de la mano del hombre o la responsabilidad frente al medioambiente en general (el efecto invernadero, la emisión de gases tóxicos o las pruebas químicas en las profundidades marinas para la innovación en armas).

En cambio la ética o la moral, en un  sentido amplio, tiene que ver con exigencias de conducta y orientaciones para la vida de las personas en general, independiente a qué se dediquen o cuáles sean sus campos profesionales. Así, mientras que seguir el código de ética y reflexionar sobre éste es propio de la ética aplicada al ejercicio del derecho o del periodismo, la veracidad y la rectitud de conducta, así como la orientación de la vida hacia ciertos bienes morales fundamentales compete a la vida moral de las personas. La ética aplicada busca, pues,  modular y ver los caminos de aplicación de las exigencias generales de la ética o la moral en los distintos campos de acción profesional o científica.

La ética aplicada a los servidores públicos supone un cambio esencial en las actitudes de cada funcionario que se traduce en actos concretos orientados hacia el interés púbico[1]. Los funcionarios públicos, en el cumplimiento de su trabajo, tienen ciertas exigencias éticas en virtud del servicio civil que realizan. Dicho servicio tiene una conexión profunda con las instituciones de una sociedad democrática. El Estado para el que los funcionarios públicos trabajan es un Estado Democrático de Derecho. En éste, la legitimidad de las instituciones públicas se funda en la voluntad popular que los ciudadanos expresan a través de una serie de mecanismos propio de las sociedades democráticas, mecanismos que pasan desde el voto, la consulta popular y la deliberación pública sobre cuestiones de interés. Es en este sentido que los funcionarios públicos devienen en servidores públicos. Dicha transformación se encuentra motivada por el hecho de que, en una democracia la soberanía reside en los ciudadanos y que los funcionarios públicos se deben a ese soberano que es la ciudadanía en general. De este modo, en una sociedad democrática, el Estado y todas sus instituciones brotan – por decirlo de algún modo – del poder soberano que la ciudadanía representa.

En los últimos años se ha vuelto necesaria esta ética de la función pública por a) los casos de corrupción y malas prácticas, b) por la necesidad de constituir una administración pública más eficaz y por c) las exigencias y demandas que provienen de la sociedad civil. Estas necesidades surgen debido a que la Administración Pública no basta con saberes técnicos, sino que requiere de dos componentes adicionales que son fundamentales. Un componente ético, constituido por buenas prácticas en la función pública, además de un componente político, articulado por una estructura democrática.

La ética de la función pública es, entonces, la ética aplicada a las  prácticas del funcionario público. De acuerdo a la ley, la ética de la función pública está constituida por el Código de Ética de la Función Pública (Ley 27815 – Art. 4°) y se encuentra dirigido a personas definidas del siguiente modo: “...se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado”. Desde una perspectiva ética, el bien principal de quienes ejercen función pública en un Estado democrático es el servicio a los ciudadanos. Así, ser servidor público implica una doble responsabilidad: en tanto que persona y en tanto servidor público. En tanto persona debe conducirse según las exigencias de la ética general mientras que, en tanto funcionario público debe ceñirse a las exigencias propias del servidor público. Aunque esta doble responsabilidad corresponde a todo profesional, en el caso del funcionario público se acentúa debido a que representa al Estado frente a la ciudadanía y a personas  extranjeras ya sea que residen en el territorio nacional o estén de visita en el país.

Ahora bien, la ética de la función pública tiene puntos críticos. Entre ellos destacan tres áreas: a) El área de la transparencia y la publicidad de la información; b) el área de la neutralidad y la imparcialidad en la toma de decisiones políticas y en política de adquisiciones de bienes y servicios, y c) el área de la probidad en el uso de recursos públicos. En este sentido, es necesario que la actividad del funcionario público sea transparente y el funcionario público debe brindar la información de manera clara a los ciudadanos. En este sentido, también los funcionarios públicos deben de dotar de información clara y rendir cuentas ante la ciudadanía, en general. La rendición de cuentas ante los ciudadanos garantiza que su función corresponda a la de un Estado Democrático.

A fin de hacer frente a estos aspectos críticos se hace necesario tomar medidas que garanticen la eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función, así como el buen  trato y el trato preferente al ciudadano además de la apertura a mecanismos de participación y control ciudadanos. Al mismo tiempo se requieren de aspectos institucionales importantes. En este sentido, se hace necesario la construcción de una “infraestructura ética” en las instituciones. Algunos elementos propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son los siguientes: Compromiso y voluntad políticos; marco legal efectivo; mecanismos de responsabilidad; códigos de conducta; socialización y formación profesional; condiciones de trabajo adecuadas.

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[1] Cf. BAUTISTA, Óscar Diego; La ética y la corrupción de la política y en la función pública.

Ética Pública y Ejercicio del Poder Público (Primera parte)

Cuando, el 19 de noviembre del 2000, Alberto Fujimori Fujimori renunció vía fax desde Tokio, Japón, a la Presidencia de la República , se dio fin a uno de los más tristes capítulos de la historia republicana, marcado por una dictadura cívico-militar que creyó que el combate contra la subrepción debía realizarse violando Derechos Humanos, y desestructurando las instituciones políticas y sociales fundamentales del país a través de un recurso exacerbado de la corrupción. Es por esa razón que el gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua Curazao asumió la tarea de restablecer el sistema democrático en el Perú.

La transición a la democracia implicaba llevar a cabo tres procesos específicos. El primer proceso era instalar una Comisión de la Verdad (la Comisión de la Verdad y Reconciliación –CVR- que fue presidida por el Dr. Salomón Lerner Febres), que investigue lo sucedido durante los años de conflicto interno. Como parte de este primer proceso, se contemplaba poner ante la justicia a los violadores de derechos humanos, y llevar a cabo las recomendaciones que la Comisión presente en su Informe Final. El segundo proceso consistía en llevar adelante un juicio a los agentes involucrados en el sistema de corrupción que se había instalado en el Estado. Finalmente, el tercero de estos procesos consistía en el cambio de la Constitución Política de la República, porque se entendía una república democrática no podía regirse por la Constitución Política de 1993, dada por un gobierno dictatorial.

Puesto que el gobierno de transición duró demasiado poco, los gobiernos sucesivos, los de Alejandro Toledo y Alan García, no culminaron con todas las tareas asumidas por el gobierno de transición. La CVR culminó su tarea, pero partes importantes de las recomendaciones consignadas en el Informe Final han quedados inconclusas, como, por ejemplo, las reparaciones individuales y el fortalecimiento institucional de las universidades nacionales. El proceso judicial contra la corrupción se realizó bajo la forma de un Megaproceso, pues se comprendió que el grado de la corrupción que había azotado nuestro país era profundo y extendido, pero sin embargo no fue posible evitar que los poderes corruptos de entonces se reciclaran y mantuviesen partes de sus posiciones incluso en nuestros días. Con respecto al cambio de Constitución que se hacía necesaria para dar planamente el paso al régimen democrático, no se ha avanzado un milímetro, aunque el cotorreo político fue abundante, especialmente en los últimos años. Lo cierto es que la Constitución en cuestión es de carácter neoliberal y resulta ser una herramienta útil a los intereses del gran capital nacional y extranjero, porque, entre otras cosas permite la desmembración de las tierras comunales de la costa, y con las modificaciones dadas por el mismo gobierno de Fujimori, en desmembramiento de las tierras comunales en la sierra y en la selva.

Una cuestión que debe quedar clara para nosotros es que existió y aún existe un vínculo poderoso entre las violaciones de Derechos Humanos y la corrupción. Es por eso que los agentes de la corrupción se hayan dedicado a amedrentar a los comisionados de la CVR y a frustrar sus metas. La capacidad que han tenido dichos grupos para neutralizar las acciones de la CVR es un indicador del poder político y económico que mantienen en nuestros días. Así, que cuando hablamos de la corrupción en el Perú actual, hemos de tener en cuenta que se trata de un proyecto llevado a cabo por importantes grupos de poder, y no solamente de la falta de agentes aislados.

Es importante tener presente estos hechos en la política peruana reciente a fin de otorgarle un contexto a los conceptos que vamos a desarrollar en la presente ponencia. Muchos de estos conceptos provienen de la filosofía política, y respecto de ella –y en general, de todos los conceptos filosóficos- sucede que comúnmente se tiene la impresión, tanto de parte de los filósofos como de los no filósofos, de que la filosofía y sus conceptos, y la vida cotidiana no tienen puntos de encuentro, de modo que cuando uno habla de filosofía o utiliza sus conceptos se está refiriendo a un mundo completamente distinto del que queda fuera, una vez cerradas las puertas del salón de clases o las de la sala de conferencia . Sin embargo, los conceptos filosóficos brotan de la vida de las sociedades concretas y vuelven a ella, a fin de otorgar una luz adicional a la comprensión de nuestras prácticas humanas.