La ética pública colonizada

       

En los últimos años la ética púbica ha sido colonizada por los partidarios de la elección racional y los amantes de la educación en valores. De esta manera, los neoliberales, e un lado, y los conservadores, por otro, se han posicionado en las escuelas de ética pública. ¿Cómo ha podido suceder esto? y ¿cómo es posibles que ambos grupos se den la mano en este punto? Trataré de dar algunas luces que nos acerque a las respuestas.

     Cuando hablamos de ética pública nos encontramos con cuestiones que tienen que ver con el bien público y la deliberación sobre la marcha de la república (tal como Gonzalo Gamio lo deja claro en sus trabajos). El término "república" proviene de latín res publica, que significa cosa o cuestión pública. Es decir, cosa de interés pública, es decir, de todos los ciudadanos. Así es en sociedades democráticas y no autoritarias. 

        En este sentido, las cuestiones públicas, incluyendo la ética pública,  competen a todos. Estos todos pueden agruparse en a) los políticos y gobernantes, b) los ciudadanos y c) los servidores públicos o burócratas. Estos tres tipos de agentes son importantes para el funcionamiento de la República. La ética pública supone, entonces el combate contra la corrupción, el buen funcionamiento del Estado, la participación de los políticos y de los ciudadanos en la construcción de una sociedad más justa, entre otros temas. 

      Sin embargo, las Escuelas de Ética Pública, tanto en las universidades, institutos como en el mismo Estado, se han centrado en la formación de los servidores públicos (la burocracia). Fortalecer la burocracia es, sin duda, una tarea importante que emprender. Sin embargo, al plantear la formación ética de la burocracia se produce una desconexión de ésta respecto de los políticos y de los ciudadanos. Esta desconexión tiene como objetivo apartar todo aspecto político. Como se ve en los gobernantes, los políticos y la sociedad civil elementos de carga política densa, se considera que la profesionalización y la moralización de la burocracia pasa por apartarla de las presiones políticas o, por lo menos, de blindarlas -en la medida de lo posible- de tales presiones.

        Esta desconexión es una estrategia que comparten tanto los positivistas, los conservadores y los utilitaristas. Es por ello que desde el derecho, la moral conservadora y aristocrática como desde los imperativos del neoliberalismo imperante se exige 1) reducir la ética pública a la ética del funcionario público y 2) desconectar la ética pública de la política. Colocada la ética pública en esta "cancha de juego" se procede a convertir a los servidores públicos en "gerentes" (los directivos) o empleados (los no directivos), y se utiliza la racionalidad de que se usa en las empresas del sector privado para la gestión públicas. Este movimiento tiene su reflejo en otros ámbitos. Por ejemplo, en el derecho, con la penetración tanto del positivismo como del análisis económico del derecho sucede que los arreglos económicos han reemplazado la justicia y que la lógica del derecho privado está colonizando al derecho público. De hecho muchos abogados y juristas consideran que es posible reemplazar el peso de los derechos fundamentales por el mejor arreglo económico. En el gobierno sucede otro tanto cuando el consejo de ministros se convierte en un consejo de técnicos y el ministro de economía adquiere un peso especial.

          En la formación de los servidores públicos se aplican los métodos propios de sector privado. El modelo de análisis de casos, -punta de lanza de la formación ética en las empresas - es copiado, sin variaciones, para el sector público. No podía ser de otra manera, una vez que se ha convertido en los directivos en gerentes y a los no directivos en empleados. En este contexto la eficacia (propia del neoliberalismo) se ha convertido en una palabra clave, así como los valores (propia de los conservadores). Conservadores y neoliberales convergen en la necesidad de formar una burocracia que se mantenga dentro de los parámetros del status quo  funcional al mercado. 

           Fortalecer el Estado es un imperativo en este país, y la formación ética de la burocracia es fundamental. La pregunta es si siguiendo los patrones de formación ética que el neoliberalismo y los conservadores sugieren es la mejor manera de fortalecer una República Democrática

Ética Pública y Ejercicio del Poder Público (segunda parte)

1.- Aclaración de los términos.

Para poder entender procesos históricos y situaciones sociales como el de la corrupción y qué es lo que puede hacer la ciudadanía para que la ética pública se sobreponga a las malas prácticas instaladas en el aparato del Estado, es necesario aclara los términos para que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de ética pública y poder ciudadano.


1.1.- Ética pública

En el término “ética pública” se oculta una ambigüedad que es necesario despejar antes de ver su relación con el de “ejercicio del poder público”. En primer lugar, refiere al tipo de normas éticas que deben seguir los funcionarios e instituciones públicas, así como la institucionalidad de los organismos del Estado. En segundo lugar, se trata del conjunto de valores públicos que son propios de una sociedad democrática. En la primera acepción, la ética pública especifica un conjunto de normas de tipo moral al que deben atenerse los funcionarios públicos. Ello se acerca a lo que se conoce comúnmente con el nombre de “deontología profesional”, con la atingencia de que el ser funcionario pública no necesariamente se identifica con lo que denominamos profesión. En la segunda acepción, la ética pública señala los valores públicos de una república, como son la democracia, el rechazo a la esclavitud, el rechazo a la discriminación política o social de cualquier índole, la tolerancia y los derechos humanos, como otras exigencias que se hacen desde la moral a la política y al derecho. En este segundo sentido, nos referimos, entonces, a la moral de la política y del derecho .


1.1.1.- La ética de los funcionarios e instituciones públicas

Los funcionarios públicos deben encontrarse sujetos a un conjunto de normas éticas mientras se encuentran en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, los jueces deben mostrar su independencia e imparcialidad resistiéndose a los imperativos del poder político o del poder económico, de manera que no deben ceder a presiones políticas ni deben aceptar coimas. Los congresistas, por su parte, han de mostrar su lealtad a sus partidos y a sus electores y no deben ceder a la tentación del transfuguismo ni a las fuerzas de la política, del dinero o de los grupos religiosos fundamentalistas. En ese sentido, ellos no deben ceder a la presión de los grupos eclesiales fundamentalistas que les exigen oponerse a una política de planificación familiar o a las uniones de parejas del mismo sexo. Cuando los funcionarios públicos no cumplen con esas exigencias éticas propias de sus funciones se produce lo que conocemos como corrupción.

Pero, en un sentido más preciso, la ética pública refiere a la capacidad de los funcionarios públicos de no ceder a las presiones de los intereses privados, ya sean propios o de otros particulares. En el Perú contemporáneo se ha generado un fenómeno que los sociólogos denominan “fenómeno de la puerta giratoria” , por medio del cual empresarios privados van ocupando puestos públicos y después vuelven a sus negocios particulares como quien cruza una puerta giratoria que los coloca en las instituciones públicas y los regresa a sus puestos privados, lo que les da la oportunidad de arreglar las cuestiones públicas en beneficio propio. Otra manera de intromisión de los intereses privados lo constituye el financiamiento particular de las campañas políticas que esperan, obviamente, una retribución una vez que se acceda al poder.

Pero el dinero, ni el fenómeno de las puertas giratorias constituyen el único medio de hacer que intereses privados se enquisten en la función pública, sino que podemos identificar tres fuentes potenciales de corrupción de funcionarios públicos: el poder político, el poder del dinero y el poder de los sectores eclesiales fundamentalistas. Ahora bien, cuando la corrupción se generaliza entre los funcionarios de una institución pública, convirtiéndose en una política institucional, nos encontramos ante la corrupción de las instituciones.

Las instituciones deben ser vistas desde dos perspectivas a la vez: vistas “desde arriba”, se trata de formas de organización de las relaciones sociales que reducen la incertidumbre de los individuos en la toma de decisiones, de manera que una de sus características es su predictibilidad, la cual se sustenta en la existencia de reglas y normas, y en la vigencia y cumplimiento de éstas. Las instituciones, así como las reglas que las definen, contribuyen decididamente con el orden y la estabilidad social, en tanto que reducen los márgenes de arbitrariedad y, por consiguiente, la incertidumbre. De esta manera, junto con la generalización de funcionarios corruptos, la ausencia de seguimiento de las reglas de las instituciones abren la puerta a la arbitrariedad con lo que la incertidumbre propicia el abuso y la corrupción . Pero, al mismo tiempo, las instituciones “vista desde abajo”, incluyen el aspecto de la legitimación democrática, es decir, el hecho de que sus estructuras y las reglas que las regulen se encuentren legitimadas por la ciudadanía al interior de un Estado Democrático de Derecho . De esta manera, una institución se corrompe cuando se encuentra movilizada por fuerzas autoritarias que actúan de manera arbitraria y se ha vaciado por completo el carácter democrático que las legitima.

El neoliberalismo tiene un efecto pernicioso respecto a la fortaleza de las instituciones. Casos como el de Liliane Dettencourt, la multimillonaria francesa dueña del imperio de cosméticos y perfumes L’Oréal, a quien se le vincula con un escandaloso caso de corrupción del ministro de Trabajo francés, Eric Woerth, muestran de qué manera el poder del dinero y el neoliberalismo económico tienen una vocación perversa de corrupción de las Instituciones. El gran capital utiliza su poder para torcer las reglas de las instituciones a fin de conseguir mejores posiciones políticas y económicas. De esta manera, se puede percibir que el neoliberalismo se convierte en un enemigo de la democracia porque, de un lado perfora sus instituciones, y de otro, abre el espacio político a movimientos radicales antidemocráticos, como los fascismos de derecha e izquierda

Ética Pública y Ejercicio del Poder Público (Primera parte)

Cuando, el 19 de noviembre del 2000, Alberto Fujimori Fujimori renunció vía fax desde Tokio, Japón, a la Presidencia de la República , se dio fin a uno de los más tristes capítulos de la historia republicana, marcado por una dictadura cívico-militar que creyó que el combate contra la subrepción debía realizarse violando Derechos Humanos, y desestructurando las instituciones políticas y sociales fundamentales del país a través de un recurso exacerbado de la corrupción. Es por esa razón que el gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua Curazao asumió la tarea de restablecer el sistema democrático en el Perú.

La transición a la democracia implicaba llevar a cabo tres procesos específicos. El primer proceso era instalar una Comisión de la Verdad (la Comisión de la Verdad y Reconciliación –CVR- que fue presidida por el Dr. Salomón Lerner Febres), que investigue lo sucedido durante los años de conflicto interno. Como parte de este primer proceso, se contemplaba poner ante la justicia a los violadores de derechos humanos, y llevar a cabo las recomendaciones que la Comisión presente en su Informe Final. El segundo proceso consistía en llevar adelante un juicio a los agentes involucrados en el sistema de corrupción que se había instalado en el Estado. Finalmente, el tercero de estos procesos consistía en el cambio de la Constitución Política de la República, porque se entendía una república democrática no podía regirse por la Constitución Política de 1993, dada por un gobierno dictatorial.

Puesto que el gobierno de transición duró demasiado poco, los gobiernos sucesivos, los de Alejandro Toledo y Alan García, no culminaron con todas las tareas asumidas por el gobierno de transición. La CVR culminó su tarea, pero partes importantes de las recomendaciones consignadas en el Informe Final han quedados inconclusas, como, por ejemplo, las reparaciones individuales y el fortalecimiento institucional de las universidades nacionales. El proceso judicial contra la corrupción se realizó bajo la forma de un Megaproceso, pues se comprendió que el grado de la corrupción que había azotado nuestro país era profundo y extendido, pero sin embargo no fue posible evitar que los poderes corruptos de entonces se reciclaran y mantuviesen partes de sus posiciones incluso en nuestros días. Con respecto al cambio de Constitución que se hacía necesaria para dar planamente el paso al régimen democrático, no se ha avanzado un milímetro, aunque el cotorreo político fue abundante, especialmente en los últimos años. Lo cierto es que la Constitución en cuestión es de carácter neoliberal y resulta ser una herramienta útil a los intereses del gran capital nacional y extranjero, porque, entre otras cosas permite la desmembración de las tierras comunales de la costa, y con las modificaciones dadas por el mismo gobierno de Fujimori, en desmembramiento de las tierras comunales en la sierra y en la selva.

Una cuestión que debe quedar clara para nosotros es que existió y aún existe un vínculo poderoso entre las violaciones de Derechos Humanos y la corrupción. Es por eso que los agentes de la corrupción se hayan dedicado a amedrentar a los comisionados de la CVR y a frustrar sus metas. La capacidad que han tenido dichos grupos para neutralizar las acciones de la CVR es un indicador del poder político y económico que mantienen en nuestros días. Así, que cuando hablamos de la corrupción en el Perú actual, hemos de tener en cuenta que se trata de un proyecto llevado a cabo por importantes grupos de poder, y no solamente de la falta de agentes aislados.

Es importante tener presente estos hechos en la política peruana reciente a fin de otorgarle un contexto a los conceptos que vamos a desarrollar en la presente ponencia. Muchos de estos conceptos provienen de la filosofía política, y respecto de ella –y en general, de todos los conceptos filosóficos- sucede que comúnmente se tiene la impresión, tanto de parte de los filósofos como de los no filósofos, de que la filosofía y sus conceptos, y la vida cotidiana no tienen puntos de encuentro, de modo que cuando uno habla de filosofía o utiliza sus conceptos se está refiriendo a un mundo completamente distinto del que queda fuera, una vez cerradas las puertas del salón de clases o las de la sala de conferencia . Sin embargo, los conceptos filosóficos brotan de la vida de las sociedades concretas y vuelven a ella, a fin de otorgar una luz adicional a la comprensión de nuestras prácticas humanas.