RESPUESTA A LA PREGUNTA ¿QUÉ ES UN “CAVIAR”? (PRIMERA PARTE)

El magistrado uruguayo de la CIDH preguntó  a los peruanos, en la sesión respecto del fallo Villastein, qué significa en el idioma peruano el término caviar: La pregunta se hizo pertinente por dos razones: el fallo consignaba dicho  término, y el mismo juez Villastein calificó de “caviares” a algunos miembros de la CIDH. Dicha pregunta no pudo ser respondida por ninguno de los representantes del Estado peruano pudo dar respuesta, y ésta tuvo que venir de los representantes de los demandantes.

            De esto no se puede deducir que los que utilizan el término en cuestión no tengan en claro qué significado tiene éste, pero sospecho que su significado parece ser obvio cuando en realidad no lo es. Hay muchas características de los términos que usan los agentes políticos en sus discursos y declaraciones. Quiero subrayar sólo dos: 1) éstos carecen de un significado preciso y determinado con toda claridad y 2) algunos de estos términos son utilizados para descalificar a los adversarios.  El uso de los términos para descalificar a los adversarios responde a una estrategia política dirigida a bajarle puntos al grupo oponente.

 

Antecedentes y origen del término

            Respecto del término “caviar”, ha tenido su origen en ese intento de descalificar a los adversarios. Como sabemos, ha sido generado en Francia por la izquierda marxista y revolucionaria para descalificar a la izquierda liberal y democrática.  En ese contexto se utilizaba para identificar a un grupo político que se reivindicaba de izquierda, pero que tenía una vida cómoda, cuya mayoría eran intelectuales y funcionarios que ganaban bien y que en sus reuniones supuestamente consumían caviar.

            En nuestro medio este término fue introducido por la derecha para descalificar a un sector de la izquierda peruana que parecía tener características similares a la izquierda liberal francesa. Con anterioridad, cierta parte de la izquierda y los partidarios del APRA utilizaban el término “rábano” para calificar a los izquierdistas que provenían de las clases medias y tenían una vida acomodada. El término hacía alusión a que el rábano era rojo por fuera y blanco por dentro, es decir, estos izquierdistas eran burgueses acomodados que buscaban mantener su posición utilizando de manera cosmética un discurso de izquierda.

 

Características del término en la actualidad

             Pero el término, tal cual es usado hoy en día, no termina de ser todo claro. Tiene, por lo menos dos acepciones complementarias: por un lado, se dirige a calificar ciertas propuestas políticas vinculadas a la izquierda liberal y democrática; por otro, se utiliza para calificar a un grupo específico  que apoya y promueve dichas reivindicaciones.  Las propuestas calificadas como caviares son la defensa de la libertad individual, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el compromiso con los derechos fundamentales y los derechos humanos,  y el compromiso con la justicia social.

            Pero no   basta para que una persona sea calificada como caviar. Ésta debe tener ciertas características: ser profesional y/o académico, perteneciente a la clase media y clase media alta, y haber egresado de ciertas universidades, como la PUCP. De tal manera que un empresario pujante, por más de que adhiera las propuestas de la izquierda liberal y democrática no será un caviar. Y si una persona tiene todo el perfil señalado, pero en cambio de darle prioridad a los derechos sociales otorga un pero relativo mayor a los derechos políticos y civiles, tampoco será reconocido como un caviar, como es el caso de Rosa María Palacios, Pedro Salinas y Augusto Álvarez Rodrich.

         

Complejidades del término

             Pero las cosas no quedan allí. Si tenemos en cuanta lo anterior veremos que el uso del término está desbordando esa caracterización, porque hay agentes políticos e instituciones que están dotándole de otras características. Por ejemplo, Pedro Salinas ha declarado que él se reivindica un caviar de derecha, lo que significa que da un peso relativo mayor a los derechos políticos y civiles sobre los derechos económicos y sociales en el caso de que entrasen en conflicto. De otro lado, Villastein utilizó el término para calificar a algunos de los magistrados de la CIDH, con lo cual un caviar podría der una persona que no forma parte del ajedrez político nacional y no ha surgido de las universidades “caviar”.

 

Por su parte, César Hildebrandt caracteriza a Faulkner y a Neruda como caviares. En este caso se trata de dos extranjeros que pertenecen a periodos distintos de del siglo XX. Faulkner pudo encontrarse más comprometido con la defensa de la democracia que Neruda, quien venía de las canteras del Partido Comunista Chileno. Con esto, la claridad sobre el término caviar termina por empañarse.  A causa de la proliferación de los usos anómalos del término caviar  es que se ha escrito últimamente. Entre quienes han intentado clarificar el término han sino Carlos Meléndez y Steven Levitsky, ciertamente el segundo con mayor lucidez que el primero.

UN NUEVO FANTASMA RECORRE EL PERÚ (SEGUNDA PARTE)

UNA PLANILLA NEGRA

La planilla negra es uno de los elementos que mejor simboliza a la derecha radical en este país. La tercealización, la proliferación de las services y otros mecanismos para mantener trabajadores en las empresas y en las universidades empresas paro fuera de planilla y sin beneficios sociales. A ello podemos incluir formas las presiones del lobbie empresarial para que una flexibilización radical del mercado laboral sea legislada por el Estado, lo cual constituye un ofensa terrible contra la dignidad de los empleados en este país.

Estas prácticas expresan una perversa alianza entre Estados y empresarios. Todo ello se intenta abalar con un discurso ideológico y con una teoría económica idealizada. El discurso ideológico señala lo siguiente: “para que el país pueda crecer económicamente el Estado debe fomentar la inversión privada y por ello debe flexibilizar el mercado de trabajo”. Además, dicho discurso se complementa con la idea siguiente: “si las empresas crecen, todos los peruanos se verán beneficiados”.

Este discurso, que es propalado por los medios de comunicación y ha sido repetido hasta el cansancio (como si la sola repetición de un discurso bastaría para hacer de este verdadero), es ideológico, porque pertenece a todo un conjunto de discursos que se justifican unos a otros a modo de círculo vicioso que no toma en cuenta otros puntos de vistas ni la experiencia. De hecho, la elección de Ollanta Humala fue una muestra empírica que el discurso era falso, pues la prosperidad de las empresas no era sinónimo de bienestar de la población.

Por su parte, la teoría económica que sirve de sustrato a este discurso es el de los mercados libres perfectos, según la cual es posible la existencia de un mercado completamente libre sin regulación del Estado. Este supuesto ya ha sido cuestionado ampliamente por la misma economía y  la experiencia. No hay país que no tenga un estado regulado por parte del Estado, ni siquiera en los Estados Unidos. La teoría de los mercados libres idealizados es perniciosamente enseñada en las escuelas  de economía, así como el análisis económico del derecho es replicado con el mismo perjuicio en las escuelas de derecho.

Pero hay otro aspecto de “la planilla negra”: los manejos turbios de las empresas, a través de las cuales burlan las escasas leyes de protección del trabajo. La doble planilla, las subcontratación, las horas extras de trabajo no pagadas, los trabajos ad honorem forzados.

 
UNA DENUNCIA DE TIERRAS EN PROPIEDAD COMUNAL

El despojo de las tierras de una comunidad por parte de los agentes del gran capital es una de las más deplorables prácticas de la derecha dura. El proyecto de ley que se discutió hace unos años respecto de la venta de las tierras comunales en la selva es una muestra clara de esto. Entonces se discutió si las comunidades podías decidir vender sus tierras con mayoría simple (si el 50% más uno estaba de acuerdo). El objetivo era modificar el régimen que existía hasta entonces, que ponía una valla  más alta.

 

La historia de las tierras comunales en la sierra y la selva ha sido triste y oprobiosa durante el siglo XX y lo que va del XXI, desde la era del caucho hasta la era de las petroleras. No sólo por las prácticas que la ley permitía sino también por los engaños legales o el uso de la fuerza (e incluso el uso de las armas) con los que la derecha radical ha procedido. Mucha sangre comunal se ha derramado en este proceso desarrollado por esta derecha que tiene las manos manchadas. La crónica y la literatura en el Perú ha dado cuenta reiteradamente de estas acciones delincuenciales. Las obras de Arguedas, de Ciro Alegría y de Manuel Scorza, entre otros dan testimonio de todo esto. Y hoy en día, estas prácticas se han sofisticado, pero siguen siendo las mismas.  

Es por esta razón que la derecha radical es este país no odie tanto a alguien como a Velasco Alvarado, por haber llevado a cabo la reforma agraria  que terminó con el gran latifundio y con la república aristocrática.  Por esa razón, antes de que hiciese popular el término “caviar”, la derecha dura se refería a sus adversarios como “velasquistas”.  Si bien Velasco cometió muchos errores, incluso en la implementación de la reforma agraria, la idea de realizar tal reforma ha sido una de las más atinadas de la historia republicana.

 CAVIARES Y COYOTES

 Si la derecha radical significa todo ello, queda claro que términos como DBA o Coyotes le viene a pelo.  Durante mucho tiempo el término caviar ha sido utilizado como un insulto, pero es necesario reivindicarlo, tal como Hildebrandt propone. Es necesario que los caviares salgamos a reivindicar nuestra posición abiertamente. De hecho muchas personas con cierta sensibilidad social o para ganar aplauso se ha comenzado a reivindicarse como caviar. Pero la pregunta queda aún en el aire: ¿qué significa ser un caviar en el idioma político peruano? Por más obvio que parezca, su significado está lejos de estar precisado.

UN NUEVO FANTASMA RECORRE EL PERÚ (PRIMERA PARTE)

El artículo de César Hildebrandt “por qué estoy con los caviares” ha causado conmoción en los últimos días en la prensa y en diversos círculos. A modo del Manifiesto Comunista sugiere que el caviarismo es el nuevo fantasma que recorre el Perú. La visión que expresa de los llamados “caviares” es lúcida y acertada. Además es acompañado de una excelente viñeta que dice: ¿Cuál es la diferencia entre una masacre y un atentado?, a, no sé, ¿el lugar de residencia?

No voy a repetir los argumentos manifestados allí, pues son harto conocidos. Sólo quiero comentar dos imágenes de Hildebrandt utiliza para graficar lo que caracteriza a la derecha radical en este país: un toro desangrado en una plaza llena, un eructo macho, una planilla negra y una denuncia de tierras en propiedad comunal

UN TORO DESAGGRADO EN UNA PLAZA LLENA

La derecha más recalcitrante ha cerrado fila por añosa favor de aquél repugnante espectáculo que representa el salvajismo de torturar a un animal hasta propinarle la muerte. ¿Y cuál es la justificación?  La respuesta que uno escuchará para dicha pregunta es indefectiblemente la siguiente: el mantenimiento de la tradición. El mantenimiento de la tradición porque es la tradición es la consigna de la derecha radical en este país. En ese proceso no interviene ni la reflexión ni la observación de los cambios que se dan en la experiencia social.

La apelación a la tradición lo justifica todo. La presencia del incienso de las iglesias y de la pólvora de los cuarteles en la plaza pública; la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, marginando a los estudiantes de otras confesiones; la celebración del Tedeum el 28 de julio; el juramento ante la Biblia ante los tribunales. La tradición justifica la presencia del lobbie católico en el congreso y en el sistema de justicia.

La tradición justifica todas las injusticias y discriminaciones que se producen en este país porque las recubre de un halo de santidad que viene de un catolicismo hiperconservador que se opone a que nada cambie ni en lo social ni en lo cultural. Las órdenes son: “Nadie se mueva” y  “obedezca a la autoridad, aunque lo que ella exija sea descabelladamente injusto”. Y uno debe cumplir con esas órdenes, porque así Dios lo quiere, y uno debe consolares porque, como consuelo dicen “Él te ama”.

 

UN ERUCTO MACHO

Otra característica de la derecha radical en este país es todo lo que puede simbolizar un eructo macho. Primero, el machismo y la homofobia. El sometimiento de la mujer, su marginación social (que puede ser velada o abierta), el abuso sexual, la violencia sexual propalada por los medios de comunicación y aplicada en las escuelas y universidades. Además el chiste homofóbico, el insulto sexual, el combate contra los derechos de los gays y lesbianas. Pero la peor manifestación del “eructo macho” es la violencia psíquica, moral y física contra la mujer en el seno del hogar y el  asesinato de gays y lesbianas.

La segunda manifestación del “eructo macho”  es la prepotencia que ejerce el que tiene dinero. El señor dinero vuelve a su poseedor en una persona avezada y prepotente. Las instituciones y las personas que manejan el dinero se creen con el derecho de cometer toda clase de abusos sólo porque tienen dinero. El que tiene dinero manda tanto en la esfera pública como en la privada. Gana los juicios y abusa de los familiares.

Pero el “eructo macho” representa el poder de las armas, tanto de parte de las fuerzas del orden que violan derechos humanos como de parte de los delincuentes armados y los terroristas. Es por ello que sectores radicales de las FFAA en este país siempre han estado rondando por palacio de gobierno. Pero también podemos encontrar otras manifestaciones del “eructo macho” en el control de los medios de comunicación que tiene como finalidad el imponer una manera de pensar. El crédito impuesto, la propaganda agresiva, la propaganda engañosa. Todo ello es “eructo macho”.La denominada “Derecha Bruta y Achorada” (DBA) apela diariamente al recurso del “eructo macho” para enfrentarse a sus enemigos: los caviares. Incluso, la intentona de la DBA católica de apropiarse de la PUCP puede calificarse perfectamente de un eructus interruptus.

Derecho y política: el caso del fallo Villastein

El sonado y bochornoso caso del fallo Villastein pose sobre la mesa del debate la conexión entre derecho y política. El caso ha sido bochornoso por dos razones: por el fallo mismo y por la actuación del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la discusión que ha generado se enfocó, en gran medida,  en el análisis jurídico-técnico, en la denuncia de lo bochornoso del fallo mismo y el de la vergüenza ajena que se siente a causa de la actuación del Estado ante la instancia internacional. Además, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y unos contados periodistas cuestionaron acertadamente la intención política del fallo.

            El fallo tuvo, efectivamente, una intención político-partidaria clara: la de beneficiar a los integrantes del Grupo Colina y apuntalar en dirección de la agenda política del fujimorismo. Además, éste mostró un objetivo adicional: combatir las fuerzas de lo que el mismo Villastein denominó “los caviares”, y es más, utilizó ese término para referirse a algunos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de entrada sospechoso que un magistrado se refiera a un grupo de actores políticos por medio de un término despectivo utilizado por la DBA. Ese detalle se presta a la presunción de que dicho magistrado de encuentra vinculado ideológicamente con las ideas de ese grupo radical. Una cosa es que un juez pueda tener una posición política determinada, y que procure que ello no interfiera en su función, y otra cosa es que sus manifestaciones públicas y en el contenido de sus fallos utilice los términos que un sector político utiliza para desacreditar a otro grupo. Ello lo acerca a la complicidad.

            Pero existe un aspecto de fenómeno que ha sacado a la luz el caso Villastein. La conexión entre derecho y política tiene dos caras, una perniciosa y otra saludable. La cara perniciosa está representada por el uso de los mecanismos legales para hacer política partidaria, en cambio, la saludable cosiste en conectar el sistema jurídico con el resto de instituciones políticas de la sociedad democrática. La penetración del positivismo jurídico no permite a los juristas y abogados percibir con claridad la necesidad de esa saludable conexión. Hay que precisar dos cosas en este punto. Primero, algunos operadores del derecho asumen ingenuamente la tesis positivista de la desconexión entre derecho y política (entendiendo política en sentido de la articulación del sistema democrático), en cambio, otros lo hacen adrede con la finalidad de imponer sus opciones políticas partidarias en la aplicación de justicia. En segundo lugar, cuando me refiero a la dimensión saludable de la conexión entre derecho y política, tal como la he definido, no me refiero a que es recomendable, sino que es de imperiosa necesidad si es que queremos robustecer las instituciones de nuestra precaria democracia.

            La conexión saludable entre derecho y política ha sido visualizada con claridad por John Rawls en su libro liberalismo político. Esto supone concebir una sociedad democrática no sólo como regida por un régimen político que se compromete con la elección popular de los representantes en el gobierno, con la alternancia en el poder y con la separación de los poderes del Estado. Una sociedad democrática representa, prima face, la articulación de un conjunto de creencias políticas acrisoladas por la experiencia histórica, como son el rechazo a la esclavitud, la defensa de la libertad y autonomía ciudadana, el compromiso con los derechos fundamentales, la consideración especial para con los menos favorecidos dentro de la sociedad, entre otras. Dicha articulación se cristaliza en las instituciones de la sociedad y del Estado, como la escuela y los poderes del Estado, razón por la cual dichas instituciones no pueden desvincularse entre sí.

La pretensión positivista es que las instituciones de administración de justicia deben desvincularte del resto de instituciones de la sociedad democrática, ello en nombre de la cientificidad y la imparcialidad del derecho. Tal concepción del derecho termina por debilitar a la democracia. El polémico fallo Villastein es una muestra palpable de ello, pues éste muestra fehacientemente que la administración de justicia à la positivista tiene un doble juego nefasto: la exclusión de consideraciones políticas democráticas y la inclusión de consideraciones políticas partidarias. Esto abre las puertas a que los magistrados utilicen partidariamente su posición de ventaja.  Este vicio del positivismo jurídico, dominante en la formación de los abogados, trajo como resultado el que muchos de ellos consideraban conforme a derecho el fallo Villastein, y que después, en vistas a la reacción mediática, cambiara de parecer. Este gran punto ciego es muy peligroso, espacialmente en un país como el nuestro en el que los radicalismos de derecha e izquierda están asechando constantemente nuestra débil democracia.

LA VIGENCIA SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESCENA PERUANA RECIENTE (TERCERA PARTE)

4.- La creencia en una “naturaleza del peruano”

            Uno de los elementos que fomentan una cultura autoritaria y va en desmedro de la vigencia social de los derechos humanos en la sociedad peruana contemporánea es la creencia en una supuesta naturaleza que comparten los y las peruanas. De acuerdo con dicha creencia, el peruano es de tal naturaleza que necesita ser gobernado autoritariamente y no debe permitírsele hacer uso de su libertad, y por lo tanto el discurso de los derechos humanos sería aplicable a otras sociedades, que tienen una naturaleza democrática, y no a la sociedad peruana.

            Esta creencia va aparejada con otra que señala  que existe una naturaleza humana en general que debe darnos la pauta para poder organizar los órdenes sociales y jurídicos. En muchas de las escuelas de derecho se enseña perniciosamente que los derechos humanos y la dignidad tiene su fuente en la naturaleza humana. Tanto la creencia en la naturaleza del peruano, como la creencia en una naturaleza humana no sólo dañinas para la vida de las personas, sino fácilmente cuestionables[1]. Cuando se sostienen tales creencias, lo que se hace es crear una imagen de dicha naturaleza e endilgarle  nuestros prejuicios. De esta manera, cuando alguien afirma que la naturaleza del peruano es tal que necesita ser gobernado manu militari, lo que está haciendo esta persona es imponer sus prejuicios. La creencia en una naturaleza del peruano y de una naturaleza es ampliamente difundida en el Perú, siendo los medios de comunicación masivos, los discursos de los políticos, las escuelas y universidades sus grandes agentes de difusión. Pero, las dos instituciones tutelares, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, se han convertido en los mayores  agentes de difusión de la creencia de una naturaleza humana y de una naturaleza del peruano[2].   

 

5.- Conclusión

            Podríamos encontrar otras fuentes la gran fuerza que tiene  autoritarismo en el Perú contemporáneo, y por qué razones en la actualidad las fuerzas autoritarias tiene una amplia representación en el reciente congreso electo. Esta representación se encuentra encabezadas por la bancada fujimorista, pero está compuesta por otras fuerzas políticas. El compromiso con la democracia y los derechos humanos que expresan dichas fuerzas políticas es fundamentalmente estratégico. El proyecto político que expresan es el de la acumulación de poder por rebanadas para, llegado el momento, desactivar el régimen democrático e instaurar uno de corte autoritario. Es en este sentido, este sector expresa el mismo proyecto que el de Sendero Luminoso, sólo que  en el caso de Sendero nos encontramos ante un proyecto de izquierda radical.         

Pero ciertamente, la extrema derecha que tuvo, durante el gobierno de Alberto Fujimori sentó las bases para que sus ideas y convicciones más profundas se instalen en un país que, por su historia de gobiernos militares, tiene las condiciones para que éstas calen profundamente. Esto trae consigo una ardua tarea para los agentes gubernamentales y las instituciones y miembros de la sociedad civil. Dicha tarea consiste en revertir la tendencia de tal manera que el apoyo de la ciudadanía a los derechos humanos y su compromiso con la democracia vaya ganando terreno en el Perú. Es imposible generar inclusión social y política si no emprendemos dicha tarea. Tampoco podremos generar una sociedad en la que la deliberación política y los derechos políticos y sociales, y los derechos humanos de todos los peruanos tengan una vigencia real.  

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[1]  Ciertamente, es posible argumentar que no existe algo así como una naturaleza ni peruana ni humana. Al respecto Cf. RORTY, Richard; Derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo, en   Verdad y progreso Barcelona: Paidós, 2000.

[2] La teología dominante en la Iglesia Católica tiene un discurso respecto de la supuesta naturaleza humana  que no ha sido suficientemente discutida al interior de la misma Iglesia. Ciertamente, tal discurso es políticamente funcional a la Iglesia para asegurar el poder de la jerarquía al interior y también en la misma sociedad peruana. Sobre los poderes tutelares Cf. NUGENT, Guillermo; El orden tutelar, Lima: Desco, 2010.

LA VIGENCIA SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESCENA PERUANA RECIENTE (SEGUNDA PARTE)

2.- Los intereses de los grandes capitales nacionales

             Otro elemento que contribuye al rechazo a los derechos humanos es el convencimiento de la población de que los intereses de los grandes capitales nacionales son sinónimo de los intereses del país en su conjunto. La estrategia para llevar a cabo este convencimiento se llevó a cabo de un razonamiento falaz según el cual la satisfacción de los intereses económicos de las grandes empresas va a generar un efecto de crecimiento del resto de la población por medio del empleo y los otros mecanismos de “chorreo económico”. El slogan era el siguiente: “si las grandes corporaciones familiares se enriquecen, se enriquece todo el país”, de tal manera el Perú avanzaría si los intereses de los grades capitalistas nacionales lo hace.

            Esta acción fue desplegada desde la década de los 90 y continúa desarrollándose incluso en nuestros días.  Ella encontró su respaldo jurídico en la controversial Constitución de 1993. En dicha Constitución se vulneran los derechos económicos sociales y culturales, que son un conjunto de derechos importantes de los derechos humanos. Ello se realiza en dos apartados centrales de la Constitución: en el dedicado a los Derechos Fundamentales y en el Capítulo Económico. Respecto de la sección dedicada a los Derechos Fundamentales, se ha realizado un importante ataque contra los derechos económicos y sociales, dando primacía a los derechos civiles y políticos; y en el capítulo económico se ha vulnerado los derechos por medio de una extrema flexibilización de las normas laborales.

            Los grandes capitalistas nacionales han conseguido ganar terreno en su lucha en contra de los derechos humanos en el país por medio de tres estrategias sumamente efectivas: a) su participación directa en el gobierno, b) la propaganda a favor de sus intereses, por medio de los medios y la prensa, y c) construyendo el discurso del “sujeto empresario”. Por medio del fenómeno que los sociólogos llaman “las puertas giratorias” los grandes empresarios han pasado del mundo empresarial al gobierno, como asesores,  ministros, u ocupando otros puestos claves a fin de ajustar la legislación en dirección a sus intereses empresariales. Pero, además a través de los medios de comunicación han conseguido una amplia plataforma de propaganda que difunda la idea de que la defensa de sus intereses económicos es sinónimo de los intereses del país; y junto con ello han tenido un ejército de periodistas que han repetido argumentaciones en defensa de los intereses de las grandes empresas, periodistas que se han opuesto reiteradamente a la regulación del mercado de trabajo, entro otras cosas[1]. Junto con estos dos políticas,  las grandes empresas han construido el discurso o constructo del “sujeto empresario”, según el cual el Perú es un país de empresarios.

Dicho constructo se ha producido sobre la base de una constatación empírica innegable, a saber, la consolidación de un sector de la clase media que dedicándose a los negocios ha ido prosperando. Pero sobre la base de esa constatación, se ha construido un discurso tendencioso añadiendo a esos elementos constatables a) la idea de que ese sector representa a toda la clase media, de manera que no existirían ni profesionales, ni empleados privados ni empleados públicos, b) que esos sectores pujantes podrán con constituirse todas en grandes empresas y no serán estranguladas por créditos bancarios desregulados jurídicamente, y c) que los grandes capitalistas les permitirán que crezcan lo suficiente hasta que se conviertan en potencias económicas que atenten contra sus intereses. Lo cierto es que los grandes capitales tiene tanto poder económico e injerencia política que jamás permitirán que las pequeñas y medianas empresas crezcan los suficiente hasta hacerles competencia.

A través de estas tres estrategias las grandes empresas en el Perú han realizado un ataque frontal contra los derechos humanos en dos frentes. El primero lo constituye el de la vulneración directa de los derechos, especialmente los sociales y económicos, mientras que el segundo frente es el de hacer propaganda indirecta contra los derechos y la democracia a través de los medios de comunicación.  

 

3.- Educación de carácter autoritaria

            El carácter autoritario de la educación en el Perú es otros de los factores que permiten explicar la poca vigencia social de los derechos humanos en el Perú de nuestros días. En todos los niveles de la educación se ha instaurado un acento autoritario debido a diferentes factores. Entre ellos destacan a) las dinámicas autoritarias que se fomentan en los centros de enseñanza, b) la formación de sujetos para el mercado más que formación de ciudadanos para la democracia, c) la enseñanza militarizada de la historia nacional, y d) la educación en  los valores domésticos de la cultura dominante.

            Lo que tanto niños como adolescentes aprenden más rápidamente son las actitudes que tienen las personas en el centro educativo. Si los profesores dentro del aula generan relaciones autoritarias, donde el debate, la discusión de ideas y la libertad para pensar diferente están bloqueados, los alumnos aprenderán actitudes autoritarias aunque la clase verse sobre democracia y no valorarán los derechos humanos, aunque el curso trate de ellos. Si el profesor no guarda el debido respeto para con los alumnas y alumnas, o permite que entre estudiantes no se cultive el respeto y la tolerancia, entonces el aula se convierte en un espacio de formación de personas intolerantes, autoritarias y adherentes a sistemas políticos autoritarios. Si el mismo profesor se encuentra inserto en un sistema de relaciones dentro de la escuela o la universidad en el que predomina el trato directivo y autoritario de parte de las autoridades (ya sea el director del colegio, el jefe de departamento, el decano o el rector de la universidad), la institución transmite a los alumnos el mensaje de que cree más en relaciones  autoritarias que en democráticas y basadas en el respeto a los derechos humanos. En aquellas instituciones donde las relaciones entre los docentes y las autoridades están mediadas por prácticas corruptas (ascensos que no respetan reglas universalmente aceptadas y reconocidas como válidas) o en aquellas donde existen prácticas de malversación de fondos, o negociación pecuniaria o sexual  de la nota, en tales instituciones los estudiantes no aprenden a valorar la democracia ni los derechos humanos. Por desgracia, todas estas prácticas son reiteradas en muchas escuelas, institutos técnicos y universidades del país, de tal manera que se convierten en instituciones donde se inculca el autoritarismo y el desprecio por los derechos del otro[2].

            Pero, además, las escuelas, los institutos técnicos y las universidades se han convertido en centros de formación de agentes funcionales al mercado y al sistema mercantil. El mensaje fundamental que transmiten es que forman a sujetos para que ganen dinero, sin importar si respetan las reglas de juego democrático y los derechos humanos, donde las artes y las humanidades están siendo arrinconadas cada vez más, porque se les consideran disciplinas no lucrativas. Esto resulta sumamente pernicioso para consolidar una democracia donde los derechos humanos adquieran vigencia social[3]. Las mismas universidades se han convertido en empresas con fines de lucro, lo que hace que el poder del dinero penetre la institución universitaria y desnaturalice su dinámica interna. De esta manera, la universidad deja de ser un centro de debate y discusión de ideas, para imponer sólo aquellas creencias que son funcionales a la dinámica del mercado[4].

            Por otro lado, el hecho de que la historia del Perú se enseñe desde el punto de vista de los héroes militares y no desde héroes civiles o los héroes de la pluma indica que las virtudes que se intentan inculcar en los estudiantes son las de los institutos castrenses, virtudes que destacan la lealtad antes que la libertad, la valentía antes que la tolerancia. Si bien la lealtad y la valentía son virtudes deseables, cuando se colocan por encima de la tolerancia y la libertad terminan fomentando sociedades autoritarias y no democráticas, sociedades en las que los derechos humanos no son valorados suficientemente. Pero, además, la escuela y la universidad se convierten en centros de de formación de valores de una cultura dominante en una sociedad multicultural como la peruana. De esta manera, la escuela y la universidad peruana suele fomentar la formación en valores domésticos, donde tales valores son los valores católicos tal como lo entienden los sectores del catolicismo más radical e intransigente. Dicha “formación en valores domésticos” suele imponer una escala de valores sobre la escala de valores de los mismos estudiantes, con lo que transmiten el mensaje de que la cultura del catolicismo radical es superior la propia cultura de los alumnos y alumnas[5].  

            La educación de naturaleza autoritaria que se imparte en la escuela y en las universidades sirve de plataforma adecuada para la injerencia de Sendero Luminoso en la mente de los jóvenes. Es por esa razón que muchos jóvenes en la actualidad adhieren al Movadef, y consideran que Abimael Guzmán debe ser amnistiado además de que consideran que su prédica  y actuar terroristas son loables.   Al igual que en la década de los 70, Sendero utiliza los espacios donde la educación autoritaria se entrelaza con el descontento social a fin de adoctrinar a jóvenes con su prédica de odio[6]. Es por esa razón que esta educación autoritaria no sólo es adversa a los derechos humanos sino que resulta ser sumamente peligrosa para el presente y el futuro del país.  La algarabía y la autocomplacencia  de los sectores empresariales están conduciendo al arrinconamiento de la agenda de derechos humanos en muchos sectores de la política nacional, espacialmente política educativa, cosa que resulta ser no sólo una vergüenza sino además sumamente peligroso. El ataque sistemático a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene una perversa conexión con el fortalecimiento de presencia del extremismo senderista, tanto a través de la política, con el Movadef, como a través del sector educación, a través del SUTEP-CONARE.   

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[1] Respecto a esto, podemos observar la conducta de tres periodistas políticos emblemáticos que se encontraban vinculados a “El Grupo El Comercio”: Jaime de Althaus y Rosa María Palacios. El primero permaneció con su programa en el Canal N porque es un abanderado de la política neoliberal que defiende los intereses de la gran empresa privada y ataca a todos sus adversarios. De Althaus fue un defensor acérrimo de Keiko Fujimori en la última campaña electoral, por lo que mantiene un lugar preferencial en el canal n y en el diario “El Comercio”. Cosa distinta sucedió con Rosa María Palacios, quien durante los 90 gozó de una buena posición en los medios mientras periodistas adversos al régimen de Alberto Fujimori, como Gorriti fueron hostigados por el fujimontesinismo. Sin embargo, la periodista y su programa Prensa Libre fueron retirados del aire en América Televisión (canal en el que “El Grupo El Comercio” tiene una alta cuota de poder) por no alinearse con la candidata Fujimori. Y no era el caso de que la mencionada periodista se haya convertido al izquierdismo o al humalismo, pues sus críticas al programa de Gana Perú fueron fuertes. Ella simplemente mantuvo si independencia. Un tercer caso es el de Jaime Bayly, quien fue contratado expresamente por América Televisión para demoler la candidatura de Ollanta Humala, teniendo en cuenta que consiguió mellar profundamente la candidatura de Flores a la alcaldía, pero como en esta segunda oportunidad era evidende que lo que Bayly hacía tenía una motivación pecuniaria más que una convicción política y/o moral, la estrategia no surtió efecto, pues el rating de su programa era bastante bajo.

[2] En relación al autoritarismo en las escuelas Cf. NUGENT,  Guillermo; El orden tutelar: sobre las formas de autoridad en América Latina, Lima: Desco, 2010.

[3] Este fenómeno no sólo sucede en el Perú, sino que tiene una gran presencia en muchos países del mundo. Al respecto puede tomarse nota de la retórica del periodista argentino del The Miami Herald, Andrés Oppenheimer, quien en reiteradas publicaciones afirma que la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria debe dirigirse a la instrucción técnica y científica, y alejarse de las humanidades, especialmente de la historia. Sobre lo pernicioso de esa retórica y del desmedro de las artes  y las humanidades en la educación Cf. NUSSBAUM, Martha; Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, Buenos Aires: Katz Editores, 2010.  

[4] La tendencia, en este sentido, es a intentar expulsar la discusión política de las universidades a fin de convertirlas no en un centro de formación política democrática, sino en lugares de adoctrinamiento político donde no se toleren ideas diferentes a las fomentadas por los dueños. La universidad deviene en un centro de formación para la política democrática cuando los estudiantes aprenden a debatir respecto de ideas políticas y cultivan el debido respeto y tolerancia frente a las ideas políticas diferentes. En cambio, las universidades devienen en centros de adoctrinamiento político cuando el debate de ideas es eliminado y los cursos se orientan a reforzar determinadas creencias políticas. En sintomático que en la campaña para la primera vuela, el candidato de la Alianza para el Gran Cambio haya señalado que a las universidades se debe ir para estudiar y no para hacer política, es decir, que el proyecto político que dicho candidato tenía incluía el que las universidades peruanas se conviertan en centro de adoctrinamiento político.

[5] Al respecto Cf. GAMIO, Gonzalo; Racionalidad y conflicto ético, Lima: CEP, 2007. Además, CAVIGLIA, Alessandro; Autonomía universitaria y calidad de la enseñanza en: Revista Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, n° XVI, Enero-Diciembre 2010.

[6] Cf. PORTOCARRERO, Gonzalo; Profetas del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso, Lima: PUCP, 2012.

LA VIGENCIA SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESCENA PERUANA RECIENTE (PRIMERA PARTE)

El problema de los derechos humanos en sociedades como la peruana tiene varias aristas  como la de la justificación filosófica, el respeto de parte del Estado y otras organizaciones, así como la consolidación de una cultura de derechos mediante la promoción de la vigencia social de los mismos. Se entiende por vigencia social de los derechos humanos el reconocimiento que los miembros de una sociedad tienen de ellos. De este modo, en sociedades donde los derechos tienen una alta vigencia encontramos que los ciudadanos reconocen el valor de éstos y la necesidad de comprometerse con ellos; en cambio, en aquellas sociedades donde tales derechos tienen baja vigencia encontramos que los ciudadanos se encuentran escasamente comprometidos con ellos. 

Durante la segunda vuelta de la última campaña electoral en el Perú, muchos sectores han manifestado abierta o veladamente un escaso compromiso con los derechos humanos. Tanto políticos como empresarios y periodistas, así como personas particulares, han sostenido que no tendrían ningún problema en poner sobre una balanza el respecto de los derechos humanos y la supuesta continuación del crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos años. Más allá de si Keiko Fujimori representase o no la continuación de una política de violación de los derechos u Ollanta Humala representase un quiebre radical en la política económica, en el país el debate electoral en la segunda vuelta tuvo como uno de sus componentes la cuestión del compromiso de los agentes político, económicos y periodísticos, como el de muchos ciudadanos de a pie, con los derechos humanos.

            El alto porcentaje de ciudadanos que ha manifestado una posición adversa a los derechos humanos, ante el dilema “continuación con el modelo económico vs. derechos humanos” se suma a otro dato que ha revelado Alfredo Torres en su libro “Opinión pública 1921-2021”[1]. Dicha información sostiene que en el Perú sólo un 25% de la población se encuentra realmente comprometida con la democracia. Según Torres, un 25% de la ciudadanía se encuentra profundamente comprometida con el autoritarismo y un 50% acepta la democracia, pero no se encuentra comprometida con ella.  El panorama está claro. En el Perú hay un cuarto de la población que prefiere un gobierno autoritario a uno democrático, y por lo tanto se encuentra o escasa o nulamente comprometido con los derechos humanos; por otra parte, entre un 50% de la población se encuentra un grupo de ciudadanos que no dudarían en colocar en la balanza los derechos humanos con algún otro bien, que es realmente inconmensurable con éstos, como el de la continuación del modelo económico.  

¿Por qué razones un amplio sector de los ciudadanos no se encuentra comprometido con los derechos humanos? Esta es una pregunta que no resulta fácil de responder. Entre las múltiples razones de ello podemos destacar las siguientes: a) el despliegue de una política que cierto sector de la clase política ha realizado en contra de los derechos humanos y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; b) los intereses particulares de sectores empresariales que ven en la democracia y en todo lo que ella implica (incluso los derechos humanos) un escollo para la persecución de sus intereses particulares; c) una educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria de carácter autoritaria, y d) la difusión de la creencia errada de que la naturaleza del peruano es tal que necesita siempre ser gobernado con mano dura y ser tratado de manera autoritaria. En lo que sigue me concentraré en estos cuatro factores, pero es importante tener en cuenta que no son los únicos y que el presente trabajo es un aporte a la reflexión sobre lo que estamos viviendo en el Perú en nuestra vida política y social presente.

1.- La política adversa a los derechos humanos

            Desde los años 80 en el Perú se ha desplegado una política adversa contra los derechos humanos. Podemos detectar tres etapas más o menos definidas en este periodo de tiempo. La primera etapa se desarrolla durante la década de los 80 y coinciden con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y el primer mandato de Alan García Pérez. La segunda etapa se presenta en la década de los 90 y coincide con el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Finalmente, la tercera etapa se inicia en 2001 y continúa hasta la actualidad. Esta tercera etapa se encuentra caracterizada con la presencia de la CVR, su instauración en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, el desarrollo de su investigación, la presentación del Informe Final y la campaña de desprestigio tanto de dicho Informe como de los comisionados. 

           

         La primera etapa de este política adversa a los derechos humanos se encuentra marcada por dos características fundamentales. La primera es la reiterada violación de los derechos en el marco de la lucha antisubversiva. Dicha lucha se caracterizó por la creación de comandos políticos-militares con lo que el poder civil abdicó en la lucha antisubversiva y la entregó en manos de las Fuerzas Armadas, lo que trajo como consecuencia la violación de derechos[1].  La segunda características es que las organizaciones de defensa de derechos humanos son sindicadas como terroristas, como muchas ONGs. o movimientos estudiantiles.

           

        La segunda etapa se inicia con el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, y se cristaliza a partir del autogolpe de 1992. Fujimori significó un acontecimiento político que permitió llevar adelante el conocido “Plan Verde”[2] que un sector de las Fuerzas Armadas tenía para la conducción del poder a fin de enfrentar el terrorismo. La aplicación del “Plan Verde” y la alta corrupción que se apoderó del Perú desestructuró la vida política. Los partidos políticos  y las asociaciones sociales fueron desactivados, lo cual permitió destrozar las redes sociales que necesarias para la protección los derechos humanos de las personas. Lo que sucedió en esta segunda etapa no es sólo que ciertas prácticas –como las de la corrupción- produjo, como daño colateral, la violación de derechos humanos, sino que la conexión fue deliberadamente buscada, es decir, por medio de la corrupción se desestructuró las redes sociales a fin de poder hacer más vulnerables los derechos de las personas. Además, esta etapa terminó consolidando un movimiento político adverso a los derechos y que logró consolidar una relación clientelar con un sector de la población que  terminó siendo incondicionalmente partidaria del autoritarismo y adverso a los derechos humanos. Ese sector partidario del fujimorismo puede justificar la violación de los derechos humanos, pero no es tan tolerable con la corrupción, razón por la cual procuran establecer la distinción –difícil de hacer- entre Fujimori y Montesinos. 

         

        La tercera etapa, que se inaugura con la instauración de la CVR y el inicio de la hostigación y la campaña política de desprestigio que emprendida por la fuerza política que se consolidó en la década de los 90. Los comisionados y sus colaboradores son constantemente amenazados por agentes vinculados a este sector político[3]. Pero, además, este sector, que mantenía poder mediático, hizo una sostenida campaña adversa a la CVR y a los derechos humanos. Dicha campaña mediática continuó una vez presentado el Informe Final de la CVR, y estuvo cargada de mentiras y calumnias.  El poder de esta fuerza política en los medios televisivos y en la prensa escrita amarilla de amplia difusión siguió nutriendo a la población incondicional del proyecto autoritario y adverso a los derechos humanos que dicha fuerza representa[4].

En esta tercera etapa se desplegó una clara política “contra la memoria” que tenía como objetivo el hacer que los peruanos demos vuelta a la página respecto de los sucedido durante los años de violencia. Dicha política fue promovida por las fuerzas fujimoristas y sus aliados y se desplegó con fuerza en tres direcciones. La primera estuvo representa el ataque contra el Informe Final de la CVR; la segunda se dirigió a manipular los medios de comunicación, quienes obedecieron a la consigna del silencio respecto del pasado y la apuesta por la crónica negra y el espectáculo[5]; y la tercera dirección se encuentra representada por la omisión de la enseñanza de ese periodo amargo de la memoria nacional en las escuelas. La omisión de la enseñanza de lo sucedido en los 80 y 90 fue una política intencional, pues dicho recuento histórico no sólo deja mal a Sendero Luminoso y al MRTA, sino que muchos políticos y movimientos operantes actualmente en la escena política actual quedan mal parados a causa de sus acciones en el pasado.

Todo ello contribuye a que un 75% de la población de este país rechace la democracia y que un sector más amplio encuentre posible colocar en la misma balanza los derechos humanos y el crecimiento económico, como si se tratase de dos bienes conmensurables. De este 75% existe un 25% que es incondicionalmente fujimorista. Este 25% lo componen miembros del partido y personas simpatizantes que han sido beneficiadas de un u otro modo durante el gobierno Alberto Fujimori. Todos los que se encuentran al interior de este 25% consideran que la dictadura es superior a la democracia y a una Cultura de Derechos Humanos, pero además es escéptica frente a la posibilidad de argumentar racionalmente sus ideas políticas.

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[1] FLORES GALINDO, Alberto; La tradición autoritaria en el Perú. Violencia y democracia en el Perú, Lima: APRODEH, 1999.

[2]  Alberto Fujimori gobernó el país a través de una coalición cívico-militar, tal como lo muestra el llamado “Plan Verde”. Dicho plan lo había gestado desde 1989 una cúpula militar y fue presentado al reciente electo presidente Fujimori el año 90. En dicho plan se señala la necesidad de las siguientes medidas: establecimiento del libre mercado y reinserción del país en el orden económico internacional, establecimiento de la pena de muerte, establecimiento de un plan de pacificación del país, una reforma educativa y un acuerdo de paz en las fronteras. Pero además se establece la reelección del presidente de la república para llevar adelante un proyecto a largo plazo, establecer un Servicio de Inteligencia que lleve adelante un Sistema de Control, Seguridad  y Propaganda. Al mismo tiempo establecer una relación con la prensa que conduzca a una política de autocensura de parte de los medios de comunicación. El documento señala que la conducción de la política estratégica nacional a largo plazo corresponde a un “Consejo Estratégico de Estado” (CEE). Dicho Consejo no tendrá que asistir al Consejo de Ministros y se mantendrá completamente en el misterio y absolutamente fuera de control democrático. Además, las sesiones del Consejo de Ministros serán vigiladas por el CEE a través unas cámaras que se habían instalado en la Sala del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de Alan García. El “Plan Verde” fue hecho de conocimiento público por la revista Oiga el 12 de julio de 1993.  

[3] Un ejemplo de dicho ataque ha sido la agresión de los partidarios del fujimorismo al monumento El Ojo que Llora,  ubicado en el Campo de Marte.

[4] Artículos y columnas periodísticas dedicadas a desprestigiar a la CVR. Especialmente el diario Expreso y las columnas de Víctor Samuel Rivera.

[5] Resultó patética la escena de los medios comunicación que, una vez aparecido el Movadef, se rasgaron las vestiduras debido a que los jóvenes no sabían quién fue y qué hizo Abimael Guzmán. Esos mismos medios decidieron reemplazar la memoria histórica por la farándula, y resultaron ser parte de los culpables de que en la actualidad muchos jóvenes se plieguen al cuestionado movimiento pro senderista.

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[1]   TORRES, Alfredo, Opinión pública 1921-2021, Lima: Aguilar, 2010.