Democracia y autoritarismo en el Perú actual (Primera parte)

En el Perú actual coexisten dos proyectos políticos que pugnan por definir tanto el sistema jurídico como el sistema político: el primero es el proyecto democrático y el segundo es el proyecto autoritario. El primer tiene como objetivo, a nivel político, consolidar una democracia liberal que permita la convivencia de la diversidad de grupos cultural, moral y religiosamente distintos, además de promover una cultura de derechos y defender los derechos humanos, mientras que, a nivel del derecho, busca fortalecer un sistema jurídico que tenga como centro los derechos fundamentales de los ciudadanos. El segundo tiene como objetivo, a nivel político, combatir la diversidad e imponer la homogeneidad social de manera autoritaria mientras que, a nivel jurídico, busca establecer un sistema de derechos que carezca de derechos fundamentales de los ciudadanos, sistema jurídico que permita imponer una homogeneidad a nivel socia  l.

El proyecto democrático se encuentra impulsado por diferentes agentes, intelectuales y agrupaciones de la sociedad civil, aunque a nivel de la clase política tiene escaza representatividad. Todos estos actores se encuentran movilizados por la idea de fortalecer la aún endeble democrática peruana. En cambio, el proyecto autoritario es impulsado por diferentes agentes, grupos de la sociedad civil e intelectuales que tienen una mayor representatividad política y una poderosa conexión tanto con los poderes fácticos del dinero y las armas, como con la población. La razón de esta amplia aceptación del autoritarismo de parte de la población tiene, entre otros factores, el bajo nivel formación ciudadana de amplios sectores de la población, fruto de una escuela autoritaria, y la creencia de que los derechos políticos son un lujo frente a las necesidades económicas o la seguridad. Pero además, la amplia aceptación del autoritarismo de parte de la población  tiene su causa en la dificultad y el desinterés de los partidarios del sistema democrático de encontrar los canales de comunicación con los ciudadanos. El proyecto autoritario se encuentra defendido por diferentes grupos, entre los que destacan la extrema derecha y la extrema izquierda, ambas de claras talantes antidemocráticas, los grupos de poder económico del país y los grupos de poder corruptos que mantienen su hegemonía de manera deshonesta[2].

           

1.- Democracia-autoritarismo, homogéneo-heterogéneo

Podemos describir tanto el proyecto democrático como el autoritario en términos de la contraposición homogéneo-heterogéneo. El proyecto democrático se plantea llevar a cabo una homogeneidad a nivel jurídico y político, mientras que en el plano de la sociedad busca preservar la heterogeneidad. La homogeneidad jurídica se expresa en la existencia de un Estado de hace valer un sistema de derechos que consagra la igualdad y la libertad de los ciudadanos y que rige en todo el territorio nacional. Tal homogeneidad jurídica no entra en conflicto con el pluralismo jurídico, pues el derecho oficial se articula con las prácticas jurídicas de los pueblos indígenas (si bien esta articulación no se ha realizado aún de manera satisfactoria, el proyecto democrático tiende a realizarla). A nivel político, la homogeneidad no se expresa en la imposición de un solo pensamiento político sino, más bien, se trata de defender un sistema político donde las diferentes posiciones puedan participar, siempre que se comprometan con un sistema de partidos políticos que no recurra a la violencia, sino a la discusión de ideas, sistema en el que todos los partidos se comprometen con el sistema democrático y utilizan los mecanismos legales para desarrollar sus acciones políticas. A la vez, el proyecto democrático aboga por la heterogeneidad en la sociedad, de tal manera que en ella puedan convivir pacíficamente grupos que tengan diferentes concepciones de la vida, culturales, religiosas y morales. De esta manera, el proyecto democrático aboga por la instauración de de la tolerancia entre los grupos al interior de la sociedad, y también por la tolerancia con los diferentes sectores políticos, siempre que no se atente contra la democracia[3].

En cambio, el proyecto autoritario tiene como objetivo implantar la homogeneidad en los tres niveles, el jurídico, el político y el social. La homogeneidad jurídica se lograría imponiendo un sistema de derechos que, por una parte, permita imponer la homogeneidad en el nivel social y, por otra, que elimine el pluralismo jurídico. La homogeneidad política no significa aquí, como en el sistema democrático, la existencia de diferentes posiciones comprometidas con un único sistema democrático, sino que ahora dicha homogeneidad se dirige a eliminar la pluralidad de ideas políticas y a imponer una sola posición política (ya sea destruyendo el sistema de partidos, o permitiendo la existencia sólo de los partidos que expresen las mismas ideas políticas). Finalmente, el proyecto autoritario se propone conseguir la homogeneidad a nivel social por medio de la imposición de una única concepción de la vida, eliminando la diversidad cultural, religiosa y moral.  Este proyecto es eminentemente intolerante tanto a nivel político como social.

El proyecto democrático suele ser de carácter liberal, puesto que busca organizar el mundo jurídico, político y social de manera que pueda garantizar las libertades de los ciudadanos. Sin embargo, en una de sus formas, el autoritarismo ha usurpado el título de liberalismo, a través del rótulo neoliberalismo económico que por medio del poder del dinero sustrae las libertades a los ciudadanos. El liberalismo se levanta como un proyecto político que tiene como objetivo combatir la tiranía. Tiranía es el término que utilizaron los primeros liberales para señalar el abuso que unas personas (o instituciones) infringen a otras.  Originariamente, la tiranía la ejercía el gobernante cuando ingresaba en la esfera privada de los ciudadanos para usurpar sus posesiones o imponer creencias religiosas. Uno de los padres más importante del liberalismo que combate la tiranía del Estado sobre los ciudadanos es el filósofo inglés del siglo XVII John Locke. Pero la tradición liberal ha conocido que aquella no es la única forma de abuso que existe.  Cuando los funcionarios del Estado determinan quienes tienen derechos a establecer relaciones económicas en el mercado, se establece la tiranía del Estado sobre el mercado; a la inversa, cuando el poder del dinero determina las políticas del Estado, se produce la tiranía del mercado sobre el Estado. Cuando la religión o el mercado ejercen su poder dentro de las universidades, quebrando la autonomía universitaria,  se realiza la tiranía de las Iglesias o el mercado sobre la universidad. Al combatir todas estas tiranías, el liberalismo hace que surja o se protejan diferentes libertades, de tal manera que termina abogando por las diversas libertades que las sociedades contemporáneas anhelan[4].

El proyecto neoliberalismo económico es completamente antagónico al proyecto liberal, tal como liberales como Locke, Smith, Kant, Rawls, Habermas y Walzer lo presentan. La razón por la cual el neoliberalismo es en absoluto liberal radica en que su proyecto consiste en que el mercado regule todas las relaciones y el poder del dinero domine todas las esferas de la justicia distributiva. De esa manera, el proyecto tiene en ciernes que las potencias económicas determinen el derecho y controlen el Estado. Los sectores que sostienen tal proyecto buscan reducir y, si es posible, eliminar la pluralidad de ideas en la sociedad. Se trata de consolidar el denominado “pensamiento único” para que toda la sociedad acepte y se resigne al sometimiento de las grandes corporaciones. La penetración del neoliberalismo en las instituciones de la sociedad es tan poderoso que controla muchas universidades, medios de comunicación, Iglesias y las instituciones fundamentales del Estado; y el proyecto neoliberal es que esta tiranía ingrese cada vez más en las esferas de la sociedad. Así, el neoliberalismo promueve un proyecto autoritario, que se encuentra muy lejos de ser democrático. Por esa razón, el neoliberalismo se  encuentra sumamente cómodo en una sociedad donde la democracia es de baja intensidad, o en una sociedad que tiene un gobierno autoritario.

A fin de caracterizar el carácter antiliberal del neoliberalismo podemos traer a colación unas palabras del filósofo y educador norteamericano John Dewey, quien fue una personalidad pública muy importante en los Estados Unidos durante los años 30. En su libro Viejo y nuevo individualismo, Dewey intenta caracterizar el espíritu dominante en la sociedad norteamericana en los siguientes términos:

“No hay ningún término que exprese adecuadamente lo que está sucediendo. ‘Socialismo’ tiene connotaciones políticas y económicas demasiado específicas para resultar apropiado. ‘Colectivismo’ es más neutral, pero también es una palabra demasiado teñida de valores y no un mero término descriptivo. Tal vez la influencia, cada vez mayor, de las grandes ‘corporaciones’ en nuestra vida económica nos dé una clave para encontrar un nombre idóneo. El término se puede utilizar en un sentido más amplio del que sugiere su acepción jurídica original.  Podemos decir, pues, que Estados Unidos a pasado del viejo individualismo pionero a una situación de corporativismo dominante. La influencia que ejercen las grandes corporaciones empresariales a la hora de determinar las actividades industriales y económicas actuales es la causa y, al mismo tiempo, el símbolo de la tendencia a la constitución de integraciones en todas las facetas de la vida”[5].

El este pasaje Dewey distingue claramente el viejo individualismo, propio del pionero que busca convertirse en ciudadano velando por sus intereses individuales, pero también participando en la vida pública a fin de velar por sus derechos y libertades. Este viejo individualismo se contrapone claramente a aquél de la cultura de las grandes corporaciones, donde las libertades y derechos políticos son corroídos por las actividades industriales y económicas.

Dicho corporativismo es lo que caracteriza al desarrollo del capitalismo durante el siglo XX y XXI. Maro mientras que en Estados Unidos se ha dado bajo la forma de agentes individuales que han formado corporaciones y que contratan un gerente que lleva adelante las transaccioniones comerciales, el cual puede ser despedido por la corporación si no realiza bien su función, en el Perú el capitalismo de las grandes corporaciones toma un rostro diferente. Francisco Durand denomina al capitalismo desarrollado en el Perú como “capitalismo familiar”, que cuenta con las siguientes características: a) la corporación en cuestión está conformada por un clan familiar, b) dicho clan no divide la fortuna acumulada en una generación entre los hijos, c) el clan incursiona en varias actividades comerciales, especialmente en el sector financiero, d) cada generación del clan van eligiendo un  jefe, quien dirige, en última instancia, las relaciones comerciales de la familia, e) cada generación del clan mantiene unida la fortuna de la familia gracias a que mantienen unidas las acciones de las empresas que controla y f) cada miembro de la familia tiene libre disposición de su propio dinero (la ganancia que le toca) pero no de las acciones (la modalidad es “haz con tu plata lo que quieras, pero las acciones permanecen unidas”).

Este capitalismo familiar es lo que ha caracterizado el funcionamiento de las corporaciones más importantes del Perú desde los años 80, capitalismo que ha concentrado el poder económico del Perú en doce familias (los denominados “Doce Apóstoles”), entre las que se encuentran los Romero, los Brescia, los Benavides de la Q., los Bentín, los Delgado Parker, los Ferreyros, los Lanata Piaggio, los Olaechea, los Nicolini, los Picasso Salinas, los Raffo y los Wiese. Los “Doce  Apóstoles” fueron convocados por el primer gobierno de Alan García (1985 -1990) para que reestructuren la infraestructura económica del Perú una vez que la antigua oligarquía peruana había perdido poder gracias a la Reforma Agraria realizada por Juan Velazco Alvarado entre 1968 y 1975.  Ciertamente, hay otros clanes familiares importantes, como los Miró Quesada, los Rodríguez y los Wong. Muchas de estas familias sufren el efecto Buddenbrook, en relación a la novela de Thomas Mann que cuenta la historia de una familia que era un verdadero poder económico, pero que entra en crisis en la cuarta generación. Es por eso que para estas familias la “cuarta generación” constituye un verdadero reto[6].

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[1] Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de la Carrera de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres.

[2] Este grupo de poder delincuencial en parte se encuentra conformado por los rezagos del sector corrupto que gobernó el país durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se trata de un sector corrupto que no ha perdido su poder del todo y se encuentra inserto en varias instituciones del Estado (como el poder judicial) y de la sociedad civil (como algunas universidades).  Este sector corrupto cuenta con poder económico, y algunas facciones de este sector se encuentra aliado con el narcotráfico. Otras facciones siguen vinculadas con los poderes corruptos del la década de los 90. Una de las estrategias de este sector corrupto es señala que en la política peruana todos son corruptos, y que en la sociedad peruana en general hay un alto índice de corrupción, corrupción que se encontraría a todo nivel, estrategia que tiene como finalidad confundir a la opinión pública. Esta es la estrategia que utiliza el Sr. Carlos Raffo, defensor abanderado de Alberto Fujimori. Si bien es cierto que en la política peruana muchos son corruptos, no todos lo son ni todos han alcanzado el grado de corrupción de ese grupo corrupto que gobernó el país en los 90. Los índices de corrupción en el gobierno en esa década fue de un grado elevado sin precedente en la historia del Perú.  Cf. http://www.rpp.com.pe/2010-05-11-carlos-raffo-atribuye-a-una-suma-de-venganzas-proceso-en-su-contra-noticia_263849.html.

[3] En la tradición de pensamiento político democrático, la tolerancia tuvo desde los albores de la modernidad una posición central. Cf. LOCKE, John; Ensayo y carta sobre la tolerancia, Madrid: Alianza Editorial, 1999. Un trabajo muy importante sobre la tolerancia tanto a nivel político como social se encuentra en John Stuart Mill. Cf. MILL, John Stuart, Sobre la libertad, Madrid: Alianza Editorial, 2003.

[4] Respecto del liberalismo descrito en estos términos Cf. LOCKE, John; Segundo tratado sobre el gobierno civil, Madrid: Tecnos, 2006. También véase los trabajos de Michael Walzer, Las esferas de la justicia y El liberalismo y el arte de la separación. Este último trabajo se encuentra publicado en WALZER, Michael, Guerra, política y moral, Barcelona: Paidós, 2001.

[5] DEWEY, John; Viejo y nuevo individualismo, Barcelona: Paidós, 2003, pp. 73-74.

[6] DURAND, Francisco; Los nuevos dueños del Perú, en: Quehacer, septiembre/ octubre, 2004, p. 112-125, y Los grandes acomodos de la derecha. Entrevista a Francisco Durand por Abelardo Sánchez León y Martín Paredes, en: Quehacer, abril/junio, 2010, p. 10-27.

LA VIGENCIA SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESCENA PERUANA RECIENTE (PRIMERA PARTE)

El problema de los derechos humanos en sociedades como la peruana tiene varias aristas  como la de la justificación filosófica, el respeto de parte del Estado y otras organizaciones, así como la consolidación de una cultura de derechos mediante la promoción de la vigencia social de los mismos. Se entiende por vigencia social de los derechos humanos el reconocimiento que los miembros de una sociedad tienen de ellos. De este modo, en sociedades donde los derechos tienen una alta vigencia encontramos que los ciudadanos reconocen el valor de éstos y la necesidad de comprometerse con ellos; en cambio, en aquellas sociedades donde tales derechos tienen baja vigencia encontramos que los ciudadanos se encuentran escasamente comprometidos con ellos. 

Durante la segunda vuelta de la última campaña electoral en el Perú, muchos sectores han manifestado abierta o veladamente un escaso compromiso con los derechos humanos. Tanto políticos como empresarios y periodistas, así como personas particulares, han sostenido que no tendrían ningún problema en poner sobre una balanza el respecto de los derechos humanos y la supuesta continuación del crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos años. Más allá de si Keiko Fujimori representase o no la continuación de una política de violación de los derechos u Ollanta Humala representase un quiebre radical en la política económica, en el país el debate electoral en la segunda vuelta tuvo como uno de sus componentes la cuestión del compromiso de los agentes político, económicos y periodísticos, como el de muchos ciudadanos de a pie, con los derechos humanos.

            El alto porcentaje de ciudadanos que ha manifestado una posición adversa a los derechos humanos, ante el dilema “continuación con el modelo económico vs. derechos humanos” se suma a otro dato que ha revelado Alfredo Torres en su libro “Opinión pública 1921-2021”[1]. Dicha información sostiene que en el Perú sólo un 25% de la población se encuentra realmente comprometida con la democracia. Según Torres, un 25% de la ciudadanía se encuentra profundamente comprometida con el autoritarismo y un 50% acepta la democracia, pero no se encuentra comprometida con ella.  El panorama está claro. En el Perú hay un cuarto de la población que prefiere un gobierno autoritario a uno democrático, y por lo tanto se encuentra o escasa o nulamente comprometido con los derechos humanos; por otra parte, entre un 50% de la población se encuentra un grupo de ciudadanos que no dudarían en colocar en la balanza los derechos humanos con algún otro bien, que es realmente inconmensurable con éstos, como el de la continuación del modelo económico.  

¿Por qué razones un amplio sector de los ciudadanos no se encuentra comprometido con los derechos humanos? Esta es una pregunta que no resulta fácil de responder. Entre las múltiples razones de ello podemos destacar las siguientes: a) el despliegue de una política que cierto sector de la clase política ha realizado en contra de los derechos humanos y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; b) los intereses particulares de sectores empresariales que ven en la democracia y en todo lo que ella implica (incluso los derechos humanos) un escollo para la persecución de sus intereses particulares; c) una educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria de carácter autoritaria, y d) la difusión de la creencia errada de que la naturaleza del peruano es tal que necesita siempre ser gobernado con mano dura y ser tratado de manera autoritaria. En lo que sigue me concentraré en estos cuatro factores, pero es importante tener en cuenta que no son los únicos y que el presente trabajo es un aporte a la reflexión sobre lo que estamos viviendo en el Perú en nuestra vida política y social presente.

1.- La política adversa a los derechos humanos

            Desde los años 80 en el Perú se ha desplegado una política adversa contra los derechos humanos. Podemos detectar tres etapas más o menos definidas en este periodo de tiempo. La primera etapa se desarrolla durante la década de los 80 y coinciden con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y el primer mandato de Alan García Pérez. La segunda etapa se presenta en la década de los 90 y coincide con el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Finalmente, la tercera etapa se inicia en 2001 y continúa hasta la actualidad. Esta tercera etapa se encuentra caracterizada con la presencia de la CVR, su instauración en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, el desarrollo de su investigación, la presentación del Informe Final y la campaña de desprestigio tanto de dicho Informe como de los comisionados. 

           

         La primera etapa de este política adversa a los derechos humanos se encuentra marcada por dos características fundamentales. La primera es la reiterada violación de los derechos en el marco de la lucha antisubversiva. Dicha lucha se caracterizó por la creación de comandos políticos-militares con lo que el poder civil abdicó en la lucha antisubversiva y la entregó en manos de las Fuerzas Armadas, lo que trajo como consecuencia la violación de derechos[1].  La segunda características es que las organizaciones de defensa de derechos humanos son sindicadas como terroristas, como muchas ONGs. o movimientos estudiantiles.

           

        La segunda etapa se inicia con el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, y se cristaliza a partir del autogolpe de 1992. Fujimori significó un acontecimiento político que permitió llevar adelante el conocido “Plan Verde”[2] que un sector de las Fuerzas Armadas tenía para la conducción del poder a fin de enfrentar el terrorismo. La aplicación del “Plan Verde” y la alta corrupción que se apoderó del Perú desestructuró la vida política. Los partidos políticos  y las asociaciones sociales fueron desactivados, lo cual permitió destrozar las redes sociales que necesarias para la protección los derechos humanos de las personas. Lo que sucedió en esta segunda etapa no es sólo que ciertas prácticas –como las de la corrupción- produjo, como daño colateral, la violación de derechos humanos, sino que la conexión fue deliberadamente buscada, es decir, por medio de la corrupción se desestructuró las redes sociales a fin de poder hacer más vulnerables los derechos de las personas. Además, esta etapa terminó consolidando un movimiento político adverso a los derechos y que logró consolidar una relación clientelar con un sector de la población que  terminó siendo incondicionalmente partidaria del autoritarismo y adverso a los derechos humanos. Ese sector partidario del fujimorismo puede justificar la violación de los derechos humanos, pero no es tan tolerable con la corrupción, razón por la cual procuran establecer la distinción –difícil de hacer- entre Fujimori y Montesinos. 

         

        La tercera etapa, que se inaugura con la instauración de la CVR y el inicio de la hostigación y la campaña política de desprestigio que emprendida por la fuerza política que se consolidó en la década de los 90. Los comisionados y sus colaboradores son constantemente amenazados por agentes vinculados a este sector político[3]. Pero, además, este sector, que mantenía poder mediático, hizo una sostenida campaña adversa a la CVR y a los derechos humanos. Dicha campaña mediática continuó una vez presentado el Informe Final de la CVR, y estuvo cargada de mentiras y calumnias.  El poder de esta fuerza política en los medios televisivos y en la prensa escrita amarilla de amplia difusión siguió nutriendo a la población incondicional del proyecto autoritario y adverso a los derechos humanos que dicha fuerza representa[4].

En esta tercera etapa se desplegó una clara política “contra la memoria” que tenía como objetivo el hacer que los peruanos demos vuelta a la página respecto de los sucedido durante los años de violencia. Dicha política fue promovida por las fuerzas fujimoristas y sus aliados y se desplegó con fuerza en tres direcciones. La primera estuvo representa el ataque contra el Informe Final de la CVR; la segunda se dirigió a manipular los medios de comunicación, quienes obedecieron a la consigna del silencio respecto del pasado y la apuesta por la crónica negra y el espectáculo[5]; y la tercera dirección se encuentra representada por la omisión de la enseñanza de ese periodo amargo de la memoria nacional en las escuelas. La omisión de la enseñanza de lo sucedido en los 80 y 90 fue una política intencional, pues dicho recuento histórico no sólo deja mal a Sendero Luminoso y al MRTA, sino que muchos políticos y movimientos operantes actualmente en la escena política actual quedan mal parados a causa de sus acciones en el pasado.

Todo ello contribuye a que un 75% de la población de este país rechace la democracia y que un sector más amplio encuentre posible colocar en la misma balanza los derechos humanos y el crecimiento económico, como si se tratase de dos bienes conmensurables. De este 75% existe un 25% que es incondicionalmente fujimorista. Este 25% lo componen miembros del partido y personas simpatizantes que han sido beneficiadas de un u otro modo durante el gobierno Alberto Fujimori. Todos los que se encuentran al interior de este 25% consideran que la dictadura es superior a la democracia y a una Cultura de Derechos Humanos, pero además es escéptica frente a la posibilidad de argumentar racionalmente sus ideas políticas.

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[1] FLORES GALINDO, Alberto; La tradición autoritaria en el Perú. Violencia y democracia en el Perú, Lima: APRODEH, 1999.

[2]  Alberto Fujimori gobernó el país a través de una coalición cívico-militar, tal como lo muestra el llamado “Plan Verde”. Dicho plan lo había gestado desde 1989 una cúpula militar y fue presentado al reciente electo presidente Fujimori el año 90. En dicho plan se señala la necesidad de las siguientes medidas: establecimiento del libre mercado y reinserción del país en el orden económico internacional, establecimiento de la pena de muerte, establecimiento de un plan de pacificación del país, una reforma educativa y un acuerdo de paz en las fronteras. Pero además se establece la reelección del presidente de la república para llevar adelante un proyecto a largo plazo, establecer un Servicio de Inteligencia que lleve adelante un Sistema de Control, Seguridad  y Propaganda. Al mismo tiempo establecer una relación con la prensa que conduzca a una política de autocensura de parte de los medios de comunicación. El documento señala que la conducción de la política estratégica nacional a largo plazo corresponde a un “Consejo Estratégico de Estado” (CEE). Dicho Consejo no tendrá que asistir al Consejo de Ministros y se mantendrá completamente en el misterio y absolutamente fuera de control democrático. Además, las sesiones del Consejo de Ministros serán vigiladas por el CEE a través unas cámaras que se habían instalado en la Sala del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de Alan García. El “Plan Verde” fue hecho de conocimiento público por la revista Oiga el 12 de julio de 1993.  

[3] Un ejemplo de dicho ataque ha sido la agresión de los partidarios del fujimorismo al monumento El Ojo que Llora,  ubicado en el Campo de Marte.

[4] Artículos y columnas periodísticas dedicadas a desprestigiar a la CVR. Especialmente el diario Expreso y las columnas de Víctor Samuel Rivera.

[5] Resultó patética la escena de los medios comunicación que, una vez aparecido el Movadef, se rasgaron las vestiduras debido a que los jóvenes no sabían quién fue y qué hizo Abimael Guzmán. Esos mismos medios decidieron reemplazar la memoria histórica por la farándula, y resultaron ser parte de los culpables de que en la actualidad muchos jóvenes se plieguen al cuestionado movimiento pro senderista.

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[1]   TORRES, Alfredo, Opinión pública 1921-2021, Lima: Aguilar, 2010.

La demora del Jurado Nacional de Elecciones y la mina de la democracia

La extremada lentitud y demora que ha tenido el JNE para establecer quién ganó las elecciones en Lima y en otros lugares del país daña la ya pobre democracia peruana. Las suspicacias que esta demora produce, sea quien gane, termina por restarle legitimidad a la alcaldesa y credibilidad a la institución democrática.

Hay dos tipos de personas que apoyan el hecho de que la demora sea tanta: los abogados que no se han enterado de lo que se trata la política y los políticos que no conocen qué significa el término democracia. Los abogados creen que basta con fundar instituciones y las cosas se resuelven, como por arte de magia, de tal manera que vociferan que esperarán lo que declare la instancia pertinente. Sin embargo olvidan que una institución no sólo debe contar con reglar y normas, sino que es propio de un sistema democrático que las instituciones cuenten con legitimidad, es decir, con la confianza de la ciudadanía. Si el pacto entre la ciudadanía y las instituciones se quiebra se vulnera profundamente la democracia.

Ciertamente, muchos abogados tienen una pobre formación académica y se encuentran atrapados en el legalismo vacío que el derecho positivo representa. Bien hacía Kant en afirmar que el derecho positivo es como un tambor, que mientras más vacío (es decir, más carente de contenido y se presenta como un derecho puramente formal) se encuentra mejor suena. Es como decir que se trata de una cabeza sin sesos.

Los políticos, por su parte, están interesados en la lentitud del JNE porque ven en ello la oportunidad para presionar y hacer que gane su candidata preferida. Son realmente pocos los políticos peruanos que se encuentran comprometidos por la democracia y con que las instituciones en el país sean creíbles por los ciudadanos. La mayoría de ellos consideran que los ciudadanos no piensan ni sacan sus conclusiones de lo que ven. Ignoran que los ciudadanos no son tan ignorantes como lo creen. Es más, quisieran que los ciudadanos sean más ignorantes de lo que son actualmente, de otra manera no se explicaría por qué la educación en el Perú está en los últimos lugares ¿acaso por culpa del SUTEP? Si el SUTEP no controla la política educativa, sino que el gobierno lo hace, ¿quién tiene la culpa, entonces?

Los políticos creen que las cifras macroeconómicas justifican sus actitudes adversas a la democracia. Lo que parecen ignorar es que sus políticas antidemocráticas, que excluyen la consulta de los sectores implicados en las decisiones que toman, no fomentan el crecimiento macroeconómico, y que menos aún está poniendo en movimiento la microeconomía. Resulta ser una bofetada a los ciudadanos hablar de las tasas de crecimiento macroeconómico que no significan absolutamente nada en sus vidas, vidas capturadas por las deudas de las tarjetas de crédito. Lo único que consiguen los políticos es que la población desprecie aún más la democracia y adhieran al autoritarismo. Sospecho que esa es actutud premeditada de los políticos que utilizan la democracia sólo de manera estratégica.

Se cree que si la comida peruana es valorada en el mundo porque alguien supo utilizar una artimaña para que eso suceda, el Perú es un país exitoso. Ese es un espejismo tan grande como el caso de los mineros rescatados en Chile, que simplemente funciona para fomentar un populismo de derecha. Personalmente siento vergüenza ajena por el show mediático que se armó en Chile al respecto sabiendo que las condiciones de los cientos de mineros de la mina cerrada quedarán “patitas en la calle” y que muchos mineros y otras personas pasan penurias y mueren de hambre a lo largo del mundo ¿acaso ha habido un seguimiento televisivo de la guerra en Ruanda, en la exYugoslavia o en los miles de peruanos que mueren de frío cada invierno?

Todo ello me hace recordar la película “Días de radio” de Woody Allen, en la que se ve a todo un país pegado de oído a la radio por la suerte de unos individuos particulares sin tener en cuenta el sufrimiento de miles de personas anónimas. Parece ser que las pantomimas no son exclusivas del populismo en Chile y que en Perú ocurre lo mismo con la llamada industria de la “comida peruana”.

Todo eso no hace más que vulnerar la democracia, y la democracia del JNE, sea cual sea el resultado, ya ha minado la democracia peruana. Pero eso no les quita el sueño a los poderes fácticos del país. Ya han perdido lo poco de decencia que tenían, de manera que no sorprenderá lo que hagan en el futuro. Lo único que nos queda a los ciudadanos es o permitir que se sigan riendo en nuestras caras o que tomemos medidas al respecto. Respecto de lo último, no estaré dispuesto a que esas medidas abonen en dirección al autoritarismo y la destrucción de nuestra democracia de baja intensidad.