Mostrando entradas con la etiqueta Política en Perú. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Política en Perú. Mostrar todas las entradas

miércoles, 4 de septiembre de 2013

¿Debemos desentendernos de la memoria?

            Durante estos días, enmarcados en la conmemoración de los diez años de la presentación del Informe Final de la CVR, se ha repetido un discurso que vale la pena analizar y cuestionar. De acuerdo a él, debemos de dejar atrás el relato del Informe Final de la CVR, y hay que mirar hacia el futuro y no al pasado. Esto se ha dicho y repetido respecto de la agenda política nacional, señalando que las circunstancias actuales son diferentes de hace diez años y que los puntos de la agenda ya no pueden contemplar aquellos planteados por la CVR, o considerar sólo unos cuantos pero no todos. De otro lado, se ha señalado que incluso los cursos y la actividad en Derechos Humanos deberían desembarazarse de la CVR, dejar de mirar el pasado y dirigirse hacia el futuro.
            Estas visiones, que provienen en su mayoría de la ciencia política, el derecho y los políticos de derecha, consideran que dos temas centrales de la CVR pueden relativizarse a tal grado que eventualmente se podrían ser dejados de lado. El primero de estos temas es el de la justicia, tanto distributiva, como cultural o vinculada al reconocimiento del otro, y la justicia relativa a la representación política legitimada. El segundo lo constituye la memoria como elemento central para la constitución de un proyecto político compartido. Sospecho que ambos puntos quieren ser dejados de lado por una derecha inflamada  y dominante en este país, pues los dos cuestionan su posición de influencia.
            El tema de la justicia se considera que ha quedado fuera debido al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Pero la reducción de la pobreza no significa la disminución de las desigualdades económicas. Pero además, y esto es más importante, la justicia no puede entenderse sólo bajo los parámetros de la economía neoclásica impuesta por la política conservadora de los defensores del neoliberalismo económico. La justicia debe incluir un aspecto político que suponga la posibilidad de ser copartícipes de la toma de decisiones. Ello supone el reconocimiento social y político de las minorías y mayorías culturales y sexuales. Dicho reconocimiento supone dejar utilizar los medios de presión y engaño para imponer proyectos empresariales en territorio de las comunidades amazónicas, por ejemplo. Pero además, es necesario potenciar la justicia que significa la representación política debida y enfocar los esfuerzos en mejorar la educación puesto que mejorándola los ciudadanos podrán entender mejor las consecuencias de sus opciones políticas, además de poder participar de manera más efectiva en la política local y nacional.
            El otro punto, a saber, el de la memoria, ha sido acentuado por Salomón Lerner Febres en estos días. Lerner señala que la memora, tanto para una persona como para un país, es indispensable para articular un proyecto de vida o un proyecto político. Un individuo sin memoria no solamente es proclive a repetir los errores del pasado, sino que no está en condiciones de enlazar sus acciones pasadas con las presentes y no puede construir un proyecto de vida hacia el futuro. Sin memoria, estaría comenzando siempre de nuevo, de la nada y tendría una vida carente de sentido. Lo mismo sucede en un país en el cual se decide dar la espalda al pasado y vivir sin memoria. No conseguiría articular un proyecto político nacional.

            Pero uno de los aspectos que ha sido combatido con mayor fuerza en este país durante los últimos diez años ha sido el de la memoria, por dos razones: 1) los sectores hegemónicos no quieren reconocer su responsabilidad respecto de lo sucedido y 2) estos mismos sectores no quieren que se articule un proyecto nacional que compita con su proyecto particular. Se prefiere un país fragmentado porque en él se podrán satisfacer sin resistencia las exigencias y necesidades de estos sectores. Pero esta estrategia es limitada en su mirada y alcance. No permite que se genere el aprendizaje necesario para que el pasado no se repita, sino que no permite mirar hacia el futuro como un horizonte en el cual todos nos podamos sentir reconocidos y con el que nos podamos comprometer. Lo que ha quedado claro, o debería quedar claro en este país, es que a raíz de la experiencia del conflicto armado interno de la década de los 80 y 90 la secuencia de regímenes autoritarios no puede seguir reproduciéndose en el futuro. Los autoritarismos que prendieron las décadas de los 80 y 90 tuvieron consecuencias tan devastadoras que debería  instaurarse en la conciencia de los peruanos que debemos detener esos procesos que hacen que el fantasma del autoritarismo vuele sobre las aguas. Por ello es importante darle un sentido claro a la educación en el Perú. 

domingo, 4 de noviembre de 2012

REVOCATORIA Y DEMOCRACIA PARTICIÁTIVA


           
 
           Las democracias contemporáneas deben contar con dos dinámicas para ser saludables. La primera es la dinámica representativa, mientras que la segunda es la participativa. La dinámica representativa de la democracia se realiza cuando los ciudadanos, por medio del voto,  eligen a sus representantes en el congreso, a los alcaldes y regidores o al presidente de la república. La dinámica participativa de la democracia, en cambio, implica la actividad política de los ciudadanos en la sociedad civil organizada ejerciendo el derecho de deliberación sobre cuestiones públicas.

            Los mecanismos de democracia directa pueden ser incorporados en el funcionamiento de  Estado democrático de derecho, pero si se hace un uso indiscriminados de ellos, pueden llegar a atentar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos mecanismos son plebiscitos, mecanismos de elección por asambleas populares, y entre estos se encuentra el mecanismo de la revocatoria.

            La revocatoria ha sido instaurada como mecanismo legal en la Constitución de 1997, durante un  gobierno que consideraba que verdadera democracia era la directa, porque a través de ella el pueblo podía canjear derechos y libertades por promesas de paz y seguridad. Hoy sabemos que ese canje no era una buena idea, aunque los partidarios de la dictadura sostengan lo contrario de manera falaz. Si bien, el mecanismo de la revocatoria es constitucional, hay que comenzarse por preguntar si en realidad tiene sentido y si realmente se condice con la democracia.

            Por desgracia, en el Perú, los problemas se discuten cuando recién llegan a Lima. Pero desde hace varios años en provincias ha venido sucediendo que en las elecciones los alcaldes son electos realmente con un treinta por ciento o menos, y el resto de votos les venían endosados de otros grupos que no pasaban a la segunda vuelta o tenían pocas probabilidades de ganar. Pero una vez terminadas los comisión y nombradas las nuevas autoridades, los perdedores se aliaban e iniciaban el proceso de revocatoria. Si las autoridades electas contaban solamente con un treinta por ciento duro, resultaba fácil a los revocadores aglutinar al setenta  por ciento restante. De esta manera, la revocatoria se ha venido convirtiendo en un mecanismo usado sistemáticamente para llevar adelante una revancha política.

            Más allá de si se trate de Susana Villarán u otra persona, el hecho es que ese modo de acción ya llegó a Lima. Esto se asemeja con lo sucedido en La Parada: el mecanismo de reivindicar una protesta por medio de la vulneración de derechos y acciones violentas que se ha ido permitiendo en el interior del país ha llegado a Lima, y la oposición violenta, ilegal y deplorable se presentó en el exmercado mayorista. Todo esto demuestra, entre otras cosas, que por no enfrentar los problemas a tiempo y de manera correcta algunos sectores de la población están aprendiendo que pueden realizar acciones ilegales, cometer crímenes y delitos o desestabilizar el poder democrático y nadie va a decir o hacer nada.

            Si la Constitución ya pree el mecanismo de destitución del cargo a un funcionario público que es encontrado delinquiendo en el uso de su función, son queda muy claro qué relevancia tiene la revocatoria. Si un alcalde en descubierto en flagrante delito debe dejar el cargo y someterse a la justicia. Pero la revocatoria carece de parámetros que impidan el que se convierta en un mecanismo de vendetta política de los perdedores, o simplemente porque los medios generan en la población la sensación de ineficacia y antipatía en contra de una autoridad democráticamente elegida. Hoy es por la sensación de ineficacia, mañana, porque no nos gusta su peinado o su cara o su apellido; lo cierto es que aquellos que perdieron siempre encontrarán la manera de encontrar los vientos de los medios a su favor. Además, el proceso de revocatoria significa un alto costo que reae en los impuestros que pagan los ciudadanos.

            A fin de cuentas, hay que preguntarse ¿qué se gana con la revocatoria?. Paralizar una ciudad, detener una gestión y generar inestabilidad política. En el Perú de hoy ello beneficia, ciertamente a los perdedores de las elecciones, pero en especial a quienes les interesa que la democracia entre en un proceso generalizado de desestabilización. El SL- MOVADEF  es el que más gana con todo ello, sin lugar a dudas. Por ello que no es extraño que ellos estén involucrados en los procesos de revocatorias, como lo estuvieron en el apoyo de los delincuentes de La Parada. Los grupos políticos que se encuentran detrás de las revocatorias en el Perú parecen estar más interesados en satisfacer apetitos personales que defender la democracia.

            Tanto la revocatoria como el indulto presidencial son mecanismos que no pertenecen realmente a la Democracia Constitucional. El primero proviene de la democracia directa y el segundo del modelo de gobierno absolutista, pero que para que puedan ser incorporados al sistema democrático deben ser regulados adecuadamente o eliminados. El indulto presidencial tiene una adecuada regulación, en cambio la revocatoria carece de regulación y control democrático real. Porque es difícil regularlo adecuadamente, sin caer en subjetividades extremas, y porque existe la destitución, debe ser eliminado. Si queremos consolidar la estabilidad democrática frente a SL-MOVADEF es algo que se vuelve urgente.

domingo, 21 de octubre de 2012

PIDO PERDÓN POR LO QUE NO HICE


            Continuando con su campaña de generar la compasión en la población para forzar el indulto, el fujimorismo ha lanzado al aire mediático una imagen del líder de su clan con una inscripción críptica. En ella se puede leer: “Perdón por lo que no llegué a hacer y por lo que no pude evitar”. Este pedido de perdón en curioso, especialmente en el contexto político.

            En primer lugar, este pedido de perdón adviene después de que algunos sectores han lo exigido. Parece ser que no es un pedido basado en la convicción y sinceridad, sino por la presión mediática y que corresponde más a un cálculo político que a una expresión sincera. En segundo lugar, este exótico y oriental pedido de perdón se inserta en un contexto en el que el propio Alberto se reúsa a firmar la solicitud de indulto. En tercer lugar, dicho pedido se da poco tiempo antes de que desapareciesen las muestras de los tumores extraídos al exdictador del INEN.

            Si analizamos el pedido de perdón que Carlos Raffo se encargó de propalar, encontramos en él muchas cosas extrañas. El pedido no está firmado y sólo nos queda confiar  en las palabras del Sr. Raffo, quien atestigua que interviene por la amistad que guarda con Alberto, ¿o acaso lo hizo por su amistad con la familia?; es decir, que Raffo actúa por pedido de la familia y no por pedido del mismo Alberto. Si la palabra del Sr. Raffo no estuviese tan devaluada, no tendríamos derecho a abrazar esta duda.

            Además, el fraseo es curioso, porque es y no es un pedido de perdón. Esta ambigüedad emerge porque nadie pide perdón por lo que hace, a menos que  piense que pudo haber hecho algo que debía hacer. Ciertamente, esta primera parte de la formulación podría interpretarse como “pude haber evitado la violación de derechos humanos, pero no lo hice, por lo tanto pido perdón a las víctimas y los deudos”. Pero, tal como dice la inscripción, se puede interpretar que el pedido de perdón por razones como “pude combatir con más brutalidad el terrorismo y violar más derechos humanos de personas inocentes, y pido perdón por no haberlo hecho” o “pude llevar adelante una política económica más exitosa y no lo hico, por lo cual pido perdón”.

            Pero la segunda parte de la formulación es claramente contradictoria con lo que significa pedir perdón: “pido perdón por lo que no pude evitar”. A nadie se le imputa una sanción moral o jurídica por lo que no puede evitar, de manera que en ese caso no cabe solicitar perdón. Yo no puedo evitar que la sangre corra por mis venas, y es absurdo el que pida perdón por no poder hacerlo. O si no puedo evitar que otro actúe perversamente, lo que debo hacer es denunciarlo, pero no pedir perdón.

            Es supuesto pedido de perdón no es en realidad lo que pretende. Sólo hay dos maneras de explicar esto. La primera es atribuir irracionalidad a quien escribió ese texto; la segunda es la de insertar ese falso pedido de perdón dentro de toda una estrategia. La segunda explicación es más sólida que la primera, pues se engarza adecuadamente con  la política de manipulación de la opinión pública llevada a cabo por los fujimoristas y sus aliados, y es compatible con la negativa del exdictador de firmar  la solicitud de indulto, porque lo que quieren evitar una muestra palpable y firmada de un reconocimiento de haber cometido delitos de lesa humanidad. Además, resulta coherente como estrategia con la desaparición de las muestras del INEN. Esas desapariciones se circunscriben en el contexto en el que se está discutiendo si el líder del clan tiene cáncer terminar, para poder otorgarle indulto humanitario.  Una estrategia bien armada para fortalecer la posición del fujimorismo y auspiciar al clan un buen futuro político.
           
          Para que podamos abandonar la interpretación que he esbozado, lo que debe suceder es que Alberto firme la solicitud de indulto y debe hacer directamente un pedido de perdón claro y sin ambigüedades a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y a todo el país por la maquinaria de corrupción generalizada y sin precedentes en la historia del Perú que no sólo permitió sino también promovió y articuló. Debe pedir perdón por hacer denunciado a la Presidencia de la República por fax desde Japón y por haberse escudado cobardemente en su nacionalidad nipona. A demás debe devolver el dinero que sustrajo del tesoro público durante su gobierno.  Y es indispensable que aparezcan esas muestras que fueron sustraídas del INEN. En síntesis, para que creamos en el clan y a su líder, éste debe pedir perdón por haber sometido a todo el país y a sus instituciones (a la FFAA, a los poderes del Estado, a las instituciones) a la  humillación de su historia.  

domingo, 19 de agosto de 2012

LA VIGENCIA SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESCENA PERUANA RECIENTE (PRIMERA PARTE)

El problema de los derechos humanos en sociedades como la peruana tiene varias aristas  como la de la justificación filosófica, el respeto de parte del Estado y otras organizaciones, así como la consolidación de una cultura de derechos mediante la promoción de la vigencia social de los mismos. Se entiende por vigencia social de los derechos humanos el reconocimiento que los miembros de una sociedad tienen de ellos. De este modo, en sociedades donde los derechos tienen una alta vigencia encontramos que los ciudadanos reconocen el valor de éstos y la necesidad de comprometerse con ellos; en cambio, en aquellas sociedades donde tales derechos tienen baja vigencia encontramos que los ciudadanos se encuentran escasamente comprometidos con ellos. 

Durante la segunda vuelta de la última campaña electoral en el Perú, muchos sectores han manifestado abierta o veladamente un escaso compromiso con los derechos humanos. Tanto políticos como empresarios y periodistas, así como personas particulares, han sostenido que no tendrían ningún problema en poner sobre una balanza el respecto de los derechos humanos y la supuesta continuación del crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos años. Más allá de si Keiko Fujimori representase o no la continuación de una política de violación de los derechos u Ollanta Humala representase un quiebre radical en la política económica, en el país el debate electoral en la segunda vuelta tuvo como uno de sus componentes la cuestión del compromiso de los agentes político, económicos y periodísticos, como el de muchos ciudadanos de a pie, con los derechos humanos.

            El alto porcentaje de ciudadanos que ha manifestado una posición adversa a los derechos humanos, ante el dilema “continuación con el modelo económico vs. derechos humanos” se suma a otro dato que ha revelado Alfredo Torres en su libro “Opinión pública 1921-2021”[1]. Dicha información sostiene que en el Perú sólo un 25% de la población se encuentra realmente comprometida con la democracia. Según Torres, un 25% de la ciudadanía se encuentra profundamente comprometida con el autoritarismo y un 50% acepta la democracia, pero no se encuentra comprometida con ella.  El panorama está claro. En el Perú hay un cuarto de la población que prefiere un gobierno autoritario a uno democrático, y por lo tanto se encuentra o escasa o nulamente comprometido con los derechos humanos; por otra parte, entre un 50% de la población se encuentra un grupo de ciudadanos que no dudarían en colocar en la balanza los derechos humanos con algún otro bien, que es realmente inconmensurable con éstos, como el de la continuación del modelo económico.  

¿Por qué razones un amplio sector de los ciudadanos no se encuentra comprometido con los derechos humanos? Esta es una pregunta que no resulta fácil de responder. Entre las múltiples razones de ello podemos destacar las siguientes: a) el despliegue de una política que cierto sector de la clase política ha realizado en contra de los derechos humanos y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; b) los intereses particulares de sectores empresariales que ven en la democracia y en todo lo que ella implica (incluso los derechos humanos) un escollo para la persecución de sus intereses particulares; c) una educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria de carácter autoritaria, y d) la difusión de la creencia errada de que la naturaleza del peruano es tal que necesita siempre ser gobernado con mano dura y ser tratado de manera autoritaria. En lo que sigue me concentraré en estos cuatro factores, pero es importante tener en cuenta que no son los únicos y que el presente trabajo es un aporte a la reflexión sobre lo que estamos viviendo en el Perú en nuestra vida política y social presente.

1.- La política adversa a los derechos humanos

            Desde los años 80 en el Perú se ha desplegado una política adversa contra los derechos humanos. Podemos detectar tres etapas más o menos definidas en este periodo de tiempo. La primera etapa se desarrolla durante la década de los 80 y coinciden con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y el primer mandato de Alan García Pérez. La segunda etapa se presenta en la década de los 90 y coincide con el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Finalmente, la tercera etapa se inicia en 2001 y continúa hasta la actualidad. Esta tercera etapa se encuentra caracterizada con la presencia de la CVR, su instauración en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, el desarrollo de su investigación, la presentación del Informe Final y la campaña de desprestigio tanto de dicho Informe como de los comisionados. 
           
         La primera etapa de este política adversa a los derechos humanos se encuentra marcada por dos características fundamentales. La primera es la reiterada violación de los derechos en el marco de la lucha antisubversiva. Dicha lucha se caracterizó por la creación de comandos políticos-militares con lo que el poder civil abdicó en la lucha antisubversiva y la entregó en manos de las Fuerzas Armadas, lo que trajo como consecuencia la violación de derechos[1].  La segunda características es que las organizaciones de defensa de derechos humanos son sindicadas como terroristas, como muchas ONGs. o movimientos estudiantiles.
           
        La segunda etapa se inicia con el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, y se cristaliza a partir del autogolpe de 1992. Fujimori significó un acontecimiento político que permitió llevar adelante el conocido “Plan Verde”[2] que un sector de las Fuerzas Armadas tenía para la conducción del poder a fin de enfrentar el terrorismo. La aplicación del “Plan Verde” y la alta corrupción que se apoderó del Perú desestructuró la vida política. Los partidos políticos  y las asociaciones sociales fueron desactivados, lo cual permitió destrozar las redes sociales que necesarias para la protección los derechos humanos de las personas. Lo que sucedió en esta segunda etapa no es sólo que ciertas prácticas –como las de la corrupción- produjo, como daño colateral, la violación de derechos humanos, sino que la conexión fue deliberadamente buscada, es decir, por medio de la corrupción se desestructuró las redes sociales a fin de poder hacer más vulnerables los derechos de las personas. Además, esta etapa terminó consolidando un movimiento político adverso a los derechos y que logró consolidar una relación clientelar con un sector de la población que  terminó siendo incondicionalmente partidaria del autoritarismo y adverso a los derechos humanos. Ese sector partidario del fujimorismo puede justificar la violación de los derechos humanos, pero no es tan tolerable con la corrupción, razón por la cual procuran establecer la distinción –difícil de hacer- entre Fujimori y Montesinos. 
         
        La tercera etapa, que se inaugura con la instauración de la CVR y el inicio de la hostigación y la campaña política de desprestigio que emprendida por la fuerza política que se consolidó en la década de los 90. Los comisionados y sus colaboradores son constantemente amenazados por agentes vinculados a este sector político[3]. Pero, además, este sector, que mantenía poder mediático, hizo una sostenida campaña adversa a la CVR y a los derechos humanos. Dicha campaña mediática continuó una vez presentado el Informe Final de la CVR, y estuvo cargada de mentiras y calumnias.  El poder de esta fuerza política en los medios televisivos y en la prensa escrita amarilla de amplia difusión siguió nutriendo a la población incondicional del proyecto autoritario y adverso a los derechos humanos que dicha fuerza representa[4].

En esta tercera etapa se desplegó una clara política “contra la memoria” que tenía como objetivo el hacer que los peruanos demos vuelta a la página respecto de los sucedido durante los años de violencia. Dicha política fue promovida por las fuerzas fujimoristas y sus aliados y se desplegó con fuerza en tres direcciones. La primera estuvo representa el ataque contra el Informe Final de la CVR; la segunda se dirigió a manipular los medios de comunicación, quienes obedecieron a la consigna del silencio respecto del pasado y la apuesta por la crónica negra y el espectáculo[5]; y la tercera dirección se encuentra representada por la omisión de la enseñanza de ese periodo amargo de la memoria nacional en las escuelas. La omisión de la enseñanza de lo sucedido en los 80 y 90 fue una política intencional, pues dicho recuento histórico no sólo deja mal a Sendero Luminoso y al MRTA, sino que muchos políticos y movimientos operantes actualmente en la escena política actual quedan mal parados a causa de sus acciones en el pasado.

Todo ello contribuye a que un 75% de la población de este país rechace la democracia y que un sector más amplio encuentre posible colocar en la misma balanza los derechos humanos y el crecimiento económico, como si se tratase de dos bienes conmensurables. De este 75% existe un 25% que es incondicionalmente fujimorista. Este 25% lo componen miembros del partido y personas simpatizantes que han sido beneficiadas de un u otro modo durante el gobierno Alberto Fujimori. Todos los que se encuentran al interior de este 25% consideran que la dictadura es superior a la democracia y a una Cultura de Derechos Humanos, pero además es escéptica frente a la posibilidad de argumentar racionalmente sus ideas políticas.


[1] FLORES GALINDO, Alberto; La tradición autoritaria en el Perú. Violencia y democracia en el Perú, Lima: APRODEH, 1999.
[2]  Alberto Fujimori gobernó el país a través de una coalición cívico-militar, tal como lo muestra el llamado “Plan Verde”. Dicho plan lo había gestado desde 1989 una cúpula militar y fue presentado al reciente electo presidente Fujimori el año 90. En dicho plan se señala la necesidad de las siguientes medidas: establecimiento del libre mercado y reinserción del país en el orden económico internacional, establecimiento de la pena de muerte, establecimiento de un plan de pacificación del país, una reforma educativa y un acuerdo de paz en las fronteras. Pero además se establece la reelección del presidente de la república para llevar adelante un proyecto a largo plazo, establecer un Servicio de Inteligencia que lleve adelante un Sistema de Control, Seguridad  y Propaganda. Al mismo tiempo establecer una relación con la prensa que conduzca a una política de autocensura de parte de los medios de comunicación. El documento señala que la conducción de la política estratégica nacional a largo plazo corresponde a un “Consejo Estratégico de Estado” (CEE). Dicho Consejo no tendrá que asistir al Consejo de Ministros y se mantendrá completamente en el misterio y absolutamente fuera de control democrático. Además, las sesiones del Consejo de Ministros serán vigiladas por el CEE a través unas cámaras que se habían instalado en la Sala del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de Alan García. El “Plan Verde” fue hecho de conocimiento público por la revista Oiga el 12 de julio de 1993.  
[3] Un ejemplo de dicho ataque ha sido la agresión de los partidarios del fujimorismo al monumento El Ojo que Llora,  ubicado en el Campo de Marte.
[4] Artículos y columnas periodísticas dedicadas a desprestigiar a la CVR. Especialmente el diario Expreso y las columnas de Víctor Samuel Rivera.
[5] Resultó patética la escena de los medios comunicación que, una vez aparecido el Movadef, se rasgaron las vestiduras debido a que los jóvenes no sabían quién fue y qué hizo Abimael Guzmán. Esos mismos medios decidieron reemplazar la memoria histórica por la farándula, y resultaron ser parte de los culpables de que en la actualidad muchos jóvenes se plieguen al cuestionado movimiento pro senderista.


[1]   TORRES, Alfredo, Opinión pública 1921-2021, Lima: Aguilar, 2010.

viernes, 27 de julio de 2012

LIBERALISMO INTEGRAL


El significado del término “liberalismo” se ha convertido en un campo de batalla entre diferentes posiciones políticas.  La versión más extendida en nuestro medio es la que entiende por liberalismo aquel proyecto político que busca el ejercicio pleno de las libertades económicas reduciendo al mínimo la intervención del Estado en el mercado. Esta identificación del liberalismo exclusivamente con las libertades de transacción económicas es defendida por agentes e instituciones comprometidas con el neoliberalismo económico, aunque los defensores de esta perspectiva rechazan el calificativo “neo” y se reivindican como “auténticos liberales” pero, en realidad, lo que hacen es usurpar dicho título[1].

En lo que sigue realizaré (1) una recuperación del término “liberalismo”, devolviéndole su significado originario,  para (2) pasar a explicar porqué utilizo el rótulo “liberalismo integral”. Una vez hecho esto (3) presentaré un breve balance de la situación política del Perú actual para, finalmente, (4) presentar la necesidad del liberalismo integral para nuestro país.

1.- Recuperación del término liberalismo


            A fin de poder tener una propuesta diferente al neoliberalismo, al pensamiento conservador y a la izquierda radical, es necesario que recuperemos el significado del  liberalismo. El liberalismo es una tradición de pensamiento político que nace en los albores de la modernidad y es articulado en el siglo XVII por John  Locke y Baruch Spinoza, y durante el siglo XVIII se encuentra cristalizada en las ideas de Montesqueau, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, entre otros, En el siglo XIX sobresale la obra de John Stuart Mill y en los siglos XX y XXI sobresalen las versiones de John Dewey, John Rawls, Jürgen Hamermas, Richard Rorty, Martha Nussbaum y Michael Walzer. La lista se puede prolongar, pero basten estos nombres como algunos referentes significativos. 

            El liberalismo surge como una necesidad para enfrentar una situación política problemática que se suscita en Europa durante el siglo XVI y XVII a raíz del advenimiento de la Reforma Protestante con Martín Lutero. La Reforma quiebra cosmovisión europea, que hasta entonces se encontraba articulada por los ideales forjados por la Iglesia Católica, y abre la posibilidad de ver el mundo de maneras distintas, así como de entender el cristianismo de diferentes formas y buscar bases de justificación distintas para las pautas morales, políticas y jurídicas. Pero el surgimiento de la reforma abre un problema político crucial y doloroso en las sociedades europeas. Éste se suscita cuando los europeos mantienen la idea de que, al interior de un reino, los súbditos deben mantener la religión  del soberano. Así, si el soberano es católico o luterano o calvinista, los súbditos que no comparten dicha creencia religiosa deben abandonar el reino o serán hostigados por el Estado. Esto trajo consigo el lamentable episodio de las guerras de religiones que plagaron el continente europeo durante los siglos XVI y XVII.

            Para poner fin a dicho doloroso trance, los teóricos políticos abogaron por la separación de la esfera del Estado y la de la Iglesia. Ambas  instituciones deberían separarse a fin de permitir que, no importando la religión del soberano, súbditos de diferentes denominaciones religiosas puedan convivir en el territorio del país en un régimen de tolerancia[2]. Tal distinción de esferas da origen al liberalismo, pues con ella se abre camino a un conjunto de libertades importantes, como la libertad de creencia religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de opinión, entre otras. El proceso de separación de esferas iniciado allí comienza con un proceso político que va separando otras esferas, como la esfera del mercado y la del Estado, o la esfera de la Universidad del poder económico o del poder político. Asimismo,  las esferas de la seguridad, la salud y la educación se separan de la esfera del mercado.  Con cada una de estas separaciones lo que gana las personas son mayores libertades, es por ello que de un proyecto político profundamente liberal. Este proyecto político liberal de separación de esferas aún no se encuentra concluido y se encuentra en pugna con otros proyectos que son impulsados por instituciones y agentes adversos al liberalismo, entre los que destacan los proyectos neoliberal, conservado y el de la izquierda radical. La política liberal consiste en seguir llevando a cabo dicha separación e irla consolidando[3].

2.- ¿Por qué razones es necesario denominar al liberalismo como “liberalismo integrador”?

            En los últimos tiempos se ha hecho popular el término liberal para designar al neoliberalismo económico. Incluso los defensores de esta posición rechazan ese rótulo y se reivindican como auténticos liberales, considerando – inspirados en ideas muy extrañas - a liberales como Rawls y Amartya Sen como socialistas o comunistas.  Por ello señalo que los neoliberales lo que hacen es usurpan el nombre del liberalismo con dos objetivos claros: en primer lugar, señalar que las únicas libertades que hay que tener en cuenta son las libertades económicas, las cuales se distribuyen en el mercado por medio del dinero; y en segundo lugar,  señalar que sus adversarios políticos son el conservadurismo y la izquierda radical. Este segundo elemento resulta ser políticamente conveniente de una manera superlativa, pues con ello se presentan como los únicos abanderados de la democracia y las libertades, mientras que sus adversarios se presentan como antidemocráticos y enemigos de la libertad. En los últimos tiempos se ha estudiado cómo el neoliberalismo, en la persecución de los intereses particulares, termina desestructurando el tejido social y  vulnerando la democracia. De esta manera, cuando el neoliberalismo se presenta como la única opción democrática, existen poderosas razones para desconfiar de ello.

Pero a los neoliberales el nombre liberalismo les queda muy grande, porque las libertades en el mercado no son las únicas libertades que debe tener un ciudadano. Las libertades incluyen no sólo libertades económicas, sino también libertades sociales, como las de estar libre de enfermedades curables o de privaciones alimentarias que se pueden evitar o libertades civiles -como la libertad de asociación y de unión y contrato que vayan más allá de las figuras mercantiles- o las libertades culturales, de expresar la identidad cultural, lingüística, religiosa, etc., entre muchas otras libertades. Es por ello que para diferenciar el auténtico liberalismo del neoliberalismo voy a utilizar el término “liberalismo integrador”.

            El “liberalismo integrador” es un proyecto político que hunde sus raíces en los inicios de la cultura política democrática moderna en el siglo XVII y apunta a la defensa de las libertades en su totalidad: tanto las libertades de comercio como las libertades de opinión, de creencia religiosa, así como la defensa de las libertades sociales como las relacionadas con la salud, la seguridad y la educación, entre otras. La apuesta por el liberalismo integral trae consigo dos consecuencias importantes en el aspecto político; de una parte, supone comprometerse con una política de separación de las diferentes esferas sociales, para que se pueda abrir paso a las diversas libertades que el proyecto político liberal defiende; de otra parte, se trata de entender la progresividad y la integralidad de las libertades.

2.1.- La política de la separación de esferas

        La cuestión de la defensa de la separación de las diferentes esferas sociales se asocia con una política que ha estado presente en la agenta del liberalismo desde muy temprano. Ya John Locke, en el siglo XVII había abogado por un combate radical contra lo que denominó “tiranía”[4].  La tiranía es lo que podríamos denominar con el término coloquial “abuso” y se produce cuando alguna de las esferas impone su lógica propia a otras instituciones o esferas de la sociedad. Locke levantó su voz contra la tiranía del Estado sobre la esfera de la vida privada  de los individuos, denunciando los intentos del Estado de ingresar en la vida familiar de los ciudadanos y en la con ciencia individual tratando de imponer un credo religioso específico. Este tipo de abusos que la tiranía supone también se puede expresar de otras maneras. Por ejemplo, cuando la lógica del mercado ingresa a la esfera religiosa se produce un tipo de tiranía que se denomina simonía; cuándo la lógica de la familia domina a la del estado se produce la tiranía denominada nepotismo, y así, se pueden encontrar otras formas de tiranías que el liberalismo procura enfrentar.

De esta manera, se ve con claridad cómo el neoliberalismo económico no representa un cuestionamiento de las tiranías, pues aboga por la tiranía del mercado sobre las demás esferas de la sociedad, proponiendo que el dinero y su lógica sea la llave que permita ingresar en todas las esferas sociales: la salud, la educación, la seguridad, la justicia, etc. Una de las muestras del intento de tiranizar las esferas sociales las muestra el neoliberalismo en la nueva corriente jurídica denominada “análisis económico del derecho”, que pretende traducir toda cuestión sobre la justicia en un cálculo económico de utilidades. Así, el “análisis económico del derecho” no sólo de presenta como una herramienta para resolver conflictos entre particulares propios del derecho privado, sino que también intenta reglamentar el derecho público en términos de ganancia económica, cosa que afecta profundamente la naturaleza propia de derechos públicos como el de la deliberación política de la ciudadanía sobre cuestiones de interés general, reemplazándola por la discusión de una élite de técnicos, o poniendo en cuestión los derechos fundamentales por no ser funcionales a la lógica del mercado[5].

Otra de las tiranías que el neoliberalismo representa es la del dinero sobre la educación. En este aspecto las fuerzas políticas neoliberales empujan a la educación en convertirse en una actividad social centrada en la obtención de ganancias económica, desnaturalizando la función propia de las instituciones educativas al interior de una sociedad democrática, a saber, la formación integral de lo ciudadanos, especialmente a través de la importancia de las humanidades y las artes. El neoliberalismo ha convertido los centros educativos en instituciones cuya finalidad principal es la obtención  del lucro, así como se plantea la educación de una persona como un proceso que capacite a los individuos a adaptarse normalizadamente a las leyes del mercado y puedan conseguir el lucro de manera más rápida.

Una forma de entender la política del liberalismo integral es justamente en su combate a dichas tiranías. Este enfrentamiento político tiene diferentes escenarios: a) el del Estado, b) el de la sociedad y sus instituciones y c) el académico.  En el escenario estatal, la política del liberalismo integral procura abrir espacios a las libertades por medio de leyes y otros dispositivos que rompan con las tiranías existentes; en el campo de la sociedad y sus instituciones, se procura abrir un espacio para una mayor deliberación respecto de las cuestiones de interés público; y en el escenario académico, mediante la discusión de ideas en diferentes foros.

2.2.- La cuestión de la integralidad

            La progresividad y la integralidad de las libertades significan que las libertades que el ideario político del liberalismo integral defiende han ido surgiendo paulatinamente a lo largo de la historia del Occidente moderno. Esta historia puede ser  leída  como un proceso paulatino de separación de esferas, y en cada separación tiene su origen un conjunto de libertades. Se trata de un proceso histórico de obtención de libertades y de sus derechos concomitantes. Pero ello no debe llevarnos a pensar erróneamente que las primeras libertades que se han conseguido son más importantes que las demás, y tampoco debemos dejarnos penar equivocadamente que cada libertad no tiene vínculos con las demás libertades. El liberalismo que surge en el siglo XVII y del que somos herederos se describe mejor como un gran impulso político, como una marejada, que lleva la bandera de la libertad y que se va desplegando paulatinamente en un conjunto de libertades que se encuentran interconectadas tanto  en la teoría como en la práctica[6].

            De esta manera, del gran impulso de la libertad brotan libertades como las políticas y las socio-económicas. Algunos podrían pensar que entre ambos tipos de libertades no existe conexión alguna, y se pueden conseguir libertades sociales y económicas en regímenes dictatoriales como el actual Estado Chino o el de Singapur. Los adversarios del liberalismo integrador y de la democracia sostienen incluso que un régimen democrático donde se ejercen libertades políticas de elegir y ser elegido, o de discusión pública de cuestiones de interés general retarda problemas como el de la salida del subdesarrollo económico, o el enfrentar crisis económicas y financieras, o incluso garantizar la seguridad en tiempos de terrorismo. Se alega que un gobierno dictatorial es mejor que uno democrático para enfrentar esos problemas, y hasta se enumeran casos de países en los que la fórmula “democracia sí, pero para otro día” dio supuestamente resultado, como el Perú de Fujimori o el Chile de Pinochet, o los estados dictatoriales del Asia. Sin embargo, esta tesis no soporta un riguroso estudio empírico caso por caso.

En Perú se repite, de manera tendenciosa y falaz,  que debemos a la dictadura de Fujimori dos cosas fundamentales: a) el haber sentado las bases de un sistema económico exitoso y b) haber terminado con el terrorismo. Si bien ambas cosas se dieron durante el periodo de dicho gobierno dictatorial, de allí no se infiere el que la ruptura del sistema democrático haya sido necesaria para ello. Respecto de las bases del sistema económico, Mario Vargas Llosa –contendor electoral de Fujimori en las elecciones de 1990- sostenía que debíamos implementar medidas similares, pero en el marco de la democracia. De otra parte, respecto de la lucha contra el terrorismo se ha hecho creer a la población en Perú que fue Alberto Fujimori quien capturó a Abimael Guzmán, cuando fue Ketín Vidal y el GEIN, fruto de una investigación iniciada durante las postrimerías del primer gobierno de Alan García[7].

Los estudios detallados arrojan como resultado la constatación de que la ausencia de libertades y derechos políticos no permiten que el crecimiento económico, de haberlo,  sirviese para atender a las necesidades de los sectores más necesitados, pues comúnmente el gobierno hace uso de los recursos para beneficiar a sus clientes políticos. Un sistema sin paridos de oposición  realmente autónomos y responsables,  sin  derechos de deliberación pública de parte de los ciudadanos, ni con medios de comunicación libres no puede vigilar el uso que hace el Estado de los recursos económicos ni los pactos corruptos que el gobierno dictatorial puede hacer con las empresas que apoyan el régimen. En síntesis, la ausencia de libertades políticas abre las puertas a las distorsionas turbias del sistema económico. Las libertades políticas, además de ser un bien por sí mismo, sirven para supervisar los manejos económicos y denunciar la corrupción. Se dice que la economía China va muy bien, pero dicha afirmación se basa en los datos que da el gobierno Chino, y si sabemos que dicho gobierno plantea un sistema de información restringida, ¿cómo podemos creer en sus afirmaciones? Baste con estos elementos para poder constatar que las libertades se relacionan en un sistema integral, en el cual la vulneración de unas remece a las otras inevitablemente. De esta manera, las libertades han de ser defendidas en su integridad.

3.- Breve diagnóstico de la situación política en el Perú actual

            Si tenemos en cuenta la situación social, económica y política del Perú, se verá que en urgente apostar por la política que el liberalismo integrador propone. El Perú es un país fragmentado tanto social como políticamente. Dicha fragmentación se expresa en el hecho de que ni los agentes económicos ni las facciones políticas tiene un proyecto que incorpore a todos los ciudadanos sino que, más bien, se manifiestan con expresiones y portavoces de interese particulares. Una sociedad debe entenderse como un sistema de cooperación entre los ciudadanos, cooperación que representa lo que los filósofos y teóricos del derecho denominan “pacto social”. La cooperación entre ciudadanos permite quelas libertades y los derechos conseguidos se consoliden y garanticen. 

            Los grandes poderes económicos pugnan, en este país, por que sus interese se impongan sobre los intereses compartidos y por sobre las libertades y los derechos de todos. Asimismo, los partidos políticos se presentan como expresiones de dichos interese particulares. Políticamente hablando, en el Perú, el espectro político se encuentra dividido fundamentalmente por los representantes del conservadurismo (la derecha cultural radical), el neoliberalismo (la derecha económica radical) y la izquierda radical. Los partidos moderados son sumamente endebles y los agentes del pensamiento moderado, tanto de derecho como de izquierda, son contados, ubicándose mayormente entre periodistas e intelectuales moderados y demócratas.  Sin duda, todas las agrupaciones políticas reivindican la democracia y los derechos fundamentales, pero ello no significa que se encuentren auténticamente identificados con ellos. Más bien, dicha actitud se debe a que resulta políticamente correcto. Las fuerzas políticas comprometidas auténticamente con los derechos fundamentales y con la democracia constitucional son pocas y dispersas, razón por la cual se vuelve indispensable en que un movimiento amplio retome el proyecto que el liberalismo integrador representa.

            Los sectores políticos conservadores se encuentran comprometidos con la defensa de los valores morales tradicionales, valores que no son otra cosa que los de la élite dominante en el país. Esta élite utiliza los medios de comunicación, las escuelas y las universidades para difundir sus valores, que son lo del catolicismo más tradicional[8]. Como dicho sector requiere de medios económicos para mantener su dominación, no tiene ningún problema en colaborar con las fuerzas del neoliberalismo económico, aunque algunos valores del mercado sean incompatibles con los del catolicismo tradicional. Por ejemplo, el valor de explorar la sensualidad para conseguir mayores réditos económicos puede ser avalado por los conservadores, en virtud de fortalecer esta alianza entre el dinero y lo santo. Sus aliados, los neoliberales, actúan políticamente en defensa del los intereses de los grandes capitales y consideran que las únicas libertades que se deben defender son las de los agentes económicos en el mercado. Esta simplificación de las libertades trae graves consecuencias, porque no contribuye a reducir las desigualdades, sino que, por el contrario, las acrecienta. Su caballo de batalla es la idea según la cual el libre mercado sin restricción alguna y el apoyo a las grandes empresas ha sido el factor que ha reducido la pobreza, y lo seguirá haciendo. Si bien es cierto eso, no queda clara la conexión entre el libre mercado radicalizado y la deducción de la pobreza; además, lo que si ha quedado evidenciado es que las políticas neoliberales que los sectores conservadores y neoliberales han impulsado en este país hay incrementado la desigualdad económica.

            Además,  los sectores conservadores y neoliberal han propiciado una política social de discriminación social y política respecto de ciertas  minorías culturales y sociales, y de las mayorías. Las mayorías han sido discriminadas por el color de su piel, su adscripción étnica, su lengua. La discriminación y el desprecio han estado a la orden del día, muestra de ello es la actitud frente a la violencia que sacudió el país durante las décadas del 80 y 90.  Aquello que permite que los agentes del neoliberalismo se encuentran entren en confluencia con los sectores conservadores es que a ellos les interesa sus intereses económicos en el mercado, y ven que el liberalismo cultural resulta ser una amenaza a sus intereses. La lógica del liberalismo cultural se centra en cuestionar el sistema de jerarquías que no se encuentra razonablemente justificado y, puesto que sectores conservadores, como el de la Iglesia Católica, como las empresas se basan en un sistema jerárquico de este tipo.

            La izquierda radical, por su parte, es igualmente de convicciones antidemocráticas y autoritarias. Su proyecto antaño fue el de la toma del poder por medio de la lucha armada, y aunque algunos partidos se han institucionalizado y han conseguido ser aceptado en el sistema democrático, su posición respecto de la violencia no ha sido suficientemente modificada. Si bien muchos grupos de izquierda radical han abandonado la violencia como un modo de acción política, esto a modificación no afectó al resto de sus ideas, cosa que debió ocurrir para que sus propuestas sean consistentes. Lo que tiene ahora es un conjunto desarticulado de ideas políticas que resulta ser un escoyo para su acción. Esta es la razón por la cual hoy en día hablamos de la crisis de las izquierdas en el país. Esta crisis sólo es superable si la izquierda moderada y liberal adquiere fuerza política y puede conducir al bloque de izquierdas hacia una izquierda liberal, que se comprometa con la democracia, los derechos fundamentales, los derechos humanos y entienda que el mercado es un sistema adecuado de distribución de bienes, aunque no el único.

            En este contexto, donde las posiciones radicales –tanto de izquierda como de derecha – han tomado la batuta en la vida política del país, se ha generado un ambiente en el cual las posiciones radicales se distancia cada vez más y el debate político es reemplazado por el descalificativo, el insulto y la violencia. Este clima político ha generado un ambiente social convulsionado que hoy gira en torno a la minería, pero que muy bien podría tomar otro foco de confrontación. Como hemos podido ver, la conflictividad social ha ido in crescendo desde hace más de diez años, y ello se debe, en parte, a que el sistema político no ha podido darle  respuesta adecuada debido a que los grupos que lo componen han perseguido sus intereses particulares más que la cooperación social.

            Por otra parte, se ha excluido el debate de ideas políticas en las universidades, ya por la hegemonía de un discurso político radical en algunas de ellas, ya porque en otras universidades se ha prohibido expresamente el debate y la actividad política. Esta última actitud lo que hace es impone un adoctrinamiento político encubierto que presenta el tecnicismo (bandera de la política de la derecha radical) como una actividad neutra en términos políticos. A través de una enseñanza técnica se imparten ideas de derecha en muchas de las universidades del país. Finalmente, en otro grupo de universidades de carácter confesional católico se imparte un adoctrinamiento conservador bajo el rótulo de una “educación en valores”[9]. En todos los casos se neutraliza el debate de ideas políticas, con lo que se logra es una radicalización de la acción política, cosa que es sumamente peligroso para la salud de la democracia peruana. Si añadimos que el debate de ideas ha sido también expulsado del seno de los partidos políticos, y que los sindicatos se han desarticulado o han sido copados por radicales, veremos que la situación se agrava, pues es en las universidades, los partidos políticos y los sindicatos donde se podrían formar ciudadanos preparados para el debate alturado de ideas políticas.          


4.-  Importancia del liberalismo integral para el Perú.

            Teniendo en cuenta las características de la política nacional, resulta de suma importancia el articular un proyecto político liberal, tal como el liberalismo integral lo entiende. El liberalismo integrador pone sobre el tapete de la discusión política nacional la idea de que la sociedad debe ser entendida como un sistema justo de cooperación entre ciudadanos, en vez de un espacio para que los sectores logren hacer prevalecer sus intereses. Ello se logra desmarcando las libertades de su identificación exclusiva con las libertades económicas en el mercado.  Al abrir el horizonte de las libertades, lo que se logra es redefinir la relación entre mercado, Estado y sociedad.

No se trata de que el Estado intervenga  en el mercado, pues un mercado robusto constituye uno de los pilares de la democracia, sino que se evite que el poder económico se traduzca automáticamente en poder político, pues ello vulneraría la democracia profundamente. Cuando sucede ello, a lo que asistimos es a una distorsión de las relaciones entre el mercado, la sociedad y el Estado, pues con ello sólo se consigue la tiranía de la sociedad por parte de los poderes económicos.  En este contexto, la labor del Estado no consiste en limitar el funcionamiento del mercado, sino el de señalar que hay cierto tipo de bienes sociales (salud, educación, seguridad, entre otras) que no deben ser monopolizadas por el mercado. De esta manera, el liberalismo integral se presenta como un proyecto político que busca contrarrestar la presencia de la política neoliberal en este país. Las fuerzas neoliberales tienen como objetivo convertir el poder económico en poder político y en convertir todos los bienes sociales, incluyendo salud, educación y seguridad, en bienes intercambiables en el mercado. Esto último lo hace a través de una política privatizadora radical.

La defensa de las libertades hace que el proyecto político del liberalismo integral se presente como un contrapeso al proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal se encuentra ampliamente difundido y tiene una gran presencia en sectores claves como las universidades. Esta poderosa presencia termina siendo perniciosa, pues lo que procura es fragmentar el tejido social colocando como única lógica de la política el interés. El liberalismo  integral, en cambo, procura recomponer y fortalecer el tejido social, fomentando la cooperación social en dirección de las defensa de las libertades y los derechos fundamentales, así como el fortalecimiento de la democracia. 

Frente al proyecto conservador, el liberalismo integrador defiende las libertades de las minorías para desarrollar sus formas de vidas y expresarse culturalmente en el seno de una sociedad democrática y plural.  El liberalismo integral que defendemos concibe a la sociedad peruana como una sociedad plural, en la cual habitan un conjunto grande de grupos étnicos, religiosos y con proyectos de vida distinto, razón por la cual busca construir la plataforma política y jurídica que permita dotar a cada persona de los derechos y libertades que le permitan desarrollar el tipo de vida que prefieren, dentro del marco de la ley. Es por ello que combate la imposición de formas de vidas tradicionales provenientes de poderes hegemónicos sobre los ciudadanos. De esta manera, el liberalismo integral realiza una distinción importante entre valores públicos y valores privados. Los valores públicos son aquellos que todos los grupos, que tienen concepciones de vida distintas,  pueden apoyar. Se trata de valores como son el rechazo de la esclavitud, la defensa de la democracia, la tolerancia, la defensa de los derechos fundamentales, el principio de igualdad ante la ley, etc. El cambio, los valores privados son aquellos apoyados por las diferentes concepciones religiosas y laicas, que tratan de ser impuestas a la integridad de la sociedad. Los grupos conservadores apoyan una política de imposición de sus valores privados bajo el rótulo de una educación en valores. El campo en el que se realiza esto principalmente es la educación: la escuela y la universidad; aunque también se realiza por medio de las instituciones estatales, los discursos políticos  y los medios de comunicación. Es por ello que el liberalismo integral encuentra como un punto de vital importancia poder emancipar la educación de la visión conservadora que la domina. Esto se busca incluyendo un mayor peso de las humanidades y las artes para poder formar ciudadanos más empáticos que  se comprometan con los valores públicos.

Además, a nivel de la educación universitaria, el liberalismo integrador procura colocar el debate respecto de ideas políticas como un elemento central de la formación de ciudadanos cooperativos, responsables y comprometidos con el fortalecimiento de la democracia constitucional. Con ello hace frente a los embates que provienen de los proyectos dictatoriales del neoliberalismo, el conservadurismo y la izquierda radical.   La izquierda radical pretende seguir haciendo política con ideas trasnochadas que son adversas a la democracia.  En el plano educativo, esta izquierda procura que el adoctrinamiento desplace a la reflexión política. El proyecto del liberalismo integral es construir, en nuestro país, la plataforma política que permita el debate de ideas y moderar los discursos radicales a fin de que la política de confrontación social, en la que estamos inmersos actualmente, pueda dar paso a una política del manejo de los conflictos a través del debate en la esfera pública.


[1] Los neoliberales se inspiran en una versión de la economía neoclásica, que se remonta a los textosde los economistas clásicos como Ricardo, John Stuart Mill y Alfred Marshall,  y siguen las ideas expresadas por Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek  . Estoy en deuda César Castillo García respeccto de esta precisión.
[2] Al respecto Cf. LOCKE, John; Ensayo y carta sobre la tolerancia, Madrid; Alianza editorial, 1999.
[3] Sobre estas ideas del liberalismo Cf.  WALZER, Michael; “El liberalismo y el arte de la separación”  en: WALZER, Michael; Guerra, política y moral, Barcelona: Paidós, 2001
[4] En su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil Locke desarrolla su teoría de la tiranía, la cual va a ser retomada recientemente por Michael Walzer en su libro Esferas de la Justicia.
[5] Al respecto se puede revisar los artículos de Alfredo Bullard
[6] Al respecto de la interconexión de los derechos y las libertades Cf. SEN, Amartya; Desarrollo y libertad, Barcelona: Planeta, 2000.
[7] Sobre ese punto se puede revisar la investigación presentada en el documental “Operación Victoria”.
[8] En los orígenes de Sendero Luminoso, queda claro cómo el ambiente social generado por los valores católicos tradicionales, como el de la sumisión de los pobres a los ricos y la resignación ante su suerte miserable, ha servido como caldo de cultivo para que las ideas de Guzmán puedan calar. Al respecto, Cf. PORTOCARRERO, Gonzalo; Profetas del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso. Lima: PUCP, 2012. 
[9] Al respecto Cf. GAMIO, Gonzalo; Racionalidad y conflicto ético. Ensayos de filosofía práctica, Lima: CEP, 2007.