domingo, 4 de noviembre de 2012

REVOCATORIA Y DEMOCRACIA PARTICIÁTIVA


           
 
           Las democracias contemporáneas deben contar con dos dinámicas para ser saludables. La primera es la dinámica representativa, mientras que la segunda es la participativa. La dinámica representativa de la democracia se realiza cuando los ciudadanos, por medio del voto,  eligen a sus representantes en el congreso, a los alcaldes y regidores o al presidente de la república. La dinámica participativa de la democracia, en cambio, implica la actividad política de los ciudadanos en la sociedad civil organizada ejerciendo el derecho de deliberación sobre cuestiones públicas.

            Los mecanismos de democracia directa pueden ser incorporados en el funcionamiento de  Estado democrático de derecho, pero si se hace un uso indiscriminados de ellos, pueden llegar a atentar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos mecanismos son plebiscitos, mecanismos de elección por asambleas populares, y entre estos se encuentra el mecanismo de la revocatoria.

            La revocatoria ha sido instaurada como mecanismo legal en la Constitución de 1997, durante un  gobierno que consideraba que verdadera democracia era la directa, porque a través de ella el pueblo podía canjear derechos y libertades por promesas de paz y seguridad. Hoy sabemos que ese canje no era una buena idea, aunque los partidarios de la dictadura sostengan lo contrario de manera falaz. Si bien, el mecanismo de la revocatoria es constitucional, hay que comenzarse por preguntar si en realidad tiene sentido y si realmente se condice con la democracia.

            Por desgracia, en el Perú, los problemas se discuten cuando recién llegan a Lima. Pero desde hace varios años en provincias ha venido sucediendo que en las elecciones los alcaldes son electos realmente con un treinta por ciento o menos, y el resto de votos les venían endosados de otros grupos que no pasaban a la segunda vuelta o tenían pocas probabilidades de ganar. Pero una vez terminadas los comisión y nombradas las nuevas autoridades, los perdedores se aliaban e iniciaban el proceso de revocatoria. Si las autoridades electas contaban solamente con un treinta por ciento duro, resultaba fácil a los revocadores aglutinar al setenta  por ciento restante. De esta manera, la revocatoria se ha venido convirtiendo en un mecanismo usado sistemáticamente para llevar adelante una revancha política.

            Más allá de si se trate de Susana Villarán u otra persona, el hecho es que ese modo de acción ya llegó a Lima. Esto se asemeja con lo sucedido en La Parada: el mecanismo de reivindicar una protesta por medio de la vulneración de derechos y acciones violentas que se ha ido permitiendo en el interior del país ha llegado a Lima, y la oposición violenta, ilegal y deplorable se presentó en el exmercado mayorista. Todo esto demuestra, entre otras cosas, que por no enfrentar los problemas a tiempo y de manera correcta algunos sectores de la población están aprendiendo que pueden realizar acciones ilegales, cometer crímenes y delitos o desestabilizar el poder democrático y nadie va a decir o hacer nada.

            Si la Constitución ya pree el mecanismo de destitución del cargo a un funcionario público que es encontrado delinquiendo en el uso de su función, son queda muy claro qué relevancia tiene la revocatoria. Si un alcalde en descubierto en flagrante delito debe dejar el cargo y someterse a la justicia. Pero la revocatoria carece de parámetros que impidan el que se convierta en un mecanismo de vendetta política de los perdedores, o simplemente porque los medios generan en la población la sensación de ineficacia y antipatía en contra de una autoridad democráticamente elegida. Hoy es por la sensación de ineficacia, mañana, porque no nos gusta su peinado o su cara o su apellido; lo cierto es que aquellos que perdieron siempre encontrarán la manera de encontrar los vientos de los medios a su favor. Además, el proceso de revocatoria significa un alto costo que reae en los impuestros que pagan los ciudadanos.

            A fin de cuentas, hay que preguntarse ¿qué se gana con la revocatoria?. Paralizar una ciudad, detener una gestión y generar inestabilidad política. En el Perú de hoy ello beneficia, ciertamente a los perdedores de las elecciones, pero en especial a quienes les interesa que la democracia entre en un proceso generalizado de desestabilización. El SL- MOVADEF  es el que más gana con todo ello, sin lugar a dudas. Por ello que no es extraño que ellos estén involucrados en los procesos de revocatorias, como lo estuvieron en el apoyo de los delincuentes de La Parada. Los grupos políticos que se encuentran detrás de las revocatorias en el Perú parecen estar más interesados en satisfacer apetitos personales que defender la democracia.

            Tanto la revocatoria como el indulto presidencial son mecanismos que no pertenecen realmente a la Democracia Constitucional. El primero proviene de la democracia directa y el segundo del modelo de gobierno absolutista, pero que para que puedan ser incorporados al sistema democrático deben ser regulados adecuadamente o eliminados. El indulto presidencial tiene una adecuada regulación, en cambio la revocatoria carece de regulación y control democrático real. Porque es difícil regularlo adecuadamente, sin caer en subjetividades extremas, y porque existe la destitución, debe ser eliminado. Si queremos consolidar la estabilidad democrática frente a SL-MOVADEF es algo que se vuelve urgente.

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