De un tiempo a esta parte la acción
en la esfera pública en este país está mostrando ribetes gansteriles. El uso de
la violencia y el recurso a la intimidación están reemplazando la actividad
política, y eso es algo que debe preocuparnos a todos. Las protestas violentas,
la contratación de delincuentes para bloquear el cumplimiento de ordenanzas
municipales o el ensalzamiento de las acciones de grupos genocidas se están convirtiendo
en el día a día en el Perú, ante la mirada complaciente de los ciudadanos y de
la clase política.
Ahora le ha tocado el turno a la
alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien el viernes denunció que había
recibido amenazas de muerte en su contra y en contra de sus familiares. Estas
amenazas se encuentran inmersas en un contexto político particular, marcado por
tres procesos importantes: la consulta de revocatoria de la alcaldesa, el desmantelamiento
del mercado de La Parada (con el consecuente enfrentamiento de las mafias que
lo controlaban) y la puesta en marcha del reordenamiento del transporte público
en Lima a través de la puesta en marcha del proceso de licitación de las rutas
(con el consecuente enfrentamiento de las mafias que se oponen a dicho reordenamiento).
Además, en contexto político en
torno a la alcaldía se ha visto enrarecido con las pruebas periodísticas que
muestran la conexión entre los organizadores de la campaña de la revocatoria y
el exalcalde Luis Castañeda y su grupo político Solidaridad Nacional. Aunque el
grupo en cuestión niega ese vínculo, las evidencias periodísticas son
incuestionables, y la pregunta que cae por su propio peso es: si promover la revocatoria
no es ilegal, ¿por qué Solidaridad
Nacional no dio la cara desde el inicio y aún niega la evidente vinculación?
Todo esto hace que la política en
torno a la alcaldía no sólo se encuentre enrarecida, sino que muestre las
garras de mafias que no tienen reparos en amenazar de muerte a una autoridad
democráticamente electa. Un ciudadano limeño puede estar a favor o en contra de
la revocatoria, pero no puede estar de acuerdo con las amenazas de muerte
contra una autoridad elegida a través de un proceso democrático. No puede
estarlo, porque ello significa que su voto y su peso político como ciudadano no
vale nada. Aquellos ciudadanos que aceptan eso están condenándose a la “muerte
política”, es decir, a que su voluntad política no tiene peso alguno.
Lo cierto es que todo esto está
ocurriendo ante la vista indolente de los ciudadanos. ¿Qué nos permite explicar
esto? Mi hipótesis es que una gran mayoría de ciudadanos de esta ciudad no
entienden realmente lo que significa la ciudadanía. Carecen de conciencia ciudadana. Ello se
expresa claramente en que el comportamiento de muchos ciudadanos se dirige a
velar sólo sus intereses privados y/o partidarios, pero no los intereses generales.
No se encuentran comprometidos con la defensa de los derechos y las libertades
de todos, ni con la defensa de la democracia. No se encuentran comprometidos
con las cuestiones de interés público.
Todo ello habla de una sociedad
civil poco articulada que carece de la consistencia para hacer frente a las
amenazas a la democracia. Un caso claro, es la penetración del Movadef en una
sociedad que tiene la solidez y la entereza ciudadana de la mermelada. El Movadef
consigue sus objetivos utilizando, entre otros, un recurso que les ha servido
de manera contundente, a saber, relativizando la verdad histórica. Ellos
señalan lo siguiente: “ustedes y la CVR dicen que lo que hubo en el Perú en los
años 80 y 90 fue el combate a un grupo terrorista y genocida, pero nosotros
tenemos otra lectura de los hechos, de acuerdo a la cual lo que ocurrió en este
país fue una guerra civil, y una vez acabada la guerra se hace necesaria la
reconciliación la cual se consigue amnistiando a todos”
Frente a ese argumento, la sociedad
civil y la clase política se ha quedado paralizada, porque hay otras fuerzas,
como la del fujimorismo que también le interesa relativizar la verdad histórica
reciente. La sociedad no consigue articular un acuerdo fundamental que le
permita construir un relato consistente y sólido sobre lo que sucedió en el
país, y ahora vemos que esa incapacidad está abriendo las puertas a que el
valor de su voto político sea reducido a nada.
La sociedad está tan
escandalosamente desarticulada por el peso de los intereses particulares que la
política está siendo reemplazada por la actividad delictiva y criminal. Tal vez
algún iluso pueda pensar que la política no importa con tal que haya crecimiento
económico. Pero aquél debe saber que el crecimiento económico no significa necesariamente
desarrollo y que la historia de este país está plagada de episodios vergonzosos
de prosperidad económica que desvanece inmediatamente:
el guano, el caucho, etc.
Es por ello que es de vital
importancia la defensa de la política en el Perú, y levantar la voz frente a
las amenazas de muerte contra las autoridades. Si no lo hacemos, estaremos
demostrando que nuestro valor como ciudadanos es ínfimo.
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