En
el debate político de los últimos tiempos en el Perú se ha generado un fenómeno
extraño, pero que es consecuencia de las acciones que los actores políticos han
tenido en los últimos años. Este fenómeno atañe a la imposibilidad de articular
un relato sobre la verdad de lo sucedido en los años de violencia en este país.
Dicha articulación ha sido imposible por dos motivos centrales. En primer
lugar, los agentes políticos que actuaron de manera cuestionable en el pasado
han utilizado su influencia y la fuerza para que este relato no logre cuajar.
En segundo lugar, la influencia que autores postmodernos tienen en las actuales
ciencias sociales y en la teoría literaria arroja una relativización del relato
sobre el pasado.
Estas actitudes, que fueron tan provechosas
para la derecha más radical en el Perú, aquella derecha que se encuentra
involucrada con la violación de derechos humanos; dichas actitudes, digo, han
terminado por generara un efecto búmeran, pues ahora SL-MOVADEF aprovecha dicha
relativización del pasado para declara a sus presos como “presos políticos” y a
sus acciones terroristas y genocidas como las de combatientes en una “guerra
civil”. Esto les da las armas suficientes para que SL-MOVADEF convenza a un
grupo de jóvenes, que viene a ser sus nuevos cuadros. Ellos saben que no
necesitan de millones para tener en vilo al Estado peruano, sino que basta con
2000 o 2500 jóvenes debidamente adoctrinados para hacerlo cuando consideren que
“las condiciones objetivas estén dadas”.
El gobierno considera que da un gran
paso declarando que MOVADEF no sólo puede inscribirse como partido político y
declarándolo como brazo político de Sendero Luminoso, y por lo tanto fuera de
la ley. Ciertamente, este paso es importante, pero no es lo más importante. Lo
crucial resulta ser demostrar que su relato histórico no es una opción entre
otras, sino que se encuentra profundamente equivocado. Pero, cómo hacerlo,
después de que en la sociedad durante los últimos años han circulado relatos
diferentes y completamente opuestos sobre lo sucedido en los 80 y 90 en el Perú,
y que muchos de estos relatos tenían la clara intencionalidad política de sustraer a criminales de las manos de la
justicia. Es más, esos sectores
implicados en masacres y crímenes ahora sostiene que si ellos estuvieran de
nuevo en el gobierno no estaríamos con los problemas que tenemos, cuando en
realidad constituyen un grupo que contribuyó
a ponernos en esta situación tan peligrosa.
Ciertamente, no es posible tener un
relato “objetivo” sobre la historia, y menos sobre la reciente, pero sí es posible
tejer un relato intersubjetivo que gane el consenso de las partes de la
sociedad. La articulación de este relato intersubjetivo fue encargado por el
gobierno de transición de Valentín Paniagua a los miembros de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación. Pero tanto durante el trabajo de la Comisión como
después de que se hubiere presentado el Informe Final de la CVR, los sectores
más radicales de este país (la derecha política radical, representada por el
fujimorismo y sus aliados, como el sector de derecha radical de la Iglesia
Católica en este país, y la derecha empresarial y mediática) se dedicaron a
bloquear el trabajo y a desprestigiar tanto a los miembros de la Comisión, como
al Informe Final. Incluso, las amenazas de muerte a los miembros no se hicieron
esperar. Todo ello muestra que no hubo voluntad política colaborar en la
gestación de una verdad intersubjetiva sobre lo sucedido en los años de
violencia.
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