El problema de los derechos humanos
en sociedades como la peruana tiene varias aristas como la de la justificación filosófica, el
respeto de parte del Estado y otras organizaciones, así como la consolidación
de una cultura de derechos mediante la promoción de la vigencia social de los
mismos. Se entiende por vigencia social de los derechos humanos el
reconocimiento que los miembros de una sociedad tienen de ellos. De este modo,
en sociedades donde los derechos tienen una alta vigencia encontramos que los
ciudadanos reconocen el valor de éstos y la necesidad de comprometerse con
ellos; en cambio, en aquellas sociedades donde tales derechos tienen baja
vigencia encontramos que los ciudadanos se encuentran escasamente comprometidos
con ellos.
Durante
la segunda vuelta de la última campaña electoral en el Perú, muchos sectores
han manifestado abierta o veladamente un escaso compromiso con los derechos
humanos. Tanto políticos como empresarios y periodistas, así como personas
particulares, han sostenido que no tendrían ningún problema en poner sobre una
balanza el respecto de los derechos humanos y la supuesta continuación del
crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos años. Más allá de si
Keiko Fujimori representase o no la continuación de una política de violación
de los derechos u Ollanta Humala representase un quiebre radical en la política
económica, en el país el debate electoral en la segunda vuelta tuvo como uno de
sus componentes la cuestión del compromiso de los agentes político, económicos
y periodísticos, como el de muchos ciudadanos de a pie, con los derechos
humanos.
El alto porcentaje de ciudadanos que
ha manifestado una posición adversa a los derechos humanos, ante el dilema
“continuación con el modelo económico vs. derechos humanos” se suma a otro dato
que ha revelado Alfredo Torres en su libro “Opinión pública 1921-2021”[1].
Dicha información sostiene que en el Perú sólo un 25% de la población se
encuentra realmente comprometida con la democracia. Según Torres, un 25% de la
ciudadanía se encuentra profundamente comprometida con el autoritarismo y un
50% acepta la democracia, pero no se encuentra comprometida con ella. El panorama está claro. En el Perú hay un
cuarto de la población que prefiere un gobierno autoritario a uno democrático,
y por lo tanto se encuentra o escasa o nulamente comprometido con los derechos
humanos; por otra parte, entre un 50% de la población se encuentra un grupo de
ciudadanos que no dudarían en colocar en la balanza los derechos humanos con
algún otro bien, que es realmente inconmensurable con éstos, como el de la
continuación del modelo económico.
¿Por
qué razones un amplio sector de los ciudadanos no se encuentra comprometido con
los derechos humanos? Esta es una pregunta que no resulta fácil de responder.
Entre las múltiples razones de ello podemos destacar las siguientes: a) el
despliegue de una política que cierto sector de la clase política ha realizado
en contra de los derechos humanos y el trabajo de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación; b) los intereses particulares de sectores empresariales que ven
en la democracia y en todo lo que ella implica (incluso los derechos humanos)
un escollo para la persecución de sus intereses particulares; c) una educación
primaria, secundaria, terciaria y universitaria de carácter autoritaria, y d)
la difusión de la creencia errada de que la naturaleza del peruano es tal que
necesita siempre ser gobernado con mano dura y ser tratado de manera
autoritaria. En lo que sigue me concentraré en estos cuatro factores, pero es
importante tener en cuenta que no son los únicos y que el presente trabajo es
un aporte a la reflexión sobre lo que estamos viviendo en el Perú en nuestra
vida política y social presente.
1.- La política adversa a los derechos humanos
Desde los años 80 en el Perú se ha
desplegado una política adversa contra los derechos humanos. Podemos detectar
tres etapas más o menos definidas en este periodo de tiempo. La primera etapa
se desarrolla durante la década de los 80 y coinciden con el segundo gobierno
de Fernando Belaúnde Terry y el primer mandato de Alan García Pérez. La segunda
etapa se presenta en la década de los 90 y coincide con el gobierno de Alberto
Fujimori Fujimori. Finalmente, la tercera etapa se inicia en 2001 y continúa
hasta la actualidad. Esta tercera etapa se encuentra caracterizada con la
presencia de la CVR, su instauración en el gobierno de transición de Valentín
Paniagua, el desarrollo de su investigación, la presentación del Informe Final
y la campaña de desprestigio tanto de dicho Informe como de los comisionados.
La primera etapa de este política
adversa a los derechos humanos se encuentra marcada por dos características
fundamentales. La primera es la reiterada violación de los derechos en el marco
de la lucha antisubversiva. Dicha lucha se caracterizó por la creación de
comandos políticos-militares con lo que el poder civil abdicó en la lucha
antisubversiva y la entregó en manos de las Fuerzas Armadas, lo que trajo como
consecuencia la violación de derechos[1]. La segunda características es que las
organizaciones de defensa de derechos humanos son sindicadas como terroristas,
como muchas ONGs. o movimientos estudiantiles.
La segunda etapa se inicia con el
gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, y se cristaliza a partir del autogolpe
de 1992. Fujimori significó un acontecimiento político que permitió llevar
adelante el conocido “Plan Verde”[2]
que un sector de las Fuerzas Armadas tenía para la conducción del poder a fin
de enfrentar el terrorismo. La aplicación del “Plan Verde” y la alta corrupción
que se apoderó del Perú desestructuró la vida política. Los partidos
políticos y las asociaciones sociales
fueron desactivados, lo cual permitió destrozar las redes sociales que necesarias
para la protección los derechos humanos de las personas. Lo que sucedió en esta
segunda etapa no es sólo que ciertas prácticas –como las de la corrupción-
produjo, como daño colateral, la violación de derechos humanos, sino que la
conexión fue deliberadamente buscada, es decir, por medio de la corrupción se
desestructuró las redes sociales a fin de poder hacer más vulnerables los
derechos de las personas. Además, esta etapa terminó consolidando un movimiento
político adverso a los derechos y que logró consolidar una relación clientelar
con un sector de la población que
terminó siendo incondicionalmente partidaria del autoritarismo y adverso
a los derechos humanos. Ese sector partidario del fujimorismo puede justificar
la violación de los derechos humanos, pero no es tan tolerable con la corrupción,
razón por la cual procuran establecer la distinción –difícil de hacer- entre
Fujimori y Montesinos.
La tercera etapa, que se inaugura
con la instauración de la CVR y el inicio de la hostigación y la campaña
política de desprestigio que emprendida por la fuerza política que se consolidó
en la década de los 90. Los comisionados y sus colaboradores son constantemente
amenazados por agentes vinculados a este sector político[3].
Pero, además, este sector, que mantenía poder mediático, hizo una sostenida
campaña adversa a la CVR y a los derechos humanos. Dicha campaña mediática
continuó una vez presentado el Informe Final de la CVR, y estuvo cargada de
mentiras y calumnias. El poder de esta
fuerza política en los medios televisivos y en la prensa escrita amarilla de
amplia difusión siguió nutriendo a la población incondicional del proyecto autoritario
y adverso a los derechos humanos que dicha fuerza representa[4].
En
esta tercera etapa se desplegó una clara política “contra la memoria” que tenía
como objetivo el hacer que los peruanos demos vuelta a la página respecto de
los sucedido durante los años de violencia. Dicha política fue promovida por
las fuerzas fujimoristas y sus aliados y se desplegó con fuerza en tres
direcciones. La primera estuvo representa el ataque contra el Informe Final de
la CVR; la segunda se dirigió a manipular los medios de comunicación, quienes
obedecieron a la consigna del silencio respecto del pasado y la apuesta por la
crónica negra y el espectáculo[5]; y
la tercera dirección se encuentra representada por la omisión de la enseñanza
de ese periodo amargo de la memoria nacional en las escuelas. La omisión de la
enseñanza de lo sucedido en los 80 y 90 fue una política intencional, pues
dicho recuento histórico no sólo deja mal a Sendero Luminoso y al MRTA, sino
que muchos políticos y movimientos operantes actualmente en la escena política
actual quedan mal parados a causa de sus acciones en el pasado.
Todo
ello contribuye a que un 75% de la población de este país rechace la democracia
y que un sector más amplio encuentre posible colocar en la misma balanza los
derechos humanos y el crecimiento económico, como si se tratase de dos bienes
conmensurables. De este 75% existe un 25% que es incondicionalmente
fujimorista. Este 25% lo componen miembros del partido y personas simpatizantes
que han sido beneficiadas de un u otro modo durante el gobierno Alberto
Fujimori. Todos los que se encuentran al interior de este 25% consideran que la
dictadura es superior a la democracia y a una Cultura de Derechos Humanos, pero
además es escéptica frente a la posibilidad de argumentar racionalmente sus
ideas políticas.
[1]
FLORES GALINDO, Alberto; La tradición autoritaria en el Perú.
Violencia y democracia en el Perú, Lima: APRODEH, 1999.
[2] Alberto
Fujimori gobernó el país a través de una coalición cívico-militar, tal como lo
muestra el llamado “Plan Verde”. Dicho plan lo había gestado desde 1989 una
cúpula militar y fue presentado al reciente electo presidente Fujimori el año
90. En dicho plan se señala la necesidad de las siguientes medidas:
establecimiento del libre mercado y reinserción del país en el orden económico
internacional, establecimiento de la pena de muerte, establecimiento de un plan
de pacificación del país, una reforma educativa y un acuerdo de paz en las
fronteras. Pero además se establece la reelección del presidente de la
república para llevar adelante un proyecto a largo plazo, establecer un
Servicio de Inteligencia que lleve adelante un Sistema de Control,
Seguridad y Propaganda. Al mismo tiempo
establecer una relación con la prensa que conduzca a una política de
autocensura de parte de los medios de comunicación. El documento señala que la
conducción de la política estratégica nacional a largo plazo corresponde a un
“Consejo Estratégico de Estado” (CEE). Dicho Consejo no tendrá que asistir al
Consejo de Ministros y se mantendrá completamente en el misterio y
absolutamente fuera de control democrático. Además, las sesiones del Consejo de
Ministros serán vigiladas por el CEE a través unas cámaras que se habían
instalado en la Sala del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de
Alan García. El “Plan Verde” fue hecho de conocimiento público por la revista
Oiga el 12 de julio de 1993.
[3]
Un ejemplo de dicho ataque ha
sido la agresión de los partidarios del fujimorismo al monumento El Ojo que
Llora, ubicado en el Campo de Marte.
[4] Artículos y columnas
periodísticas dedicadas a desprestigiar a la CVR. Especialmente el diario
Expreso y las columnas de Víctor Samuel Rivera.
[5] Resultó patética la escena de los
medios comunicación que, una vez aparecido el Movadef, se rasgaron las
vestiduras debido a que los jóvenes no sabían quién fue y qué hizo Abimael
Guzmán. Esos mismos medios decidieron reemplazar la memoria histórica por la
farándula, y resultaron ser parte de los culpables de que en la actualidad
muchos jóvenes se plieguen al cuestionado movimiento pro senderista.
[1] TORRES, Alfredo, Opinión pública 1921-2021, Lima: Aguilar, 2010.
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