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2.- Los intereses de los grandes capitales nacionales
Esta acción fue desplegada desde la
década de los 90 y continúa desarrollándose incluso en nuestros días. Ella encontró su respaldo jurídico en la
controversial Constitución de 1993. En dicha Constitución se vulneran los
derechos económicos sociales y culturales, que son un conjunto de derechos
importantes de los derechos humanos. Ello se realiza en dos apartados centrales
de la Constitución: en el dedicado a los Derechos Fundamentales y en el Capítulo
Económico. Respecto de la sección dedicada a los Derechos Fundamentales, se ha
realizado un importante ataque contra los derechos económicos y sociales, dando
primacía a los derechos civiles y políticos; y en el capítulo económico se ha
vulnerado los derechos por medio de una extrema flexibilización de las normas
laborales.
Los grandes capitalistas nacionales
han conseguido ganar terreno en su lucha en contra de los derechos humanos en
el país por medio de tres estrategias sumamente efectivas: a) su participación
directa en el gobierno, b) la propaganda a favor de sus intereses, por medio de
los medios y la prensa, y c) construyendo el discurso del “sujeto empresario”.
Por medio del fenómeno que los sociólogos llaman “las puertas giratorias” los
grandes empresarios han pasado del mundo empresarial al gobierno, como asesores, ministros, u ocupando otros puestos claves a
fin de ajustar la legislación en dirección a sus intereses empresariales. Pero,
además a través de los medios de comunicación han conseguido una amplia
plataforma de propaganda que difunda la idea de que la defensa de sus intereses
económicos es sinónimo de los intereses del país; y junto con ello han tenido
un ejército de periodistas que han repetido argumentaciones en defensa de los
intereses de las grandes empresas, periodistas que se han opuesto
reiteradamente a la regulación del mercado de trabajo, entro otras cosas[1].
Junto con estos dos políticas, las
grandes empresas han construido el discurso o constructo del “sujeto
empresario”, según el cual el Perú es un país de empresarios.
Dicho
constructo se ha producido sobre la base de una constatación empírica
innegable, a saber, la consolidación de un sector de la clase media que
dedicándose a los negocios ha ido prosperando. Pero sobre la base de esa
constatación, se ha construido un discurso tendencioso añadiendo a esos
elementos constatables a) la idea de que ese sector representa a toda la clase
media, de manera que no existirían ni profesionales, ni empleados privados ni
empleados públicos, b) que esos sectores pujantes podrán con constituirse todas
en grandes empresas y no serán estranguladas por créditos bancarios
desregulados jurídicamente, y c) que los grandes capitalistas les permitirán
que crezcan lo suficiente hasta que se conviertan en potencias económicas que
atenten contra sus intereses. Lo cierto es que los grandes capitales tiene
tanto poder económico e injerencia política que jamás permitirán que las
pequeñas y medianas empresas crezcan los suficiente hasta hacerles competencia.
A
través de estas tres estrategias las grandes empresas en el Perú han realizado
un ataque frontal contra los derechos humanos en dos frentes. El primero lo
constituye el de la vulneración directa de los derechos, especialmente los
sociales y económicos, mientras que el segundo frente es el de hacer propaganda
indirecta contra los derechos y la democracia a través de los medios de
comunicación.
El carácter autoritario de la educación en el Perú
es otros de los factores que permiten explicar la poca vigencia social de los
derechos humanos en el Perú de nuestros días. En todos los niveles de la
educación se ha instaurado un acento autoritario debido a diferentes factores.
Entre ellos destacan a) las dinámicas autoritarias que se fomentan en los
centros de enseñanza, b) la formación de sujetos para el mercado más que
formación de ciudadanos para la democracia, c) la enseñanza militarizada de la
historia nacional, y d) la educación en
los valores domésticos de la cultura dominante.
Lo que tanto niños como adolescentes
aprenden más rápidamente son las actitudes que tienen las personas en el centro
educativo. Si los profesores dentro del aula generan relaciones autoritarias,
donde el debate, la discusión de ideas y la libertad para pensar diferente
están bloqueados, los alumnos aprenderán actitudes autoritarias aunque la clase
verse sobre democracia y no valorarán los derechos humanos, aunque el curso
trate de ellos. Si el profesor no guarda el debido respeto para con los alumnas
y alumnas, o permite que entre estudiantes no se cultive el respeto y la
tolerancia, entonces el aula se convierte en un espacio de formación de
personas intolerantes, autoritarias y adherentes a sistemas políticos
autoritarios. Si el mismo profesor se encuentra inserto en un sistema de
relaciones dentro de la escuela o la universidad en el que predomina el trato
directivo y autoritario de parte de las autoridades (ya sea el director del
colegio, el jefe de departamento, el decano o el rector de la universidad), la
institución transmite a los alumnos el mensaje de que cree más en relaciones autoritarias que en democráticas y basadas en
el respeto a los derechos humanos. En aquellas instituciones donde las
relaciones entre los docentes y las autoridades están mediadas por prácticas
corruptas (ascensos que no respetan reglas universalmente aceptadas y
reconocidas como válidas) o en aquellas donde existen prácticas de malversación
de fondos, o negociación pecuniaria o sexual
de la nota, en tales instituciones los estudiantes no aprenden a valorar
la democracia ni los derechos humanos. Por desgracia, todas estas prácticas son
reiteradas en muchas escuelas, institutos técnicos y universidades del país, de
tal manera que se convierten en instituciones donde se inculca el autoritarismo
y el desprecio por los derechos del otro[2].
Pero, además, las escuelas, los
institutos técnicos y las universidades se han convertido en centros de
formación de agentes funcionales al mercado y al sistema mercantil. El mensaje
fundamental que transmiten es que forman a sujetos para que ganen dinero, sin
importar si respetan las reglas de juego democrático y los derechos humanos,
donde las artes y las humanidades están siendo arrinconadas cada vez más,
porque se les consideran disciplinas no lucrativas. Esto resulta sumamente
pernicioso para consolidar una democracia donde los derechos humanos adquieran
vigencia social[3]. Las mismas universidades
se han convertido en empresas con fines de lucro, lo que hace que el poder del
dinero penetre la institución universitaria y desnaturalice su dinámica
interna. De esta manera, la universidad deja de ser un centro de debate y
discusión de ideas, para imponer sólo aquellas creencias que son funcionales a
la dinámica del mercado[4].
Por otro lado, el hecho de que la
historia del Perú se enseñe desde el punto de vista de los héroes militares y
no desde héroes civiles o los héroes de la pluma indica que las virtudes que se
intentan inculcar en los estudiantes son las de los institutos castrenses,
virtudes que destacan la lealtad antes que la libertad, la valentía antes que
la tolerancia. Si bien la lealtad y la valentía son virtudes deseables, cuando
se colocan por encima de la tolerancia y la libertad terminan fomentando
sociedades autoritarias y no democráticas, sociedades en las que los derechos
humanos no son valorados suficientemente. Pero, además, la escuela y la
universidad se convierten en centros de de formación de valores de una cultura
dominante en una sociedad multicultural como la peruana. De esta manera, la
escuela y la universidad peruana suele fomentar la formación en valores
domésticos, donde tales valores son los valores católicos tal como lo entienden
los sectores del catolicismo más radical e intransigente. Dicha “formación en
valores domésticos” suele imponer una escala de valores sobre la escala de
valores de los mismos estudiantes, con lo que transmiten el mensaje de que la
cultura del catolicismo radical es superior la propia cultura de los alumnos y
alumnas[5].
La educación de naturaleza
autoritaria que se imparte en la escuela y en las universidades sirve de
plataforma adecuada para la injerencia de Sendero Luminoso en la mente de los
jóvenes. Es por esa razón que muchos jóvenes en la actualidad adhieren al
Movadef, y consideran que Abimael Guzmán debe ser amnistiado además de que
consideran que su prédica y actuar terroristas
son loables. Al igual que en la década de los 70, Sendero
utiliza los espacios donde la educación autoritaria se entrelaza con el
descontento social a fin de adoctrinar a jóvenes con su prédica de odio[6].
Es por esa razón que esta educación autoritaria no sólo es adversa a los
derechos humanos sino que resulta ser sumamente peligrosa para el presente y el
futuro del país. La algarabía y la
autocomplacencia de los sectores
empresariales están conduciendo al arrinconamiento de la agenda de derechos
humanos en muchos sectores de la política nacional, espacialmente política
educativa, cosa que resulta ser no sólo una vergüenza sino además sumamente
peligroso. El ataque sistemático a las organizaciones defensoras de los
derechos humanos, especialmente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
tiene una perversa conexión con el fortalecimiento de presencia del extremismo
senderista, tanto a través de la política, con el Movadef, como a través del
sector educación, a través del SUTEP-CONARE.
[1]
Respecto a esto, podemos
observar la conducta de tres periodistas políticos emblemáticos que se
encontraban vinculados a “El Grupo El Comercio”: Jaime de Althaus y Rosa María
Palacios. El primero permaneció con su programa en el Canal N porque es un
abanderado de la política neoliberal que defiende los intereses de la gran
empresa privada y ataca a todos sus adversarios. De Althaus fue un defensor
acérrimo de Keiko Fujimori en la última campaña electoral, por lo que mantiene
un lugar preferencial en el canal n y en el diario “El Comercio”. Cosa distinta
sucedió con Rosa María Palacios, quien durante los 90 gozó de una buena
posición en los medios mientras periodistas adversos al régimen de Alberto
Fujimori, como Gorriti fueron hostigados por el fujimontesinismo. Sin embargo,
la periodista y su programa Prensa Libre fueron retirados del aire en América
Televisión (canal en el que “El Grupo El Comercio” tiene una alta cuota de
poder) por no alinearse con la candidata Fujimori. Y no era el caso de que la
mencionada periodista se haya convertido al izquierdismo o al humalismo, pues
sus críticas al programa de Gana Perú fueron fuertes. Ella simplemente mantuvo
si independencia. Un tercer caso es el de Jaime Bayly, quien fue contratado
expresamente por América Televisión para demoler la candidatura de Ollanta
Humala, teniendo en cuenta que consiguió mellar profundamente la candidatura de
Flores a la alcaldía, pero como en esta segunda oportunidad era evidende que lo
que Bayly hacía tenía una motivación pecuniaria más que una convicción política
y/o moral, la estrategia no surtió efecto, pues el rating de su programa era
bastante bajo.
[2] En relación al autoritarismo en
las escuelas Cf. NUGENT,
Guillermo; El orden tutelar: sobre
las formas de autoridad en América Latina, Lima: Desco, 2010.
[3]
Este fenómeno no sólo
sucede en el Perú, sino que tiene una gran presencia en muchos países del
mundo. Al respecto puede tomarse nota de la retórica del periodista argentino
del The Miami Herald, Andrés Oppenheimer, quien en reiteradas publicaciones
afirma que la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria debe
dirigirse a la instrucción técnica y científica, y alejarse de las humanidades,
especialmente de la historia. Sobre lo pernicioso de esa retórica y del
desmedro de las artes y las humanidades en
la educación Cf. NUSSBAUM, Martha; Sin fines de lucro. Por qué la democracia
necesita de las humanidades, Buenos Aires: Katz Editores, 2010.
[4]
La tendencia, en este
sentido, es a intentar expulsar la discusión política de las universidades a fin
de convertirlas no en un centro de formación política democrática, sino en
lugares de adoctrinamiento político donde no se toleren ideas diferentes a las
fomentadas por los dueños. La universidad deviene en un centro de formación
para la política democrática cuando los estudiantes aprenden a debatir respecto
de ideas políticas y cultivan el debido respeto y tolerancia frente a las ideas
políticas diferentes. En cambio, las universidades devienen en centros de
adoctrinamiento político cuando el debate de ideas es eliminado y los cursos se
orientan a reforzar determinadas creencias políticas. En sintomático que en la
campaña para la primera vuela, el candidato de la Alianza para el Gran Cambio
haya señalado que a las universidades se debe ir para estudiar y no para hacer
política, es decir, que el proyecto político que dicho candidato tenía incluía
el que las universidades peruanas se conviertan en centro de adoctrinamiento
político.
[5]
Al respecto Cf. GAMIO, Gonzalo; Racionalidad y conflicto ético, Lima: CEP, 2007. Además, CAVIGLIA,
Alessandro; Autonomía universitaria y
calidad de la enseñanza en: Revista Educación de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, n° XVI,
Enero-Diciembre 2010.
[6] Cf. PORTOCARRERO, Gonzalo; Profetas
del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso, Lima: PUCP, 2012.
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