Durante
estos días, enmarcados en la conmemoración de los diez años de la presentación
del Informe Final de la CVR, se ha repetido un discurso que vale la pena
analizar y cuestionar. De acuerdo a él, debemos de dejar atrás el relato del
Informe Final de la CVR, y hay que mirar hacia el futuro y no al pasado. Esto
se ha dicho y repetido respecto de la agenda política nacional, señalando que
las circunstancias actuales son diferentes de hace diez años y que los puntos
de la agenda ya no pueden contemplar aquellos planteados por la CVR, o
considerar sólo unos cuantos pero no todos. De otro lado, se ha señalado que
incluso los cursos y la actividad en Derechos Humanos deberían desembarazarse
de la CVR, dejar de mirar el pasado y dirigirse hacia el futuro.
Estas
visiones, que provienen en su mayoría de la ciencia política, el derecho y los
políticos de derecha, consideran que dos temas centrales de la CVR pueden
relativizarse a tal grado que eventualmente se podrían ser dejados de lado. El
primero de estos temas es el de la justicia, tanto distributiva, como cultural
o vinculada al reconocimiento del otro, y la justicia relativa a la
representación política legitimada. El segundo lo constituye la memoria como
elemento central para la constitución de un proyecto político compartido.
Sospecho que ambos puntos quieren ser dejados de lado por una derecha
inflamada y dominante en este país, pues
los dos cuestionan su posición de influencia.
El
tema de la justicia se considera que ha quedado fuera debido al crecimiento
económico y la reducción de la pobreza. Pero la reducción de la pobreza no
significa la disminución de las desigualdades económicas. Pero además, y esto
es más importante, la justicia no puede entenderse sólo bajo los parámetros de
la economía neoclásica impuesta por la política conservadora de los defensores
del neoliberalismo económico. La justicia debe incluir un aspecto político que
suponga la posibilidad de ser copartícipes de la toma de decisiones. Ello supone
el reconocimiento social y político de las minorías y mayorías culturales y
sexuales. Dicho reconocimiento supone dejar utilizar los medios de presión y
engaño para imponer proyectos empresariales en territorio de las comunidades
amazónicas, por ejemplo. Pero además, es necesario potenciar la justicia que
significa la representación política debida y enfocar los esfuerzos en mejorar
la educación puesto que mejorándola los ciudadanos podrán entender mejor las
consecuencias de sus opciones políticas, además de poder participar de manera
más efectiva en la política local y nacional.
El
otro punto, a saber, el de la memoria, ha sido acentuado por Salomón Lerner
Febres en estos días. Lerner señala que la memora, tanto para una persona como
para un país, es indispensable para articular un proyecto de vida o un proyecto
político. Un individuo sin memoria no solamente es proclive a repetir los
errores del pasado, sino que no está en condiciones de enlazar sus acciones
pasadas con las presentes y no puede construir un proyecto de vida hacia el
futuro. Sin memoria, estaría comenzando siempre de nuevo, de la nada y tendría
una vida carente de sentido. Lo mismo sucede en un país en el cual se decide
dar la espalda al pasado y vivir sin memoria. No conseguiría articular un
proyecto político nacional.
Pero
uno de los aspectos que ha sido combatido con mayor fuerza en este país durante
los últimos diez años ha sido el de la memoria, por dos razones: 1) los
sectores hegemónicos no quieren reconocer su responsabilidad respecto de lo
sucedido y 2) estos mismos sectores no quieren que se articule un proyecto
nacional que compita con su proyecto particular. Se prefiere un país
fragmentado porque en él se podrán satisfacer sin resistencia las exigencias y
necesidades de estos sectores. Pero esta estrategia es limitada en su mirada y
alcance. No permite que se genere el aprendizaje necesario para que el pasado
no se repita, sino que no permite mirar hacia el futuro como un horizonte en el
cual todos nos podamos sentir reconocidos y con el que nos podamos comprometer.
Lo que ha quedado claro, o debería quedar claro en este país, es que a raíz de
la experiencia del conflicto armado interno de la década de los 80 y 90 la
secuencia de regímenes autoritarios no puede seguir reproduciéndose en el
futuro. Los autoritarismos que prendieron las décadas de los 80 y 90 tuvieron
consecuencias tan devastadoras que debería
instaurarse en la conciencia de los peruanos que debemos detener esos
procesos que hacen que el fantasma del autoritarismo vuele sobre las aguas. Por
ello es importante darle un sentido claro a la educación en el Perú.
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