El 28 del presente se cumplen los
diez años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación. Se trata de una fecha de suma importancia por varias razones,
entre las que podría destacar tres: a) lo que el conflicto armado interno de la
década de los 80 y 90 significó en este país b) por el valor del Informe y c)
por el lugar que el Informe tiene en la agenda política nacional.
El
conflicto armado interno
El
conflicto armado interno que sufrió el Perú entre las dos últimas décadas fue,
sin lugar a dudas, el más intenso y traumático que hemos vivido en toda nuestra
vida republicana. Ni siquiera la crisis que significó la Guerra con Chile tuvo
tal magnitud de daño. La Guerra con Chile nos dejó activos interesantes, como
los discursos de Gonzales Prada y la conciencia de la necesidad de refundar la
República. Los veinte años de conflicto armado interno nos dejó también un activo
que debemos tener en cuenta: el Informe Final de la CVR. La necesidad de
refundar nuevamente la República Democrática brota de esta experiencia
traumática.
Pero
el conflicto armado interno no sólo tiene su significado en la tarea política
que deja, sino en la exigencia de hacer justicia y de reconocer a las víctimas.
La constitución de la CVR se encuentra en este contexto. Ella se instituye como
la necesidad de alcanzar un relato sobre el conflicto que permita hacer justicia
y llevar adelante el reconocimiento de las víctimas. El reconocimiento de que
hubo en este país un conflicto armado interno y que dejó cuantiosas víctimas es
necesario para no bar la espalda a lo que vivieron decenas de miles de personas.
Pero durante estos últimos diez años se ha procurado señalar que: a) no se
trató de un “conflicto armado interno” y b) que las cifras que se consignan en
el Informe son falsas. La cuestión del término “conflicto armado interno”
volvió a repetirse hace unas semanas en la discusión sobre las “Rutas de la
Memoria” en el seno de la Municipalidad de Lima. En ese contexto, algunos
regidores pepecistas reactivaron el argumento según el cual lo que ocurrió aquí
no fue un conflicto armado interno, sino acciones demenciales de grupos
terroristas frente a las cuales la sociedad y el Estado peruanos respondieron
juntos. Esta manera de percibir lo que sucedió en este país trata de encubrir
de manera política que la población civil se encontraba entre Sendero Luminoso
y el MRTA, de una parte, y las FF.AA. de otra. Es decir, la población,
especialmente en el interior del país, sufrió los embates de los grupos
terroristas y de las FF.AA. Es por ello que el Informe consigna que las FF.AA.
tuvieron en algunos momentos y lugares específicos una política sistemática de
violación de derechos humanos. Todo esto no quita que miembros de dichas
fuerzas hayan sido también víctimas de la violencia y que muchos efectivos
hayan tenido un comportamiento a la altura de las circunstancias.
La
cuestión referente a las cifras de las víctimas ha sido también atacada durante
los últimos diez años. Desde el absurdo pedido de Rafael Rey, de que se
publicaran los DNI de las víctimas, sabiendo que en esa zona muchas personas no
contaban con documentos y que los niños tampoco; hasta informes como el
aparecido en el último Hildebrandt en sus
trece, que señala que el grupo de trabajo de la CVR infló las cifras
utilizando métodos estadísticos dudosos. Lo cierto es que la CVR procedió de
acuerdo a los métodos estadísticos que la ONU recomienda y que han sido usados
en otras experiencias de conflicto como en Kósovo.
Valor
del Informe
El Informe
Final de la CVR tiene un valor en sí mismo. Se trata de un relato muy completo
y que da cuenta de lo sucedido en esos años. El relato se teje con un conjunto
de elementos que incluyen los testimonios de los afectados, afectados que
provienen de diferentes sectores e instituciones de la sociedad. El Informe es considerado, a nivel
internacional, como uno de los más
completos en su género. Ciertamente, puede ser perfectible y mejorado. Pero lo
que se ha procedido a hacer desde la presentación del Informe ha sido
descalificarlo radicalmente, inclusive sin haber leído sus partes centrales.
Esa reacción
proveniente de varios sectores políticos era de preverse, puesto que el trabajo
cuestiona el actuar de muchos líderes y agrupaciones políticas durante los años
80 y 90. En este contexto, el ataque al monumento “El ojo que llora” situado en
el Campo de Marte por parte de hordas fujimoristas no fue ninguna casualidad. O
la amedrentacion a algunos miembros de la Comisión, como es el caso de las
amenazas de muerte contra Salomón Lerner Febres. El trabajo de la Comisión y el
mismo Informe iba en contra de los intereses de muchos grupos, razón por la
cual se trató de descalificar en su conjunto, y no discutir sus partes.
Por su valor,
la información del Informe iba a ser incluida en los textos escolares durante
el gobierno de Alejandro Toledo, pero al llegar el gobierno aprista el proyecto
fue abortado. La finalidad era que las nuevas generaciones tengan conocimiento
de lo sucedido y no se vuelva a repetir que la prédica de Sendero Luminoso
ganase adeptos. Ello hubiera quitado fuerza al MOVADEF y a los grupos afines a
SL que están operando en la actualidad.
El
lugar del Informe en la agenda política nacional
Hace unas
semanas Martín Tanaka publicó artículo en el diario La República (http://www.larepublica.pe/columnistas/virtu-e-fortuna/cvr-10-17-08-2013)
en
el que presenta su balance de los diez años del Informe. Bajo el título “CVR +
10” el texto llega a una sorprendente conclusión. Hablando de las
recomendaciones del Informe señala que la agenda política actual en el Perú
ya no puede conectarse con el Informe:
Mantener vivo el “espíritu” de la CVR implica pensar en una
nueva agenda, que no es más la del propio Informe, y también desarrollar y
ampliar su narrativa, de manera que sea más incluyente y no patrimonio de un
pequeño círculo de activistas.
Lo
que Tanaka está defendiendo es la ya popular tesis de “la CVR ya fue”,
defendida incluso por algunos grupos de derechos humanos. Ello supone afirmas
que el Informe ya no tiene relevancia para la política actual en el Perú. El
argumento de Tanaka incluye una consideración, también sorprendente: puesto que
las recomendaciones del Informe nos colocan una valla tan alta, es mejor
desentendernos del mismo. Las recomendaciones exigen combatir a la pobreza y
las desigualdades, acabar con la discriminación étnica, racial y de la mujer,
entre otras cosas como el fortalecimiento de la democracia. El argumento de
Tanaka es que como estos objetivos son muy difíciles de lograr deberíamos de
abandonarlos. El argumento parece insinuar que basar la agenda política
nacional en las recomendaciones de la CVR, y en especialmente en combatir esos
males sería como basarla en ficciones que no vamos a poder alcanzar, por lo
tanto debemos colocar otros temas en la agenda.
Gonzalo
Gamio publicó un post que se llama “Ficciones que valen la pena” (http://gonzalogamio.blogspot.com/2008/07/ficciones-que-valen-la-pena.html)
con
el que estoy completamente de acuerdo. Si la justicia y el reconocimiento que
exige el trabajo de la CVR son ficciones, creo que ellas valen la pena y deben
ser incluidas en la agenda política constituyéndose en su centro. Lo mismo respecto con el fortalecimiento de
la democracia en este país. Tal vez algunos científicos políticos y sociólogos
prefieran dejar fuera las ficciones y los ideales. Tal vez denostar de los
ideales y las ficciones les pueda dar “caché” y pueda hacer que coincidan con
políticas conservadoras tan amadas entre nosotros. Tal vez escuchar a los
filósofos y sus propuestas cause vergüenza entre las personas que se consideran
prácticas, eficaces y exitosas (algo que ya Kant había notado en el siglo
XVIII). Pero lo que está en juego es más que la posición de algunos sobre la
palestra o los intereses políticos de los grupos de poder. Es por ello que hay
que defender la agenda que brota de la CVR y su Informe Final.
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