Derecho y política: el caso del fallo Villastein

El sonado y bochornoso caso del fallo Villastein pose sobre la mesa del debate la conexión entre derecho y política. El caso ha sido bochornoso por dos razones: por el fallo mismo y por la actuación del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la discusión que ha generado se enfocó, en gran medida,  en el análisis jurídico-técnico, en la denuncia de lo bochornoso del fallo mismo y el de la vergüenza ajena que se siente a causa de la actuación del Estado ante la instancia internacional. Además, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y unos contados periodistas cuestionaron acertadamente la intención política del fallo.

            El fallo tuvo, efectivamente, una intención político-partidaria clara: la de beneficiar a los integrantes del Grupo Colina y apuntalar en dirección de la agenda política del fujimorismo. Además, éste mostró un objetivo adicional: combatir las fuerzas de lo que el mismo Villastein denominó “los caviares”, y es más, utilizó ese término para referirse a algunos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de entrada sospechoso que un magistrado se refiera a un grupo de actores políticos por medio de un término despectivo utilizado por la DBA. Ese detalle se presta a la presunción de que dicho magistrado de encuentra vinculado ideológicamente con las ideas de ese grupo radical. Una cosa es que un juez pueda tener una posición política determinada, y que procure que ello no interfiera en su función, y otra cosa es que sus manifestaciones públicas y en el contenido de sus fallos utilice los términos que un sector político utiliza para desacreditar a otro grupo. Ello lo acerca a la complicidad.

            Pero existe un aspecto de fenómeno que ha sacado a la luz el caso Villastein. La conexión entre derecho y política tiene dos caras, una perniciosa y otra saludable. La cara perniciosa está representada por el uso de los mecanismos legales para hacer política partidaria, en cambio, la saludable cosiste en conectar el sistema jurídico con el resto de instituciones políticas de la sociedad democrática. La penetración del positivismo jurídico no permite a los juristas y abogados percibir con claridad la necesidad de esa saludable conexión. Hay que precisar dos cosas en este punto. Primero, algunos operadores del derecho asumen ingenuamente la tesis positivista de la desconexión entre derecho y política (entendiendo política en sentido de la articulación del sistema democrático), en cambio, otros lo hacen adrede con la finalidad de imponer sus opciones políticas partidarias en la aplicación de justicia. En segundo lugar, cuando me refiero a la dimensión saludable de la conexión entre derecho y política, tal como la he definido, no me refiero a que es recomendable, sino que es de imperiosa necesidad si es que queremos robustecer las instituciones de nuestra precaria democracia.

            La conexión saludable entre derecho y política ha sido visualizada con claridad por John Rawls en su libro liberalismo político. Esto supone concebir una sociedad democrática no sólo como regida por un régimen político que se compromete con la elección popular de los representantes en el gobierno, con la alternancia en el poder y con la separación de los poderes del Estado. Una sociedad democrática representa, prima face, la articulación de un conjunto de creencias políticas acrisoladas por la experiencia histórica, como son el rechazo a la esclavitud, la defensa de la libertad y autonomía ciudadana, el compromiso con los derechos fundamentales, la consideración especial para con los menos favorecidos dentro de la sociedad, entre otras. Dicha articulación se cristaliza en las instituciones de la sociedad y del Estado, como la escuela y los poderes del Estado, razón por la cual dichas instituciones no pueden desvincularse entre sí.

La pretensión positivista es que las instituciones de administración de justicia deben desvincularte del resto de instituciones de la sociedad democrática, ello en nombre de la cientificidad y la imparcialidad del derecho. Tal concepción del derecho termina por debilitar a la democracia. El polémico fallo Villastein es una muestra palpable de ello, pues éste muestra fehacientemente que la administración de justicia à la positivista tiene un doble juego nefasto: la exclusión de consideraciones políticas democráticas y la inclusión de consideraciones políticas partidarias. Esto abre las puertas a que los magistrados utilicen partidariamente su posición de ventaja.  Este vicio del positivismo jurídico, dominante en la formación de los abogados, trajo como resultado el que muchos de ellos consideraban conforme a derecho el fallo Villastein, y que después, en vistas a la reacción mediática, cambiara de parecer. Este gran punto ciego es muy peligroso, espacialmente en un país como el nuestro en el que los radicalismos de derecha e izquierda están asechando constantemente nuestra débil democracia.