A LOS DIEZ AÑOS DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA CVR

        El 28 del presente se cumplen los diez años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se trata de una fecha de suma importancia por varias razones, entre las que podría destacar tres: a) lo que el conflicto armado interno de la década de los 80 y 90 significó en este país b) por el valor del Informe y c) por el lugar que el Informe tiene en la agenda política nacional.

     El conflicto armado interno

            El conflicto armado interno que sufrió el Perú entre las dos últimas décadas fue, sin lugar a dudas, el más intenso y traumático que hemos vivido en toda nuestra vida republicana. Ni siquiera la crisis que significó la Guerra con Chile tuvo tal magnitud de daño. La Guerra con Chile nos dejó activos interesantes, como los discursos de Gonzales Prada y la conciencia de la necesidad de refundar la República. Los veinte años de conflicto armado interno nos dejó también un activo que debemos tener en cuenta: el Informe Final de la CVR. La necesidad de refundar nuevamente la República Democrática brota de esta experiencia traumática.

            Pero el conflicto armado interno no sólo tiene su significado en la tarea política que deja, sino en la exigencia de hacer justicia y de reconocer a las víctimas. La constitución de la CVR se encuentra en este contexto. Ella se instituye como la necesidad de alcanzar un relato sobre el conflicto que permita hacer justicia y llevar adelante el reconocimiento de las víctimas. El reconocimiento de que hubo en este país un conflicto armado interno y que dejó cuantiosas víctimas es necesario para no bar la espalda a lo que vivieron decenas de miles de personas. Pero durante estos últimos diez años se ha procurado señalar que: a) no se trató de un “conflicto armado interno” y b) que las cifras que se consignan en el Informe son falsas. La cuestión del término “conflicto armado interno” volvió a repetirse hace unas semanas en la discusión sobre las “Rutas de la Memoria” en el seno de la Municipalidad de Lima. En ese contexto, algunos regidores pepecistas reactivaron el argumento según el cual lo que ocurrió aquí no fue un conflicto armado interno, sino acciones demenciales de grupos terroristas frente a las cuales la sociedad y el Estado peruanos respondieron juntos. Esta manera de percibir lo que sucedió en este país trata de encubrir de manera política que la población civil se encontraba entre Sendero Luminoso y el MRTA, de una parte, y las FF.AA. de otra. Es decir, la población, especialmente en el interior del país, sufrió los embates de los grupos terroristas y de las FF.AA. Es por ello que el Informe consigna que las FF.AA. tuvieron en algunos momentos y lugares específicos una política sistemática de violación de derechos humanos. Todo esto no quita que miembros de dichas fuerzas hayan sido también víctimas de la violencia y que muchos efectivos hayan tenido un comportamiento a la altura de las circunstancias.

            La cuestión referente a las cifras de las víctimas ha sido también atacada durante los últimos diez años. Desde el absurdo pedido de Rafael Rey, de que se publicaran los DNI de las víctimas, sabiendo que en esa zona muchas personas no contaban con documentos y que los niños tampoco; hasta informes como el aparecido en el último Hildebrandt en sus trece, que señala que el grupo de trabajo de la CVR infló las cifras utilizando métodos estadísticos dudosos. Lo cierto es que la CVR procedió de acuerdo a los métodos estadísticos que la ONU recomienda y que han sido usados en otras experiencias de conflicto como en Kósovo.

           

       Valor del Informe

El Informe Final de la CVR tiene un valor en sí mismo. Se trata de un relato muy completo y que da cuenta de lo sucedido en esos años. El relato se teje con un conjunto de elementos que incluyen los testimonios de los afectados, afectados que provienen de diferentes sectores e instituciones  de la sociedad.  El Informe es considerado, a nivel internacional,  como uno de los más completos en su género. Ciertamente, puede ser perfectible y mejorado. Pero lo que se ha procedido a hacer desde la presentación del Informe ha sido descalificarlo radicalmente, inclusive sin haber leído sus partes centrales.

Esa reacción proveniente de varios sectores políticos era de preverse, puesto que el trabajo cuestiona el actuar de muchos líderes y agrupaciones políticas durante los años 80 y 90. En este contexto, el ataque al monumento “El ojo que llora” situado en el Campo de Marte por parte de hordas fujimoristas no fue ninguna casualidad. O la amedrentacion a algunos miembros de la Comisión, como es el caso de las amenazas de muerte contra Salomón Lerner Febres. El trabajo de la Comisión y el mismo Informe iba en contra de los intereses de muchos grupos, razón por la cual se trató de descalificar en su conjunto, y no discutir sus partes.

Por su valor, la información del Informe iba a ser incluida en los textos escolares durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero al llegar el gobierno aprista el proyecto fue abortado. La finalidad era que las nuevas generaciones tengan conocimiento de lo sucedido y no se vuelva a repetir que la prédica de Sendero Luminoso ganase adeptos. Ello hubiera quitado fuerza al MOVADEF y a los grupos afines a SL que están operando en la actualidad.

El lugar del Informe en la agenda política nacional   

Hace unas semanas Martín Tanaka publicó artículo en el diario La República (http://www.larepublica.pe/columnistas/virtu-e-fortuna/cvr-10-17-08-2013) en el que presenta su balance de los diez años del Informe. Bajo el título “CVR + 10” el texto llega a una sorprendente conclusión. Hablando de las recomendaciones del Informe señala que la agenda política actual en el Perú ya  no puede conectarse con el Informe:

Mantener vivo el “espíritu” de la CVR implica pensar en una nueva agenda, que no es más la del propio Informe, y también desarrollar y ampliar su narrativa, de manera que sea más incluyente y no patrimonio de un pequeño círculo de activistas.

Lo que Tanaka está defendiendo es la ya popular tesis de “la CVR ya fue”, defendida incluso por algunos grupos de derechos humanos. Ello supone afirmas que el Informe ya no tiene relevancia para la política actual en el Perú. El argumento de Tanaka incluye una consideración, también sorprendente: puesto que las recomendaciones del Informe nos colocan una valla tan alta, es mejor desentendernos del mismo. Las recomendaciones exigen combatir a la pobreza y las desigualdades, acabar con la discriminación étnica, racial y de la mujer, entre otras cosas como el fortalecimiento de la democracia. El argumento de Tanaka es que como estos objetivos son muy difíciles de lograr deberíamos de abandonarlos. El argumento parece insinuar que basar la agenda política nacional en las recomendaciones de la CVR, y en especialmente en combatir esos males sería como basarla en ficciones que no vamos a poder alcanzar, por lo tanto debemos colocar otros temas en la agenda.

Gonzalo Gamio publicó un post que se llama “Ficciones que valen la pena” (http://gonzalogamio.blogspot.com/2008/07/ficciones-que-valen-la-pena.html) con el que estoy completamente de acuerdo. Si la justicia y el reconocimiento que exige el trabajo de la CVR son ficciones, creo que ellas valen la pena y deben ser incluidas en la agenda política constituyéndose en su centro.  Lo mismo respecto con el fortalecimiento de la democracia en este país. Tal vez algunos científicos políticos y sociólogos prefieran dejar fuera las ficciones y los ideales. Tal vez denostar de los ideales y las ficciones les pueda dar “caché” y pueda hacer que coincidan con políticas conservadoras tan amadas entre nosotros. Tal vez escuchar a los filósofos y sus propuestas cause vergüenza entre las personas que se consideran prácticas, eficaces y exitosas (algo que ya Kant había notado en el siglo XVIII). Pero lo que está en juego es más que la posición de algunos sobre la palestra o los intereses políticos de los grupos de poder. Es por ello que hay que defender la agenda que brota de la CVR y su Informe Final. 

FILOSOFÍA DEL DERECHO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

            La argumentación jurídica es una herramienta muy antigua en la actividad del derecho. Jueces, legisladores y abogados se han visto constantemente forzados a argumentar en sus sentencias, leyes y alegatos. La argumentación siempre ha estado presente en la actividad jurídica desde antiguo, pues es propio de ésta el que los actores pretendan convencer, persuadir y ganarse la aprobación y legitimidad para sus pretensiones. Pero la argumentación a la que todos ellos han recurrido desde un siempre ha tenido una filosofía del derecho de trasfondo. En los últimos años se han hecho esfuerzos para explicitar las ideas filosóficas que se encuentran detrás de la argumentación jurídica.

            Esto se ha debido a que el contexto de fortalecimiento de la democracia liberal en muchos países ha llevado al derecho a afinar sus herramientas de argumentación. De esta manera, el derecho inserto en una sociedad democrática liberal ha traído consigo la necesidad de pulir y verificar sus medios de argumentación para encontrarse legitimado democráticamente. En este contexto ha surgido la llamada “Teoría de la argumentación jurídica”, y la misma argumentación jurídica como un tema de estudio reciente en el derecho. Es natural que muchos abogados, juristas y jueces no se encuentren familiarizados con las ideas que la argumentación jurídica está desarrollando en estos años, pues cuando se formaron en sus respectivas Facultades de Derecho no se hablaba de este tema tal como se hace hoy en día. Estas páginas tiene como objetivo aclarar qué se entiende por argumentación jurídica para que personas que no tiene mucha idea al respecto pueda tener una primera aproximación.

            La argumentación jurídica, tal como la entendemos hoy en día, está conectada con una filosofía del derecho que, como ya hemos señalado, le sirve como trasfondo. No podremos comprender a cabalidad lo que es ésta si no entendemos la filosofía del derecho que le sirve de base. El error de mucho de los que tratan sobre el tema consiste en que desconectan la argumentación jurídica contemporánea de la filosofía del derecho que le da significado. Con esta desconexión lo que hacen es convertir a la argumentación jurídica en una herramienta técnica que carece de orientación y finalidad, cuando en realidad se trata de una práctica jurídica que tiene una orientación y finalidad específica: el servir como una práctica jurídica en el contexto de una sociedad democrática y liberal. Es por ello que la argumentación jurídica de encuentra conectada con una política democrática liberal.

Entiendo que los abogados acusen de “hereje” a quien considere que el derecho y la argumentación jurídica se encuentran conectados con la política. Esta reacción es comprensible si tenemos en cuenta el hecho de que muchos abogados (me atrevería a decir, la mayoría) han sido formados en escuelas en las que los dogmas del positivismo jurídico de Kelsen y de Hart eran tomados como verdades absolutas e incuestionables. Dichos dogmas fueron asumidos con la pasión de un dogmatismo intransigente. Y uno de los dogmas del positivismo jurídico, desde John Austin en el siglo XIX, ha sido el que el derecho, para ser ciencia, debe tomar distancia de todo componente ideológico, como la política, la moral, e incluso de la justicia.  Esta posición radical respecto de la pureza del derecho ha sido repetida de manera irreflexiva por décadas en las escuelas de derecho, a pesar de que ha mostrado en varias oportunidades sus falencias. Uno de los momentos más claros fue durante El juicio de Núremberg, en el cual los generales nazis fueron sentados en el banquillo de los acusados por los crímenes que cometieron durante la guerra, especialmente contra los judíos, los gitanos y los homosexuales. Los generales nazis señalaron que ellos actuaron de acuerdo al derecho positivo que regía en el III Reicht, de manera que acusaron una y otra vez el hecho de que el juicio era político y no jurídico, es decir, que representaba la represalia que los vencedores estaban propinando a los vencidos. Con ello lo que saltaba a luz es que el paradigma del positivismo jurídico se había agotado.

Si nos desembarazamos del dogma positivista que exige la separación del derecho y la política, y abandonamos la hipocresía de la “neutralidad” del derecho, podemos ganar para nuestra reflexión la idea según la cual el derecho (como práctica y como instituciones) se encuentra inserto en la política. La relación entre el derecho y la política no es la de dos ámbitos desconectados, como cajones uno al lado del otro, sino como círculos concéntricos, uno dentro del otro. Así, el derecho es es representado por el círculo que está dentro de un círculo mayor, que es la política. Ahora bien, la política de la que se trata aquí es la política liberal y democrática, es decir, aquella actividad política que inspira el proyecto de articulación y de fortalecimiento de las sociedades democráticas y liberales contemporáneas. La filosofía del derecho explora estas ideas el conocida como “Liberalismo Político”.  ¿Había oído hablar de ella antes? Se trata del trasfondo filosófico sobre el que se levanta la argumentación jurídica tal como la conocemos actualmente.  El liberalismo político concibe el derecho como una práctica inserta en una sociedad democrática y liberal, y piensa las  instituciones jurídicas como articuladas con el resto de instituciones de la sociedad democrática y liberal. La articulación misma es de carácter político, pero respecto de ello trataremos a su debido tiempo.

En consecuencia, la argumentación jurídica es el tipo de argumentación que se desarrolla en la práctica del derecho dentro de instituciones de una sociedad democrática y liberal, donde las mismas instituciones jurídicas se encuentran conectadas con las instituciones políticas de la sociedad. 

LA RUTA DE LA MENORIA Y EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

            El Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, informe que este año cumple una década de su presentación pública y respaldo del Estado, utilizando la terminología presente en los documentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha calificado lo que vivimos en el Perú durante las décadas de los 80 y 90 como “conflicto armado interno”.  La elección de dicho término no fue ni arbitraria ni ideológica, sino porque así lo indican los varios Convenios de Ginebra, en sus artículos 3. Dichos Convenios distinguen dos categorías, no más: a) los Conflictos Armados Internacionales (CAI) y b) los Conflictos Armados No Internacionales (CANI).

            Además, dicha terminología describe lo que sucedió en este país. De una parte se encontraban los grupos terroristas, de otro lado, las FF.AA. y en medio de ambas se encontraba la población. No sucedió lo que Crespo y el MOVADEF señalan, que se trató de una Guerra Civil, porque para ello debe haber fraccionamiento de las FF.AA. Ni Sendero Luminoso ni el MRTA consiguieron que parte de ellas se uniese a sus huestes. Pero tampoco sucedió que se trataba de un enfrentamiento en la que había sólo dos partes, los terroristas, de una, y las FF.AA. junto con la  población, por otra. Los testimonios de muchos involucrados en el conflicto desmiente esa versión que la extrema derecha quiere popularizar. Claro que no se trata de testimonios recogidos en Miraflores o San Isidro, sino en Ayacucho o en otras zonas del interior del país.

            De esta manera, el término “Conflicto Armado Interno”, utilizado por la CVR en su Informe Final se encuentra plenamente justificado. Ahora bien, sucede que el 7 de agosto del presente se produjo un debate acalorado sobre este término en la Municipalidad de Lima.  El debate tuvo como centro el proyecto propuesto por la alcaldesa de organizar un circuito de visitas a lugares de la ciudad de Lima en los cuales se había vivido el conflicto durante las dos últimas décadas del siglo pasado, llamado “Rutas de la Memoria”. El evento se inscribe dentro de las actividades de los diez años de la entrega del Informe Final de la CVR.  Esta iniciativa generó la airada respuesta de algunos regidores del PPC, precisamente, Alfredo Lozada, Jaime Salinas y Jorge Villena. Los argumentos de estos regidores del PPC se centraron en tres temas: 1) El proyecto “Rutas de la Memoria” era un paseo turístico, 2) el término “Conflicto Armado Interno” es una herramienta ideológica de los supuestos  “comunistas redactores de la CVR y defensores de los terroristas” y 3) el Informe Final de la CVR no debe ser tomado en cuenta ni debatido por que, según los regidores del mapa “no necesitan que nadie les cuente lo que han vivido.

            El primer argumento es tan débil que se cae por su propio peso. Es claro que se presento para banalizar el proyecto. El segundo es cuestionable si se tiene en cuenta la terminología estándar  utilizada en el DIH. Y el tercero es tan burdo como decir que una persona que sufrió, como población civil afectada, los daños de la Segunda Guerra Mundial puede tener un punto de vista más claro del que se puede conseguir por medio de la investigación histórica. Lo que queda claro es que a Lozada, Salinas y Villena no les interesan los argumentos, sino desacreditar el trabajo de la CVR. Sus intervenciones no presentan una búsqueda decidida de esclarecer el juicio de los regidores respecto del tema. Es lamentable que el PPC tome estas actitudes respecto del Informe Final. Felizmente Lourdes Flores Nano hizo declaraciones que buscaban poner paños fríos en el debate. Lo mejor que puede hacer el PPC, y esto lo entienda tal vez Lourdes y otros más, pero  no todos sus representantes, es deslindar de la derecha radical de este país.

            Dejo el link de la sesión, para que puedan ver las intervenciones

 http://lamula.pe/2013/08/08/la-mala-memoria-de-los-regidores-del-ppc/javierto/

UN PRESIDENTE VACIADO DE SUEÑOS

            Una apreciación en la que Rosa María Palacios y César Hildebrandt  han con coincidido es que el presidente Humala se encuentra vacío de sueños. No puede ofrecer al país un proyecto o un sueño, sino que más bien lo que está haciendo es decirle a la gente en este país que todo va a seguir igual. La explicación de Hildebrandt parece ser sensata cuando afirma que ello se debe a que ingresó al gobierno con un proyecto al cual tuvo que renunciar por la presión de los poderes fácticos. Siendo formado en los ideales del Etnocacerismo, ahora nos encontramos ante una persona vaciado de espíritu. No propiamente un fantasma, sino un cadáver.

            Frente a ello, la derecha neoliberal y radical ha impuesto su proyecto sectario a diestra y siniestra. Se trata de un proyecto pensado no para todo el país, sino para fortalecer las posiciones. La oposición a ese proyecto sectario casi no encuentra oposición. El Frente Amplio todavía necesita consolidarse y la derecha se siente cómoda hablando y analizando a la izquierda porque la siente inofensiva. Y cuando la izquierda se le asusta, tiene la estrategia perfecta: asociarla con MOVADEF-SL. Esta nunca falla. El discurso de la derecha se convierte en lo siguiente: si no estás de acuerdo con nuestro proyectos es porque eres cercano a Sendero Luminoso (es decir, violentista) o eres Caviar (es decir, hipócrita). Y si los jóvenes salen a la calle a protestar, dan marcha atrás (como en el caso del TC), o corren la volada de que en la manifestación se ha infiltrado el MOVADEF o deciden no decir nada al respecto (como Humala en 28/7).

            Ahora, uno de los terrenos que la derecha quiere conquistar es la educación. La educación privada ya está capturada por las universidades y colegios empresa, en los que no se forma ciudadanos, sino sujetos funcionales al proyecto de la derecha empresarial (proyecto que no es otro que incorporar todas las esferas de la sociedad al mercado para que el dinero domine).  Ahora, el proyecto se dirige a eliminar la escuela pública y privatizarla en su totalidad. No es casual que Alfredo Bullard haya propuesto eso. De hecho, el proyecto ya está en marcha. El Grupo Interbank está instalando ese proyecto con sus Innova Schools: escuelas a bajo costos, masivos, con buena infraestructura e instalado en zonas populares. La promesa de educación de Innova es de alta calidad, pero en la práctica es de baja calidad, por dos motivos: a) excluye artes y humanidades y b) los salones son masivos (60 alumnos), en los cuales se supone que cada estudiante puede tener un contacto personalizado con el maestro por medio de una laptop  instalada en su carpeta. El sistema no funciona, puesto que los profesores no se encuentran debidamente capacitados. E inclusive, si contasen con profesores calificados y capacitados es imposible que pueda atender las necesidades pedagógicas de 60 alumnos en el aula. De tal manera que no se trata de una educación personalizada en ningún sentido del término.

            Pero el hecho es que el proyecto de privatización de la escuela pública está en marcha. Innova Schools es un piloto y el discurso de Bullard es la ideología que lo justifica. Si el presidente Humala carece de un  sueño, la derecha neoliberal sí tiene un proyecto propio para poder expandir sus intereses  particulares y hacerlos pasas por generales.