El
Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, informe que este
año cumple una década de su presentación pública y respaldo del Estado, utilizando
la terminología presente en los documentos del Derecho Internacional
Humanitario (DIH) ha calificado lo que vivimos en el Perú durante las décadas
de los 80 y 90 como “conflicto armado interno”.
La elección de dicho término no fue ni arbitraria ni ideológica, sino
porque así lo indican los varios Convenios de Ginebra, en sus artículos 3.
Dichos Convenios distinguen dos categorías, no más: a) los Conflictos Armados
Internacionales (CAI) y b) los Conflictos Armados No Internacionales (CANI).
Además,
dicha terminología describe lo que sucedió en este país. De una parte se
encontraban los grupos terroristas, de otro lado, las FF.AA. y en medio de ambas
se encontraba la población. No sucedió lo que Crespo y el MOVADEF señalan, que
se trató de una Guerra Civil, porque para ello debe haber fraccionamiento de
las FF.AA. Ni Sendero Luminoso ni el MRTA consiguieron que parte de ellas se
uniese a sus huestes. Pero tampoco sucedió que se trataba de un enfrentamiento
en la que había sólo dos partes, los terroristas, de una, y las FF.AA. junto
con la población, por otra. Los testimonios
de muchos involucrados en el conflicto desmiente esa versión que la extrema
derecha quiere popularizar. Claro que no se trata de testimonios recogidos en
Miraflores o San Isidro, sino en Ayacucho o en otras zonas del interior del
país.
De
esta manera, el término “Conflicto Armado Interno”, utilizado por la CVR en su
Informe Final se encuentra plenamente justificado. Ahora bien, sucede que el 7
de agosto del presente se produjo un debate acalorado sobre este término en la
Municipalidad de Lima. El debate tuvo
como centro el proyecto propuesto por la alcaldesa de organizar un circuito de
visitas a lugares de la ciudad de Lima en los cuales se había vivido el
conflicto durante las dos últimas décadas del siglo pasado, llamado “Rutas de
la Memoria”. El evento se inscribe dentro de las actividades de los diez años
de la entrega del Informe Final de la CVR. Esta iniciativa generó la airada respuesta de algunos
regidores del PPC, precisamente, Alfredo Lozada, Jaime Salinas y Jorge Villena.
Los argumentos de estos regidores del PPC se centraron en tres temas: 1) El
proyecto “Rutas de la Memoria” era un paseo turístico, 2) el término “Conflicto
Armado Interno” es una herramienta ideológica de los supuestos “comunistas redactores de la CVR y defensores
de los terroristas” y 3) el Informe Final de la CVR no debe ser tomado en
cuenta ni debatido por que, según los regidores del mapa “no necesitan que
nadie les cuente lo que han vivido.
El
primer argumento es tan débil que se cae por su propio peso. Es claro que se
presento para banalizar el proyecto. El segundo es cuestionable si se tiene en
cuenta la terminología estándar utilizada
en el DIH. Y el tercero es tan burdo como decir que una persona que sufrió,
como población civil afectada, los daños de la Segunda Guerra Mundial puede
tener un punto de vista más claro del que se puede conseguir por medio de la
investigación histórica. Lo que queda claro es que a Lozada, Salinas y Villena
no les interesan los argumentos, sino desacreditar el trabajo de la CVR. Sus
intervenciones no presentan una búsqueda decidida de esclarecer el juicio de
los regidores respecto del tema. Es lamentable que el PPC tome estas actitudes
respecto del Informe Final. Felizmente Lourdes Flores Nano hizo declaraciones
que buscaban poner paños fríos en el debate. Lo mejor que puede hacer el PPC, y
esto lo entienda tal vez Lourdes y otros más, pero no todos sus representantes, es deslindar de
la derecha radical de este país.
Dejo
el link de la sesión, para que puedan ver las intervenciones
