¿Le pagarías a tu pareja por cada beso?

¿Le pagarías a tu pareja 10 soles por cada beso que te dé?, ¿le pagarías a tus hijos 15 por lavarse los dientes? ¿Les darías 100 por leer un libro al mes?  La respuesta obvia es no. Y los porque hacerlo sería extraño, va en contra de lo que esperamos en nuestras relaciones con las personas más cercanas. Ello produciría la corrupción moral de nuestras relaciones. Si le pagas a tu pareja por cada beso, llegarás a preguntarte si realmente te ama o lo que le interesa es el dinero. No estarás educando moralmente a tus hijos y tampoco le estarías inculcando hábitos de limpieza y cuidado personal si les pagaras por lavarse los dientes.  El interés económico estaría corroyendo el mundo de tus relaciones humanas  si todo lo obtienes por dinero.

Posiblemente tu no seas tan rico como para lograr pagar todo lo que recibes: afecto, respeto, cariño, reconocimiento. Pero el Estado y el gobierno sí tienen los recursos suficientes para hacerlo. Él cuenta con dinero, con la legislación y con la fuerza pública para conseguir lo que quiere.  Y lo hace con frecuencia. Lo que sucede es que a  veces, al usar sus recursos, corrompe moralmente a los ciudadanos. 

La llamada Ley Pulpin es una de esas formas. El gobierno está "pagando" a los empresarios informales para que se formalicen. Pero lo está haciendo, no utilizando su dinero sino la legislación, para obligar a los jóvenes a que se hagan cargo del pago a los empresarios.  Pudo haberse pensado en otros mecanismos, como incentivos tributarios o simplificación de los trámites de la formalización. Pero en todo caso, la pregunta moral queda en pie: ¿debe el Estado o el gobierno dar incentivos monetarios o legales a los empresarios para que se formalicen?

Se me dirá que el objetivo de la Ley Pulpin es beneficiar a las grandes empresas. De eso, no me cabe duda. Pero incluso, si hacemos un esfuerzo de surrealismo y le creemos al gobierno, la pregunta sigue en pie. Se me dirá, entonces, ¿acaso no es correcto que el Estado y el gobierno otorgue incentivos a los empresarios que no pueden formalizarse?. Lo que ocurre es que resulta poco creíble que todos los informales no cuenten los recursos para hacerlo. Una cosa es no poder y otra no querer porque no me conviene.  ¿Es moralmente legítimo que el Estado y el gobierne ofrezca incentivos a los empresarios informales para que se ajusten a la ley?

Cuando hablamos de corrupción moral de la sociedad, ¿esto no forma parte de ese mal que nos aqueja, del que nos lamentamos? ¿Tiene el Estado y el gobierno otros recursos para lograr la formalización? Para que podamos entendernos, debemos tener en cuenta que formalizarse significa comprometerse con el país, es decir, es es una muestra de civilidad. Cada ciudadano tiene una obligación moral para con el país. Las empresas también lo tienen.  Ello para desde respetar las leyes de tránsito hasta paga sus impuestos porque se entiende que ello fortalece los derechos, la libertades y el bien de todos los ciudadanos. 

Sé que con esto estoy hablando chino para muchos. Pero en otros países las cosas funcionan en ese nivel. Otros Estados ofrecen reconocimientos a buenos  ciudadanos por su compromiso cívico. Eso fortalece la integración social y la conciencia de ciudadanía. En el Perú en compromiso cívico es escaso. Sin embargo, el Estado y el gobierno cree que corrompiendo moralmente a los empresarios van a poder subsanar este déficit moral. Pero, además la Ley Pulpín, como la Ley PYME y la Ley CAS. son inconstitucionales.  Así que estas leyes no sólo tiene problemas constitucionales y sociales, sino también morales. 

Ahora, si cree que estos argumentos morales son irrelevantes, pregúntele a su pareja cuánto le cobraría por un beso. 

Democracia y autoritarismo en el Perú actual (tercera y última parte)

2.2.- El proyecto democrático

           

El proyecto democrático está siendo conducido por un sector pequeño de instituciones, agentes y políticos que se encuentran comprometidos con los derechos humanos y con la justicia social. En principio, este sector puede encontrarse ocupado por grupos moderados de derecha como de izquierda, pero en la práctica, en el espectro político peruano encontramos solamente representantes de la izquierda en este centro democrático. Copiando el término de la política francesa, sus adversarios – haciendo gala de creatividad- han denominado este sector como “Izquierda Caviar”.   Los representantes de este sector se autodenominan de dos maneras diferentes: un grupo se declaran socialista[1], mientras que otro se denominan liberal. Este último grupo ha deslindado por entero con el neoliberalismo económico y se reivindica heredero de la tradición de pensamiento político que proviene de John Locke. Además varios liberales consideran no son de izquierda, ni tampoco de derecha, sino que dicha dicotomía ha desaparecido. Otros, en cambio, se reivindican como liberales de izquierda.

Casi todo este sector ha abandonado la política partidaria y se ha desplazado a las instituciones de la sociedad civil, en ONGs. u otras instituciones. El único grupo que se ha mantenido en la política partidaria es el que lidera Susana Villarán, el partido denominado “Fuerza Social”. Dicho partido ha tenido poca votación las veces que ha participado en elecciones. Al parecer, a este sector democrático no le ha faltado olfato al ubicarse en organizaciones defensoras de derechos humanos o del medioambiente, pues intuyen que les va mejor en el área de la defensa legal que en el área de la política partidaria. En el área de la defensa legal se han caracterizado por comprometerse con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El problema de este sector es que no tiene conexión con la población. La población se conecta más con el neoliberalismo económico, con el radicalismo de derecha, especialmente con la Iglesia de derecha radical y con la izquierda radical.

La población tiene la percepción que la denominada “Izquierda Caviar” es hipócrita, pues supone que defiende la justicia social y sin embargo tiene buenos sueldos. Pero además, se percibe que este grupo tiene un doble discurso: de un lado dicen importarle la suerte de los más desfavorecidos de la sociedad, mientras que de otro lado tiene su mirada puesta en fuera del país. En resumidas cuentas, la población tiene la percepción de que ellos tienen buenos ingresos y no les interesa la suerte del país. Dicha percepción es ciertamente falsa y ha sido promovida, por una parte, por los medios de comunicación, quienes se encuentran comprometidos con el neoliberalismo económico; y de otra parte, la idea de que ser de izquierda y comprometerse con la democracia es una contradicción, idea que ha sido fomentada por la izquierda radical. Pero además ha sido promovida por la presencia que aún tiene el fujimorismo en varias regiones del país. Fuere lo que fuere, parte de la desconexión política que tiene este sector democrático con la población tiene tres motivos centrales: a) la población no confía en ellos, b) la población no está comprometida con sus propios derechos políticos y con la democracia, pues existe una gran tendencia autoritaria en el Perú y c) los representantes del proyecto democrático no han encontrado (y tampoco buscado) un lenguaje adecuado para comunicarse con la población (de hecho, el haberse desplazado a las instituciones de la sociedad civil los ha descargado de la tarea de buscar dicho lenguaje).

3.- Conclusiones

            Políticamente hablando, en el Perú los sectores que tienen actualmente mayor poder son los sectores radicales. Pero entre ellos, quien domina es el sector neoliberal, quien tiene la posibilidad de definir quién puede ser el ganador en las elecciones. Es por ello que no requieren de un golpe de estado o un gobierno de facto –como antaño-, pues mantienen el poder económico suficiente para definir la política de los gobiernos. Además los gobiernos militares ya no pueden adquirir legitimidad en el orden internacional, a menos se instauren –como fue el caso de Honduras recientemente- bajo el pretexto de defender la democracia. Pero la extrema derecha y la extrema izquierda fascistas tiene un gran peso en la política y en los foros universitarios del país.

            Esta situación no es auspiciosa en absoluto para la fortaleza de la democracia en el Perú y para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Cada vez más se está implantando en el Perú un modo autoritario de hacer política y de conducir el gobierno del país. El encarar los problemas sociales que son fruto tanto de la contaminación medioambiental por parte de ciertas mineras irresponsables y la progresiva disolución de las comunidades de la selva a fin de despojarlas de sus territorios; cada vez más, los problemas generados por esas políticas han sido enfrentados a través de la violencia, el desprecio y el insulto racial. La clase política dominante, coaligada con la derecha neoliberal y con la extrema derecha católica están realizando una política de gobierno que no tiene miramientos en ejercer la violencia física y verbal contra la población más afectada, supuestamente en nombre de un proceso civilizatorio que mira a sus adversarios políticos como bárbaros a quienes hay que imponer la verdad del progreso.

            Del otro lado, el radicalismo de izquierda está ganando un espacio, justo gracias a la política de la derecha radical. De una parte, a la derecha radical le interesa que la izquierda radical tenga presencia en la escena política nacional, porque de esa manera tiene la cuartada perfecta para mantener una política de mano dura. Pero, de otro lado, su propia política alimenta el poder y la presencia de las izquierdas radicales, a pesar de que no quisieran que tales grupos tengan tanta fuerza política. La falta de un compromiso real con la democracia y con el fortalecimiento de las instituciones democráticas es algo sumamente peligroso en un país que no ha aprendido suficientemente de su historia reciente, historia marcada por la violencia y el conflicto armado interno. En vistas de ello, es indudable que en el Perú falta fortalecer con urgencia las fuerzas políticas comprometidas con la democracia.  

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[1]  Por ejemplo, Nicolás Lynch Gamero en su libro ¿Qué es ser de izquierda?, del 2005, defiende la idea de que la izquierda democrática es la versión más depurada del socialismo.

Democracia y autoritarismo en el Perú actual (Segunda parte)

2.- Los proyectos políticos en el Perú contemporáneo

         Una de las características fundamentales de la democracia es el ofrecer mecanismos para manejar los conflictos fruto de la diversidad cultural religiosa y moral, de manera pacífica y dentro de la legalidad.  Pero cuando frente a los conflictos  o la simple divergencia de ideas se responde con la violencia, la democracia corre el riesgo de ser cancelada por fuerzas autoritarias.

En el Perú, tanto el autoritarismo y como el racismo son males enquistados en nuestra vida social y política desde su nacimiento como República. Ambos fenómenos se mostraron de manera trágica y explosiva con el surgimiento, en la escena política y social, del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, y el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, que fue un gobierno cívico-militar[1].  Pero, desde décadas anteriores, el autoritarismo se ha convertido en la forma dilecta de las élites para hacer política en el Perú. El racismo había sido una manera solapada de política, que siempre se ha camuflado en formas de marginación social[2].

El debate suscitado en torno a la violencia interna en el Perú durante los años 80 y 90, y el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió identificar dos sectores en la escena política y social nacional que intenta definir el sistema jurídico. El primer sector, que ha desplegado un ataque furibundo contra el Informe Final y contra las recomendaciones que la comisión hizo en dicho documento, apuesta por una política autoritaria. Dichos sectores provienen tanto de la extrema derecha y de la extrema izquierda, y coinciden en el rechazo de la cultura de los derechos humanos. De otra parte se encuentra el sector que llevó adelante el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación junto con el sector que colaboró con la Comisión, que insistieron que las recomendaciones del Informe Final sean tomados en cuenta por el gobierno. Dicho sector aglutina a agentes de izquierda y derecha moderada que coinciden en el apoyo a la cultura de los derechos humanos.

La institución de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue realizada por el gobierno transitorio dirigido por Valentín Paniagua, gobierno que se constituyó después de que Alberto Fujimori renunciara a la presidencia del Perú vía fax desde Japón. Al gobierno de Paniagua le tocó asumir la tarea fundamental de iniciar el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Este proceso incluía tres tareas fundamentales. La primera era el esclarecimiento de lo sucedido durante los años de conflicto armado interno, para lo cual instituyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación;  la segunda consistía combatir los altos grados de corrupción que terminaron destruyendo el gobierno de Fujimori, para lo cual se iniciaron una serie de juicios a los miembros del régimen depuesto que estuvieron involucrados con en actos de corrupción; finalmente, se encontraba la tarea de revisar y transformar la Constitución Política de 1993, dada por el gobierno dictatorial de Fujimori, cosa que no se llevó a cabo hasta el día de hoy[3]. Como el gobierno de transición que duró poco tiempo no terminó con la tarea de completar el proceso de instaurar un sistema democrático. Es por esa razón que la tarea fue traspasada al gobierno del Alejandro Toledo, que fue elegido presidente a través del voto democrático. Pero durante dicho gobierno, entre el 2001 y el 2006, el proceso de transición se truncó parcialmente, cosa que terminó de hacerse con el segundo gobierno de Alan García[4].     

2.1.- El proyecto autoritario

La conjunción de autoritarismo y  racismo expresa lo que se conoce como fascismo. En el Perú actual el fascismo se ha convertido en una fuerza política importante y sumamente peligrosa que amenaza por destruir la precaria democracia[5]. El fascismo en el Perú contemporáneo tiene dos vertientes: una vertiente de extrema derecha y otra de extrema izquierda. Ambas vertientes comparten tres estrategias fundamentales: a) ejercer violencia contra individuos y grupos que son identificados como “razas inferiores”, b) combatir todo tipo de desacuerdo, conflicto  y heterogeneidad en el plano social, mientras que en el plano político busca eliminar la diversidad de tendencias de pensamiento del sistema  para cancelar la democracia e implantar un sistema político autoritario que sea apoyado por un nuevo sistema jurídico de corte también autoritario y c) tener presencia en los foros académicos, en la prensa y en los debates públicos.

Los dos primeros objetivos parecen contradictorios con el tercero, pero en el fondo tal contradicción es sólo aparente. Muy bien se puede utilizar la violencia para imponer la homogenización cultural y racial; y a demás, es posible pensar que se usen las tribunas universitarias para legitimar ideológicamente una forma violenta de hacer política (argumentando, por ejemplo, a favor de la pena de muerte, la tortura de los prisioneros y la restricción de los derechos fundamentales[6]). Estas posturas entran en un debate con otras en universidades con una consolidada tradición de discusión académica  Pero tales posiciones devienen en dogmas y en ideologías de adoctrinamiento en otros contextos. Esto sucede cuando la institución de la universidad es demasiado precaria porque las autoridades son frágiles o coaligadas con poderes corruptos. En dicho contexto las ideologías radicales toman el control de la escena académica y no cuentan con robustas tradiciones de pensamiento moderado y democrático que les sirva de contrapunto y que entren en discusión con los radicalismos en el marco de una discusión alturada de ideas[7].

El fascismo de extrema derecha en el Perú ha estado tomando una nueva viada desde hace unos años gracias a una doble alianza estratégica: de una parte, ha establecido una articulación con los sectores neoliberales, que propugnan un libre mercado sin restricciones y que viven con algarabía los años de bonanza económica; de otra parte, ha entrado en coalición con el sector más conservador de la Iglesia Católica. La primero es estas alianzas se ha traducido en lo siguiente: en primer lugar, el maltrato a las consideradas “razas inferiores” ha tenido como pretexto el “velar por el crecimiento de la infraestructura productiva del país” (la minería, la propiedad de la tierra en la Amazonia, etc)[8]; en segundo término, en vez de propiciar una política de igualdad de oportunidades, ha seguido generando una política de la exclusión, no sólo en términos sociales y económicos, sino también en términos de acceso a la toma de decisiones a nivel político[9]. Finalmente, y esto es lo más peligroso de todo, es que ha convencido a grandes sectores de la población de que esa es la mejor expresión de la política y la economía. De esta manera, cada vez más personas comienzan a creer que estamos mejor cuando más dinero gana las grandes empresas, cuando mas desigualdad de oportunidades hay y cuando más racismo se expresa a nivel social y político. Es que la élite ha logrado convencer a muchas personas que, en primer lugar pueden “blanquearse” y pueden tener las mismas oportunidades de prosperidad económica que ellos tienen. Lo que la élite sabe (y que la mayoría de los peruanos desconoce), es que aquellos que consideran “cholos” e “indios” jamás dejarán de serlo ante sus ojos, y que las mayorías jamás accederán al crecimiento económico, porque la élite no se lo permitirá. Así, la democracia está siendo reemplazada en el Perú por un sistema autoritario que cuenta con tres formas de hacer política: el engaño, la violencia y la demagogia.  

            De otro lado, el fascismo se ha aliado con el sector dominante de las Iglesias. En caso patente es la alianza establecida con la jerarquía de la Iglesia Católica. El sector más conservador de la Iglesia Católica peruana ha establecido una alianza con los sectores fascistas y con los poderes económicos partidarios del neoliberalismo para conseguir sus propios objetivos: a) combatir la Teología de la liberación y arrinconar a su gestor, el padre Gustavo Gutiérrez; b) tomar posesión de parroquias y diócesis; c) destruir la pastoral social establecida por los sectores progresistas durante los años 80[10]; d) controlar los centros de formación eclesiásticos; e) controlar parte del sistema educativo, especialmente en el nivel superior[11]; f) influir significativamente en la definición de las políticas públicas, especialmente en lo referente a la planificación familiar y el control de la sexualidad[12], además de controlar ciertas expresiones culturales. Por su parte, los sectores fascistas encuentran en la jerarquía conservadores una ideología de la salvación que les asegura respaldo popular y político puesto que la Iglesia conservadora tiene una gran presencia en el territorio nacional.  Los sectores neoliberales reciben de la Iglesia conservadora el apoyo ideológico de que el beneficio de las grandes corporaciones es sinónimo de beneficio del país. En contraparte, los sectores neoliberales corresponden con apoyo financiero a la Iglesia conservadora.

            Al lado del sector neoliberal, y de sector reaccionario y conservador, se encuentran en el Perú actual los radicalismos de izquierda, que expresa la tercera línea del fascismo en el Perú. Este fascismo de izquierda tiene una gran influencia en las universidades públicas y allí dominan la discusión académica bajo la forma de la ideología dominante. Pero también cuentan con una presencia política y militar en el territorio nacional. Su presencia política se encuentra dividida en dos sectores claramente definidos y diferenciado. El primero es el sector de la izquierda nacionalista, que contiene dos facciones en su interior: El “Partido Nacionalista” y el movimiento “Etnocacerista”. El “Partido Nacionalista” se encuentra asociada al llamado “Socialismo del siglo XXI”[13] que se encuentra asociado al movimiento que viene de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, es decir, los países cuyos gobiernos se encuentran asociados a las denominadas “Casas del Alba”, y que cuentan en el Perú su representación política en el Partido Nacionalista.

El “Partido Nacionalista” se encuentra dirigido por Ollanta Humala y se mantiene al interior del sistema legal de partidos, cuentan con representación parlamentaria y su líder, Ollanta Humala se ha presentado a las elecciones presidenciales últimas y sigue manteniendo aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República. Al igual que sus pares en la región comprenden el socialismo un movimiento político que busca llegar al gobierno para, por medio de los aparatos del Estado, llevar adelante transformaciones en la infraestructura económica, social, jurídica y política del país. En este sentido el “Partido Nacionalista”  sostiene que las transformaciones llevadas a cabo por el gobierno militar dirigido por Velazco Alvarado han permanecido inconclusas y pretenden culminarlas. Es por ello que todo hace suponer que de ganar las elecciones el “Partido Nacionalista” hará lo mismo que sus pares en Venezuela y Bolivia: convocar a un referéndum para cambiar la Constitución Política del Estado de modo que ello les permita introducir los cambios en la estructura básica del país que ellos consideran necesarias. Para ello sería necesario neutralizar los derechos políticos básicos como el de  deliberación política de parte de la sociedad civil. Dicho directamente: el gobierno, y no el pueblo, sabe lo que mejor le conviene al pueblo, razón por la cual no se debe permitir al pueblo que delibere sobre la vida política del país. Así, el socialismo del siglo XXI se convierte en un gobierno para el pueblo pero sin el pueblo[14]. 

El movimiento Etnocacerismo, por su parte, se adhiere a las ideas del nacionalismo étnico forjado por Isaac Humala  (padre de Ollanta y Antauro Humala) que busca regresar a los supuestos ideales colectivistas del Imperio Incaico. Esta es abrazada por el denominado “Batallón de Reservistas Etnocacerístas” o “Ejercito Tawantinsuyano de Liberación Nacional” (ETLN).  El movimiento se encuentra liderado por Antauro Humala, hermano de Ollanta, y tiene vínculos más estrechos con algunos sectores de las Fuerzas Armadas. No es casual que este grupo reivindique la figura de Andrés Abelino Cáceres, miembro de las fuerzas armadas que durante la denominada Guerra del Pacífico –que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile- organizó la resistencia en los Andes juntando a un ejército de indígenas mientras Lima había sido ocupada por las tropas chilenas.  En este sentido el movimiento Etnocacerismo articula el componente militarista con las reivindicaciones étnicas y nacionalistas. El modo de hacer política de este sector del nacionalismo es a través de las armas, pero con escazas escaramuzas en su haber, entre las que destaca de lejos el denominado “andahuaylazo”[15]. Es necesario destacar que tanto Ollanta como Antauro Humala son hermanos y se encuentran vinculados a un sector de las Fuerzas Armadas. Entre fines de los 90 y principios del 2000 circuló en Lima una publicación periódica llamada “El Ollanta” y que era el órgano de expresión del Etnocacerismo. En esa publicación se abogaba por posturas radicales y se reivindicaba la figura de Juan Velazco Alvarado. El radicalismo nacionalista puede encontrar potenciales aliados entre los reaccionarios de extrema derecha. De hecho, durante las últimas elecciones un sector de los reaccionarios votó por Ollanta Humala, y es que sin ser lo mismo, ambos sectores rechazan el sistema democrático y eventualmente pueden unir sus fuerzas.  

 El otro sector de la izquierda radical lo ocupa el denominado “Partido Comunista del Perú -  Sendero Luminoso”. Pero Sendero Luminoso no agota el radicalismo de izquierda, sino que también se encuentra Patria Roja y otras agrupaciones menores que no ingresan a la “lucha armada” paro mantienen una prédica radical. En realidad “Sendero Luminoso” representa el sector más radical de la izquierda marxista-leninista que se convirtió en un grupo terrorista durante el conflicto armado interno y que a parir de la captura de su líder, Abimael Guzmán se encuentra fraccionado en dos partes. La primera parte, se mantuvo fiel a Guzmán, quien dio la orden de no seguir con denominada la “lucha armada” hasta nuevo aviso. Esta primera facción considera que la coyuntura política que se abrió con la captura del líder exige una estrategia de reivindicación de los derechos humanos de los senderistas encarcelados, y actualmente levantan la bandera de una política de “admitía general y reconciliación” que significa la liberación tanto de senderistas y de miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran en prisión. Este sector ha considerado que la captura del líder es un “recodo en el camino” y ha decidido insertarse en la vida política legal, aunque manteniendo una prédica radical. La estrategia ha surtido relativo efecto, pues tienen cierta presencia política en algunos sectores del interior del país y  en algunas universidades públicas   El segundo sector de sendero es el llamado “proseguir” y liderados por el denominado “Camarada Artemio” han decidido continuar con la “lucha armada”. Este segundo sector se alió con el narcotráfico y se convirtió en un grupo que defiende las zonas liberadas para el narcotráfico, especialmente, la zona denominada VRAE  (Valle del río Apurímac y Ene).

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[1] Alberto Fujimori gobernó el país a través de una coalición cívico-militar, tal como lo muestra el llamado “Plan Verde”. Dicho plan lo había gestado desde 1989 una cúpula militar y fue presentado al reciente electo presidente Fujimori el año 90. En dicho plan se señala la necesidad de las siguientes medidas: establecimiento del libre mercado y reinserción del país en el orden económico internacional, establecimiento de la pena de muerte, establecimiento de un plan de pacificación del país, una reforma educativa y un acuerdo de paz en las fronteras. Pero además se establece la reelección del presidente de la república para llevar adelante un proyecto a largo plazo, establecer un Servicio de Inteligencia que lleve adelante un Sistema de Control, Seguridad  y Propaganda. Al mismo tiempo establecer una relación con la prensa que conduzca a una política de autocensura de parte de los medios de comunicación. El documento señala que la conducción de la política estratégica nacional a largo plazo corresponde a un “Consejo Estratégico de Estado” (CEE). Dicho Consejo no tendrá que asistir al Consejo de Ministros y se mantendrá completamente en el misterio y absolutamente fuera de control democrático. Además, las sesiones del Consejo de Ministros serán vigiladas por el CEE a través unas cámaras que se habían instalado en la Sala del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de Alan García. El “Plan Verde” fue hecho de conocimiento público por la revista Oiga el 12 de julio de 1993.   

[2] El 2006, a través de la agrupación política “Unión por el Perú” salió elegida Congresista de la República Hilaria Supa, una mujer de origen Quechua. El 23 de abril del 2009 el diaria “Correo” publica unas fotos de la libreta de notas de la congresista, libreta donde aparecían varios errores de ortografía española. Con anterioridad fue duramente criticada por Martha Hildebrandt y otros congresistas fujimoristas. A raíz de esos sucesos se inició contra ella una acción de cuestionamiento y de censura política a causa de su procedencia étnica. Después de los ataques a congresistas que tengan el perfil de Hilaria Supa se puede esperar que el siguiente paso sea la discriminación devenida en ley sancionada por el congreso. Con ello la élite autoritaria limeña estaría buscando las formas de contrarrestar la política contra la discriminación que parte de la sociedad civil está fomentando. De esta manera, se está produciendo en el Perú un fenómeno de marginación racial y étnica jurídica y política, es decir, la élite autoritaria está coronando con ello el proceso de marginación y discriminación social. Estos hechos recientes parecían ser parte del pasado en el Perú contemporáneo, pero los grupos que concentran el poder en el Perú de nuestros días parecen añorar los tiempos pasados. Cf. ADRIANZÉN, Alberto; La tentación autoritaria en el Perú, en: Le Monde Diplomatique, edición peruana, Mayo 2009, pp. 16-17.

[3] Aunque resulta un contrasentido el que un país democrático se gobierne bajo una Constitución Política gestada en un golpe de Estado cívico-militar, como es el caso de la de 1993, ésta no se ha modificado debido a que está cortada a la medida de los potentes intereses de los grandes sectores neoliberales. Una de las señales claras de la dirección neoliberal de la Constitución vigente es que permite la parcelación de las tierras comunales, cosa de interés fundamental para los grandes capitales debido sus intereses en la minería y en la extracción petrolífera.

[4] Cf. ADRIANZÉN, Alberto; La transición inconclusa: de la década autoritaria al nacimiento del pueblo, Lima: Otra Mirada, 2009. En dicho libro Adrianzén presenta como después del gobierno militar que duró desde 1968 hasta 1980, el Perú se ha encontrado en una perpetua transición inconclusa del autoritarismo a la democracia. La tesis central del libro señala que la coexistencia del proyecto democratizador y el proyecto neoliberal de las élites económicas entran en franco conflicto, lo que trae como consecuencia el fracaso de la transición completa hacia la democracia. La más reciente oportunidad para culminar esta transición fue el gobierno de transición de Valentín Paniagua, que  tomando como referente los años del conflicto armado interno, tenía la oportunidad de completar la transición. Sin embargo, el gobierno de Alejandro Toledo truncó el proceso de transición por su alianza con los poderes económicos a través de su ministro de economía, Pedro Pablo Kuchinski. 

[5] Cf. ADRIANZEN, Alberto; La tentación autoritaria en el Perú.

[6]  Un ejemplo de ello lo constituye Eduardo Hernando Nieto, quien desde una óptica schmittiana defiende abiertamente la aplicación de la tortura a los prisioneros durante la guerra contra el terrorismo internacional iniciada el 2001, y mitatis mutandi, a los casos de combate del terrorismo interno. Cf. HERNANDO NIETO, Eduardo, Derecho y emergencia: hacia una teoría del derecho del enemigo, Lima: PUCP. Cuaderno de trabajo N°3, agosto, 2007.

[7] Un ejemplo de ello es la Universidad Mayor de San Marcos, en la que el fascismo de izquierda y el fascismo de derecha se han consagrado como fuerzas importantes que dominan la discusión académica. El fascismo de izquierda está representado por los grupos aliados a Sendero Luminoso, como el llamado “Movimiento por la admitía general y la reconciliación”, movimiento que exige en la actualidad la liberación de todos los miembros de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas que se encuentran en la cárcel en la actualidad. Este movimiento confunde el término “reconciliación” con el de “impunidad”, confusión que es altamente peligrosa. Pero también el fascismo de derecha está presente en dos facciones reconocibles: el movimiento reaccionario, vinculado al pensamiento de Carl Schmitt, Donoso Cortés y Leo Strauss, entre otros. Entre los representantes de este sector se encuentra el profesor Eduardo Hernando Nieto, quien es un abierto partidario de que el Perú devenga en un Estado Confesional.

[8] En este sentido, el presidente de la república, publicó periódicamente en el diario El Comercio una serie de artículos que denominó “El perro del hortelano”, en referencia a aquellos supuestos sectores que se oponen al “desarrollo” y la “prosperidad”. La tónica de dichos artículos, que expresan el pensar del sector neoliberal asentado en Lima, es que la población de la Amazonia y la sierra  del Perú se opone al desarrollo cuando expresan su desacuerdo con la minería. Recientemente se ha discutido la expulsión de varios religiosos, entre los que destaca el hermano Lasalle Paul McAuley. Así, se ha pasado de la persecución de los “curas rojos” al hostigamiento de los “curas verdes”. Los artículos de  “El perro del hortelano” muy bien puede ser acompañados con el lema del escudo chileno: “por la razón o por la fuerza”. Aunque parece ser que la élite dominante limeña prefiere el uso de la fuerza, la hostigación y la expulsión al diálogo razonado.

Los conflictos ambientales en el Perú tienen dos raíces fundamentales. La primera es por el desarrollo de un grupo de mineras irresponsables que contaminan el medio ambiente. La segunda raíz se encuentra en la ley 26505, votada en 1995, al amparo de la constitución neoliberal creada durante el gobierno de Alberto Fujimori, el año de 1993.  Dicha ley señala respecto de las comunidades amazónicas y andinas en su Artículo 8o.- “Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son libres de adoptar por acuerdo mayoritario de sus miembros el modelo de organización empresarial que decidan en Asamblea, no estando sujetas al cumplimiento de ningún requisito administrativo previo.” Y en su Artículo 11o.- “Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”. Pero favorece la parcelación de la tierra de las comunidades asentadas en la costa. Así, en su Artículo 10o.- “Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas deberán regularizar su organización comunal de acuerdo con los preceptos Constitucionales y la presente Ley.
Tratándose de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas de la Costa, la regularización del derecho de propiedad se regirá por las siguientes normas: a) Para la adquisición en propiedad por parte de posesionarios comuneros sobre la tierra que poseen por más de un ano, el acuerdo de Asamblea General de la Comunidad requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un ano. Para los efectos de la adquisición por el actual posesionario, la entrega de las parcelas se acredita con el documento extendido por la Comunidad a su favor. b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales de la Costa se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente.” Como se puede apreciar, la ley de 1995 promueve la desmembración de las tierras comunales de la costa mientras que protegen las tierras comunales de la selva y de la sierra. Pero en mayo del 2008 el gobierno de Alan García publicó el decreto legislativo N° 1015 que modificaba los artículos 10 y 11 de la ley e indicaba que los requisitos que regían en la costa también valían en la sierra y en la selva. En junio del mismo año el gobierno dio marcha atrás y derogó el decreto N° 1015 a través del decreto legislativo N° 1065. Pero en junio del 2009 dejó sin efecto el decreto N° 1065 a través de la ley 29376.  De esta manera dejó finalmente desprotegida la tierra comunal en la sierra y la selva. Estas idas y vueltas del gobierno no muestra más que una voluntad de desproteger cada vez más a las comunidades andinas y amazónicas para beneficiar cada vez más a empresas extractivas extranjeras, especialmente de Brasil y de China.  

[9] Una expresión clara del autoritarismo por parte del sector neoliberal es su negación de derechos políticos como en  de la deliberación de cuestiones públicas. Durante el año 2010 se abrió la campaña política para las elecciones de alcaldes en todo el país. Los candidatos más fuertes para Lima han presentado en la campaña un discurso autoritario que se puede resumir en estos términos: si somos elegidos impondremos orden en la ciudad pero sin abrir un debate público sobre qué tipo de orden requerimos. Sólo contaremos con la opinión de nuestros técnicos. Pero, junto al discurso del orden, se encuentra el mensaje de que Lima es una ciudad de empresarios emprendedores y se habla de las poblaciones de los conos, que son las zonas populares,   como zonas de pequeños empresarios emprendedores. Así, la derecha autoritaria hace suyo el lema del escudo del Brasil: “orden y progreso”. Pero lo que no se menciona es que dicho orden puede incluir el uso de la violencia.

                En general, el discurso de que la población mayoritaria es o puede convertirse en pequeños empresarios es un poderoso caballo de batalla ideológico del neoliberalismo en el Perú actual. Lo que no se menciona jamás es que el crecimiento de tales sectores emergentes no podrá sobrepasar ciertos límites que los grandes capitales nacionales y extranjeros imponen, además de que el gran sector de la población que son empleados serán cada vez más golpeada por la política económica que se inclina a la flexibilización laboral, es decir a bajar los salarios y a dar facilidades de despido a los empleados. 

[10] Tal como lo presentara Alberto Adrianzén en un artículo titulado La nueva extirpación de idolatrías publicado en el diario La República, del sábado 16 de diciembre del 2006, la política de los sectores conservadores de la Iglesia Católica, con la venia de Vaticano, han desmontado la pastoral que la Iglesia progresista había articulado en el sur andino. Este desmantelamiento tiene tres pasos: a) expulsar a las congregaciones progresistas de la zona, b) nombrando obispos conservadores, especialmente de los movimientos Sodalisium y Opus Dei, y c) declarando falsa la catequesis que la Iglesia progresista había llevado adelante en esa zona, por tener una orientación social, y señalando que los pobladores son “paganos” y necesitan de una nueva catequización que extirpe la idolatría social que la Iglesia progresista inoculó.

La pastoral andina articulada desde los años 70, bajo la inspiración del concilio Vaticano II. Uno de los gestores de esa pastoral fueron los obispos de los Sagrados Corazones Luis Dalle y Luciano Metzinger. Esa pastoral articuló un sistema de redes sociales que resultó muy importante para proteger a la población de la presencia de Sendero Luminoso durante los años más duros de la violencia. El que dicha pastoral se desmantele resulta sumamente peligroso en caso de que algunas ideologías radicales quieran instalarse en la zona. Es por ello que resulta irresponsable la acción de la Iglesia conservadora en la región, pues están generando el caldo de cultivo para que los radicalismos violentos de izquierda (ya sea Sendero Luminoso u otro grupo) tenga una presencia significativa en la zona.

[11] A nivel educativo la derecha radical ha instaurado dos herramientas poderosas que tiene un espacio tanto en la educación escolar como en la educación superior: la primera es una educación respecto de la historia que tiene como eje el relato de los grandes héroes guerreros y la de los grandes autócratas del país.  A través de esta primera herramienta se genera en la conciencia nacional dos ideas que son peligrosas para la democracia. La primera de éstas es que los personajes que merecen admiración serían individuos que no se encuentran comprometidos con los valores políticos democráticos, como la tolerancia, el rechazo de la esclavitud, el rechazo de la discriminación racial, sexual, social y étnica. Los héroes de la historia que se enseña en el Perú no son héroes democráticos. La segunda idea peligrosa consiste en que dicho relato de la historia nacional se fomenta la creencia de que el Perú es un país autoritario por naturaleza. De esta manera se fomenta la creencia de que el peruano tiene una esencia particular, que la de ser autoritario, es decir, la de necesitar ser gobernado con “mano dura”. La segunda herramienta de la educación de extrema derecha es la llamada “educación en valores” según la cual habrían ciertos valores morales que los ciudadanos deberían internalizar, valores que son determinados por las élites autoritarias. Respecto a la educación en valores cf. GAMIO, Gonzalo; La racionalidad de los conflictos éticos, en: GAMIO, Gonzalo;  Racionalidad y conflicto ético, Lima: IBC-CEP, 2007. Además Cf. FRISANCHO, Susana; Identidad moral, fundamentalismo y derechos humanos, en: FRISANCHO, Susana y Gonzalo GAMIO (Eds.); El cultivo del discernimiento, Lima: Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2010.

Hay dos elementos que requieren comentario. El primero es que la derecha radical católica se empeña en presentar la secularización de la sociedad peruana como un mal que hay que combatir, y para apoyar su posición antisecular presentan una historia del Perú según la cual éste aparece como un país esencialmente católico, en el cual tanto el secularismo como el liberalismo se han impuesto por la fuerza, como contranatura. Esta visión de la historia que la extrema derecha católica fomenta oculta el hecho de que la religión Católica se impuso en el Perú a través de la conquista española, y fue un proceso sumamente violento. El segundo elemento que es necesario resaltar es que la visión de la historia forjada por líderes autoritarios no es exclusiva de la extrema derecha peruana, sino que también la comparte la extrema izquierda. Basta con ver la estructura vertical y autoritaria que tiene los movimientos de izquierda extrema en el Perú para constatar que también creen que el peruano es esencialmente autoritario. 

[12]  El control de la sexualidad es un arma muy poderosa de los grupos conservadores pertenecientes a la Iglesia Católica. Quien ha estudiado me manera más clara la política sexual de estos sectores es Jaris Mujica, quien en su libro  Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder, donde se señala que los grupos conservadores se han reciclado estableciendo una estrategia que les permita utilizar los mecanismos democráticos para influir en las políticas públicas con el fin de controlar la vida sexual de las personas y restarles aquellos derechos que se han conquistado históricamente, como los de las mujeres, los de las minorías sexuales, la de expresar y vivir una vida sexual tal como las personas decidan,  el derecho a definir su propia orientación sexual o la planificación familiar. El órgano operativo de la Iglesia conservadora para controlar la vida sexual de la población es la agrupación “pro vida”. Paradógicamente, una agrupación denominada “pro vida” tiene como objetivo central restringir las posibilidades para elegir qué tipo de vida sexual las personas decidan llevar. Cf. MUJICA, Jaris; Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder, Lima: PROMSEX, 2007.

[13]  El término “Socialismo del siglo XXI” fue acuñado por primera vez en 1996 por Heinz Dieterich Steffan, sociólogo y analista político alemán residente en México y que se ha dedicado a estudiar las izquierdas a nivel mundial.  El término adquirió difusión mundial a partir del discurso del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el V Foro Social Mundial, discurso pronunciado el 30 de enero del 2005. Hugo Chávez generó la denominada “Versión Bolivariana” del socialismo del siglo XXI, según la cual el camino al socialismo pasa por la instauración de una democracia revolucionaria que supone, entre otras cosas instaurar una democracia directa.  

[14] El recurso al referéndum y el gobernar por medio de plebiscitos caracteriza a lo que se conoce como “democracia directa”. Ya en su momento, Alberto Fujimori aducía la necesidad de instaurar esta forma de democracia en el Perú, para que sea el pueblo quien directamente condujese la vida política del país. La democracia directa es una forma de gobierno que sólo tiene en cuenta el principio democrático, pero careciendo de principios de justicia. En un sistema así se produce el despotismo de la masa por medio del cual todos, sin ser todos, gobiernan sobre todos, es decir, la mayoría reduce a cero los derechos de las minorías; o peor aún, la minoría, por medio de la demagogia puede imponerse sobre la mayoría. Los principios de justicia de los que se carece en este sistema son justamente los derechos fundamentales, los cuales no se establecen como principios pétreos  sustraídos de toda negociación política.

                A diferencia de este tipo de democracia, que es necesariamente autoritaria, la denominada “democracia constitucional” y la “democracia radical” articulan el principio democrático con los derechos fundamentales. La democracia constitucional los asegura colocándolos en la Constitución Política y señalando su no negociabilidad política; en cambio, la democracia radical trata de garantizar el goce de tales derechos de parte de los ciudadanos a través de mecanismos de accesos sociales que permitan realizar en la vida de los ciudadanos los derechos consagrados en la Constitución.    

[15] El denominado “andahuaylazo” fue un levantamiento de reservistas etnocaceristas que tomó la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005 y mataron a varios efectivos, entre los que se encontraba el teniente Luis Chávez Vásquez. Dicho levantamiento  tenía como propósito pedir la vacancia de la presidencia del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo. La estrategia consistía en provocar un movimiento de represión violenta por parte de las Fuerzas Armadas contra los rebeldes que habían tomado control de la comisaría y que estaban convocando a la insurrección general de las Fuerzas Armadas contra el gobierno democrático. Si el gobierno respondía con una fuerza desmedida contra los rebeldes se podrían dar las condiciones para que el congreso pidiera la vacancia del presidente. Un antecedente del levantamiento lo constituye el levantamiento etnocacerista de Locumba, del año 2001. La diferencia es que el movimiento de Locumba era en contra del gobierno de Alberto Fujimori, que no era un gobierno plenamente democrático.

Democracia y autoritarismo en el Perú actual (Primera parte)

En el Perú actual coexisten dos proyectos políticos que pugnan por definir tanto el sistema jurídico como el sistema político: el primero es el proyecto democrático y el segundo es el proyecto autoritario. El primer tiene como objetivo, a nivel político, consolidar una democracia liberal que permita la convivencia de la diversidad de grupos cultural, moral y religiosamente distintos, además de promover una cultura de derechos y defender los derechos humanos, mientras que, a nivel del derecho, busca fortalecer un sistema jurídico que tenga como centro los derechos fundamentales de los ciudadanos. El segundo tiene como objetivo, a nivel político, combatir la diversidad e imponer la homogeneidad social de manera autoritaria mientras que, a nivel jurídico, busca establecer un sistema de derechos que carezca de derechos fundamentales de los ciudadanos, sistema jurídico que permita imponer una homogeneidad a nivel socia  l.

El proyecto democrático se encuentra impulsado por diferentes agentes, intelectuales y agrupaciones de la sociedad civil, aunque a nivel de la clase política tiene escaza representatividad. Todos estos actores se encuentran movilizados por la idea de fortalecer la aún endeble democrática peruana. En cambio, el proyecto autoritario es impulsado por diferentes agentes, grupos de la sociedad civil e intelectuales que tienen una mayor representatividad política y una poderosa conexión tanto con los poderes fácticos del dinero y las armas, como con la población. La razón de esta amplia aceptación del autoritarismo de parte de la población tiene, entre otros factores, el bajo nivel formación ciudadana de amplios sectores de la población, fruto de una escuela autoritaria, y la creencia de que los derechos políticos son un lujo frente a las necesidades económicas o la seguridad. Pero además, la amplia aceptación del autoritarismo de parte de la población  tiene su causa en la dificultad y el desinterés de los partidarios del sistema democrático de encontrar los canales de comunicación con los ciudadanos. El proyecto autoritario se encuentra defendido por diferentes grupos, entre los que destacan la extrema derecha y la extrema izquierda, ambas de claras talantes antidemocráticas, los grupos de poder económico del país y los grupos de poder corruptos que mantienen su hegemonía de manera deshonesta[2].

           

1.- Democracia-autoritarismo, homogéneo-heterogéneo

Podemos describir tanto el proyecto democrático como el autoritario en términos de la contraposición homogéneo-heterogéneo. El proyecto democrático se plantea llevar a cabo una homogeneidad a nivel jurídico y político, mientras que en el plano de la sociedad busca preservar la heterogeneidad. La homogeneidad jurídica se expresa en la existencia de un Estado de hace valer un sistema de derechos que consagra la igualdad y la libertad de los ciudadanos y que rige en todo el territorio nacional. Tal homogeneidad jurídica no entra en conflicto con el pluralismo jurídico, pues el derecho oficial se articula con las prácticas jurídicas de los pueblos indígenas (si bien esta articulación no se ha realizado aún de manera satisfactoria, el proyecto democrático tiende a realizarla). A nivel político, la homogeneidad no se expresa en la imposición de un solo pensamiento político sino, más bien, se trata de defender un sistema político donde las diferentes posiciones puedan participar, siempre que se comprometan con un sistema de partidos políticos que no recurra a la violencia, sino a la discusión de ideas, sistema en el que todos los partidos se comprometen con el sistema democrático y utilizan los mecanismos legales para desarrollar sus acciones políticas. A la vez, el proyecto democrático aboga por la heterogeneidad en la sociedad, de tal manera que en ella puedan convivir pacíficamente grupos que tengan diferentes concepciones de la vida, culturales, religiosas y morales. De esta manera, el proyecto democrático aboga por la instauración de de la tolerancia entre los grupos al interior de la sociedad, y también por la tolerancia con los diferentes sectores políticos, siempre que no se atente contra la democracia[3].

En cambio, el proyecto autoritario tiene como objetivo implantar la homogeneidad en los tres niveles, el jurídico, el político y el social. La homogeneidad jurídica se lograría imponiendo un sistema de derechos que, por una parte, permita imponer la homogeneidad en el nivel social y, por otra, que elimine el pluralismo jurídico. La homogeneidad política no significa aquí, como en el sistema democrático, la existencia de diferentes posiciones comprometidas con un único sistema democrático, sino que ahora dicha homogeneidad se dirige a eliminar la pluralidad de ideas políticas y a imponer una sola posición política (ya sea destruyendo el sistema de partidos, o permitiendo la existencia sólo de los partidos que expresen las mismas ideas políticas). Finalmente, el proyecto autoritario se propone conseguir la homogeneidad a nivel social por medio de la imposición de una única concepción de la vida, eliminando la diversidad cultural, religiosa y moral.  Este proyecto es eminentemente intolerante tanto a nivel político como social.

El proyecto democrático suele ser de carácter liberal, puesto que busca organizar el mundo jurídico, político y social de manera que pueda garantizar las libertades de los ciudadanos. Sin embargo, en una de sus formas, el autoritarismo ha usurpado el título de liberalismo, a través del rótulo neoliberalismo económico que por medio del poder del dinero sustrae las libertades a los ciudadanos. El liberalismo se levanta como un proyecto político que tiene como objetivo combatir la tiranía. Tiranía es el término que utilizaron los primeros liberales para señalar el abuso que unas personas (o instituciones) infringen a otras.  Originariamente, la tiranía la ejercía el gobernante cuando ingresaba en la esfera privada de los ciudadanos para usurpar sus posesiones o imponer creencias religiosas. Uno de los padres más importante del liberalismo que combate la tiranía del Estado sobre los ciudadanos es el filósofo inglés del siglo XVII John Locke. Pero la tradición liberal ha conocido que aquella no es la única forma de abuso que existe.  Cuando los funcionarios del Estado determinan quienes tienen derechos a establecer relaciones económicas en el mercado, se establece la tiranía del Estado sobre el mercado; a la inversa, cuando el poder del dinero determina las políticas del Estado, se produce la tiranía del mercado sobre el Estado. Cuando la religión o el mercado ejercen su poder dentro de las universidades, quebrando la autonomía universitaria,  se realiza la tiranía de las Iglesias o el mercado sobre la universidad. Al combatir todas estas tiranías, el liberalismo hace que surja o se protejan diferentes libertades, de tal manera que termina abogando por las diversas libertades que las sociedades contemporáneas anhelan[4].

El proyecto neoliberalismo económico es completamente antagónico al proyecto liberal, tal como liberales como Locke, Smith, Kant, Rawls, Habermas y Walzer lo presentan. La razón por la cual el neoliberalismo es en absoluto liberal radica en que su proyecto consiste en que el mercado regule todas las relaciones y el poder del dinero domine todas las esferas de la justicia distributiva. De esa manera, el proyecto tiene en ciernes que las potencias económicas determinen el derecho y controlen el Estado. Los sectores que sostienen tal proyecto buscan reducir y, si es posible, eliminar la pluralidad de ideas en la sociedad. Se trata de consolidar el denominado “pensamiento único” para que toda la sociedad acepte y se resigne al sometimiento de las grandes corporaciones. La penetración del neoliberalismo en las instituciones de la sociedad es tan poderoso que controla muchas universidades, medios de comunicación, Iglesias y las instituciones fundamentales del Estado; y el proyecto neoliberal es que esta tiranía ingrese cada vez más en las esferas de la sociedad. Así, el neoliberalismo promueve un proyecto autoritario, que se encuentra muy lejos de ser democrático. Por esa razón, el neoliberalismo se  encuentra sumamente cómodo en una sociedad donde la democracia es de baja intensidad, o en una sociedad que tiene un gobierno autoritario.

A fin de caracterizar el carácter antiliberal del neoliberalismo podemos traer a colación unas palabras del filósofo y educador norteamericano John Dewey, quien fue una personalidad pública muy importante en los Estados Unidos durante los años 30. En su libro Viejo y nuevo individualismo, Dewey intenta caracterizar el espíritu dominante en la sociedad norteamericana en los siguientes términos:

“No hay ningún término que exprese adecuadamente lo que está sucediendo. ‘Socialismo’ tiene connotaciones políticas y económicas demasiado específicas para resultar apropiado. ‘Colectivismo’ es más neutral, pero también es una palabra demasiado teñida de valores y no un mero término descriptivo. Tal vez la influencia, cada vez mayor, de las grandes ‘corporaciones’ en nuestra vida económica nos dé una clave para encontrar un nombre idóneo. El término se puede utilizar en un sentido más amplio del que sugiere su acepción jurídica original.  Podemos decir, pues, que Estados Unidos a pasado del viejo individualismo pionero a una situación de corporativismo dominante. La influencia que ejercen las grandes corporaciones empresariales a la hora de determinar las actividades industriales y económicas actuales es la causa y, al mismo tiempo, el símbolo de la tendencia a la constitución de integraciones en todas las facetas de la vida”[5].

El este pasaje Dewey distingue claramente el viejo individualismo, propio del pionero que busca convertirse en ciudadano velando por sus intereses individuales, pero también participando en la vida pública a fin de velar por sus derechos y libertades. Este viejo individualismo se contrapone claramente a aquél de la cultura de las grandes corporaciones, donde las libertades y derechos políticos son corroídos por las actividades industriales y económicas.

Dicho corporativismo es lo que caracteriza al desarrollo del capitalismo durante el siglo XX y XXI. Maro mientras que en Estados Unidos se ha dado bajo la forma de agentes individuales que han formado corporaciones y que contratan un gerente que lleva adelante las transaccioniones comerciales, el cual puede ser despedido por la corporación si no realiza bien su función, en el Perú el capitalismo de las grandes corporaciones toma un rostro diferente. Francisco Durand denomina al capitalismo desarrollado en el Perú como “capitalismo familiar”, que cuenta con las siguientes características: a) la corporación en cuestión está conformada por un clan familiar, b) dicho clan no divide la fortuna acumulada en una generación entre los hijos, c) el clan incursiona en varias actividades comerciales, especialmente en el sector financiero, d) cada generación del clan van eligiendo un  jefe, quien dirige, en última instancia, las relaciones comerciales de la familia, e) cada generación del clan mantiene unida la fortuna de la familia gracias a que mantienen unidas las acciones de las empresas que controla y f) cada miembro de la familia tiene libre disposición de su propio dinero (la ganancia que le toca) pero no de las acciones (la modalidad es “haz con tu plata lo que quieras, pero las acciones permanecen unidas”).

Este capitalismo familiar es lo que ha caracterizado el funcionamiento de las corporaciones más importantes del Perú desde los años 80, capitalismo que ha concentrado el poder económico del Perú en doce familias (los denominados “Doce Apóstoles”), entre las que se encuentran los Romero, los Brescia, los Benavides de la Q., los Bentín, los Delgado Parker, los Ferreyros, los Lanata Piaggio, los Olaechea, los Nicolini, los Picasso Salinas, los Raffo y los Wiese. Los “Doce  Apóstoles” fueron convocados por el primer gobierno de Alan García (1985 -1990) para que reestructuren la infraestructura económica del Perú una vez que la antigua oligarquía peruana había perdido poder gracias a la Reforma Agraria realizada por Juan Velazco Alvarado entre 1968 y 1975.  Ciertamente, hay otros clanes familiares importantes, como los Miró Quesada, los Rodríguez y los Wong. Muchas de estas familias sufren el efecto Buddenbrook, en relación a la novela de Thomas Mann que cuenta la historia de una familia que era un verdadero poder económico, pero que entra en crisis en la cuarta generación. Es por eso que para estas familias la “cuarta generación” constituye un verdadero reto[6].

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[1] Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de la Carrera de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres.

[2] Este grupo de poder delincuencial en parte se encuentra conformado por los rezagos del sector corrupto que gobernó el país durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se trata de un sector corrupto que no ha perdido su poder del todo y se encuentra inserto en varias instituciones del Estado (como el poder judicial) y de la sociedad civil (como algunas universidades).  Este sector corrupto cuenta con poder económico, y algunas facciones de este sector se encuentra aliado con el narcotráfico. Otras facciones siguen vinculadas con los poderes corruptos del la década de los 90. Una de las estrategias de este sector corrupto es señala que en la política peruana todos son corruptos, y que en la sociedad peruana en general hay un alto índice de corrupción, corrupción que se encontraría a todo nivel, estrategia que tiene como finalidad confundir a la opinión pública. Esta es la estrategia que utiliza el Sr. Carlos Raffo, defensor abanderado de Alberto Fujimori. Si bien es cierto que en la política peruana muchos son corruptos, no todos lo son ni todos han alcanzado el grado de corrupción de ese grupo corrupto que gobernó el país en los 90. Los índices de corrupción en el gobierno en esa década fue de un grado elevado sin precedente en la historia del Perú.  Cf. http://www.rpp.com.pe/2010-05-11-carlos-raffo-atribuye-a-una-suma-de-venganzas-proceso-en-su-contra-noticia_263849.html.

[3] En la tradición de pensamiento político democrático, la tolerancia tuvo desde los albores de la modernidad una posición central. Cf. LOCKE, John; Ensayo y carta sobre la tolerancia, Madrid: Alianza Editorial, 1999. Un trabajo muy importante sobre la tolerancia tanto a nivel político como social se encuentra en John Stuart Mill. Cf. MILL, John Stuart, Sobre la libertad, Madrid: Alianza Editorial, 2003.

[4] Respecto del liberalismo descrito en estos términos Cf. LOCKE, John; Segundo tratado sobre el gobierno civil, Madrid: Tecnos, 2006. También véase los trabajos de Michael Walzer, Las esferas de la justicia y El liberalismo y el arte de la separación. Este último trabajo se encuentra publicado en WALZER, Michael, Guerra, política y moral, Barcelona: Paidós, 2001.

[5] DEWEY, John; Viejo y nuevo individualismo, Barcelona: Paidós, 2003, pp. 73-74.

[6] DURAND, Francisco; Los nuevos dueños del Perú, en: Quehacer, septiembre/ octubre, 2004, p. 112-125, y Los grandes acomodos de la derecha. Entrevista a Francisco Durand por Abelardo Sánchez León y Martín Paredes, en: Quehacer, abril/junio, 2010, p. 10-27.