Democracia y autoritarismo en el Perú actual (Segunda parte)

2.- Los proyectos políticos en el Perú contemporáneo

         Una de las características fundamentales de la democracia es el ofrecer mecanismos para manejar los conflictos fruto de la diversidad cultural religiosa y moral, de manera pacífica y dentro de la legalidad.  Pero cuando frente a los conflictos  o la simple divergencia de ideas se responde con la violencia, la democracia corre el riesgo de ser cancelada por fuerzas autoritarias.

En el Perú, tanto el autoritarismo y como el racismo son males enquistados en nuestra vida social y política desde su nacimiento como República. Ambos fenómenos se mostraron de manera trágica y explosiva con el surgimiento, en la escena política y social, del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, y el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, que fue un gobierno cívico-militar[1].  Pero, desde décadas anteriores, el autoritarismo se ha convertido en la forma dilecta de las élites para hacer política en el Perú. El racismo había sido una manera solapada de política, que siempre se ha camuflado en formas de marginación social[2].

El debate suscitado en torno a la violencia interna en el Perú durante los años 80 y 90, y el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió identificar dos sectores en la escena política y social nacional que intenta definir el sistema jurídico. El primer sector, que ha desplegado un ataque furibundo contra el Informe Final y contra las recomendaciones que la comisión hizo en dicho documento, apuesta por una política autoritaria. Dichos sectores provienen tanto de la extrema derecha y de la extrema izquierda, y coinciden en el rechazo de la cultura de los derechos humanos. De otra parte se encuentra el sector que llevó adelante el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación junto con el sector que colaboró con la Comisión, que insistieron que las recomendaciones del Informe Final sean tomados en cuenta por el gobierno. Dicho sector aglutina a agentes de izquierda y derecha moderada que coinciden en el apoyo a la cultura de los derechos humanos.

La institución de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue realizada por el gobierno transitorio dirigido por Valentín Paniagua, gobierno que se constituyó después de que Alberto Fujimori renunciara a la presidencia del Perú vía fax desde Japón. Al gobierno de Paniagua le tocó asumir la tarea fundamental de iniciar el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Este proceso incluía tres tareas fundamentales. La primera era el esclarecimiento de lo sucedido durante los años de conflicto armado interno, para lo cual instituyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación;  la segunda consistía combatir los altos grados de corrupción que terminaron destruyendo el gobierno de Fujimori, para lo cual se iniciaron una serie de juicios a los miembros del régimen depuesto que estuvieron involucrados con en actos de corrupción; finalmente, se encontraba la tarea de revisar y transformar la Constitución Política de 1993, dada por el gobierno dictatorial de Fujimori, cosa que no se llevó a cabo hasta el día de hoy[3]. Como el gobierno de transición que duró poco tiempo no terminó con la tarea de completar el proceso de instaurar un sistema democrático. Es por esa razón que la tarea fue traspasada al gobierno del Alejandro Toledo, que fue elegido presidente a través del voto democrático. Pero durante dicho gobierno, entre el 2001 y el 2006, el proceso de transición se truncó parcialmente, cosa que terminó de hacerse con el segundo gobierno de Alan García[4].     

2.1.- El proyecto autoritario

La conjunción de autoritarismo y  racismo expresa lo que se conoce como fascismo. En el Perú actual el fascismo se ha convertido en una fuerza política importante y sumamente peligrosa que amenaza por destruir la precaria democracia[5]. El fascismo en el Perú contemporáneo tiene dos vertientes: una vertiente de extrema derecha y otra de extrema izquierda. Ambas vertientes comparten tres estrategias fundamentales: a) ejercer violencia contra individuos y grupos que son identificados como “razas inferiores”, b) combatir todo tipo de desacuerdo, conflicto  y heterogeneidad en el plano social, mientras que en el plano político busca eliminar la diversidad de tendencias de pensamiento del sistema  para cancelar la democracia e implantar un sistema político autoritario que sea apoyado por un nuevo sistema jurídico de corte también autoritario y c) tener presencia en los foros académicos, en la prensa y en los debates públicos.

Los dos primeros objetivos parecen contradictorios con el tercero, pero en el fondo tal contradicción es sólo aparente. Muy bien se puede utilizar la violencia para imponer la homogenización cultural y racial; y a demás, es posible pensar que se usen las tribunas universitarias para legitimar ideológicamente una forma violenta de hacer política (argumentando, por ejemplo, a favor de la pena de muerte, la tortura de los prisioneros y la restricción de los derechos fundamentales[6]). Estas posturas entran en un debate con otras en universidades con una consolidada tradición de discusión académica  Pero tales posiciones devienen en dogmas y en ideologías de adoctrinamiento en otros contextos. Esto sucede cuando la institución de la universidad es demasiado precaria porque las autoridades son frágiles o coaligadas con poderes corruptos. En dicho contexto las ideologías radicales toman el control de la escena académica y no cuentan con robustas tradiciones de pensamiento moderado y democrático que les sirva de contrapunto y que entren en discusión con los radicalismos en el marco de una discusión alturada de ideas[7].

El fascismo de extrema derecha en el Perú ha estado tomando una nueva viada desde hace unos años gracias a una doble alianza estratégica: de una parte, ha establecido una articulación con los sectores neoliberales, que propugnan un libre mercado sin restricciones y que viven con algarabía los años de bonanza económica; de otra parte, ha entrado en coalición con el sector más conservador de la Iglesia Católica. La primero es estas alianzas se ha traducido en lo siguiente: en primer lugar, el maltrato a las consideradas “razas inferiores” ha tenido como pretexto el “velar por el crecimiento de la infraestructura productiva del país” (la minería, la propiedad de la tierra en la Amazonia, etc)[8]; en segundo término, en vez de propiciar una política de igualdad de oportunidades, ha seguido generando una política de la exclusión, no sólo en términos sociales y económicos, sino también en términos de acceso a la toma de decisiones a nivel político[9]. Finalmente, y esto es lo más peligroso de todo, es que ha convencido a grandes sectores de la población de que esa es la mejor expresión de la política y la economía. De esta manera, cada vez más personas comienzan a creer que estamos mejor cuando más dinero gana las grandes empresas, cuando mas desigualdad de oportunidades hay y cuando más racismo se expresa a nivel social y político. Es que la élite ha logrado convencer a muchas personas que, en primer lugar pueden “blanquearse” y pueden tener las mismas oportunidades de prosperidad económica que ellos tienen. Lo que la élite sabe (y que la mayoría de los peruanos desconoce), es que aquellos que consideran “cholos” e “indios” jamás dejarán de serlo ante sus ojos, y que las mayorías jamás accederán al crecimiento económico, porque la élite no se lo permitirá. Así, la democracia está siendo reemplazada en el Perú por un sistema autoritario que cuenta con tres formas de hacer política: el engaño, la violencia y la demagogia.  

            De otro lado, el fascismo se ha aliado con el sector dominante de las Iglesias. En caso patente es la alianza establecida con la jerarquía de la Iglesia Católica. El sector más conservador de la Iglesia Católica peruana ha establecido una alianza con los sectores fascistas y con los poderes económicos partidarios del neoliberalismo para conseguir sus propios objetivos: a) combatir la Teología de la liberación y arrinconar a su gestor, el padre Gustavo Gutiérrez; b) tomar posesión de parroquias y diócesis; c) destruir la pastoral social establecida por los sectores progresistas durante los años 80[10]; d) controlar los centros de formación eclesiásticos; e) controlar parte del sistema educativo, especialmente en el nivel superior[11]; f) influir significativamente en la definición de las políticas públicas, especialmente en lo referente a la planificación familiar y el control de la sexualidad[12], además de controlar ciertas expresiones culturales. Por su parte, los sectores fascistas encuentran en la jerarquía conservadores una ideología de la salvación que les asegura respaldo popular y político puesto que la Iglesia conservadora tiene una gran presencia en el territorio nacional.  Los sectores neoliberales reciben de la Iglesia conservadora el apoyo ideológico de que el beneficio de las grandes corporaciones es sinónimo de beneficio del país. En contraparte, los sectores neoliberales corresponden con apoyo financiero a la Iglesia conservadora.

            Al lado del sector neoliberal, y de sector reaccionario y conservador, se encuentran en el Perú actual los radicalismos de izquierda, que expresa la tercera línea del fascismo en el Perú. Este fascismo de izquierda tiene una gran influencia en las universidades públicas y allí dominan la discusión académica bajo la forma de la ideología dominante. Pero también cuentan con una presencia política y militar en el territorio nacional. Su presencia política se encuentra dividida en dos sectores claramente definidos y diferenciado. El primero es el sector de la izquierda nacionalista, que contiene dos facciones en su interior: El “Partido Nacionalista” y el movimiento “Etnocacerista”. El “Partido Nacionalista” se encuentra asociada al llamado “Socialismo del siglo XXI”[13] que se encuentra asociado al movimiento que viene de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, es decir, los países cuyos gobiernos se encuentran asociados a las denominadas “Casas del Alba”, y que cuentan en el Perú su representación política en el Partido Nacionalista.

El “Partido Nacionalista” se encuentra dirigido por Ollanta Humala y se mantiene al interior del sistema legal de partidos, cuentan con representación parlamentaria y su líder, Ollanta Humala se ha presentado a las elecciones presidenciales últimas y sigue manteniendo aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República. Al igual que sus pares en la región comprenden el socialismo un movimiento político que busca llegar al gobierno para, por medio de los aparatos del Estado, llevar adelante transformaciones en la infraestructura económica, social, jurídica y política del país. En este sentido el “Partido Nacionalista”  sostiene que las transformaciones llevadas a cabo por el gobierno militar dirigido por Velazco Alvarado han permanecido inconclusas y pretenden culminarlas. Es por ello que todo hace suponer que de ganar las elecciones el “Partido Nacionalista” hará lo mismo que sus pares en Venezuela y Bolivia: convocar a un referéndum para cambiar la Constitución Política del Estado de modo que ello les permita introducir los cambios en la estructura básica del país que ellos consideran necesarias. Para ello sería necesario neutralizar los derechos políticos básicos como el de  deliberación política de parte de la sociedad civil. Dicho directamente: el gobierno, y no el pueblo, sabe lo que mejor le conviene al pueblo, razón por la cual no se debe permitir al pueblo que delibere sobre la vida política del país. Así, el socialismo del siglo XXI se convierte en un gobierno para el pueblo pero sin el pueblo[14]. 

El movimiento Etnocacerismo, por su parte, se adhiere a las ideas del nacionalismo étnico forjado por Isaac Humala  (padre de Ollanta y Antauro Humala) que busca regresar a los supuestos ideales colectivistas del Imperio Incaico. Esta es abrazada por el denominado “Batallón de Reservistas Etnocacerístas” o “Ejercito Tawantinsuyano de Liberación Nacional” (ETLN).  El movimiento se encuentra liderado por Antauro Humala, hermano de Ollanta, y tiene vínculos más estrechos con algunos sectores de las Fuerzas Armadas. No es casual que este grupo reivindique la figura de Andrés Abelino Cáceres, miembro de las fuerzas armadas que durante la denominada Guerra del Pacífico –que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile- organizó la resistencia en los Andes juntando a un ejército de indígenas mientras Lima había sido ocupada por las tropas chilenas.  En este sentido el movimiento Etnocacerismo articula el componente militarista con las reivindicaciones étnicas y nacionalistas. El modo de hacer política de este sector del nacionalismo es a través de las armas, pero con escazas escaramuzas en su haber, entre las que destaca de lejos el denominado “andahuaylazo”[15]. Es necesario destacar que tanto Ollanta como Antauro Humala son hermanos y se encuentran vinculados a un sector de las Fuerzas Armadas. Entre fines de los 90 y principios del 2000 circuló en Lima una publicación periódica llamada “El Ollanta” y que era el órgano de expresión del Etnocacerismo. En esa publicación se abogaba por posturas radicales y se reivindicaba la figura de Juan Velazco Alvarado. El radicalismo nacionalista puede encontrar potenciales aliados entre los reaccionarios de extrema derecha. De hecho, durante las últimas elecciones un sector de los reaccionarios votó por Ollanta Humala, y es que sin ser lo mismo, ambos sectores rechazan el sistema democrático y eventualmente pueden unir sus fuerzas.  

 El otro sector de la izquierda radical lo ocupa el denominado “Partido Comunista del Perú -  Sendero Luminoso”. Pero Sendero Luminoso no agota el radicalismo de izquierda, sino que también se encuentra Patria Roja y otras agrupaciones menores que no ingresan a la “lucha armada” paro mantienen una prédica radical. En realidad “Sendero Luminoso” representa el sector más radical de la izquierda marxista-leninista que se convirtió en un grupo terrorista durante el conflicto armado interno y que a parir de la captura de su líder, Abimael Guzmán se encuentra fraccionado en dos partes. La primera parte, se mantuvo fiel a Guzmán, quien dio la orden de no seguir con denominada la “lucha armada” hasta nuevo aviso. Esta primera facción considera que la coyuntura política que se abrió con la captura del líder exige una estrategia de reivindicación de los derechos humanos de los senderistas encarcelados, y actualmente levantan la bandera de una política de “admitía general y reconciliación” que significa la liberación tanto de senderistas y de miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran en prisión. Este sector ha considerado que la captura del líder es un “recodo en el camino” y ha decidido insertarse en la vida política legal, aunque manteniendo una prédica radical. La estrategia ha surtido relativo efecto, pues tienen cierta presencia política en algunos sectores del interior del país y  en algunas universidades públicas   El segundo sector de sendero es el llamado “proseguir” y liderados por el denominado “Camarada Artemio” han decidido continuar con la “lucha armada”. Este segundo sector se alió con el narcotráfico y se convirtió en un grupo que defiende las zonas liberadas para el narcotráfico, especialmente, la zona denominada VRAE  (Valle del río Apurímac y Ene).

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[1] Alberto Fujimori gobernó el país a través de una coalición cívico-militar, tal como lo muestra el llamado “Plan Verde”. Dicho plan lo había gestado desde 1989 una cúpula militar y fue presentado al reciente electo presidente Fujimori el año 90. En dicho plan se señala la necesidad de las siguientes medidas: establecimiento del libre mercado y reinserción del país en el orden económico internacional, establecimiento de la pena de muerte, establecimiento de un plan de pacificación del país, una reforma educativa y un acuerdo de paz en las fronteras. Pero además se establece la reelección del presidente de la república para llevar adelante un proyecto a largo plazo, establecer un Servicio de Inteligencia que lleve adelante un Sistema de Control, Seguridad  y Propaganda. Al mismo tiempo establecer una relación con la prensa que conduzca a una política de autocensura de parte de los medios de comunicación. El documento señala que la conducción de la política estratégica nacional a largo plazo corresponde a un “Consejo Estratégico de Estado” (CEE). Dicho Consejo no tendrá que asistir al Consejo de Ministros y se mantendrá completamente en el misterio y absolutamente fuera de control democrático. Además, las sesiones del Consejo de Ministros serán vigiladas por el CEE a través unas cámaras que se habían instalado en la Sala del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de Alan García. El “Plan Verde” fue hecho de conocimiento público por la revista Oiga el 12 de julio de 1993.   

[2] El 2006, a través de la agrupación política “Unión por el Perú” salió elegida Congresista de la República Hilaria Supa, una mujer de origen Quechua. El 23 de abril del 2009 el diaria “Correo” publica unas fotos de la libreta de notas de la congresista, libreta donde aparecían varios errores de ortografía española. Con anterioridad fue duramente criticada por Martha Hildebrandt y otros congresistas fujimoristas. A raíz de esos sucesos se inició contra ella una acción de cuestionamiento y de censura política a causa de su procedencia étnica. Después de los ataques a congresistas que tengan el perfil de Hilaria Supa se puede esperar que el siguiente paso sea la discriminación devenida en ley sancionada por el congreso. Con ello la élite autoritaria limeña estaría buscando las formas de contrarrestar la política contra la discriminación que parte de la sociedad civil está fomentando. De esta manera, se está produciendo en el Perú un fenómeno de marginación racial y étnica jurídica y política, es decir, la élite autoritaria está coronando con ello el proceso de marginación y discriminación social. Estos hechos recientes parecían ser parte del pasado en el Perú contemporáneo, pero los grupos que concentran el poder en el Perú de nuestros días parecen añorar los tiempos pasados. Cf. ADRIANZÉN, Alberto; La tentación autoritaria en el Perú, en: Le Monde Diplomatique, edición peruana, Mayo 2009, pp. 16-17.

[3] Aunque resulta un contrasentido el que un país democrático se gobierne bajo una Constitución Política gestada en un golpe de Estado cívico-militar, como es el caso de la de 1993, ésta no se ha modificado debido a que está cortada a la medida de los potentes intereses de los grandes sectores neoliberales. Una de las señales claras de la dirección neoliberal de la Constitución vigente es que permite la parcelación de las tierras comunales, cosa de interés fundamental para los grandes capitales debido sus intereses en la minería y en la extracción petrolífera.

[4] Cf. ADRIANZÉN, Alberto; La transición inconclusa: de la década autoritaria al nacimiento del pueblo, Lima: Otra Mirada, 2009. En dicho libro Adrianzén presenta como después del gobierno militar que duró desde 1968 hasta 1980, el Perú se ha encontrado en una perpetua transición inconclusa del autoritarismo a la democracia. La tesis central del libro señala que la coexistencia del proyecto democratizador y el proyecto neoliberal de las élites económicas entran en franco conflicto, lo que trae como consecuencia el fracaso de la transición completa hacia la democracia. La más reciente oportunidad para culminar esta transición fue el gobierno de transición de Valentín Paniagua, que  tomando como referente los años del conflicto armado interno, tenía la oportunidad de completar la transición. Sin embargo, el gobierno de Alejandro Toledo truncó el proceso de transición por su alianza con los poderes económicos a través de su ministro de economía, Pedro Pablo Kuchinski. 

[5] Cf. ADRIANZEN, Alberto; La tentación autoritaria en el Perú.

[6]  Un ejemplo de ello lo constituye Eduardo Hernando Nieto, quien desde una óptica schmittiana defiende abiertamente la aplicación de la tortura a los prisioneros durante la guerra contra el terrorismo internacional iniciada el 2001, y mitatis mutandi, a los casos de combate del terrorismo interno. Cf. HERNANDO NIETO, Eduardo, Derecho y emergencia: hacia una teoría del derecho del enemigo, Lima: PUCP. Cuaderno de trabajo N°3, agosto, 2007.

[7] Un ejemplo de ello es la Universidad Mayor de San Marcos, en la que el fascismo de izquierda y el fascismo de derecha se han consagrado como fuerzas importantes que dominan la discusión académica. El fascismo de izquierda está representado por los grupos aliados a Sendero Luminoso, como el llamado “Movimiento por la admitía general y la reconciliación”, movimiento que exige en la actualidad la liberación de todos los miembros de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas que se encuentran en la cárcel en la actualidad. Este movimiento confunde el término “reconciliación” con el de “impunidad”, confusión que es altamente peligrosa. Pero también el fascismo de derecha está presente en dos facciones reconocibles: el movimiento reaccionario, vinculado al pensamiento de Carl Schmitt, Donoso Cortés y Leo Strauss, entre otros. Entre los representantes de este sector se encuentra el profesor Eduardo Hernando Nieto, quien es un abierto partidario de que el Perú devenga en un Estado Confesional.

[8] En este sentido, el presidente de la república, publicó periódicamente en el diario El Comercio una serie de artículos que denominó “El perro del hortelano”, en referencia a aquellos supuestos sectores que se oponen al “desarrollo” y la “prosperidad”. La tónica de dichos artículos, que expresan el pensar del sector neoliberal asentado en Lima, es que la población de la Amazonia y la sierra  del Perú se opone al desarrollo cuando expresan su desacuerdo con la minería. Recientemente se ha discutido la expulsión de varios religiosos, entre los que destaca el hermano Lasalle Paul McAuley. Así, se ha pasado de la persecución de los “curas rojos” al hostigamiento de los “curas verdes”. Los artículos de  “El perro del hortelano” muy bien puede ser acompañados con el lema del escudo chileno: “por la razón o por la fuerza”. Aunque parece ser que la élite dominante limeña prefiere el uso de la fuerza, la hostigación y la expulsión al diálogo razonado.

Los conflictos ambientales en el Perú tienen dos raíces fundamentales. La primera es por el desarrollo de un grupo de mineras irresponsables que contaminan el medio ambiente. La segunda raíz se encuentra en la ley 26505, votada en 1995, al amparo de la constitución neoliberal creada durante el gobierno de Alberto Fujimori, el año de 1993.  Dicha ley señala respecto de las comunidades amazónicas y andinas en su Artículo 8o.- “Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son libres de adoptar por acuerdo mayoritario de sus miembros el modelo de organización empresarial que decidan en Asamblea, no estando sujetas al cumplimiento de ningún requisito administrativo previo.” Y en su Artículo 11o.- “Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”. Pero favorece la parcelación de la tierra de las comunidades asentadas en la costa. Así, en su Artículo 10o.- “Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas deberán regularizar su organización comunal de acuerdo con los preceptos Constitucionales y la presente Ley.
Tratándose de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas de la Costa, la regularización del derecho de propiedad se regirá por las siguientes normas: a) Para la adquisición en propiedad por parte de posesionarios comuneros sobre la tierra que poseen por más de un ano, el acuerdo de Asamblea General de la Comunidad requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un ano. Para los efectos de la adquisición por el actual posesionario, la entrega de las parcelas se acredita con el documento extendido por la Comunidad a su favor. b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales de la Costa se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente.” Como se puede apreciar, la ley de 1995 promueve la desmembración de las tierras comunales de la costa mientras que protegen las tierras comunales de la selva y de la sierra. Pero en mayo del 2008 el gobierno de Alan García publicó el decreto legislativo N° 1015 que modificaba los artículos 10 y 11 de la ley e indicaba que los requisitos que regían en la costa también valían en la sierra y en la selva. En junio del mismo año el gobierno dio marcha atrás y derogó el decreto N° 1015 a través del decreto legislativo N° 1065. Pero en junio del 2009 dejó sin efecto el decreto N° 1065 a través de la ley 29376.  De esta manera dejó finalmente desprotegida la tierra comunal en la sierra y la selva. Estas idas y vueltas del gobierno no muestra más que una voluntad de desproteger cada vez más a las comunidades andinas y amazónicas para beneficiar cada vez más a empresas extractivas extranjeras, especialmente de Brasil y de China.  

[9] Una expresión clara del autoritarismo por parte del sector neoliberal es su negación de derechos políticos como en  de la deliberación de cuestiones públicas. Durante el año 2010 se abrió la campaña política para las elecciones de alcaldes en todo el país. Los candidatos más fuertes para Lima han presentado en la campaña un discurso autoritario que se puede resumir en estos términos: si somos elegidos impondremos orden en la ciudad pero sin abrir un debate público sobre qué tipo de orden requerimos. Sólo contaremos con la opinión de nuestros técnicos. Pero, junto al discurso del orden, se encuentra el mensaje de que Lima es una ciudad de empresarios emprendedores y se habla de las poblaciones de los conos, que son las zonas populares,   como zonas de pequeños empresarios emprendedores. Así, la derecha autoritaria hace suyo el lema del escudo del Brasil: “orden y progreso”. Pero lo que no se menciona es que dicho orden puede incluir el uso de la violencia.

                En general, el discurso de que la población mayoritaria es o puede convertirse en pequeños empresarios es un poderoso caballo de batalla ideológico del neoliberalismo en el Perú actual. Lo que no se menciona jamás es que el crecimiento de tales sectores emergentes no podrá sobrepasar ciertos límites que los grandes capitales nacionales y extranjeros imponen, además de que el gran sector de la población que son empleados serán cada vez más golpeada por la política económica que se inclina a la flexibilización laboral, es decir a bajar los salarios y a dar facilidades de despido a los empleados. 

[10] Tal como lo presentara Alberto Adrianzén en un artículo titulado La nueva extirpación de idolatrías publicado en el diario La República, del sábado 16 de diciembre del 2006, la política de los sectores conservadores de la Iglesia Católica, con la venia de Vaticano, han desmontado la pastoral que la Iglesia progresista había articulado en el sur andino. Este desmantelamiento tiene tres pasos: a) expulsar a las congregaciones progresistas de la zona, b) nombrando obispos conservadores, especialmente de los movimientos Sodalisium y Opus Dei, y c) declarando falsa la catequesis que la Iglesia progresista había llevado adelante en esa zona, por tener una orientación social, y señalando que los pobladores son “paganos” y necesitan de una nueva catequización que extirpe la idolatría social que la Iglesia progresista inoculó.

La pastoral andina articulada desde los años 70, bajo la inspiración del concilio Vaticano II. Uno de los gestores de esa pastoral fueron los obispos de los Sagrados Corazones Luis Dalle y Luciano Metzinger. Esa pastoral articuló un sistema de redes sociales que resultó muy importante para proteger a la población de la presencia de Sendero Luminoso durante los años más duros de la violencia. El que dicha pastoral se desmantele resulta sumamente peligroso en caso de que algunas ideologías radicales quieran instalarse en la zona. Es por ello que resulta irresponsable la acción de la Iglesia conservadora en la región, pues están generando el caldo de cultivo para que los radicalismos violentos de izquierda (ya sea Sendero Luminoso u otro grupo) tenga una presencia significativa en la zona.

[11] A nivel educativo la derecha radical ha instaurado dos herramientas poderosas que tiene un espacio tanto en la educación escolar como en la educación superior: la primera es una educación respecto de la historia que tiene como eje el relato de los grandes héroes guerreros y la de los grandes autócratas del país.  A través de esta primera herramienta se genera en la conciencia nacional dos ideas que son peligrosas para la democracia. La primera de éstas es que los personajes que merecen admiración serían individuos que no se encuentran comprometidos con los valores políticos democráticos, como la tolerancia, el rechazo de la esclavitud, el rechazo de la discriminación racial, sexual, social y étnica. Los héroes de la historia que se enseña en el Perú no son héroes democráticos. La segunda idea peligrosa consiste en que dicho relato de la historia nacional se fomenta la creencia de que el Perú es un país autoritario por naturaleza. De esta manera se fomenta la creencia de que el peruano tiene una esencia particular, que la de ser autoritario, es decir, la de necesitar ser gobernado con “mano dura”. La segunda herramienta de la educación de extrema derecha es la llamada “educación en valores” según la cual habrían ciertos valores morales que los ciudadanos deberían internalizar, valores que son determinados por las élites autoritarias. Respecto a la educación en valores cf. GAMIO, Gonzalo; La racionalidad de los conflictos éticos, en: GAMIO, Gonzalo;  Racionalidad y conflicto ético, Lima: IBC-CEP, 2007. Además Cf. FRISANCHO, Susana; Identidad moral, fundamentalismo y derechos humanos, en: FRISANCHO, Susana y Gonzalo GAMIO (Eds.); El cultivo del discernimiento, Lima: Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2010.

Hay dos elementos que requieren comentario. El primero es que la derecha radical católica se empeña en presentar la secularización de la sociedad peruana como un mal que hay que combatir, y para apoyar su posición antisecular presentan una historia del Perú según la cual éste aparece como un país esencialmente católico, en el cual tanto el secularismo como el liberalismo se han impuesto por la fuerza, como contranatura. Esta visión de la historia que la extrema derecha católica fomenta oculta el hecho de que la religión Católica se impuso en el Perú a través de la conquista española, y fue un proceso sumamente violento. El segundo elemento que es necesario resaltar es que la visión de la historia forjada por líderes autoritarios no es exclusiva de la extrema derecha peruana, sino que también la comparte la extrema izquierda. Basta con ver la estructura vertical y autoritaria que tiene los movimientos de izquierda extrema en el Perú para constatar que también creen que el peruano es esencialmente autoritario. 

[12]  El control de la sexualidad es un arma muy poderosa de los grupos conservadores pertenecientes a la Iglesia Católica. Quien ha estudiado me manera más clara la política sexual de estos sectores es Jaris Mujica, quien en su libro  Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder, donde se señala que los grupos conservadores se han reciclado estableciendo una estrategia que les permita utilizar los mecanismos democráticos para influir en las políticas públicas con el fin de controlar la vida sexual de las personas y restarles aquellos derechos que se han conquistado históricamente, como los de las mujeres, los de las minorías sexuales, la de expresar y vivir una vida sexual tal como las personas decidan,  el derecho a definir su propia orientación sexual o la planificación familiar. El órgano operativo de la Iglesia conservadora para controlar la vida sexual de la población es la agrupación “pro vida”. Paradógicamente, una agrupación denominada “pro vida” tiene como objetivo central restringir las posibilidades para elegir qué tipo de vida sexual las personas decidan llevar. Cf. MUJICA, Jaris; Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder, Lima: PROMSEX, 2007.

[13]  El término “Socialismo del siglo XXI” fue acuñado por primera vez en 1996 por Heinz Dieterich Steffan, sociólogo y analista político alemán residente en México y que se ha dedicado a estudiar las izquierdas a nivel mundial.  El término adquirió difusión mundial a partir del discurso del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el V Foro Social Mundial, discurso pronunciado el 30 de enero del 2005. Hugo Chávez generó la denominada “Versión Bolivariana” del socialismo del siglo XXI, según la cual el camino al socialismo pasa por la instauración de una democracia revolucionaria que supone, entre otras cosas instaurar una democracia directa.  

[14] El recurso al referéndum y el gobernar por medio de plebiscitos caracteriza a lo que se conoce como “democracia directa”. Ya en su momento, Alberto Fujimori aducía la necesidad de instaurar esta forma de democracia en el Perú, para que sea el pueblo quien directamente condujese la vida política del país. La democracia directa es una forma de gobierno que sólo tiene en cuenta el principio democrático, pero careciendo de principios de justicia. En un sistema así se produce el despotismo de la masa por medio del cual todos, sin ser todos, gobiernan sobre todos, es decir, la mayoría reduce a cero los derechos de las minorías; o peor aún, la minoría, por medio de la demagogia puede imponerse sobre la mayoría. Los principios de justicia de los que se carece en este sistema son justamente los derechos fundamentales, los cuales no se establecen como principios pétreos  sustraídos de toda negociación política.

                A diferencia de este tipo de democracia, que es necesariamente autoritaria, la denominada “democracia constitucional” y la “democracia radical” articulan el principio democrático con los derechos fundamentales. La democracia constitucional los asegura colocándolos en la Constitución Política y señalando su no negociabilidad política; en cambio, la democracia radical trata de garantizar el goce de tales derechos de parte de los ciudadanos a través de mecanismos de accesos sociales que permitan realizar en la vida de los ciudadanos los derechos consagrados en la Constitución.    

[15] El denominado “andahuaylazo” fue un levantamiento de reservistas etnocaceristas que tomó la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005 y mataron a varios efectivos, entre los que se encontraba el teniente Luis Chávez Vásquez. Dicho levantamiento  tenía como propósito pedir la vacancia de la presidencia del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo. La estrategia consistía en provocar un movimiento de represión violenta por parte de las Fuerzas Armadas contra los rebeldes que habían tomado control de la comisaría y que estaban convocando a la insurrección general de las Fuerzas Armadas contra el gobierno democrático. Si el gobierno respondía con una fuerza desmedida contra los rebeldes se podrían dar las condiciones para que el congreso pidiera la vacancia del presidente. Un antecedente del levantamiento lo constituye el levantamiento etnocacerista de Locumba, del año 2001. La diferencia es que el movimiento de Locumba era en contra del gobierno de Alberto Fujimori, que no era un gobierno plenamente democrático.