EL LIBERALISMO POLÍTICO Y LA DISOLUCIÓN DE LA DISYUNTIVA ENTRE EL IUSNATURALISMO Y EL POSITIVISMO JURÍDICO

              

              Los cursos sobre filosofía del derecho tradicionalmente han asumido como uno de sus ejes centrales el debate entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. Esto se comprende por dos razones básicas. La primera es que los abogados y juristas suelen tener una comprensión del derecho que incorpora ambos puntos de vista. La segunda razón es porque ha existido, en el último siglo y medio una desconexión entre la filosofía del derecho hecha por los abogados y el trabajo de los filósofos sobre el tema.

            La comprensión de los juristas supone dos cosas que suenan bien pero que no se articulan de manera adecuada. De una parte, asumen el punto de vista positivista según el cual sólo es derecho lo que está legislado o puesto y, de otra parte, consideran que la justificación de los derechos se encuentra en la dignidad (considerada como un elemento inherente al o innato en el ser humano).  De esta manera, al pensar en la dignidad humana recurren en un argumente iusnaturalista. Con esto, parecen no percibir con claridad que su comprensión ordinaria del derecho es inconsistente y entra en contradicciones. La contradicción radica en que hacen depender el derecho positivo (defendido con los argumentos del positivismo, argumentos que rechazan todo recurso metafísico), hacen depender el derecho positivo en un elemento metafísico que es una presunta idea de naturaleza humana de la cual se desprende la dignidad inherente al ser humano.

            De otro lado, en los cursos de filosofía del derecho impartido en muchas escuelas de derecho se ha dado una centralidad en el debate entre el derecho natural y el positivismo jurídico. Como sabemos, dicho debate tiene un contexto histórico marcado por el desarrollo de la ciencia moderna y el desplazamiento de las explicaciones metafísicas por las explicaciones científicas de los diferentes ámbitos de la realidad. Este desplazamiento tiene que ver con los procedimientos de justificación de las afirmaciones científicas y jurídicas. Pero las revoluciones en el modo de pensar que desde Kant se han venido operando y que se han radicalizado con los avances de la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje, el pragmatismo y la hermenéutica han hecho de las justificaciones científicas positivas cosas del pasado.

            Estos cambios han tocado también la comprensión del derecho y está exigiendo que los paradigmas filosóficos desde los cuales esta disciplina y las prácticas que se desprenden de ella sean revolucionados. Sin embargo podemos encontrar una resistencia que tiene varias estrategias y varios motivos. Uno de los motivos es que las instituciones en las que circulan las ideas positivistas son muy influyentes. Eso explica, por ejemplo, la popularidad que tienen los trabajos de Mario Bunge entre los teóricos del derecho latinoamericanos. Una de las maneras que usan los positivistas para mantener su posición de dominio en la escuelas jurídicas es repitiendo que el debate central en el derecho es el que existe entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. Insistir en dicho debate les garantiza ganar, como quien dice, por puesta de mano, ya que los argumentos iusnaturalista no parecen ser ni atractivos ni convincentes, sino más bien obsoletos.

            Pero en el debate no debe sólo prevalecer el punto de vista del que pertenece a la institución que tiene más recursos y mayor apoyo político, sino que debe vencer la fuerza de los argumentos. Y es justamente en este nivel en cual el positivismo  se encuentra con grandes dificultades. Las complicaciones conceptuales, argumentativas y prácticas han llevado al positivismo a intentar renovarse o reencaucharse. Los esfuerzos han conducido a estrategias que van de sostener versiones de positivismo incluyente o positivismo metodológico. Pero, en vista de los fracasos encontrados al emprender estos caminos, el positivismo se ha arropado bajo el manto del neoconstitucionalismo y de cierta versión de la argumentación jurídica que desconecta la argumentación en el derecho de las razones y las instituciones de las sociedades democráticas y liberales.

            En el fondo, el fracaso del positivismo trae consigo la banca rota conceptual del debate iusnaturalismo – positivismo. La razón de este fracaso radica en que el positivismo considera al derecho como un discurso autopoiético. Es decir, la visión dominante en el derecho entiende la disciplina como completamente desconectada de las demás áreas de la vida social en dos sentidos: desde el lado de la génesis o producción del derecho y desde el de la relación del derecho con la política y la moral. Desde el primer ámbito, el positivismo considera al derecho como producido por sí mismo, sin relación con algún otro elemento al momento de su génesis o constitución. Desde el segundo, el derecho se comprende a sí mismo como un sistema autónomo que no se conecta con otros sistemas sociales. Bajo la impronta de la teoría de sistemas de Luhmann el positivismo se encuentra apertrechado en su posición de autocentramiento como quien da la batalla hasta el final.

            El liberalismo político, aprovechando esta circunstancia, declara que el derecho no es un sistema cerrado, sino que es un conjunto normas enlazadas entre sí y conectadas con lo que desde Husserl se conoce como el “mundo de la vida”. De esta manera, el liberalismo político libera el derecho de su autocentramiento narcisista y conectarlo con la moral y la política. Pero la reacción positivista no se dejó esperar, pero en vez de contrastar argumento con argumento, lo que ha venido de ese lado de la discusión es el epíteto vaciado de razones. Lo que se ha dicho y repetido es que el liberalismo político es filosofía política y no filosofía del derecho. De esta manera se ha señalado que lo que hacen John Rawls  y Jürgen Habermas no es filosofía del derecho, sino filosofía política. Pero con ello no responden a la pregunta central que el liberalismo político plantea al derecho, a saber, si tiene o no conexión con las instituciones y prácticas de una sociedad liberal y democrática.

CUARENTA AÑOS, CHILE

El 11 de este mes se conmemoran los cuarenta años del brutal golpe de estado perpetrado por Augusto Pinochet en Chile. Este acontecimiento pone sobre el tapete tres temas: 1) El compromiso que se tiene en América Latina con la democracia, 2) La memoria y la Comisión de la Verdad y 3) El discurso de la derecha latinoamericana según el cual el desarrollo económico justifica la violación de los derechos humanos.

Si bien, en buena parte de la región se han instaurado regímenes democráticos, aún falta llevar adelante la tarea de fortalecer las instituciones democráticas, y hacer de la democracia más inclusiva. Ello supone no solamente incorporar a la población al mercado, imponiéndole sus reglas, sino hacerla participe de la discusión política respecto de la manera en que la sociedad y el mercado deben relacionarse. En el Perú como en otros lugares de Latinoamérica se considera peligrosamente que sólo deben participar los técnicos. Se argumenta que, puesto que la población no tiene la instrucción adecuada, no está capacitada para tomar esas decisiones. Ese argumento es potencialmente autoritario y trae consigo la idea de que es mejor retirar derechos políticos a los ciudadanos en vistas de mantener el crecimiento económico. En vez de apuntar a fortalecer la educación y hacer que ésta se democratice, y no atarla a bonos (tal como sugiere Bullard) o a créditos bancarios (como sucede en Chile), se opta por el camino más autoritario. ¿Quiénes toman esas decisiones? Nada menos que las derechas empresariales, las mismas que no tuvieron inconveniente en compartir el poder con las dictaduras de derechas en la región.

Si bien en algunos países de la región se instauró Comisiones de la Verdad, algunas de ellas fueron enfrentadas rabiosamente, como sucedió en el Perú. En otros países, como es el caso de Chile ni siquiera se logró instaurar alguna. El poder pinochetista en Chile fue tal, durante el paso a la democracia, que logró imponer su negativa a la instauración de una Comisión de la Verdad. Esto trae consigo una política de menosprecio frente a las víctimas de los regímenes autoritarios o de los conflictos armados internos. Esta política no abona en el fortalecimiento de la democracia en la región. Pero ello también es un indicio que quienes instauraron un gobierno autoritario en el pasado, o sus grupos asociados, siguen teniendo poder político lo suficientemente fuerte como para neutralizar la justicia, la memoria y el reconocimiento.

Todo esto está asociado al discurso de que las violaciones de los derechos humanos del pasado se encuentran justificadas pues sin ello, se argumenta falazmente, no se habría logrado la pacificación y el crecimiento económico. Incluso, muchos de quienes asumen hoy en día el discurso de los derechos humanos consideran que hay que dar vuelta a la página, olvidarse de la memoria y mirar hacia adelante. Ello significa hacerse de la vista gorda respecto de los crímenes del pasado. Lo que esto muestra es que las derechas más radicales se están adueñando del discurso de los derechos, volviéndolo en una cuestión estrictamente técnica, y desconectándolo del pasado y de las consecuencias políticas.

Hace poco, Salvador Piñeira señaló que Salvados Allende también quebrantó el Estado de Derecho. ¿Qué se pretende con esta declaración? ¿Acaso justificar el golpe de Estado de Pinochet? Ese es el argumento del niño de primaria que dice “él empezó primero”. Es lamentable que un líder de la región utilice recursos como esos. En realidad, eso está expresando una mentalidad propia de una derecha que no se siente realmente comprometida con la democracia, y que la percibe como un obstáculo para sus intereses.

¿Debemos desentendernos de la memoria?

            Durante estos días, enmarcados en la conmemoración de los diez años de la presentación del Informe Final de la CVR, se ha repetido un discurso que vale la pena analizar y cuestionar. De acuerdo a él, debemos de dejar atrás el relato del Informe Final de la CVR, y hay que mirar hacia el futuro y no al pasado. Esto se ha dicho y repetido respecto de la agenda política nacional, señalando que las circunstancias actuales son diferentes de hace diez años y que los puntos de la agenda ya no pueden contemplar aquellos planteados por la CVR, o considerar sólo unos cuantos pero no todos. De otro lado, se ha señalado que incluso los cursos y la actividad en Derechos Humanos deberían desembarazarse de la CVR, dejar de mirar el pasado y dirigirse hacia el futuro.

            Estas visiones, que provienen en su mayoría de la ciencia política, el derecho y los políticos de derecha, consideran que dos temas centrales de la CVR pueden relativizarse a tal grado que eventualmente se podrían ser dejados de lado. El primero de estos temas es el de la justicia, tanto distributiva, como cultural o vinculada al reconocimiento del otro, y la justicia relativa a la representación política legitimada. El segundo lo constituye la memoria como elemento central para la constitución de un proyecto político compartido. Sospecho que ambos puntos quieren ser dejados de lado por una derecha inflamada  y dominante en este país, pues los dos cuestionan su posición de influencia.

            El tema de la justicia se considera que ha quedado fuera debido al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Pero la reducción de la pobreza no significa la disminución de las desigualdades económicas. Pero además, y esto es más importante, la justicia no puede entenderse sólo bajo los parámetros de la economía neoclásica impuesta por la política conservadora de los defensores del neoliberalismo económico. La justicia debe incluir un aspecto político que suponga la posibilidad de ser copartícipes de la toma de decisiones. Ello supone el reconocimiento social y político de las minorías y mayorías culturales y sexuales. Dicho reconocimiento supone dejar utilizar los medios de presión y engaño para imponer proyectos empresariales en territorio de las comunidades amazónicas, por ejemplo. Pero además, es necesario potenciar la justicia que significa la representación política debida y enfocar los esfuerzos en mejorar la educación puesto que mejorándola los ciudadanos podrán entender mejor las consecuencias de sus opciones políticas, además de poder participar de manera más efectiva en la política local y nacional.

            El otro punto, a saber, el de la memoria, ha sido acentuado por Salomón Lerner Febres en estos días. Lerner señala que la memora, tanto para una persona como para un país, es indispensable para articular un proyecto de vida o un proyecto político. Un individuo sin memoria no solamente es proclive a repetir los errores del pasado, sino que no está en condiciones de enlazar sus acciones pasadas con las presentes y no puede construir un proyecto de vida hacia el futuro. Sin memoria, estaría comenzando siempre de nuevo, de la nada y tendría una vida carente de sentido. Lo mismo sucede en un país en el cual se decide dar la espalda al pasado y vivir sin memoria. No conseguiría articular un proyecto político nacional.

            Pero uno de los aspectos que ha sido combatido con mayor fuerza en este país durante los últimos diez años ha sido el de la memoria, por dos razones: 1) los sectores hegemónicos no quieren reconocer su responsabilidad respecto de lo sucedido y 2) estos mismos sectores no quieren que se articule un proyecto nacional que compita con su proyecto particular. Se prefiere un país fragmentado porque en él se podrán satisfacer sin resistencia las exigencias y necesidades de estos sectores. Pero esta estrategia es limitada en su mirada y alcance. No permite que se genere el aprendizaje necesario para que el pasado no se repita, sino que no permite mirar hacia el futuro como un horizonte en el cual todos nos podamos sentir reconocidos y con el que nos podamos comprometer. Lo que ha quedado claro, o debería quedar claro en este país, es que a raíz de la experiencia del conflicto armado interno de la década de los 80 y 90 la secuencia de regímenes autoritarios no puede seguir reproduciéndose en el futuro. Los autoritarismos que prendieron las décadas de los 80 y 90 tuvieron consecuencias tan devastadoras que debería  instaurarse en la conciencia de los peruanos que debemos detener esos procesos que hacen que el fantasma del autoritarismo vuele sobre las aguas. Por ello es importante darle un sentido claro a la educación en el Perú.