La
alcaldesa de Lima, Susana Villarán está mostrando la valentía y la entereza que
sus predecesores no habían tenido al momento de plantearse hacer frente a dos
problemas centrales de la ciudad: el de la Parada y el del reordenamiento del
transporte. Sus adversarios políticos han argumentado que la estrategia para
llevar adelante ambos proyectos no era adecuada, y por ello se produjeron actos
de violencia extrema el jueves en la Parada, y que por lo mismo tiene un sector
de transportistas y de medios de comunicación que apoya la revocatoria.
¿Por qué razones ni Andrade ni Castañeda
tomaron cartas sobre el asunto cuando eran alcaldes? No es difícil adivinar la
respuesta: el costo político que ello implica. Se puede criticar muchas cosas
al operativo del jueves: la alcaldesa no estaba en Lima, era una mala hora para
realizarlo, debió de pensarse en intervenir a los camiones de abastecimiento de
la Parada en la carretera y no en La Victoria. Todos estos argumentos caen por
su propio peso, por lo absurdo. Los vándalos de la Parada estaban esperando a
la policía y se había montado dentro del mercado una olla común para
alimentarlos por si el operativo tardase, grupos asociados al MOVADEF estaban
infiltrados para aprovecharse del pánico y generar zozobra, además resulta
absurda la idea de cerrar el acceso a los camiones desde las vías de acceso a
la ciudad. Lo que sí resulta claro el hecho que falto es más eficacia de inteligencia
y la coordinación de la alcaldía, y los ministerios de Interior y de Agricultura. De hecho esos
desajustes se realizaron, y el sábado el operativo se había concluido
completamente.
Llevar a cabo este operativo,
teniendo sobre la cabeza la espada de Damocles de la cuestionada revocatoria y
la oposición de un sector de los transportistas requiere cierta entereza que no
se ha visto desde hace mucho tiempo por la alcaldía de Lima. Señalo que la revocatoria
es cuestionable por dos razones centrales: 1) los revocadores habían presentado
firmas falsas, lo cual constituye un delito, y resulta cuestionable el que se
premie a quienes han cometido un delito accediendo a sus pedidos (como lo
señalo la jueza que estaba viendo el caso). De hecho el proceso por las firmas
falsas está en camino y no se ha cerrado. 2) Esta cuestión y el que los
revocadores hayan tenido un día más, de manera misteriosa, ha hecho que se
abran dos procesos ante el Tribunal Nacional de Elecciones: el de la RENIEC
contra los revocadores ante la mencionada falsificación de firmas, y el reclamo
de la alcaldía por ese inexplicable día adicional para presentar firmas. Pero
en las dos cuestiones parece que hay manos políticas en acción a favor de los
revocadores.
Por otra parte, lo sucedido el
jueves en la Parada es la manifestación de algo que está sucediendo en este país
desde hace casi una década: las movilizaciones ilegales no son enfrentadas por
el Estado y logran sus objetivos. Ello
ha hecho que los movimientos violentos e ilegales aumenten en una escalada
alarmante y el que las ideas de Estado de Derecho y del Imperio de la Ley sean
puestas en entredicho. El Estado debe utilizar la fuerza legítima, respetando
los derechos humanos para hace que su autoridad sea respetada. El jueves los
vándalos azuzados políticamente creyeron que bastaba con actuar con violencia
para imponerse frente a la autoridad del Estado, ¿de dónde les habría venido
esa idea? Ciertamente de dos fuentes: del conocimiento de las experiencias
exitosas de otras movilizaciones anteriores, y de los movimientos políticos que
se encontraban infiltrados ese día en la Parada. Ciertamente, no contaban con
la presencia de una autoridad que no tenía temor a perder su puesto con tal de
imponer la ley en la ciudad.
En estas
circunstancias, tanto al caso del transporte como el de la Parada, sólo nos quedan a los ciudadanos las dos
alternativas que Rosa María Palacios presentó este domingo en su columna de La
República: “¿De qué lado se pone cada ciudadano? ¿Del lado
de la ley, el orden, la autoridad, o del lado de la delincuencia?”
