La elección de jesuita argentino José
Mario Bergoglio como nuevo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica ha generado
cierta incomodidad por su posible pasado de colaboración o permisividad frente
a la dictadura de Videla. Dichas acusaciones contra el ex provincial de los jesuitas
durante ese periodo han sido rápidamente contrarrestadas, utilizando
testimonios en contra de las acusaciones. Parece que Vaticano no ha visto
necesario llevar a cabo investigaciones a fondo al respecto con el fin de
zanjar definitivamente con el tema. En cambio de tomarse su tiempo para despejar toda duda sobre el papa Francisco, a fin de no aumentara
los escándalos financieros y de pedofilia, el escándalo de colaboración o
complacencia con las dictaduras latinoamericanas, se optó por una solución
pronta. La opción de la Jerarquía puede resultar eficaz, pues lleva la mirada
del mundo a otros campos, como a los gestos de humildad y sencillez del
Papa. Pero, además de la sencillez, otras características de Bergoglio son su
conservadurismo, su rechazo a la homosexualidad y sus declaraciones machistas.
Si dejamos de lado el tema
controversial de la relación de Francisco con la dictadura, ello nos permite
tener una reflexión de mayor espectro sobre la relación de entre la Jerarquía
de la Iglesia y las dictaduras latinoamericanas, y a la consecuente cuestión de
la relación de la Jerarquía de Iglesia, la democracia y los derechos humanos.
Como es sabido, entre los años 60 y 90, en diferentes países latinoamericanos
se instalaron dictaduras militares o cívico-militares y el comportamiento de
muchos miembros de la Jerarquía de la Iglesia Católica en esos países dejó
mucho que desear, salvo excepciones como la de Monseñor Romero. Claro que esto
no quiere decir que toda la Iglesia tuvo la misma relación con las dictaduras,
sino que las jerarquías más altas parecen haberse sentido cómodas con regímenes
de facto. Un caso paradigmático es el de Cipriani en Perú, quien se negó abiertamente a
abogar por quienes sufrieron violaciones de derechos humanos durante el
conflicto armado interno. Otro caso, fuera del contexto latinoamericano, ha
sido el apoyo que la Jerarquía de la Iglesia brindó a Francisco Franco en España.
El comportamiento de las jerarquías
conservadoras parece denunciar no sólo comportamientos indebidos aislados, sino
una estructura de pensamiento teológico
que promueve tales conductas. El énfasis que la teología conservadora y
dominante a la idea de que la naturaleza humana es mala y que sólo se puede
salvar por la intervención de un elemento externo (la gracia divina), se puede traducirse
en términos políticos del siguiente modo: la autonomía de las personas debe
ceder paso al tutelaje de parte de las autoridades políticas, militares o
eclesiales, pues la desconfianza ante la autonomía individual puede llevar a
considerarla la causa de los mayores males morales y políticos. Lo que significa
que la teología conservadora conduce a pensar que la democracia modo de vida político inferior que la dictadura. Si el respeto de los derechos humanos es un valor fundamental
en las democracias contemporáneas, no se ve cuáles serían las razones por las que una
jerarquía eclesial conservadora debería asumir un compromiso fuerte con él.
Esto denota un problema serio que la Jerarquía conservadora tiene
con la democracia y los derechos humanos. Parece ser que ésta se siente
incómoda con la democracia porque el régimen democrático coloca a la Jerarquía
eclesial en una posición desde la cual no puede ejercer dominio sobre toda la
sociedad (a menos de que sea desde la educación religiosa y moral en las
escuelas públicas las democracias no debidamente secularizadas). Puesto que la
democracia abolió la esclavitud de los negros y dio igualdad de derechos a las
mujeres, a la Iglesia conservadora no le simpatiza la vida democrática. Las
movilizaciones pro-vida (que abanderan la lucha contra la despenalización del
aborto) en Lima, o las movilización en Francia contra el matrimonio gay
promovido por la Iglesia conservadora, entre otras manifestaciones, expresan el
desacuerdo de la Iglesia conservadora con los procedimientos democráticos
porque consideran la igualdad civil en derechos. La Iglesia conservadora parece
querer volver a un régimen de desigualdad ante la ley, y eso constituye un
problema serio que tanto las democracias como la Iglesia debe enfrentar.
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