TRES TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

La formación en derechos humanos en las universidades en el Perú actual muestra algunas particularidades que vale la pena observar. En primer lugar, la mayoría de cursos son dictados en las facultades de derecho y por abogados de profesión (lo cual resulta un empobrecimiento, pues los sociólogos y filósofos podrían tener cosas interesantes que enseñar al respecto).  En segundo lugar, dichos cursos enfatizan los aspectos técnico – jurídicos, dejando fuera la conexión con la historia peruana reciente, que ha sido marcada por un proceso de violación de derechos. Y, en tercer lugar, no se suele ver en las estructura de la economía global una fuente de violación de los derechos humanos. Muchos centros de formación asume la perspectiva eminentemente técnica, dejando de lado la historia reciente. Otros de encuentran asociados a una visión de los derechos humanos conectada con la historia reciente. Sin embargo, son escasos los intentos de reflexionar el tema de los derechos con las condiciones actuales de la economía global.

            Estas orientaciones no son casuales, sino que representan opciones políticas definidas. La primera opción, aparentemente es neutra en términos políticos, pero la centralidad de los aspectos técnicos nos permite ver su conexión con una política de derecha. La idea de que la enseñanza y la defensa de los derechos humanos deben centrarse en los aspectos técnico –jurídicos, como es el funcionamiento del sistema de protección de los derechos, el conocimiento de casos descontextualizados de las tramas políticas y sociales en las que se encuentran insertos, trata de evitar que los derechos humanos no logren poner en cuestión sistemas políticos e ideas políticas arraigadas en ciertas sociedades. En el caso peruano, la enseñanza de los derechos humanos muestra, en muchos casos, una intención clara: no cuestionar las acciones que los actores políticos realizaron en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Puesto que muchas personas involucradas se encuentran actualmente activas políticamente en el campo de la derecha partidaria, las universidades que difunden las ideas de la derecha en el Perú deciden no hacer referencia a los años de conflicto interno, ni al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ni al proceso de Justicia Transicional.

            Se aduce, soterradamente, que dichos temas no son “técnicos” sino “políticos” y que son parte de la agenda política de la Izquierda Caviar. Y cuando estos grupos de derecha encuentran conveniente tratar el relato histórico reciento lo hacen de dos formas: 1) intentando desprestigiar el trabajo de la CVR y 2) apoyando la ley del negacionismo. La campaña sistemática del trabajo de la CVR ha sido clara desde el momento de la conformación de dicha Comisión. El Informe Final es desprestigiado, dejando de lado el hecho de que se trata de un documento oficial del Estado peruano, pues la CVR no se constituyó por iniciativa personal, sino por mandato del Estado. Ello no quiere decir que el Informe pueda ser discutible, y sirva como un punto de partida para un debate que podría ser fructífero y fortalecería la débil democracia que tenemos. Respecto de la ley del negacionismo, aparte de los problemas que trae para con la libertad de expresión, entra en conflicto con la libertad para la investigación histórica y social, por más que se haya atenuado la versión inicial de dicha ley. La derecha, en este país considera que la manera de combatir fenómenos como el MOVADEF es exclusivamente a través de la criminalización y no complementar dicha lucha a través del debate de ideas.  

            Muy pocos centros de enseñanza e instituciones asumen la visión de los derechos humanos como conectados necesariamente con la Justicia Transicional, la CVR y los años de violencia interna que marcó la historia reciente. Esta perspectiva lleva a cuestionar la acción de los actores políticos bajo el régimen del fujimorato y la conducta política del fujimorismo actual (respecto a casos como el pedido de indulto a Alberto Fujimori, la ley del negacionismo, etc.). La inclusión del Informe Final de la CVR y el cuestionamiento de las acciones políticas de los socios y herederos del régimen de los 90 incorpora una perspectiva histórica y política a l estudio de los derechos humanos. Esta actitud, además, permite desenmascarar el enfoque tecnocrático de los derechos humanos. Dicho enfoque centrado en los aspectos técnicos se presenta como neutral en cuestiones políticas y se engarza con la posición dominante que tiene el positivismo jurídico, El enfoque técnico no es políticamente neutral, sino que es claramente de derecha. Éste mantiene la idea de fondo de que las cuestiones fundamentales en el derecho y en política es propia de una élite instruida técnicamente y no una cuestión de la ciudadanía en general. De esta manera, la sociedad civil no tendría lugar en la defensa de los derechos humanos, sino sólo algunos abogados y juristas.

            La tercera perspectiva es compatible con el segundo enfoque, y es completamente adverso al primero. Se trata de comprender que la vulneración de los derechos humanos se produce también, y en gran escala, por las condiciones del sistema económico global imperante, dominada por los dogmas de la economía neoclásica, centrada en indicadores como el PBI y la comprensión del desarrollo exclusivamente como crecimiento económico. El tercer enfoque, defendido por Thomas Pogge, entiende que 1) las condiciones de pobreza en las que cierta parte de la población se encuentra sometida en un país es de por sí violatoria de los derechos humanos; y 2) que la pobreza en un país determinado se encuentra relacionado con el sistema económico mundial imperante, de manera que este mismo sistema económico mundial imperante es violatorio de derechos humanos.

            Tener en cuenta estos tres modelos permite ver la importancia que tienen los enfoques políticos y los enfoques económicos en el estudio de los derechos. El primer modelo defiende el enfoque político de la neutralidad y la tecnicidad, mientras que en economía defiende el modelo dominante basado en los enfoque bienestarista y el centrado en la medición del PBI. El segundo modelo defiende la importancia de la política y la manera en que los sistemas políticos autoritarios son adversos a los derechos humano, mientras que los democráticos pueden brindar las condiciones propicias para la defensa de los derechos. En lo económico, este segunda perspectiva se puede articular con enfoque económicos alternativos al neoclásico, que puedan comprender el desarrollo no sólo como económico, sino como humano, en el cual el concepto de capacidades humanas y la valoración de la libertad individual tienen un lugar central. El tercer modelo  articula también un enfoque político con un enfoque económico, aunque da más peso al segundo sobre el primero. De esta manera, el modelo sugerido por Pogge exige la modificación del modelo de desarrollo. Ciertamente, hay varios modelos de desarrollo alternativos, pero uno de los más atractivos es sin duda el de las capacidades, desarrollado por Sen y perfeccionado por Nussbaum