IGLESIA CATÓLICA, DEMOCRACIA Y DICTADURAS

La elección de jesuita argentino José Mario Bergoglio como nuevo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica ha generado cierta incomodidad por su posible pasado de colaboración o permisividad frente a la dictadura de Videla. Dichas acusaciones contra el ex provincial de los jesuitas durante ese periodo han sido rápidamente contrarrestadas, utilizando testimonios en contra de las acusaciones. Parece que Vaticano no ha visto necesario llevar a cabo investigaciones a fondo al respecto con el fin de zanjar definitivamente con el tema. En cambio de tomarse su tiempo para despejar toda duda sobre el papa Francisco, a fin de no aumentara los escándalos financieros y de pedofilia, el escándalo de colaboración o complacencia con las dictaduras latinoamericanas, se optó por una solución pronta. La opción de la Jerarquía puede resultar eficaz, pues lleva la mirada del mundo a otros campos, como a los gestos de humildad y sencillez   del Papa. Pero, además de la sencillez, otras características de Bergoglio son su conservadurismo, su rechazo a la homosexualidad y sus declaraciones machistas.

            Si dejamos de lado el tema controversial de la relación de Francisco con la dictadura, ello nos permite tener una reflexión de mayor espectro sobre la relación de entre la Jerarquía de la Iglesia y las dictaduras latinoamericanas, y a la consecuente cuestión de la relación de la Jerarquía de Iglesia, la democracia y los derechos humanos. Como es sabido, entre los años 60 y 90, en diferentes países latinoamericanos se instalaron dictaduras militares o cívico-militares y el comportamiento de muchos miembros de la Jerarquía de la Iglesia Católica en esos países dejó mucho que desear, salvo excepciones como la de Monseñor Romero. Claro que esto no quiere decir que toda la Iglesia tuvo la misma relación con las dictaduras, sino que las jerarquías más altas parecen haberse sentido cómodas con regímenes de facto. Un caso paradigmático es el de  Cipriani en Perú, quien se negó abiertamente a abogar por quienes sufrieron violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Otro caso, fuera del contexto latinoamericano, ha sido el apoyo que la Jerarquía de la Iglesia brindó a Francisco Franco en España.

            El comportamiento de las jerarquías conservadoras parece denunciar no sólo comportamientos indebidos aislados, sino  una estructura de pensamiento teológico que promueve tales conductas. El énfasis que la teología conservadora y dominante a la idea de que la naturaleza humana es mala y que sólo se puede salvar por la intervención de un elemento externo (la gracia divina), se puede traducirse en términos políticos del siguiente modo: la autonomía de las personas debe ceder paso al tutelaje de parte de las autoridades políticas, militares o eclesiales, pues la desconfianza ante la autonomía individual puede llevar a considerarla la causa de los mayores males morales y políticos. Lo que  significa que la teología conservadora conduce a pensar que la democracia modo de vida político inferior que la dictadura. Si el respeto de los derechos humanos es un valor fundamental en las democracias contemporáneas, no se ve  cuáles serían las razones por las que una jerarquía eclesial conservadora debería asumir un compromiso fuerte con él.   

            Esto denota un  problema serio que la Jerarquía conservadora tiene con la democracia y los derechos humanos. Parece ser que ésta se siente incómoda con la democracia porque el régimen democrático coloca a la Jerarquía eclesial en una posición desde la cual no puede ejercer dominio sobre toda la sociedad (a menos de que sea desde la educación religiosa y moral en las escuelas públicas las democracias no debidamente secularizadas). Puesto que la democracia abolió la esclavitud de los negros y dio igualdad de derechos a las mujeres, a la Iglesia conservadora no le simpatiza la vida democrática. Las movilizaciones pro-vida (que abanderan la lucha contra la despenalización del aborto) en Lima, o las movilización en Francia contra el matrimonio gay promovido por la Iglesia conservadora, entre otras manifestaciones, expresan el desacuerdo de la Iglesia conservadora con los procedimientos democráticos porque consideran la igualdad civil en derechos. La Iglesia conservadora parece querer volver a un régimen de desigualdad ante la ley, y eso constituye un problema serio que tanto las democracias como la Iglesia debe enfrentar.

GANÓ EL NO Y LA POLÍTICA PERUANA

En el proceso de revocatoria del domingo ganó en NO. Se podría decir que por un corto margen y con el apoyo de Lourdes Flores Nano y un sector del PPC; así que la Alcaldesa debe asumir una actitud más abierta, dialogante e incluyente, además de que tendrá que promocionar de mejor manera lo que hace, y piensa hacer en el tiempo que le queda. Pero, más allá de eso, es necesario analizar qué sucedió políticamente en este proceso.

            El mismo domingo Juan Sheput señaló que, al apoyar a la izquierda en este proceso, el PPC  se habría vaciado de sus principios y convicciones socialcristianas, y había asumido una actitud “pragmática” propia del mercantilismo político.  El Sr. Sheput parece estar un poco confundido. Otros han señalado que lo que ha entrado en escena es la misma política de siempre. No soy original al afirmar que esas apreciaciones se encuentran desenfocadas.

            Tanto la campaña del NO como la participación del PPC expresan una nueva manera de hacer política. Me centraré en el apoyo del PPC. No necesito recordar que Lourdes Flores Nano perdió la alcaldía y que ahora se puso del lado de su rival para defender el NO a la revocatoria. Eso tiene un significado político importante, y negarlo expresa no entender qué en juego. Lo que vimos en esta campaña es la incipiente formación de una concertación de izquierdas y derechas moderadas y modernas. Sheput señaló, desatinadamente, que él no se imaginaba al PP español asociándose con el PSOE de Zapatero. El paralelo es completamente equivocado. Esto no se parece al proceso español, sino al chileno. Como recordaremos, la concertación chilena unió a la Democracia Cristiana con partidos de izquierda y consolidó una coalición que gobernó Chile varios períodos y logró desarrollas políticas importantes.

            La lideresa de PPC afirmó claramente que quería tomar distancia de la Derecha Bruta y Achorada (DBA) –representada por la coalición Solidaridad nacional/APRA/Fujimorismo-  y reconoció en la coalición de izquierdas abanderada por Susana Villarán a una izquierda democrática, de centro y liberal. Sospecho que para este reconocimiento de la izquierda moderada, de parte del PPC, fue importante la presencia de los regidores del PPC, que representan a una generación joven en la política peruana. Sospecho, también, que este apoyo no les habría agradado a todos los miembros del PPC, pero sea lo que fuere, en este acercarse más al centro, el partido fundado por Luis Bedoya Reyes, abona en la consolidación de una derecha democrática y liberal que puede entrar en acuerdos fundamentales con una izquierda democrática y liberal. Otras agrupaciones, como Acción Popular, Perú Posible y personalidades como Mario Vargas Llosa y PPK, entre otros, se han sumado al apoyo al NO, pero la participación del PPC fue directa, como la del APRA puso toda su maquinaria al servicio de las huestes del SÍ. 

            Este fenómeno de personajes de derecha que se desplazan al centro gracias a la presencia de la DBA, no es nuevo en el Perú reciente. Desde hace un tiempo  la hemos visto en el periodismo. Tafur, Palacios, Salinas y Álvarez Rodrich no son comunistas  ni izquierdistas pero ya se han desmarcado del periodismo más delirantemente de derecha, representado por Aldo Mariátegui, Cayetana Aljovin y otros. Esta derecha de centro, crítica de los extremismos y radicalismos, - y especialmente de la DBA- ha mostrado su capacidad de coincidir con la izquierda moderada en valores políticos importantes: el fortalecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la crítica a la corrupción.

            Ahora aparecen, en el área de los partidos políticos, una generación de jóvenes de izquierda y derecha que pueden coincidir en esos mismos temas importantes. Si esto se logra consolidar con mayor fuerza, podríamos  tener en el futuro una concertación de centro que, articulada en torno a valores políticos básicos, pueda ir arrinconando a los radicalismos de derecha e izquierda que han estado determinando la política en este país. La tesis Sheput es completamente errada. En contra de ella hay que señalar que el compromiso con la democracia, los derechos humanos y el rechazo a la corrupción expresan valores políticos que se encuentran en el corazón de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. 

            Ciertamente, esto no garantiza el nacimiento de una concertación de centro, liberal y democrática, pero puede ser un  primer paso si se trabaja en esa dirección. Sería una cosa muy saludable para la política nacional, y para la defensa de los derechos de los ciudadanos 

SOBRE LOS DERECHOS DE GÉNERO

Las modernas sociedades democráticas han ido consolidando la igualdad de derechos legales y sociales de manera paulatina. Esta consolidación se va dando por medio de procesos de conquistas políticas y sociales que se enmarca en sociedades que tiene como eje central el reconocimiento igualitario. Diferentes grupos religiosos, raciales, étnicos y sexuales han logrado ese reconocimiento, aunque el proceso no se ha concluido completamente y queda aún un mucho camino por delante.

            La historia de dichas conquistas comenzó con el nacimiento de las sociedades liberales, que después de las guerras de religiones consolidaron los derechos de las minorías religiosas a la libertad religiosa y la libertad de conciencia y de expresión. Una de las primeras repúblicas democráticas, la de los Estados Unidos de América, fue consolidándose, ya desde los momentos de la colonización, como un espacio en el cual podían encontrar un lugar de respeto, paz y desarrollo quienes escapaban de las persecuciones religiosas en Europa. En el siglo XIX se genera, en diferentes partes del mundo, un movimiento en contra de la esclavitud, y los derechos raciales comenzaron a conquistarse, y posteriormente los derechos de las  mujeres, de los analfabetos, de las diferentes etnias, etc.

            Quizás uno de los intelectuales más destacados sobre estos temas, especialmente sobre los derechos de las mujeres, sea el filósofo británico del siglo XIX, John Stuart Mill. En su libro El sometimiento de las mujeres cuestiona la tesis según la cual los hombres tienen derecho, por naturaleza, a someter política y socialmente a las mujeres. Uno de los argumentos más interesantes que Mill esgrime en contra de esta tesis es que cuando uno apela a la “naturaleza”, en realidad está tratando de blindar contra cualquier ataque a aquellas opiniones extendidas y comunes. Pero, además, añade Mill, sucede que tales opiniones son difundidas por los más fuertes, con lo que detrás del alegato a la “naturaleza” se esconde el argumento que dice “el más fuerte tiene el derecho a someter al más débil”.

            El argumento del derecho del más fuerte ha sido muy extendido en la historia de la humanidad. Se ha utilizado para justificar la esclavitud, el servilismo y el sometimiento de las mujeres, y siempre se ha revestido con el manto de “lo que corresponde por naturaleza”. Los demócratas en la antigua Atenas, igual que Aristóteles, justificaron la esclavitud sobre la base del argumento de la naturaleza. Durante la edad media la Iglesia Católica no sólo justificó con el mismo argumento la esclavitud, sino también el servilismo. Una vez derribadas la esclavitud y el servilismo, gracias a la consolidación de las sociedades liberales, siguió manteniéndose la idea de que la mujer era inferior al hombre, y debía estar sometida a él política y socialmente porque así lo indicaban los argumentos de la naturaleza y el del poder del más fuerte. Hoy, más de un siglo después, dichos argumentos han sido radicalmente cuestionados, y las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres.

            Pero el reconocimiento político de los derechos no va necesariamente de la mano del reconocimiento social. La guerra de secesión norteamericana abolió la esclavitud, pero la conquista de los derechos de los negros se logró recién en la década de los 60, con el movimiento de los derechos civiles liderado por el Dr. King y otros. La vigencia social de los derechos de mas mujeres está aún lejos de consolidarse, pues tiene dos frentes en los que debe derribar prejuicios. El primero es en la esfera pública, en la cual el reconocimiento del valor del trabajo de las mujeres no ha alcanzado del todo al del varón. Esto se ha conseguido más en ciertos sectores socioeconómicos medio altos y altos. El segundo es en la esfera privada y en las asociaciones privadas, como las iglesias. Allí se reiteran fenómenos que van desde el maltrato verbal, psicológico, hasta el físico, el cual puede llegar hasta el feminicidio.  

            Pero si la situación de las mujeres aún deja mucho que desear, es peor aún el de las minorías sexuales. En este caso se sigue esgrimiendo el argumento de la “naturaleza”. Con ello se dice que toda forma de minoría sexual es contranatura, enfermedades o fallas de la naturaleza. En muchos países existen una serie de grupos que se oponen a la igualdad de derechos en este contexto y la homofobia es galopante. Si el recurso a la naturaleza en realidad esconde la opinión más extendida, junto con el interés del más fuerte, es claro que el no reconocimiento de los derechos gays  es una flagrante injusticia. En eso, las sociedades democráticas y liberales tienen mucho que trabajar, especialmente el el Perú.

TRES TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

La formación en derechos humanos en las universidades en el Perú actual muestra algunas particularidades que vale la pena observar. En primer lugar, la mayoría de cursos son dictados en las facultades de derecho y por abogados de profesión (lo cual resulta un empobrecimiento, pues los sociólogos y filósofos podrían tener cosas interesantes que enseñar al respecto).  En segundo lugar, dichos cursos enfatizan los aspectos técnico – jurídicos, dejando fuera la conexión con la historia peruana reciente, que ha sido marcada por un proceso de violación de derechos. Y, en tercer lugar, no se suele ver en las estructura de la economía global una fuente de violación de los derechos humanos. Muchos centros de formación asume la perspectiva eminentemente técnica, dejando de lado la historia reciente. Otros de encuentran asociados a una visión de los derechos humanos conectada con la historia reciente. Sin embargo, son escasos los intentos de reflexionar el tema de los derechos con las condiciones actuales de la economía global.

            Estas orientaciones no son casuales, sino que representan opciones políticas definidas. La primera opción, aparentemente es neutra en términos políticos, pero la centralidad de los aspectos técnicos nos permite ver su conexión con una política de derecha. La idea de que la enseñanza y la defensa de los derechos humanos deben centrarse en los aspectos técnico –jurídicos, como es el funcionamiento del sistema de protección de los derechos, el conocimiento de casos descontextualizados de las tramas políticas y sociales en las que se encuentran insertos, trata de evitar que los derechos humanos no logren poner en cuestión sistemas políticos e ideas políticas arraigadas en ciertas sociedades. En el caso peruano, la enseñanza de los derechos humanos muestra, en muchos casos, una intención clara: no cuestionar las acciones que los actores políticos realizaron en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Puesto que muchas personas involucradas se encuentran actualmente activas políticamente en el campo de la derecha partidaria, las universidades que difunden las ideas de la derecha en el Perú deciden no hacer referencia a los años de conflicto interno, ni al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ni al proceso de Justicia Transicional.

            Se aduce, soterradamente, que dichos temas no son “técnicos” sino “políticos” y que son parte de la agenda política de la Izquierda Caviar. Y cuando estos grupos de derecha encuentran conveniente tratar el relato histórico reciento lo hacen de dos formas: 1) intentando desprestigiar el trabajo de la CVR y 2) apoyando la ley del negacionismo. La campaña sistemática del trabajo de la CVR ha sido clara desde el momento de la conformación de dicha Comisión. El Informe Final es desprestigiado, dejando de lado el hecho de que se trata de un documento oficial del Estado peruano, pues la CVR no se constituyó por iniciativa personal, sino por mandato del Estado. Ello no quiere decir que el Informe pueda ser discutible, y sirva como un punto de partida para un debate que podría ser fructífero y fortalecería la débil democracia que tenemos. Respecto de la ley del negacionismo, aparte de los problemas que trae para con la libertad de expresión, entra en conflicto con la libertad para la investigación histórica y social, por más que se haya atenuado la versión inicial de dicha ley. La derecha, en este país considera que la manera de combatir fenómenos como el MOVADEF es exclusivamente a través de la criminalización y no complementar dicha lucha a través del debate de ideas.  

            Muy pocos centros de enseñanza e instituciones asumen la visión de los derechos humanos como conectados necesariamente con la Justicia Transicional, la CVR y los años de violencia interna que marcó la historia reciente. Esta perspectiva lleva a cuestionar la acción de los actores políticos bajo el régimen del fujimorato y la conducta política del fujimorismo actual (respecto a casos como el pedido de indulto a Alberto Fujimori, la ley del negacionismo, etc.). La inclusión del Informe Final de la CVR y el cuestionamiento de las acciones políticas de los socios y herederos del régimen de los 90 incorpora una perspectiva histórica y política a l estudio de los derechos humanos. Esta actitud, además, permite desenmascarar el enfoque tecnocrático de los derechos humanos. Dicho enfoque centrado en los aspectos técnicos se presenta como neutral en cuestiones políticas y se engarza con la posición dominante que tiene el positivismo jurídico, El enfoque técnico no es políticamente neutral, sino que es claramente de derecha. Éste mantiene la idea de fondo de que las cuestiones fundamentales en el derecho y en política es propia de una élite instruida técnicamente y no una cuestión de la ciudadanía en general. De esta manera, la sociedad civil no tendría lugar en la defensa de los derechos humanos, sino sólo algunos abogados y juristas.

            La tercera perspectiva es compatible con el segundo enfoque, y es completamente adverso al primero. Se trata de comprender que la vulneración de los derechos humanos se produce también, y en gran escala, por las condiciones del sistema económico global imperante, dominada por los dogmas de la economía neoclásica, centrada en indicadores como el PBI y la comprensión del desarrollo exclusivamente como crecimiento económico. El tercer enfoque, defendido por Thomas Pogge, entiende que 1) las condiciones de pobreza en las que cierta parte de la población se encuentra sometida en un país es de por sí violatoria de los derechos humanos; y 2) que la pobreza en un país determinado se encuentra relacionado con el sistema económico mundial imperante, de manera que este mismo sistema económico mundial imperante es violatorio de derechos humanos.

            Tener en cuenta estos tres modelos permite ver la importancia que tienen los enfoques políticos y los enfoques económicos en el estudio de los derechos. El primer modelo defiende el enfoque político de la neutralidad y la tecnicidad, mientras que en economía defiende el modelo dominante basado en los enfoque bienestarista y el centrado en la medición del PBI. El segundo modelo defiende la importancia de la política y la manera en que los sistemas políticos autoritarios son adversos a los derechos humano, mientras que los democráticos pueden brindar las condiciones propicias para la defensa de los derechos. En lo económico, este segunda perspectiva se puede articular con enfoque económicos alternativos al neoclásico, que puedan comprender el desarrollo no sólo como económico, sino como humano, en el cual el concepto de capacidades humanas y la valoración de la libertad individual tienen un lugar central. El tercer modelo  articula también un enfoque político con un enfoque económico, aunque da más peso al segundo sobre el primero. De esta manera, el modelo sugerido por Pogge exige la modificación del modelo de desarrollo. Ciertamente, hay varios modelos de desarrollo alternativos, pero uno de los más atractivos es sin duda el de las capacidades, desarrollado por Sen y perfeccionado por Nussbaum