sábado, 25 de agosto de 2012

LA VIGENCIA SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESCENA PERUANA RECIENTE (SEGUNDA PARTE)


2.- Los intereses de los grandes capitales nacionales

             Otro elemento que contribuye al rechazo a los derechos humanos es el convencimiento de la población de que los intereses de los grandes capitales nacionales son sinónimo de los intereses del país en su conjunto. La estrategia para llevar a cabo este convencimiento se llevó a cabo de un razonamiento falaz según el cual la satisfacción de los intereses económicos de las grandes empresas va a generar un efecto de crecimiento del resto de la población por medio del empleo y los otros mecanismos de “chorreo económico”. El slogan era el siguiente: “si las grandes corporaciones familiares se enriquecen, se enriquece todo el país”, de tal manera el Perú avanzaría si los intereses de los grades capitalistas nacionales lo hace.

            Esta acción fue desplegada desde la década de los 90 y continúa desarrollándose incluso en nuestros días.  Ella encontró su respaldo jurídico en la controversial Constitución de 1993. En dicha Constitución se vulneran los derechos económicos sociales y culturales, que son un conjunto de derechos importantes de los derechos humanos. Ello se realiza en dos apartados centrales de la Constitución: en el dedicado a los Derechos Fundamentales y en el Capítulo Económico. Respecto de la sección dedicada a los Derechos Fundamentales, se ha realizado un importante ataque contra los derechos económicos y sociales, dando primacía a los derechos civiles y políticos; y en el capítulo económico se ha vulnerado los derechos por medio de una extrema flexibilización de las normas laborales.

            Los grandes capitalistas nacionales han conseguido ganar terreno en su lucha en contra de los derechos humanos en el país por medio de tres estrategias sumamente efectivas: a) su participación directa en el gobierno, b) la propaganda a favor de sus intereses, por medio de los medios y la prensa, y c) construyendo el discurso del “sujeto empresario”. Por medio del fenómeno que los sociólogos llaman “las puertas giratorias” los grandes empresarios han pasado del mundo empresarial al gobierno, como asesores,  ministros, u ocupando otros puestos claves a fin de ajustar la legislación en dirección a sus intereses empresariales. Pero, además a través de los medios de comunicación han conseguido una amplia plataforma de propaganda que difunda la idea de que la defensa de sus intereses económicos es sinónimo de los intereses del país; y junto con ello han tenido un ejército de periodistas que han repetido argumentaciones en defensa de los intereses de las grandes empresas, periodistas que se han opuesto reiteradamente a la regulación del mercado de trabajo, entro otras cosas[1]. Junto con estos dos políticas,  las grandes empresas han construido el discurso o constructo del “sujeto empresario”, según el cual el Perú es un país de empresarios.

Dicho constructo se ha producido sobre la base de una constatación empírica innegable, a saber, la consolidación de un sector de la clase media que dedicándose a los negocios ha ido prosperando. Pero sobre la base de esa constatación, se ha construido un discurso tendencioso añadiendo a esos elementos constatables a) la idea de que ese sector representa a toda la clase media, de manera que no existirían ni profesionales, ni empleados privados ni empleados públicos, b) que esos sectores pujantes podrán con constituirse todas en grandes empresas y no serán estranguladas por créditos bancarios desregulados jurídicamente, y c) que los grandes capitalistas les permitirán que crezcan lo suficiente hasta que se conviertan en potencias económicas que atenten contra sus intereses. Lo cierto es que los grandes capitales tiene tanto poder económico e injerencia política que jamás permitirán que las pequeñas y medianas empresas crezcan los suficiente hasta hacerles competencia.

A través de estas tres estrategias las grandes empresas en el Perú han realizado un ataque frontal contra los derechos humanos en dos frentes. El primero lo constituye el de la vulneración directa de los derechos, especialmente los sociales y económicos, mientras que el segundo frente es el de hacer propaganda indirecta contra los derechos y la democracia a través de los medios de comunicación.  

 
3.- Educación de carácter autoritaria


            El carácter autoritario de la educación en el Perú es otros de los factores que permiten explicar la poca vigencia social de los derechos humanos en el Perú de nuestros días. En todos los niveles de la educación se ha instaurado un acento autoritario debido a diferentes factores. Entre ellos destacan a) las dinámicas autoritarias que se fomentan en los centros de enseñanza, b) la formación de sujetos para el mercado más que formación de ciudadanos para la democracia, c) la enseñanza militarizada de la historia nacional, y d) la educación en  los valores domésticos de la cultura dominante.

            Lo que tanto niños como adolescentes aprenden más rápidamente son las actitudes que tienen las personas en el centro educativo. Si los profesores dentro del aula generan relaciones autoritarias, donde el debate, la discusión de ideas y la libertad para pensar diferente están bloqueados, los alumnos aprenderán actitudes autoritarias aunque la clase verse sobre democracia y no valorarán los derechos humanos, aunque el curso trate de ellos. Si el profesor no guarda el debido respeto para con los alumnas y alumnas, o permite que entre estudiantes no se cultive el respeto y la tolerancia, entonces el aula se convierte en un espacio de formación de personas intolerantes, autoritarias y adherentes a sistemas políticos autoritarios. Si el mismo profesor se encuentra inserto en un sistema de relaciones dentro de la escuela o la universidad en el que predomina el trato directivo y autoritario de parte de las autoridades (ya sea el director del colegio, el jefe de departamento, el decano o el rector de la universidad), la institución transmite a los alumnos el mensaje de que cree más en relaciones  autoritarias que en democráticas y basadas en el respeto a los derechos humanos. En aquellas instituciones donde las relaciones entre los docentes y las autoridades están mediadas por prácticas corruptas (ascensos que no respetan reglas universalmente aceptadas y reconocidas como válidas) o en aquellas donde existen prácticas de malversación de fondos, o negociación pecuniaria o sexual  de la nota, en tales instituciones los estudiantes no aprenden a valorar la democracia ni los derechos humanos. Por desgracia, todas estas prácticas son reiteradas en muchas escuelas, institutos técnicos y universidades del país, de tal manera que se convierten en instituciones donde se inculca el autoritarismo y el desprecio por los derechos del otro[2].

            Pero, además, las escuelas, los institutos técnicos y las universidades se han convertido en centros de formación de agentes funcionales al mercado y al sistema mercantil. El mensaje fundamental que transmiten es que forman a sujetos para que ganen dinero, sin importar si respetan las reglas de juego democrático y los derechos humanos, donde las artes y las humanidades están siendo arrinconadas cada vez más, porque se les consideran disciplinas no lucrativas. Esto resulta sumamente pernicioso para consolidar una democracia donde los derechos humanos adquieran vigencia social[3]. Las mismas universidades se han convertido en empresas con fines de lucro, lo que hace que el poder del dinero penetre la institución universitaria y desnaturalice su dinámica interna. De esta manera, la universidad deja de ser un centro de debate y discusión de ideas, para imponer sólo aquellas creencias que son funcionales a la dinámica del mercado[4].

            Por otro lado, el hecho de que la historia del Perú se enseñe desde el punto de vista de los héroes militares y no desde héroes civiles o los héroes de la pluma indica que las virtudes que se intentan inculcar en los estudiantes son las de los institutos castrenses, virtudes que destacan la lealtad antes que la libertad, la valentía antes que la tolerancia. Si bien la lealtad y la valentía son virtudes deseables, cuando se colocan por encima de la tolerancia y la libertad terminan fomentando sociedades autoritarias y no democráticas, sociedades en las que los derechos humanos no son valorados suficientemente. Pero, además, la escuela y la universidad se convierten en centros de de formación de valores de una cultura dominante en una sociedad multicultural como la peruana. De esta manera, la escuela y la universidad peruana suele fomentar la formación en valores domésticos, donde tales valores son los valores católicos tal como lo entienden los sectores del catolicismo más radical e intransigente. Dicha “formación en valores domésticos” suele imponer una escala de valores sobre la escala de valores de los mismos estudiantes, con lo que transmiten el mensaje de que la cultura del catolicismo radical es superior la propia cultura de los alumnos y alumnas[5].  

            La educación de naturaleza autoritaria que se imparte en la escuela y en las universidades sirve de plataforma adecuada para la injerencia de Sendero Luminoso en la mente de los jóvenes. Es por esa razón que muchos jóvenes en la actualidad adhieren al Movadef, y consideran que Abimael Guzmán debe ser amnistiado además de que consideran que su prédica  y actuar terroristas son loables.   Al igual que en la década de los 70, Sendero utiliza los espacios donde la educación autoritaria se entrelaza con el descontento social a fin de adoctrinar a jóvenes con su prédica de odio[6]. Es por esa razón que esta educación autoritaria no sólo es adversa a los derechos humanos sino que resulta ser sumamente peligrosa para el presente y el futuro del país.  La algarabía y la autocomplacencia  de los sectores empresariales están conduciendo al arrinconamiento de la agenda de derechos humanos en muchos sectores de la política nacional, espacialmente política educativa, cosa que resulta ser no sólo una vergüenza sino además sumamente peligroso. El ataque sistemático a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene una perversa conexión con el fortalecimiento de presencia del extremismo senderista, tanto a través de la política, con el Movadef, como a través del sector educación, a través del SUTEP-CONARE.   



[1] Respecto a esto, podemos observar la conducta de tres periodistas políticos emblemáticos que se encontraban vinculados a “El Grupo El Comercio”: Jaime de Althaus y Rosa María Palacios. El primero permaneció con su programa en el Canal N porque es un abanderado de la política neoliberal que defiende los intereses de la gran empresa privada y ataca a todos sus adversarios. De Althaus fue un defensor acérrimo de Keiko Fujimori en la última campaña electoral, por lo que mantiene un lugar preferencial en el canal n y en el diario “El Comercio”. Cosa distinta sucedió con Rosa María Palacios, quien durante los 90 gozó de una buena posición en los medios mientras periodistas adversos al régimen de Alberto Fujimori, como Gorriti fueron hostigados por el fujimontesinismo. Sin embargo, la periodista y su programa Prensa Libre fueron retirados del aire en América Televisión (canal en el que “El Grupo El Comercio” tiene una alta cuota de poder) por no alinearse con la candidata Fujimori. Y no era el caso de que la mencionada periodista se haya convertido al izquierdismo o al humalismo, pues sus críticas al programa de Gana Perú fueron fuertes. Ella simplemente mantuvo si independencia. Un tercer caso es el de Jaime Bayly, quien fue contratado expresamente por América Televisión para demoler la candidatura de Ollanta Humala, teniendo en cuenta que consiguió mellar profundamente la candidatura de Flores a la alcaldía, pero como en esta segunda oportunidad era evidende que lo que Bayly hacía tenía una motivación pecuniaria más que una convicción política y/o moral, la estrategia no surtió efecto, pues el rating de su programa era bastante bajo.
[2] En relación al autoritarismo en las escuelas Cf. NUGENT,  Guillermo; El orden tutelar: sobre las formas de autoridad en América Latina, Lima: Desco, 2010.
[3] Este fenómeno no sólo sucede en el Perú, sino que tiene una gran presencia en muchos países del mundo. Al respecto puede tomarse nota de la retórica del periodista argentino del The Miami Herald, Andrés Oppenheimer, quien en reiteradas publicaciones afirma que la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria debe dirigirse a la instrucción técnica y científica, y alejarse de las humanidades, especialmente de la historia. Sobre lo pernicioso de esa retórica y del desmedro de las artes  y las humanidades en la educación Cf. NUSSBAUM, Martha; Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, Buenos Aires: Katz Editores, 2010.  
[4] La tendencia, en este sentido, es a intentar expulsar la discusión política de las universidades a fin de convertirlas no en un centro de formación política democrática, sino en lugares de adoctrinamiento político donde no se toleren ideas diferentes a las fomentadas por los dueños. La universidad deviene en un centro de formación para la política democrática cuando los estudiantes aprenden a debatir respecto de ideas políticas y cultivan el debido respeto y tolerancia frente a las ideas políticas diferentes. En cambio, las universidades devienen en centros de adoctrinamiento político cuando el debate de ideas es eliminado y los cursos se orientan a reforzar determinadas creencias políticas. En sintomático que en la campaña para la primera vuela, el candidato de la Alianza para el Gran Cambio haya señalado que a las universidades se debe ir para estudiar y no para hacer política, es decir, que el proyecto político que dicho candidato tenía incluía el que las universidades peruanas se conviertan en centro de adoctrinamiento político.
[5] Al respecto Cf. GAMIO, Gonzalo; Racionalidad y conflicto ético, Lima: CEP, 2007. Además, CAVIGLIA, Alessandro; Autonomía universitaria y calidad de la enseñanza en: Revista Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, n° XVI, Enero-Diciembre 2010.
[6] Cf. PORTOCARRERO, Gonzalo; Profetas del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso, Lima: PUCP, 2012.

domingo, 19 de agosto de 2012

LA VIGENCIA SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESCENA PERUANA RECIENTE (PRIMERA PARTE)

El problema de los derechos humanos en sociedades como la peruana tiene varias aristas  como la de la justificación filosófica, el respeto de parte del Estado y otras organizaciones, así como la consolidación de una cultura de derechos mediante la promoción de la vigencia social de los mismos. Se entiende por vigencia social de los derechos humanos el reconocimiento que los miembros de una sociedad tienen de ellos. De este modo, en sociedades donde los derechos tienen una alta vigencia encontramos que los ciudadanos reconocen el valor de éstos y la necesidad de comprometerse con ellos; en cambio, en aquellas sociedades donde tales derechos tienen baja vigencia encontramos que los ciudadanos se encuentran escasamente comprometidos con ellos. 

Durante la segunda vuelta de la última campaña electoral en el Perú, muchos sectores han manifestado abierta o veladamente un escaso compromiso con los derechos humanos. Tanto políticos como empresarios y periodistas, así como personas particulares, han sostenido que no tendrían ningún problema en poner sobre una balanza el respecto de los derechos humanos y la supuesta continuación del crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos años. Más allá de si Keiko Fujimori representase o no la continuación de una política de violación de los derechos u Ollanta Humala representase un quiebre radical en la política económica, en el país el debate electoral en la segunda vuelta tuvo como uno de sus componentes la cuestión del compromiso de los agentes político, económicos y periodísticos, como el de muchos ciudadanos de a pie, con los derechos humanos.

            El alto porcentaje de ciudadanos que ha manifestado una posición adversa a los derechos humanos, ante el dilema “continuación con el modelo económico vs. derechos humanos” se suma a otro dato que ha revelado Alfredo Torres en su libro “Opinión pública 1921-2021”[1]. Dicha información sostiene que en el Perú sólo un 25% de la población se encuentra realmente comprometida con la democracia. Según Torres, un 25% de la ciudadanía se encuentra profundamente comprometida con el autoritarismo y un 50% acepta la democracia, pero no se encuentra comprometida con ella.  El panorama está claro. En el Perú hay un cuarto de la población que prefiere un gobierno autoritario a uno democrático, y por lo tanto se encuentra o escasa o nulamente comprometido con los derechos humanos; por otra parte, entre un 50% de la población se encuentra un grupo de ciudadanos que no dudarían en colocar en la balanza los derechos humanos con algún otro bien, que es realmente inconmensurable con éstos, como el de la continuación del modelo económico.  

¿Por qué razones un amplio sector de los ciudadanos no se encuentra comprometido con los derechos humanos? Esta es una pregunta que no resulta fácil de responder. Entre las múltiples razones de ello podemos destacar las siguientes: a) el despliegue de una política que cierto sector de la clase política ha realizado en contra de los derechos humanos y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; b) los intereses particulares de sectores empresariales que ven en la democracia y en todo lo que ella implica (incluso los derechos humanos) un escollo para la persecución de sus intereses particulares; c) una educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria de carácter autoritaria, y d) la difusión de la creencia errada de que la naturaleza del peruano es tal que necesita siempre ser gobernado con mano dura y ser tratado de manera autoritaria. En lo que sigue me concentraré en estos cuatro factores, pero es importante tener en cuenta que no son los únicos y que el presente trabajo es un aporte a la reflexión sobre lo que estamos viviendo en el Perú en nuestra vida política y social presente.

1.- La política adversa a los derechos humanos

            Desde los años 80 en el Perú se ha desplegado una política adversa contra los derechos humanos. Podemos detectar tres etapas más o menos definidas en este periodo de tiempo. La primera etapa se desarrolla durante la década de los 80 y coinciden con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y el primer mandato de Alan García Pérez. La segunda etapa se presenta en la década de los 90 y coincide con el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Finalmente, la tercera etapa se inicia en 2001 y continúa hasta la actualidad. Esta tercera etapa se encuentra caracterizada con la presencia de la CVR, su instauración en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, el desarrollo de su investigación, la presentación del Informe Final y la campaña de desprestigio tanto de dicho Informe como de los comisionados. 
           
         La primera etapa de este política adversa a los derechos humanos se encuentra marcada por dos características fundamentales. La primera es la reiterada violación de los derechos en el marco de la lucha antisubversiva. Dicha lucha se caracterizó por la creación de comandos políticos-militares con lo que el poder civil abdicó en la lucha antisubversiva y la entregó en manos de las Fuerzas Armadas, lo que trajo como consecuencia la violación de derechos[1].  La segunda características es que las organizaciones de defensa de derechos humanos son sindicadas como terroristas, como muchas ONGs. o movimientos estudiantiles.
           
        La segunda etapa se inicia con el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, y se cristaliza a partir del autogolpe de 1992. Fujimori significó un acontecimiento político que permitió llevar adelante el conocido “Plan Verde”[2] que un sector de las Fuerzas Armadas tenía para la conducción del poder a fin de enfrentar el terrorismo. La aplicación del “Plan Verde” y la alta corrupción que se apoderó del Perú desestructuró la vida política. Los partidos políticos  y las asociaciones sociales fueron desactivados, lo cual permitió destrozar las redes sociales que necesarias para la protección los derechos humanos de las personas. Lo que sucedió en esta segunda etapa no es sólo que ciertas prácticas –como las de la corrupción- produjo, como daño colateral, la violación de derechos humanos, sino que la conexión fue deliberadamente buscada, es decir, por medio de la corrupción se desestructuró las redes sociales a fin de poder hacer más vulnerables los derechos de las personas. Además, esta etapa terminó consolidando un movimiento político adverso a los derechos y que logró consolidar una relación clientelar con un sector de la población que  terminó siendo incondicionalmente partidaria del autoritarismo y adverso a los derechos humanos. Ese sector partidario del fujimorismo puede justificar la violación de los derechos humanos, pero no es tan tolerable con la corrupción, razón por la cual procuran establecer la distinción –difícil de hacer- entre Fujimori y Montesinos. 
         
        La tercera etapa, que se inaugura con la instauración de la CVR y el inicio de la hostigación y la campaña política de desprestigio que emprendida por la fuerza política que se consolidó en la década de los 90. Los comisionados y sus colaboradores son constantemente amenazados por agentes vinculados a este sector político[3]. Pero, además, este sector, que mantenía poder mediático, hizo una sostenida campaña adversa a la CVR y a los derechos humanos. Dicha campaña mediática continuó una vez presentado el Informe Final de la CVR, y estuvo cargada de mentiras y calumnias.  El poder de esta fuerza política en los medios televisivos y en la prensa escrita amarilla de amplia difusión siguió nutriendo a la población incondicional del proyecto autoritario y adverso a los derechos humanos que dicha fuerza representa[4].

En esta tercera etapa se desplegó una clara política “contra la memoria” que tenía como objetivo el hacer que los peruanos demos vuelta a la página respecto de los sucedido durante los años de violencia. Dicha política fue promovida por las fuerzas fujimoristas y sus aliados y se desplegó con fuerza en tres direcciones. La primera estuvo representa el ataque contra el Informe Final de la CVR; la segunda se dirigió a manipular los medios de comunicación, quienes obedecieron a la consigna del silencio respecto del pasado y la apuesta por la crónica negra y el espectáculo[5]; y la tercera dirección se encuentra representada por la omisión de la enseñanza de ese periodo amargo de la memoria nacional en las escuelas. La omisión de la enseñanza de lo sucedido en los 80 y 90 fue una política intencional, pues dicho recuento histórico no sólo deja mal a Sendero Luminoso y al MRTA, sino que muchos políticos y movimientos operantes actualmente en la escena política actual quedan mal parados a causa de sus acciones en el pasado.

Todo ello contribuye a que un 75% de la población de este país rechace la democracia y que un sector más amplio encuentre posible colocar en la misma balanza los derechos humanos y el crecimiento económico, como si se tratase de dos bienes conmensurables. De este 75% existe un 25% que es incondicionalmente fujimorista. Este 25% lo componen miembros del partido y personas simpatizantes que han sido beneficiadas de un u otro modo durante el gobierno Alberto Fujimori. Todos los que se encuentran al interior de este 25% consideran que la dictadura es superior a la democracia y a una Cultura de Derechos Humanos, pero además es escéptica frente a la posibilidad de argumentar racionalmente sus ideas políticas.


[1] FLORES GALINDO, Alberto; La tradición autoritaria en el Perú. Violencia y democracia en el Perú, Lima: APRODEH, 1999.
[2]  Alberto Fujimori gobernó el país a través de una coalición cívico-militar, tal como lo muestra el llamado “Plan Verde”. Dicho plan lo había gestado desde 1989 una cúpula militar y fue presentado al reciente electo presidente Fujimori el año 90. En dicho plan se señala la necesidad de las siguientes medidas: establecimiento del libre mercado y reinserción del país en el orden económico internacional, establecimiento de la pena de muerte, establecimiento de un plan de pacificación del país, una reforma educativa y un acuerdo de paz en las fronteras. Pero además se establece la reelección del presidente de la república para llevar adelante un proyecto a largo plazo, establecer un Servicio de Inteligencia que lleve adelante un Sistema de Control, Seguridad  y Propaganda. Al mismo tiempo establecer una relación con la prensa que conduzca a una política de autocensura de parte de los medios de comunicación. El documento señala que la conducción de la política estratégica nacional a largo plazo corresponde a un “Consejo Estratégico de Estado” (CEE). Dicho Consejo no tendrá que asistir al Consejo de Ministros y se mantendrá completamente en el misterio y absolutamente fuera de control democrático. Además, las sesiones del Consejo de Ministros serán vigiladas por el CEE a través unas cámaras que se habían instalado en la Sala del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de Alan García. El “Plan Verde” fue hecho de conocimiento público por la revista Oiga el 12 de julio de 1993.  
[3] Un ejemplo de dicho ataque ha sido la agresión de los partidarios del fujimorismo al monumento El Ojo que Llora,  ubicado en el Campo de Marte.
[4] Artículos y columnas periodísticas dedicadas a desprestigiar a la CVR. Especialmente el diario Expreso y las columnas de Víctor Samuel Rivera.
[5] Resultó patética la escena de los medios comunicación que, una vez aparecido el Movadef, se rasgaron las vestiduras debido a que los jóvenes no sabían quién fue y qué hizo Abimael Guzmán. Esos mismos medios decidieron reemplazar la memoria histórica por la farándula, y resultaron ser parte de los culpables de que en la actualidad muchos jóvenes se plieguen al cuestionado movimiento pro senderista.


[1]   TORRES, Alfredo, Opinión pública 1921-2021, Lima: Aguilar, 2010.