3.- El enfoque anamnético
El enfoque anamnético pone en el
centro procesos de justicia transicional, la memoria y en la historia reciente.
De esta manera, los derechos humanos se encuentran conectados en dos
direcciones: hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, a través de la memoria
y la historia reciente; y hacia adelante, a través de un proyecto político que
tiene como núcleo la consolidación de una sociedad democrática en la cual
exista un compromiso serio con los derechos humanos.
Ciertamente, este enfoque no
descuida el estudio del sistema de protección internacional de los derechos,
como tampoco dejará de lado el estudio de los antecedentes históricos de la
cultura de los derechos humanos. Pero el centro de gravedad de este enfoque se
encuentra en el proceso de justicia transicional, especialmente cuando estos
cursos se dictan en países marcados por regímenes dictatoriales recientes
violadores de derechos humanos, como es el caso en Perú.
3.1.- La justicia
transicional y el pasado
Por “Justicia Transicional” se entiende tipo
de proceso que se abre cuando una sociedad que ha vivido bajo un régimen
político dictatorial y violador de derechos humanos pasa a un régimen
democrático. Dicho proceso lo que busca es consolidar las instituciones
democráticas. En este tránsito la
justicia transicional exige la instauración de una Comisión de la Verdad que
investigue los hechos ocurridos durante el periodo de violencia generado por el
gobierno dictatorial, centrándose en las violaciones de derechos humanos y
activando una reconstrucción narrativa de la memoria histórica reciente.
De esta manera, la instauración de
Comisiones de la Verdad se convierte en un elemento central en el proceso de
justicia transicional. En muchos países, como en España, se dio el tránsito de
la dictadura a la democracia, pero sin la instauración de una Comisión de la
Verdad. En dichos contextos no se ha
pasado por la puerta de la justicia, sino simplemente se practicó la política
de “dar vuelta a la página”. En otros países, como es el caso peruano, se
instaló una Comisión de la Verdad, pero los agentes políticos involucrados en
la violación de derechos humanos han utilizado todo su poder fáctico para
neutralizar los efectos de la justicia y no quedar tras las rejas o desaparecer
como fuerza política.
Las Comisiones de la Verdad que la
justicia transicional exige intentan reconstruir la memoria reciente con tres
objetivos concretos: a) identificar víctimas, deudos y victimarios, a fin de
hace justicia; b) hacer que la sociedad y el Estado reconozca la pérdida o el
daño causado a los afectados durante el proceso de violencia, de manera que se
pueda realizar las reparaciones simbólicas o materiales - tanto colectivas o
individuales - a los mismos[1]; y
c) la reconstrucción narrativa de la historia reciente de la sociedad, historia
que debe ser enseñada a los jóvenes para que sepan lo sucedido y no vuelvan a
repetir los mismos errores en los que se
cayó en el pasado. La reconstrucción de la historia reciente ayuda, además, a
la sociedad a saber qué elementos y estructuras debe modificar para que lo
vivido durante los años de violencia no vuelva a suceder[2].
3.2.- La justicia
transicional y el futuro
El enfoque de la justicia
transicional incluye no sólo una mirada al pasado y una reconstrucción
narrativa de la historia reciente, sino que significa una visión prospectiva. En
esta visión volcada hacia el futuro se piensa en la construcción y el
fortalecimiento de una sociedad democrática en la cual el respeto de los
derechos humanos tenga un lugar central.
El proceso de justicia transicional significa la apertura de la puerta para
repensar la vida social y construir una sociedad en la cual no vuelva a suceder
los males del pasado.
Es por ello que la justicia
transicional debe conectarse con una política dirigida a construir y fortalecer
las instituciones de una sociedad democrática. Dichas políticas deben incluir
fortalecer las instituciones del Estado. De esta manera, esta política debe
fortalecer el poder judicial, protegiéndola de altos grados de corrupción y de
la injerencia del poder político. Además, el poder ejecutivo no debe interferir
en la independencia del poder legislativo y las demás instituciones de la
democracia deben fortalecerse, incluyendo las universidades, las iglesias y los
partidos políticos.
[1] Respecto a la búsqueda de los
desaparecidos durante el el conflicto armado interno y a las reparaciones Cf. ULFE, María; ¿Y después
de la violencia qué queda? Víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto
post- CVR en el Perú, Bs. As.: CLACSO, 2013.
[2] Respecto de la memoria y la
justicia transicional, Cf. GAMIO,
Gonzalo; Tiempos de memoria. Reflexiones
sobre derechos humanos y justicia transicional, Lima: CEP, 2009.
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