EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO (PRIMERA PARTE)

Desde la década de los 70 se ha generado en el Perú y en América Latina un movimiento de exigencia de educación intercultural y de promoción una política intercultural. Dicho movimiento ha tenido dos escenarios: el de la actividad política y el de la academia. En el plano político se encuentran desde entonces aquellos líderes regionales que exigen la implementación de una educación bilingüe intercultural (EBI) y  el reconocimiento de derechos colectivos sobre el territorio. La EBI tiene como objetivo preservar la cultura y apunta a derechos culturales, mientras que los derechos colectivos apuntan a exigencias sociales y económicas de propiedad comunal sobre el territorio[1].

En el plano académico, en cambio, se ha desarrollado una reflexión respecto de la política de la interculturalidad que considera que las culturas no se encuentran solas o aisladas una de otras, sino que en relaciones unas con otras, y que en América Latina, debido al pasado colonial, se encuentran subordinadas unas a otras de manera conflictiva y a través de relaciones de poder. Tanto los activistas políticos como los académicos han dejado fuera del espectro de reflexión la necesidad de incluir la diversidad cultural al interior de un Estado nacional que tenga como eje central la idea de una sociedad civil activa. El presente trabajo procura abonar en esta última dirección, para lo cual presentará las políticas de la EBI (1) para pasar a definir los términos que nos permitan entender lo que significa la interculturalidad (2) y terminar apoyando la idea de articular un proyecto de nación que tenga como centro de gravedad las ideas de ciudadanía y de sociedad civil activa (3). Finalmente, veremos las consecuencias que trae este giro en la educación para la ciudadanía intercultural (4).

1.- La política de la Educación Bilingüe Intercultural

La EBI es, desde los años 70, una política llevada a delante por maestros y comunidades locales con la finalidad de preservar la lengua y la cultura locales. Esta política fue llevada adelante principalmente por las comunidades de la selva peruana, pues ellas mantuvieron a sus líderes y sus organizaciones políticas locales; cosa que no sucedió en la región andina. En los andes peruanos, a diferencia de Ecuador y Bolivia, las comunidades andinas fueron descabezadas después de la rebelión de Túpac Amaru II.

Las exigencias políticas de los partidarios de la EBI son el mantenimiento de la lengua y la cultura  de las comunidades así el derecho a la propiedad colectiva de la tierra. La primera exigencia es la de un derecho cultural y la segunda representa un derecho cultural y económico a la vez. La preservación de la lengua y la cultura se asocia a un proyecto colectivo de preservación y mantenimiento a través de generaciones de una comunidad lingüística y cultural que se encuentra amenazada por la penetración del castellano que, en tanto lengua dominante, está penetrando las comunidades nativas y está vulnerando las culturas locales. La propiedad colectiva sobre el territorio, por su parte, representa una exigencia cultural y económica. Se trata de una exigencia cultural porque es la reinterpretación de las comunidades nativas del derecho a la propiedad, exigencia que cuestiona el modelo occidental de propiedad privada y el proyecto de titularización de la propiedad llevado a cabo desde hace décadas por Hernando de Soto. Paro, a la vez, se trata de la reivindicación de derechos económicos, debido a que la subsistencia de las comunidades nativas depende de la propiedad colectiva debido a su modo de producción y de subsistencia.  

2.- La política de la interculturalidad

La política de la interculturalidad ha sido planteada no por los activistas políticos, sino por los académicos. Esta política parte del fenómeno del interculturalismo, es decir , de la coexistencia de diferentes culturas que se relacionan entre sí. Esta parte del un hecho general más abarcador, que el del pluralismo, que tiene su expresión en el pluralismo cultural, religioso, moral y filosófico que caracteriza a las sociedades contemporáneas.

El interculturalismo es una manera de entender el pluralismo cultural. Esta manera se ha gestado en América Latina y ha llevado a la gestación de un tipo de política nominada política de la interculturalidad. Esta política es una forma de gestionar la diversidad cultural. En el Canadá y en Europa se ha interpretado el pluralismo cultural bajo los lentes del fenómeno del multiculturalismo, lo que ha llevado a las llamadas políticas de la multiculturalidad. En Canadá las comunidades aborígenes y Quebec – la zona francófona – han exigido derechos culturales como son el derecho a la educación en sus lenguas y culturas propias en las escuelas públicas. Al mismo tiempo han exigido cierto nivel de autogobierno y el estatuto de “sociedad distinta”[2]. En Europa, los inmigrantes, como los indios y otras comunidades en Inglaterra, ha exigido derechos como el mantenimiento de su lengua y cultura propias a través de la escuela pública. De hecho, el Estado británico financia escuelas públicas para las comunidades de inmigrantes más importantes. La manera de encarar el multiculturalismo en Inglaterra como en otros países europeos a sido denominado por Amartya Sen “monoculturalismo plural”, el cual sería una política fallida pues no permite la integración social de las diferentes comunidades culturales al interior de la sociedad civil[3]. 

Finalmente, en Estados Unidos se ha gestionado la diversidad cultural por medio de políticas de acción afirmativa y de discriminación positiva. Allí la diversidad cultural ha sido tratada de la misma manera que la diversidad religiosa: se ha llevado a cabo la separación de la Iglesia y el Estado, así como la separación entre cultura y Estado, de tal manera que se ha asegurado la neutralidad del Estado frente a la religión y a la cultura. Al mismo tiempo, se ha asignado derechos individuales, como el de creencia religiosa, libertad de asociación y libertad de conciencia y expresión para que cada ciudadano elija la religión que prefiera y pueda mantenerse en su núcleo cultural. Una vez hecho esto, la política estadounidense para gestionar la diversidad cultural ha sido a través de la política de discriminación positiva, que permita resarcir las injusticias que han tenido décadas o siglos para con colectividades diversas: mujeres, negros, grupos religiosos o grupos culturales. La discriminación positiva se canalizó mayormente a través de políticas de cuotas para individuos pertenecientes a grupos históricos discriminados. Las políticas de la interculturalidad y de la multiculturalidad han incorporado la dotación de derechos colectivos y han exigido incorporar exigencias culturales en la política del Estado. Con ello se ha exigido la  quiebra de la neutralidad del Estado para que pueda otorgar derechos colectivos dirigidos a hacer justicia cultural. En cambio, las políticas de acción afirmativa y de discriminación positiva niegan la necesidad de incorporar la reivindicación cultural en la política y preservan la neutralidad del Estado[4].

La política de la interculturalidad latinoamericana entiende que las culturas no se encuentran aisladas unas de otras sino que conviven unas entre otras y establecen relaciones asimétricas entre sí. De esta manera, las comunidades nativas de la selva se encuentran en relaciones de subordinación y resistencia frente a la cultura occidental e hispalohablante dominante. La posición económica y el control de los medios de producción hace de la cultura occidental la dominante y ello exige que, a fines de hacer justicia, las comunidades nativas puedan tener derecho colectivo al territorio y derecho a la preservación de su cultura. Pero la inserción de un mercado nacional y la presencia de las comunicaciones, especialmente la telefonía móvil, ha hecho que las comunidades nativas tengan que matizar su posición. En el caso de la propiedad colectiva de la tierra, se ven obligadas a negociar con empresas extranjeras extractoras de petróleo. Para ello han logrado que el Estado les reconozca la Ley de Consulta Previa, que les da voz pero no voto ni derecho a veto. De otro lado, la educación ha tenido que girar hacia la búsqueda de competencias adecuadas para poder insertarse de mejor manera en el mercado. Esto último no significa un abandono del proyecto de preservación de la cultura, sino incluir los instrumentos para la incorporación de las comunidades en el mercado.

---

[1] Respecto de los alcances y límites del proyecto político de la EBI, Cf. TUBINO, Fidel; No una sino muchas ciudadanías: una reflexión desde el Perú y América Latina, en: Revista Cultural Electrónica Construyendo Nuestra Interculturalidad, año 5, n° 5, Noviembre 2009. Lima, Perú.

[2] Cf.  TAYLOR, Charles; La política del reconocimiento, en: GUTMANN, Amy (ed.), El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México: FCE, 2009.

[3] Cf. SEN, Amartya; Identidad y violencia: la ilusión del destino, Bnos. As.: Katz, 2007.

[4] Al respecto, Cf. TAYLOR, Charles; La política del reconocimiento, en: GUTMANN, Amy (ed.), El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México: FCE, 2009 y KYMLICKA, Will; Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías, Barcelona: Paidós, 1996.

¿MERECEN LAS OPINIONES RESPETO?

    Como docente universitario me he tenido que hacerle la siguiente pregunta a mis estudiantes: "¿Consideran ustedes que las opiniones merecen respeto?". La respuesta inmediata es un  "sí" enfático. Entiendo esa reacción inmediata ya que en los medios se ha repetido indefinidamente esa afirmación y a menudo sucede  que asumimos como ciertas ideas que se repiten constantemente.  Pero, al examinar más de cerca esa afirmación, los estudiantes se dan con algunas sorpresas. 

          Para creer que todas las opiniones merecen respeto, lo que debemos asumir es que descalificar una opinión es igual a descalificar a la persona quien la ha emitido, es decir, puesto que toda persona merece respeto, sus opiniones también lo merecen. Pero esa identificación entre la persona y sus opiniones debe ser cuestionada. Apoyar esa identificación es como estar de acuerdo que cuando desaprobamos las acciones de alguien lo que hacemos es descalificar a la persona. Y esa inferencia es falsa.

         No toda opinión merece respeto. Aquellas mediante las cuales difamamos o calumniamos a alguien merecen nuestra desaprobación más que nuestro respeto. En este punto los estudiantes universitarios suelen estar de acuerdo. Pero hay un segundo nivel: una opinión que carece de fundamentación o justificación argumentativa debe ser cuestionada. En este nivel, los estudiantes ponen cara de no entender de qué se está hablando. Entonces mi experiencia es como si ellos perteneciesen a un mundo totalmente diferente al mío.  Su mundo es ajeno a la argumentación racional y a la fundamentación de lo que se dice. En ese momento me veo forzado a aclarar algunas nociones de lógica básica, especialmente, qué es un argumento o un razonamiento válido. Les explico, entonces que una afirmación se puede sostener en un argumento, y en el debate público debe vencer la autoridad de mejor argumento.

          Tres elementos impiden que las personas confíen en la argumentación: 1.- la popularidad de la pareja relativismo - fundamentalismo, 2.- la ausencia del razonamiento sobre la moral, las costumbres y el derecho positivo, y 3.- una falsa concepción sobre la libertad de creencia, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.

          La pareja relativismo - fundamentalismo se ha vuelto muy popular. Los defensores del relativismo señalan que cada opinión vale lo mismo, mientras que el fundamentalismo sacraliza ciertas afirmaciones porque las encuentran apoyadas en una autoridad religiosa o pseudoreligiosa (Dios o un líder que se considera poseedor de la verdad absoluta). Ambas posiciones de esta pareja comparten algo: la desconfianza en la argumentación racional. 

            Sucede que, a la par, la moral y las costumbres convencionales como también el derecho positivo son asumidos acríticamente. Se asume que no pueden ni deben ser confrontadas sino seguidas. Se considera también que no deben ser examinadas racionalmente. Los estudiantes de derecho y muchos abogados y juristas no entienden (o consideran una herejía) la distinción entre pensar en el marco de la constitución y pensar la constitución. 

           Finalmente, una falsa concepción de la libertad de creencia religiosa, de libertad de pensamieto y de libertad de expresión también se ha vuelto muy popular. En esta concepción se reintroduce la máxima relativista de "todo vale".  Pero si esas libertades fuesen absolutas no entenderíamos porqué ciertas prácticas religiosas no son toleradas en un Estado Democrático de Derecho (como los sacrificios humanos o la esclavitud) y ciertas declaraciones pueden ser censuradas, como es el de la apología al terrorismo. Incluso, si viviésemos en una sociedad en la cual el derecho no penaliza la apología al terrorismo, ello no significa que  la libertad de expresión sea incompatible con la posibilidad de cuestionar la opinión de alguien.

      Si las opiniones no puedan ser cuestionadas y fundamentadas, el debate público y el debate académico carecerían de sentido. Otra cosa muy distinta es que nos encontremos en una sociedad en el cual el debate sea precario, y se le dé más importancia a la opinión de la Sra. Valcárcel que a la de los intelectuales respecto de la propuesta de ley de Unión Civil.

EL DENGUE Y LA DELINCUENCIA

Llama tremendamente la atención el que en este país se utilicen dos racionalidades diferentes para combatir dos males que análogos: el dengue y la delincuencia. La política para con el dengue es preventiva, en cambio aquella que se desarrolla respecto de la delincuencia es exclusivamente punitiva.

Respecto del dengue, se señala que debemos de concentrarnos en eliminar las condiciones de posibilidad para que se reproduzca el mosquito que propala dicha enfermedad. De tal manera que se busca informar y concientizar a la población respecto de la importancia de la importancia de tratar de manera adecuada los reservorios de agua, pues es en ello en ellos el mosquito del dengue deposita sus huevos y se reproduce. Se trata de una política orientada a la prevención y no al tratamiento de la enfermedad del dengue. Claro que ello no impide que también se trata la enfermedad, cuando esta es contraída, en los puestos públicos de salud.

La política para enfrentar la delincuencia es completamente diferente. Se centra casi exclusivamente en la penalización y no en la prevención. Cuando ésta aumenta, lo que se hace es endurecer las penas para castigar con más severidad a los delincuentes. Es como si la política contra el dengue abandonase el tratamiento de los reservorios para concentrarse en montar más puestos de salud. Algunos hablan de una política de prevención del delito cuando plantean que el endurecimiento de las penas disuaden a los delincuentes o que es necesario poner en las calles más efectivos policiales. 

El argumento según el cuál penas más altas disuaden a los delincuentes está desmentido por los por la experiencia en este país y en otros. No está de más señalar que algunos políticos, en búsqueda de figurar y tener más puntos en las encuestas, clamen por la pena de muerte incluso cuando saben que es imposible implantarla debido a la conexión que tiene el Perú con el sistema internacional de derechos humanos. Alan García enarbola la bandera de la pena capital cada vez que puede porque quiere figurar en las encuestas en una buena posición y sabe que la población suele ser estar a favor de ella. 

Quienes señalan que lo que hay que hacer es poner más efectivos policiales en las calles señalan que abogan por una política de prevención del delito. Pero el argumento de que a mayor número de policías va a haber menos delitos parece extraño. ¿Acaso se piensa que la cantidad de policías van a disuadir a los delincuentes?. Ello sería como endurecer las penas . La otra posibilidad  es pensar que más policías podrían capturar a los delincuentes una vez que han delinquido. Pero eso ya no sería prevención del delito. La tercera posibilidad es que se crea que a más policías en las calles se va a poder desarticular las bandas criminales. Para lograr eso no es necesario más efectivos en las calles sino un mejor trabajo de inteligencia policial. La política de prevención del delito, así planteada, sería como una política contra el dengue en la que los médicos del sector público salen con un matamosca a darle a los mosquitos.

Estoy de acuerdo con que se requiere incrementar el número de efectivos policiales en las calles y en que es necesario mayor inteligencia policial. Pero creo que eso no representa una auténtica política de prevención del delito. La derecha en este país suele pensar de esta manera. Para ella, la solución es legal -leyes más drásticas- o mayor persecución. Pero rechazan la idea de una política social más amplia para prevenir el delito. Quienes proponemos eso somos tildados de de izquierdistas o caviares. 

Considero que una política contra la delincuencia debe enfocarse en dos puntos fundamentales: una política social y una una política carcelaria. La primera consiste en mejorar el sistema educativo, el de salud pública y el acceso a la seguridad de parte del Estado para evitar que más jóvenes se vayan del lado de las bandas delincuenciales o encuentren la delincuencia como la única opción para sus vidas. Para ello debemos de dejar de pensar en que el delincuente es un perverso (como piensa la derecha en este país) para verlo como alguien a quien la sociedad y el país le fallaron porque no le dieron mejores opciones sociales y de vida.  Ello supone que la sociedad tiene que dar mejores condiciones de vida a la población más vulnerable. Esto no pasa, claro está, con un crecimiento económico. 

Ha quedado demostrado que el crecimiento de las cifras económicas y las vinculadas a la reducción de la pobreza no van aparejadas con la disminución de la delincuencia, y sospecho que es porque el modelo de crecimiento tiene un enfoque incompleto. Ahora más peruanos pueden ir a la escuela, pero, ¿qué clase de educación reciben en ella? ¿O en la universidad? No hay que olvidar que una buena educación es una puerta que abre muchas oportunidades. Los medidores de pobreza no miden eso.

Por el otro lado, a saber, la política carcelaria, también es importante. La derecha suele pensar que la cárcel es un lugar en el que que se amontona escoria social y rechazan la idea de que los presos son seres humanos. Las condiciones carcelarias deben de corresponder a una política social integral. El no asinamiento,  la rehabilitación, la educación dentro de los establecimientos penitenciarios tienen que venir acompañados de agentes pénitenciacios no corruptos y orden al interior de las cárceles de tal manera que se pueda elevar los estándares las mismas.

Ciertamente, los políticos tienen que colaborar en esta política de prevención de la delincuencia. Deben rechazar la tentación de indultar a narcotraficantes o de aceptar dinero que viene del narcotráfico para financiar sus campañas electorales, y deben abstenerse de contratar sicarios para eliminar a sus adversarios políticos. Si la política peruana se tiñe de cocaina y el Estado peruano deviene en un narcoestado Alan García puede clamar todo lo que quiera por la pena de muerte  y eso no servirá de nada. En vez de eso, García debería explicar la cuestión de los narcoindultos.  

CIENCIAS SOCIALES Y COMPROMISO POLÍTICO

En un conocido texto llamado Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, Nietzsche señala que todo nuestro lenguaje es metafórico y que no tiene como objetivo describir la realidad externa sino de dar cuenta del estado interno del sujeto. De esta manera, la diferencia entre lenguaje metafórico y lenguaje literal es ilusoria, así que lo que denominamos "lenguaje literal" no es más que un conjunto de metáforas gastadas y petrificadas por el uso. Erróneamente asumimos la creencia que el llamado lenguaje literal describe la realidad externa cuando en realidad expresan las vivencias internas del sujeto. Sólo cuando entramos en contacto con la cultura caemos en la cuenta o recordamos la verdadera naturaleza del lenguaje. En ese caer en la cuenta, las bases centrales del positivismos se remecen, debido a que éstas suponen que el lenguaje de las ciencias no es metafórico sino que representa un acceso directo a la realidad tal como es. De esta manera, se socava la autoridad del científico positivista dentro de la sociedad, así como antes se había socavado la autoridad de los sacerdotes. Todo esto corresponde a la disolución de las estructuras metafísicas acontecida en la historia de la cultura occidental.   

Esto que Nietzsche está apuntando respecto del positivismo y las ciencias trajo con sigo consecuencias importantes para varias áreas de la cultura contemporánea. Especialmente, tuvo un impacto poderoso en las ciencias sociales. Pero como el pensamiento de Nietzsche carecía de las herramientas para articular una propuesta para la política, sino que se centró en una crítica a las configuraciones de poder organizado, el alcance de su propuesta no pudo ser aprovechada por sus seguidores, en parte porque al mismo Nietzsche no le interesaba desarrollar una propuesta política, en parte por la poca originalidad de sus estos seguidores. Uno de sus seguidores, el popular Michel Foucault,  dedicó su trabajo a la crítica del poder utilizando un marco teórico que terminó endureciéndose, de manera que el filósofo francés nunca logró alcanzar una actitud falibilista que le permitiese someter a revisión su propia teoría.  Además, las ciencias sociales asumieron respuestas diferentes frente al aporte el filósofo alemán. De una parte,  la antropología y los estudios culturales asumieron su crítica cultural y se quedaron en ella sin lograr un alcance más amplio y políticamente significativo . Por otra parte, la sociología y la ciencia política rechazaron el aporte de Nietzsche y se refugiaron en la versión utilitarista del positiviso, a saber, la teoría de la elección racional. Finalmente, el derecho se atrincheró en el positivismo, restructurándolo una y otra vez, hasta llegar a su versión contemporánea llamada neoconstitucionalismo.

De esta manera, las ciencias sociales en su conjunto abandonaron al espacio del pensamiento político y lo dejaron en manos de la filosofía política. En este alejarse del pensamiento político asumieron una actitud destructora de toda articulación política (en la antropología y en los estudios culturales) o asociaron su tarea al perfeccionismo de las instituciones políticas existentes, sin plantearse su modificación (en la sociología, en la ciencia política y en el derecho) dejando la tarea de la reforma de las instituciones y de la sociedad a la filosofía política, que mantuvo las herramientas necesarias para incorporar una reflexión seria respecto de la justicia y de lo que las instituciones deberían ser. Pero como la filosofía política fue vista siempre con sospecha por moverse en el nivel abstracto de los conceptos y planear direcciones posibles de reformas asociadas al deber ser, fue rápidamente tildada de idealista y marginada.

Esta situación en la que han quedado entrampadas tas ciencias sociales ha  sido aprovechada al máximo por los defensores del neoliberalismo económico, pues han encontrado el espacio suficiente para hacer pasar premisas dudosas como datos de la realidad. Así , ideas como la de la perfección de los mercados, la de las personas como empresarios, la de la reducción de las funciones del Estado y, sobre todo, la idea de que el sistema marcha de las mil maravillas y que vivimos en el mejor de los mundos posibles desde el día en que dejemos de plantearnos políticas de redistribución de la riqueza y comenzamos a plantearnos políticas de crecimiento económico. Esas ideas han devenido en moneda corriente sin que los ciudadanos no puedan reconocer la falsedad de las mismas.