Desde
la década de los 70 se ha generado en el Perú y en América Latina un movimiento
de exigencia de educación intercultural y de promoción una política
intercultural. Dicho movimiento ha tenido dos escenarios: el de la actividad
política y el de la academia. En el plano político se encuentran desde entonces
aquellos líderes regionales que exigen la implementación de una educación
bilingüe intercultural (EBI) y el
reconocimiento de derechos colectivos sobre el territorio. La EBI tiene como
objetivo preservar la cultura y apunta a derechos culturales, mientras que los
derechos colectivos apuntan a exigencias sociales y económicas de propiedad
comunal sobre el territorio[1].
En
el plano académico, en cambio, se ha desarrollado una reflexión respecto de la
política de la interculturalidad que considera que las culturas no se
encuentran solas o aisladas una de otras, sino que en relaciones unas con
otras, y que en América Latina, debido al pasado colonial, se encuentran
subordinadas unas a otras de manera conflictiva y a través de relaciones de
poder. Tanto los activistas políticos como los académicos han dejado fuera del
espectro de reflexión la necesidad de incluir la diversidad cultural al
interior de un Estado nacional que tenga como eje central la idea de una
sociedad civil activa. El presente trabajo procura abonar en esta última
dirección, para lo cual presentará las políticas de la EBI (1) para pasar a
definir los términos que nos permitan entender lo que significa la
interculturalidad (2) y terminar apoyando la idea de articular un proyecto de
nación que tenga como centro de gravedad las ideas de ciudadanía y de sociedad
civil activa (3). Finalmente, veremos las consecuencias que trae este giro en
la educación para la ciudadanía intercultural (4).
1.-
La política de la Educación Bilingüe Intercultural
La
EBI es, desde los años 70, una política llevada a delante por maestros y
comunidades locales con la finalidad de preservar la lengua y la cultura
locales. Esta política fue llevada adelante principalmente por las comunidades de
la selva peruana, pues ellas mantuvieron a sus líderes y sus organizaciones
políticas locales; cosa que no sucedió en la región andina. En los andes
peruanos, a diferencia de Ecuador y Bolivia, las comunidades andinas fueron
descabezadas después de la rebelión de Túpac Amaru II.
Las
exigencias políticas de los partidarios de la EBI son el mantenimiento de la
lengua y la cultura de las comunidades
así el derecho a la propiedad colectiva de la tierra. La primera exigencia es
la de un derecho cultural y la segunda representa un derecho cultural y
económico a la vez. La preservación de la lengua y la cultura se asocia a un
proyecto colectivo de preservación y mantenimiento a través de generaciones de
una comunidad lingüística y cultural que se encuentra amenazada por la
penetración del castellano que, en tanto lengua dominante, está penetrando las
comunidades nativas y está vulnerando las culturas locales. La propiedad
colectiva sobre el territorio, por su parte, representa una exigencia cultural
y económica. Se trata de una exigencia cultural porque es la reinterpretación
de las comunidades nativas del derecho a la propiedad, exigencia que cuestiona
el modelo occidental de propiedad privada y el proyecto de titularización de la
propiedad llevado a cabo desde hace décadas por Hernando de Soto. Paro, a la
vez, se trata de la reivindicación de derechos económicos, debido a que la
subsistencia de las comunidades nativas depende de la propiedad colectiva
debido a su modo de producción y de subsistencia.
2.-
La política de la interculturalidad
La
política de la interculturalidad ha sido planteada no por los activistas políticos,
sino por los académicos. Esta política parte del fenómeno del
interculturalismo, es decir , de la coexistencia de diferentes culturas que se
relacionan entre sí. Esta parte del un hecho general más abarcador, que el del
pluralismo, que tiene su expresión en el pluralismo cultural, religioso, moral
y filosófico que caracteriza a las sociedades contemporáneas.
El
interculturalismo es una manera de entender el pluralismo cultural. Esta manera
se ha gestado en América Latina y ha llevado a la gestación de un tipo de
política nominada política de la interculturalidad. Esta política es una forma
de gestionar la diversidad cultural. En el Canadá y en Europa se ha
interpretado el pluralismo cultural bajo los lentes del fenómeno del
multiculturalismo, lo que ha llevado a las llamadas políticas de la
multiculturalidad. En Canadá las comunidades aborígenes y Quebec – la zona
francófona – han exigido derechos culturales como son el derecho a la educación
en sus lenguas y culturas propias en las escuelas públicas. Al mismo tiempo han
exigido cierto nivel de autogobierno y el estatuto de “sociedad distinta”[2].
En Europa, los inmigrantes, como los indios y otras comunidades en Inglaterra,
ha exigido derechos como el mantenimiento de su lengua y cultura propias a través
de la escuela pública. De hecho, el Estado británico financia escuelas públicas
para las comunidades de inmigrantes más importantes. La manera de encarar el
multiculturalismo en Inglaterra como en otros países europeos a sido denominado
por Amartya Sen “monoculturalismo plural”, el cual sería una política fallida
pues no permite la integración social de las diferentes comunidades culturales
al interior de la sociedad civil[3].
Finalmente, en
Estados Unidos se ha gestionado la diversidad cultural por medio de políticas
de acción afirmativa y de discriminación positiva. Allí la diversidad cultural
ha sido tratada de la misma manera que la diversidad religiosa: se ha llevado a
cabo la separación de la Iglesia y el Estado, así como la separación entre
cultura y Estado, de tal manera que se ha asegurado la neutralidad del Estado
frente a la religión y a la cultura. Al mismo tiempo, se ha asignado derechos
individuales, como el de creencia religiosa, libertad de asociación y libertad
de conciencia y expresión para que cada ciudadano elija la religión que
prefiera y pueda mantenerse en su núcleo cultural. Una vez hecho esto, la
política estadounidense para gestionar la diversidad cultural ha sido a través
de la política de discriminación positiva, que permita resarcir las injusticias
que han tenido décadas o siglos para con colectividades diversas: mujeres,
negros, grupos religiosos o grupos culturales. La discriminación positiva se
canalizó mayormente a través de políticas de cuotas para individuos
pertenecientes a grupos históricos discriminados. Las políticas de la
interculturalidad y de la multiculturalidad han incorporado la dotación de
derechos colectivos y han exigido incorporar exigencias culturales en la
política del Estado. Con ello se ha exigido la
quiebra de la neutralidad del Estado para que pueda otorgar derechos
colectivos dirigidos a hacer justicia cultural. En cambio, las políticas de
acción afirmativa y de discriminación positiva niegan la necesidad de
incorporar la reivindicación cultural en la política y preservan la neutralidad
del Estado[4].
La política de
la interculturalidad latinoamericana entiende que las culturas no se encuentran
aisladas unas de otras sino que conviven unas entre otras y establecen
relaciones asimétricas entre sí. De esta manera, las comunidades nativas de la
selva se encuentran en relaciones de subordinación y resistencia frente a la
cultura occidental e hispalohablante dominante. La posición económica y el
control de los medios de producción hace de la cultura occidental la dominante
y ello exige que, a fines de hacer justicia, las comunidades nativas puedan
tener derecho colectivo al territorio y derecho a la preservación de su
cultura. Pero la inserción de un mercado nacional y la presencia de las
comunicaciones, especialmente la telefonía móvil, ha hecho que las comunidades
nativas tengan que matizar su posición. En el caso de la propiedad colectiva de
la tierra, se ven obligadas a negociar con empresas extranjeras extractoras de
petróleo. Para ello han logrado que el Estado les reconozca la Ley de Consulta
Previa, que les da voz pero no voto ni derecho a veto. De otro lado, la
educación ha tenido que girar hacia la búsqueda de competencias adecuadas para
poder insertarse de mejor manera en el mercado. Esto último no significa un
abandono del proyecto de preservación de la cultura, sino incluir los
instrumentos para la incorporación de las comunidades en el mercado.
[1] Respecto de los alcances y
límites del proyecto político de la EBI, Cf.
TUBINO, Fidel; No una sino muchas
ciudadanías: una reflexión desde el Perú y América Latina, en: Revista
Cultural Electrónica Construyendo Nuestra Interculturalidad, año 5, n° 5,
Noviembre 2009. Lima, Perú.
[2]
Cf.
TAYLOR, Charles; La política del reconocimiento, en: GUTMANN, Amy (ed.), El multiculturalismo y la política del
reconocimiento, México: FCE, 2009.
[4]
Al respecto, Cf. TAYLOR, Charles; La política del reconocimiento, en:
GUTMANN, Amy (ed.), El multiculturalismo
y la política del reconocimiento, México: FCE, 2009 y KYMLICKA, Will; Ciudadanía multicultural: una teoría liberal
de los derechos de las minorías, Barcelona: Paidós, 1996.
No hay comentarios:
Publicar un comentario