EL DENGUE Y LA DELINCUENCIA

Llama tremendamente la atención el que en este país se utilicen dos racionalidades diferentes para combatir dos males que análogos: el dengue y la delincuencia. La política para con el dengue es preventiva, en cambio aquella que se desarrolla respecto de la delincuencia es exclusivamente punitiva.

Respecto del dengue, se señala que debemos de concentrarnos en eliminar las condiciones de posibilidad para que se reproduzca el mosquito que propala dicha enfermedad. De tal manera que se busca informar y concientizar a la población respecto de la importancia de la importancia de tratar de manera adecuada los reservorios de agua, pues es en ello en ellos el mosquito del dengue deposita sus huevos y se reproduce. Se trata de una política orientada a la prevención y no al tratamiento de la enfermedad del dengue. Claro que ello no impide que también se trata la enfermedad, cuando esta es contraída, en los puestos públicos de salud.

La política para enfrentar la delincuencia es completamente diferente. Se centra casi exclusivamente en la penalización y no en la prevención. Cuando ésta aumenta, lo que se hace es endurecer las penas para castigar con más severidad a los delincuentes. Es como si la política contra el dengue abandonase el tratamiento de los reservorios para concentrarse en montar más puestos de salud. Algunos hablan de una política de prevención del delito cuando plantean que el endurecimiento de las penas disuaden a los delincuentes o que es necesario poner en las calles más efectivos policiales. 

El argumento según el cuál penas más altas disuaden a los delincuentes está desmentido por los por la experiencia en este país y en otros. No está de más señalar que algunos políticos, en búsqueda de figurar y tener más puntos en las encuestas, clamen por la pena de muerte incluso cuando saben que es imposible implantarla debido a la conexión que tiene el Perú con el sistema internacional de derechos humanos. Alan García enarbola la bandera de la pena capital cada vez que puede porque quiere figurar en las encuestas en una buena posición y sabe que la población suele ser estar a favor de ella. 

Quienes señalan que lo que hay que hacer es poner más efectivos policiales en las calles señalan que abogan por una política de prevención del delito. Pero el argumento de que a mayor número de policías va a haber menos delitos parece extraño. ¿Acaso se piensa que la cantidad de policías van a disuadir a los delincuentes?. Ello sería como endurecer las penas . La otra posibilidad  es pensar que más policías podrían capturar a los delincuentes una vez que han delinquido. Pero eso ya no sería prevención del delito. La tercera posibilidad es que se crea que a más policías en las calles se va a poder desarticular las bandas criminales. Para lograr eso no es necesario más efectivos en las calles sino un mejor trabajo de inteligencia policial. La política de prevención del delito, así planteada, sería como una política contra el dengue en la que los médicos del sector público salen con un matamosca a darle a los mosquitos.

Estoy de acuerdo con que se requiere incrementar el número de efectivos policiales en las calles y en que es necesario mayor inteligencia policial. Pero creo que eso no representa una auténtica política de prevención del delito. La derecha en este país suele pensar de esta manera. Para ella, la solución es legal -leyes más drásticas- o mayor persecución. Pero rechazan la idea de una política social más amplia para prevenir el delito. Quienes proponemos eso somos tildados de de izquierdistas o caviares. 

Considero que una política contra la delincuencia debe enfocarse en dos puntos fundamentales: una política social y una una política carcelaria. La primera consiste en mejorar el sistema educativo, el de salud pública y el acceso a la seguridad de parte del Estado para evitar que más jóvenes se vayan del lado de las bandas delincuenciales o encuentren la delincuencia como la única opción para sus vidas. Para ello debemos de dejar de pensar en que el delincuente es un perverso (como piensa la derecha en este país) para verlo como alguien a quien la sociedad y el país le fallaron porque no le dieron mejores opciones sociales y de vida.  Ello supone que la sociedad tiene que dar mejores condiciones de vida a la población más vulnerable. Esto no pasa, claro está, con un crecimiento económico. 

Ha quedado demostrado que el crecimiento de las cifras económicas y las vinculadas a la reducción de la pobreza no van aparejadas con la disminución de la delincuencia, y sospecho que es porque el modelo de crecimiento tiene un enfoque incompleto. Ahora más peruanos pueden ir a la escuela, pero, ¿qué clase de educación reciben en ella? ¿O en la universidad? No hay que olvidar que una buena educación es una puerta que abre muchas oportunidades. Los medidores de pobreza no miden eso.

Por el otro lado, a saber, la política carcelaria, también es importante. La derecha suele pensar que la cárcel es un lugar en el que que se amontona escoria social y rechazan la idea de que los presos son seres humanos. Las condiciones carcelarias deben de corresponder a una política social integral. El no asinamiento,  la rehabilitación, la educación dentro de los establecimientos penitenciarios tienen que venir acompañados de agentes pénitenciacios no corruptos y orden al interior de las cárceles de tal manera que se pueda elevar los estándares las mismas.

Ciertamente, los políticos tienen que colaborar en esta política de prevención de la delincuencia. Deben rechazar la tentación de indultar a narcotraficantes o de aceptar dinero que viene del narcotráfico para financiar sus campañas electorales, y deben abstenerse de contratar sicarios para eliminar a sus adversarios políticos. Si la política peruana se tiñe de cocaina y el Estado peruano deviene en un narcoestado Alan García puede clamar todo lo que quiera por la pena de muerte  y eso no servirá de nada. En vez de eso, García debería explicar la cuestión de los narcoindultos.