EL LIBERALISMO POLÍTICO Y LA DISOLUCIÓN DE LA DISYUNTIVA ENTRE EL IUSNATURALISMO Y EL POSITIVISMO JURÍDICO

              

              Los cursos sobre filosofía del derecho tradicionalmente han asumido como uno de sus ejes centrales el debate entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. Esto se comprende por dos razones básicas. La primera es que los abogados y juristas suelen tener una comprensión del derecho que incorpora ambos puntos de vista. La segunda razón es porque ha existido, en el último siglo y medio una desconexión entre la filosofía del derecho hecha por los abogados y el trabajo de los filósofos sobre el tema.

            La comprensión de los juristas supone dos cosas que suenan bien pero que no se articulan de manera adecuada. De una parte, asumen el punto de vista positivista según el cual sólo es derecho lo que está legislado o puesto y, de otra parte, consideran que la justificación de los derechos se encuentra en la dignidad (considerada como un elemento inherente al o innato en el ser humano).  De esta manera, al pensar en la dignidad humana recurren en un argumente iusnaturalista. Con esto, parecen no percibir con claridad que su comprensión ordinaria del derecho es inconsistente y entra en contradicciones. La contradicción radica en que hacen depender el derecho positivo (defendido con los argumentos del positivismo, argumentos que rechazan todo recurso metafísico), hacen depender el derecho positivo en un elemento metafísico que es una presunta idea de naturaleza humana de la cual se desprende la dignidad inherente al ser humano.

            De otro lado, en los cursos de filosofía del derecho impartido en muchas escuelas de derecho se ha dado una centralidad en el debate entre el derecho natural y el positivismo jurídico. Como sabemos, dicho debate tiene un contexto histórico marcado por el desarrollo de la ciencia moderna y el desplazamiento de las explicaciones metafísicas por las explicaciones científicas de los diferentes ámbitos de la realidad. Este desplazamiento tiene que ver con los procedimientos de justificación de las afirmaciones científicas y jurídicas. Pero las revoluciones en el modo de pensar que desde Kant se han venido operando y que se han radicalizado con los avances de la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje, el pragmatismo y la hermenéutica han hecho de las justificaciones científicas positivas cosas del pasado.

            Estos cambios han tocado también la comprensión del derecho y está exigiendo que los paradigmas filosóficos desde los cuales esta disciplina y las prácticas que se desprenden de ella sean revolucionados. Sin embargo podemos encontrar una resistencia que tiene varias estrategias y varios motivos. Uno de los motivos es que las instituciones en las que circulan las ideas positivistas son muy influyentes. Eso explica, por ejemplo, la popularidad que tienen los trabajos de Mario Bunge entre los teóricos del derecho latinoamericanos. Una de las maneras que usan los positivistas para mantener su posición de dominio en la escuelas jurídicas es repitiendo que el debate central en el derecho es el que existe entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. Insistir en dicho debate les garantiza ganar, como quien dice, por puesta de mano, ya que los argumentos iusnaturalista no parecen ser ni atractivos ni convincentes, sino más bien obsoletos.

            Pero en el debate no debe sólo prevalecer el punto de vista del que pertenece a la institución que tiene más recursos y mayor apoyo político, sino que debe vencer la fuerza de los argumentos. Y es justamente en este nivel en cual el positivismo  se encuentra con grandes dificultades. Las complicaciones conceptuales, argumentativas y prácticas han llevado al positivismo a intentar renovarse o reencaucharse. Los esfuerzos han conducido a estrategias que van de sostener versiones de positivismo incluyente o positivismo metodológico. Pero, en vista de los fracasos encontrados al emprender estos caminos, el positivismo se ha arropado bajo el manto del neoconstitucionalismo y de cierta versión de la argumentación jurídica que desconecta la argumentación en el derecho de las razones y las instituciones de las sociedades democráticas y liberales.

            En el fondo, el fracaso del positivismo trae consigo la banca rota conceptual del debate iusnaturalismo – positivismo. La razón de este fracaso radica en que el positivismo considera al derecho como un discurso autopoiético. Es decir, la visión dominante en el derecho entiende la disciplina como completamente desconectada de las demás áreas de la vida social en dos sentidos: desde el lado de la génesis o producción del derecho y desde el de la relación del derecho con la política y la moral. Desde el primer ámbito, el positivismo considera al derecho como producido por sí mismo, sin relación con algún otro elemento al momento de su génesis o constitución. Desde el segundo, el derecho se comprende a sí mismo como un sistema autónomo que no se conecta con otros sistemas sociales. Bajo la impronta de la teoría de sistemas de Luhmann el positivismo se encuentra apertrechado en su posición de autocentramiento como quien da la batalla hasta el final.

            El liberalismo político, aprovechando esta circunstancia, declara que el derecho no es un sistema cerrado, sino que es un conjunto normas enlazadas entre sí y conectadas con lo que desde Husserl se conoce como el “mundo de la vida”. De esta manera, el liberalismo político libera el derecho de su autocentramiento narcisista y conectarlo con la moral y la política. Pero la reacción positivista no se dejó esperar, pero en vez de contrastar argumento con argumento, lo que ha venido de ese lado de la discusión es el epíteto vaciado de razones. Lo que se ha dicho y repetido es que el liberalismo político es filosofía política y no filosofía del derecho. De esta manera se ha señalado que lo que hacen John Rawls  y Jürgen Habermas no es filosofía del derecho, sino filosofía política. Pero con ello no responden a la pregunta central que el liberalismo político plantea al derecho, a saber, si tiene o no conexión con las instituciones y prácticas de una sociedad liberal y democrática.

CUARENTA AÑOS, CHILE

El 11 de este mes se conmemoran los cuarenta años del brutal golpe de estado perpetrado por Augusto Pinochet en Chile. Este acontecimiento pone sobre el tapete tres temas: 1) El compromiso que se tiene en América Latina con la democracia, 2) La memoria y la Comisión de la Verdad y 3) El discurso de la derecha latinoamericana según el cual el desarrollo económico justifica la violación de los derechos humanos.

Si bien, en buena parte de la región se han instaurado regímenes democráticos, aún falta llevar adelante la tarea de fortalecer las instituciones democráticas, y hacer de la democracia más inclusiva. Ello supone no solamente incorporar a la población al mercado, imponiéndole sus reglas, sino hacerla participe de la discusión política respecto de la manera en que la sociedad y el mercado deben relacionarse. En el Perú como en otros lugares de Latinoamérica se considera peligrosamente que sólo deben participar los técnicos. Se argumenta que, puesto que la población no tiene la instrucción adecuada, no está capacitada para tomar esas decisiones. Ese argumento es potencialmente autoritario y trae consigo la idea de que es mejor retirar derechos políticos a los ciudadanos en vistas de mantener el crecimiento económico. En vez de apuntar a fortalecer la educación y hacer que ésta se democratice, y no atarla a bonos (tal como sugiere Bullard) o a créditos bancarios (como sucede en Chile), se opta por el camino más autoritario. ¿Quiénes toman esas decisiones? Nada menos que las derechas empresariales, las mismas que no tuvieron inconveniente en compartir el poder con las dictaduras de derechas en la región.

Si bien en algunos países de la región se instauró Comisiones de la Verdad, algunas de ellas fueron enfrentadas rabiosamente, como sucedió en el Perú. En otros países, como es el caso de Chile ni siquiera se logró instaurar alguna. El poder pinochetista en Chile fue tal, durante el paso a la democracia, que logró imponer su negativa a la instauración de una Comisión de la Verdad. Esto trae consigo una política de menosprecio frente a las víctimas de los regímenes autoritarios o de los conflictos armados internos. Esta política no abona en el fortalecimiento de la democracia en la región. Pero ello también es un indicio que quienes instauraron un gobierno autoritario en el pasado, o sus grupos asociados, siguen teniendo poder político lo suficientemente fuerte como para neutralizar la justicia, la memoria y el reconocimiento.

Todo esto está asociado al discurso de que las violaciones de los derechos humanos del pasado se encuentran justificadas pues sin ello, se argumenta falazmente, no se habría logrado la pacificación y el crecimiento económico. Incluso, muchos de quienes asumen hoy en día el discurso de los derechos humanos consideran que hay que dar vuelta a la página, olvidarse de la memoria y mirar hacia adelante. Ello significa hacerse de la vista gorda respecto de los crímenes del pasado. Lo que esto muestra es que las derechas más radicales se están adueñando del discurso de los derechos, volviéndolo en una cuestión estrictamente técnica, y desconectándolo del pasado y de las consecuencias políticas.

Hace poco, Salvador Piñeira señaló que Salvados Allende también quebrantó el Estado de Derecho. ¿Qué se pretende con esta declaración? ¿Acaso justificar el golpe de Estado de Pinochet? Ese es el argumento del niño de primaria que dice “él empezó primero”. Es lamentable que un líder de la región utilice recursos como esos. En realidad, eso está expresando una mentalidad propia de una derecha que no se siente realmente comprometida con la democracia, y que la percibe como un obstáculo para sus intereses.

¿Debemos desentendernos de la memoria?

            Durante estos días, enmarcados en la conmemoración de los diez años de la presentación del Informe Final de la CVR, se ha repetido un discurso que vale la pena analizar y cuestionar. De acuerdo a él, debemos de dejar atrás el relato del Informe Final de la CVR, y hay que mirar hacia el futuro y no al pasado. Esto se ha dicho y repetido respecto de la agenda política nacional, señalando que las circunstancias actuales son diferentes de hace diez años y que los puntos de la agenda ya no pueden contemplar aquellos planteados por la CVR, o considerar sólo unos cuantos pero no todos. De otro lado, se ha señalado que incluso los cursos y la actividad en Derechos Humanos deberían desembarazarse de la CVR, dejar de mirar el pasado y dirigirse hacia el futuro.

            Estas visiones, que provienen en su mayoría de la ciencia política, el derecho y los políticos de derecha, consideran que dos temas centrales de la CVR pueden relativizarse a tal grado que eventualmente se podrían ser dejados de lado. El primero de estos temas es el de la justicia, tanto distributiva, como cultural o vinculada al reconocimiento del otro, y la justicia relativa a la representación política legitimada. El segundo lo constituye la memoria como elemento central para la constitución de un proyecto político compartido. Sospecho que ambos puntos quieren ser dejados de lado por una derecha inflamada  y dominante en este país, pues los dos cuestionan su posición de influencia.

            El tema de la justicia se considera que ha quedado fuera debido al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Pero la reducción de la pobreza no significa la disminución de las desigualdades económicas. Pero además, y esto es más importante, la justicia no puede entenderse sólo bajo los parámetros de la economía neoclásica impuesta por la política conservadora de los defensores del neoliberalismo económico. La justicia debe incluir un aspecto político que suponga la posibilidad de ser copartícipes de la toma de decisiones. Ello supone el reconocimiento social y político de las minorías y mayorías culturales y sexuales. Dicho reconocimiento supone dejar utilizar los medios de presión y engaño para imponer proyectos empresariales en territorio de las comunidades amazónicas, por ejemplo. Pero además, es necesario potenciar la justicia que significa la representación política debida y enfocar los esfuerzos en mejorar la educación puesto que mejorándola los ciudadanos podrán entender mejor las consecuencias de sus opciones políticas, además de poder participar de manera más efectiva en la política local y nacional.

            El otro punto, a saber, el de la memoria, ha sido acentuado por Salomón Lerner Febres en estos días. Lerner señala que la memora, tanto para una persona como para un país, es indispensable para articular un proyecto de vida o un proyecto político. Un individuo sin memoria no solamente es proclive a repetir los errores del pasado, sino que no está en condiciones de enlazar sus acciones pasadas con las presentes y no puede construir un proyecto de vida hacia el futuro. Sin memoria, estaría comenzando siempre de nuevo, de la nada y tendría una vida carente de sentido. Lo mismo sucede en un país en el cual se decide dar la espalda al pasado y vivir sin memoria. No conseguiría articular un proyecto político nacional.

            Pero uno de los aspectos que ha sido combatido con mayor fuerza en este país durante los últimos diez años ha sido el de la memoria, por dos razones: 1) los sectores hegemónicos no quieren reconocer su responsabilidad respecto de lo sucedido y 2) estos mismos sectores no quieren que se articule un proyecto nacional que compita con su proyecto particular. Se prefiere un país fragmentado porque en él se podrán satisfacer sin resistencia las exigencias y necesidades de estos sectores. Pero esta estrategia es limitada en su mirada y alcance. No permite que se genere el aprendizaje necesario para que el pasado no se repita, sino que no permite mirar hacia el futuro como un horizonte en el cual todos nos podamos sentir reconocidos y con el que nos podamos comprometer. Lo que ha quedado claro, o debería quedar claro en este país, es que a raíz de la experiencia del conflicto armado interno de la década de los 80 y 90 la secuencia de regímenes autoritarios no puede seguir reproduciéndose en el futuro. Los autoritarismos que prendieron las décadas de los 80 y 90 tuvieron consecuencias tan devastadoras que debería  instaurarse en la conciencia de los peruanos que debemos detener esos procesos que hacen que el fantasma del autoritarismo vuele sobre las aguas. Por ello es importante darle un sentido claro a la educación en el Perú. 

A LOS DIEZ AÑOS DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA CVR

        El 28 del presente se cumplen los diez años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se trata de una fecha de suma importancia por varias razones, entre las que podría destacar tres: a) lo que el conflicto armado interno de la década de los 80 y 90 significó en este país b) por el valor del Informe y c) por el lugar que el Informe tiene en la agenda política nacional.

     El conflicto armado interno

            El conflicto armado interno que sufrió el Perú entre las dos últimas décadas fue, sin lugar a dudas, el más intenso y traumático que hemos vivido en toda nuestra vida republicana. Ni siquiera la crisis que significó la Guerra con Chile tuvo tal magnitud de daño. La Guerra con Chile nos dejó activos interesantes, como los discursos de Gonzales Prada y la conciencia de la necesidad de refundar la República. Los veinte años de conflicto armado interno nos dejó también un activo que debemos tener en cuenta: el Informe Final de la CVR. La necesidad de refundar nuevamente la República Democrática brota de esta experiencia traumática.

            Pero el conflicto armado interno no sólo tiene su significado en la tarea política que deja, sino en la exigencia de hacer justicia y de reconocer a las víctimas. La constitución de la CVR se encuentra en este contexto. Ella se instituye como la necesidad de alcanzar un relato sobre el conflicto que permita hacer justicia y llevar adelante el reconocimiento de las víctimas. El reconocimiento de que hubo en este país un conflicto armado interno y que dejó cuantiosas víctimas es necesario para no bar la espalda a lo que vivieron decenas de miles de personas. Pero durante estos últimos diez años se ha procurado señalar que: a) no se trató de un “conflicto armado interno” y b) que las cifras que se consignan en el Informe son falsas. La cuestión del término “conflicto armado interno” volvió a repetirse hace unas semanas en la discusión sobre las “Rutas de la Memoria” en el seno de la Municipalidad de Lima. En ese contexto, algunos regidores pepecistas reactivaron el argumento según el cual lo que ocurrió aquí no fue un conflicto armado interno, sino acciones demenciales de grupos terroristas frente a las cuales la sociedad y el Estado peruanos respondieron juntos. Esta manera de percibir lo que sucedió en este país trata de encubrir de manera política que la población civil se encontraba entre Sendero Luminoso y el MRTA, de una parte, y las FF.AA. de otra. Es decir, la población, especialmente en el interior del país, sufrió los embates de los grupos terroristas y de las FF.AA. Es por ello que el Informe consigna que las FF.AA. tuvieron en algunos momentos y lugares específicos una política sistemática de violación de derechos humanos. Todo esto no quita que miembros de dichas fuerzas hayan sido también víctimas de la violencia y que muchos efectivos hayan tenido un comportamiento a la altura de las circunstancias.

            La cuestión referente a las cifras de las víctimas ha sido también atacada durante los últimos diez años. Desde el absurdo pedido de Rafael Rey, de que se publicaran los DNI de las víctimas, sabiendo que en esa zona muchas personas no contaban con documentos y que los niños tampoco; hasta informes como el aparecido en el último Hildebrandt en sus trece, que señala que el grupo de trabajo de la CVR infló las cifras utilizando métodos estadísticos dudosos. Lo cierto es que la CVR procedió de acuerdo a los métodos estadísticos que la ONU recomienda y que han sido usados en otras experiencias de conflicto como en Kósovo.

           

       Valor del Informe

El Informe Final de la CVR tiene un valor en sí mismo. Se trata de un relato muy completo y que da cuenta de lo sucedido en esos años. El relato se teje con un conjunto de elementos que incluyen los testimonios de los afectados, afectados que provienen de diferentes sectores e instituciones  de la sociedad.  El Informe es considerado, a nivel internacional,  como uno de los más completos en su género. Ciertamente, puede ser perfectible y mejorado. Pero lo que se ha procedido a hacer desde la presentación del Informe ha sido descalificarlo radicalmente, inclusive sin haber leído sus partes centrales.

Esa reacción proveniente de varios sectores políticos era de preverse, puesto que el trabajo cuestiona el actuar de muchos líderes y agrupaciones políticas durante los años 80 y 90. En este contexto, el ataque al monumento “El ojo que llora” situado en el Campo de Marte por parte de hordas fujimoristas no fue ninguna casualidad. O la amedrentacion a algunos miembros de la Comisión, como es el caso de las amenazas de muerte contra Salomón Lerner Febres. El trabajo de la Comisión y el mismo Informe iba en contra de los intereses de muchos grupos, razón por la cual se trató de descalificar en su conjunto, y no discutir sus partes.

Por su valor, la información del Informe iba a ser incluida en los textos escolares durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero al llegar el gobierno aprista el proyecto fue abortado. La finalidad era que las nuevas generaciones tengan conocimiento de lo sucedido y no se vuelva a repetir que la prédica de Sendero Luminoso ganase adeptos. Ello hubiera quitado fuerza al MOVADEF y a los grupos afines a SL que están operando en la actualidad.

El lugar del Informe en la agenda política nacional   

Hace unas semanas Martín Tanaka publicó artículo en el diario La República (http://www.larepublica.pe/columnistas/virtu-e-fortuna/cvr-10-17-08-2013) en el que presenta su balance de los diez años del Informe. Bajo el título “CVR + 10” el texto llega a una sorprendente conclusión. Hablando de las recomendaciones del Informe señala que la agenda política actual en el Perú ya  no puede conectarse con el Informe:

Mantener vivo el “espíritu” de la CVR implica pensar en una nueva agenda, que no es más la del propio Informe, y también desarrollar y ampliar su narrativa, de manera que sea más incluyente y no patrimonio de un pequeño círculo de activistas.

Lo que Tanaka está defendiendo es la ya popular tesis de “la CVR ya fue”, defendida incluso por algunos grupos de derechos humanos. Ello supone afirmas que el Informe ya no tiene relevancia para la política actual en el Perú. El argumento de Tanaka incluye una consideración, también sorprendente: puesto que las recomendaciones del Informe nos colocan una valla tan alta, es mejor desentendernos del mismo. Las recomendaciones exigen combatir a la pobreza y las desigualdades, acabar con la discriminación étnica, racial y de la mujer, entre otras cosas como el fortalecimiento de la democracia. El argumento de Tanaka es que como estos objetivos son muy difíciles de lograr deberíamos de abandonarlos. El argumento parece insinuar que basar la agenda política nacional en las recomendaciones de la CVR, y en especialmente en combatir esos males sería como basarla en ficciones que no vamos a poder alcanzar, por lo tanto debemos colocar otros temas en la agenda.

Gonzalo Gamio publicó un post que se llama “Ficciones que valen la pena” (http://gonzalogamio.blogspot.com/2008/07/ficciones-que-valen-la-pena.html) con el que estoy completamente de acuerdo. Si la justicia y el reconocimiento que exige el trabajo de la CVR son ficciones, creo que ellas valen la pena y deben ser incluidas en la agenda política constituyéndose en su centro.  Lo mismo respecto con el fortalecimiento de la democracia en este país. Tal vez algunos científicos políticos y sociólogos prefieran dejar fuera las ficciones y los ideales. Tal vez denostar de los ideales y las ficciones les pueda dar “caché” y pueda hacer que coincidan con políticas conservadoras tan amadas entre nosotros. Tal vez escuchar a los filósofos y sus propuestas cause vergüenza entre las personas que se consideran prácticas, eficaces y exitosas (algo que ya Kant había notado en el siglo XVIII). Pero lo que está en juego es más que la posición de algunos sobre la palestra o los intereses políticos de los grupos de poder. Es por ello que hay que defender la agenda que brota de la CVR y su Informe Final. 

FILOSOFÍA DEL DERECHO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

            La argumentación jurídica es una herramienta muy antigua en la actividad del derecho. Jueces, legisladores y abogados se han visto constantemente forzados a argumentar en sus sentencias, leyes y alegatos. La argumentación siempre ha estado presente en la actividad jurídica desde antiguo, pues es propio de ésta el que los actores pretendan convencer, persuadir y ganarse la aprobación y legitimidad para sus pretensiones. Pero la argumentación a la que todos ellos han recurrido desde un siempre ha tenido una filosofía del derecho de trasfondo. En los últimos años se han hecho esfuerzos para explicitar las ideas filosóficas que se encuentran detrás de la argumentación jurídica.

            Esto se ha debido a que el contexto de fortalecimiento de la democracia liberal en muchos países ha llevado al derecho a afinar sus herramientas de argumentación. De esta manera, el derecho inserto en una sociedad democrática liberal ha traído consigo la necesidad de pulir y verificar sus medios de argumentación para encontrarse legitimado democráticamente. En este contexto ha surgido la llamada “Teoría de la argumentación jurídica”, y la misma argumentación jurídica como un tema de estudio reciente en el derecho. Es natural que muchos abogados, juristas y jueces no se encuentren familiarizados con las ideas que la argumentación jurídica está desarrollando en estos años, pues cuando se formaron en sus respectivas Facultades de Derecho no se hablaba de este tema tal como se hace hoy en día. Estas páginas tiene como objetivo aclarar qué se entiende por argumentación jurídica para que personas que no tiene mucha idea al respecto pueda tener una primera aproximación.

            La argumentación jurídica, tal como la entendemos hoy en día, está conectada con una filosofía del derecho que, como ya hemos señalado, le sirve como trasfondo. No podremos comprender a cabalidad lo que es ésta si no entendemos la filosofía del derecho que le sirve de base. El error de mucho de los que tratan sobre el tema consiste en que desconectan la argumentación jurídica contemporánea de la filosofía del derecho que le da significado. Con esta desconexión lo que hacen es convertir a la argumentación jurídica en una herramienta técnica que carece de orientación y finalidad, cuando en realidad se trata de una práctica jurídica que tiene una orientación y finalidad específica: el servir como una práctica jurídica en el contexto de una sociedad democrática y liberal. Es por ello que la argumentación jurídica de encuentra conectada con una política democrática liberal.

Entiendo que los abogados acusen de “hereje” a quien considere que el derecho y la argumentación jurídica se encuentran conectados con la política. Esta reacción es comprensible si tenemos en cuenta el hecho de que muchos abogados (me atrevería a decir, la mayoría) han sido formados en escuelas en las que los dogmas del positivismo jurídico de Kelsen y de Hart eran tomados como verdades absolutas e incuestionables. Dichos dogmas fueron asumidos con la pasión de un dogmatismo intransigente. Y uno de los dogmas del positivismo jurídico, desde John Austin en el siglo XIX, ha sido el que el derecho, para ser ciencia, debe tomar distancia de todo componente ideológico, como la política, la moral, e incluso de la justicia.  Esta posición radical respecto de la pureza del derecho ha sido repetida de manera irreflexiva por décadas en las escuelas de derecho, a pesar de que ha mostrado en varias oportunidades sus falencias. Uno de los momentos más claros fue durante El juicio de Núremberg, en el cual los generales nazis fueron sentados en el banquillo de los acusados por los crímenes que cometieron durante la guerra, especialmente contra los judíos, los gitanos y los homosexuales. Los generales nazis señalaron que ellos actuaron de acuerdo al derecho positivo que regía en el III Reicht, de manera que acusaron una y otra vez el hecho de que el juicio era político y no jurídico, es decir, que representaba la represalia que los vencedores estaban propinando a los vencidos. Con ello lo que saltaba a luz es que el paradigma del positivismo jurídico se había agotado.

Si nos desembarazamos del dogma positivista que exige la separación del derecho y la política, y abandonamos la hipocresía de la “neutralidad” del derecho, podemos ganar para nuestra reflexión la idea según la cual el derecho (como práctica y como instituciones) se encuentra inserto en la política. La relación entre el derecho y la política no es la de dos ámbitos desconectados, como cajones uno al lado del otro, sino como círculos concéntricos, uno dentro del otro. Así, el derecho es es representado por el círculo que está dentro de un círculo mayor, que es la política. Ahora bien, la política de la que se trata aquí es la política liberal y democrática, es decir, aquella actividad política que inspira el proyecto de articulación y de fortalecimiento de las sociedades democráticas y liberales contemporáneas. La filosofía del derecho explora estas ideas el conocida como “Liberalismo Político”.  ¿Había oído hablar de ella antes? Se trata del trasfondo filosófico sobre el que se levanta la argumentación jurídica tal como la conocemos actualmente.  El liberalismo político concibe el derecho como una práctica inserta en una sociedad democrática y liberal, y piensa las  instituciones jurídicas como articuladas con el resto de instituciones de la sociedad democrática y liberal. La articulación misma es de carácter político, pero respecto de ello trataremos a su debido tiempo.

En consecuencia, la argumentación jurídica es el tipo de argumentación que se desarrolla en la práctica del derecho dentro de instituciones de una sociedad democrática y liberal, donde las mismas instituciones jurídicas se encuentran conectadas con las instituciones políticas de la sociedad. 

LA RUTA DE LA MENORIA Y EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

            El Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, informe que este año cumple una década de su presentación pública y respaldo del Estado, utilizando la terminología presente en los documentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha calificado lo que vivimos en el Perú durante las décadas de los 80 y 90 como “conflicto armado interno”.  La elección de dicho término no fue ni arbitraria ni ideológica, sino porque así lo indican los varios Convenios de Ginebra, en sus artículos 3. Dichos Convenios distinguen dos categorías, no más: a) los Conflictos Armados Internacionales (CAI) y b) los Conflictos Armados No Internacionales (CANI).

            Además, dicha terminología describe lo que sucedió en este país. De una parte se encontraban los grupos terroristas, de otro lado, las FF.AA. y en medio de ambas se encontraba la población. No sucedió lo que Crespo y el MOVADEF señalan, que se trató de una Guerra Civil, porque para ello debe haber fraccionamiento de las FF.AA. Ni Sendero Luminoso ni el MRTA consiguieron que parte de ellas se uniese a sus huestes. Pero tampoco sucedió que se trataba de un enfrentamiento en la que había sólo dos partes, los terroristas, de una, y las FF.AA. junto con la  población, por otra. Los testimonios de muchos involucrados en el conflicto desmiente esa versión que la extrema derecha quiere popularizar. Claro que no se trata de testimonios recogidos en Miraflores o San Isidro, sino en Ayacucho o en otras zonas del interior del país.

            De esta manera, el término “Conflicto Armado Interno”, utilizado por la CVR en su Informe Final se encuentra plenamente justificado. Ahora bien, sucede que el 7 de agosto del presente se produjo un debate acalorado sobre este término en la Municipalidad de Lima.  El debate tuvo como centro el proyecto propuesto por la alcaldesa de organizar un circuito de visitas a lugares de la ciudad de Lima en los cuales se había vivido el conflicto durante las dos últimas décadas del siglo pasado, llamado “Rutas de la Memoria”. El evento se inscribe dentro de las actividades de los diez años de la entrega del Informe Final de la CVR.  Esta iniciativa generó la airada respuesta de algunos regidores del PPC, precisamente, Alfredo Lozada, Jaime Salinas y Jorge Villena. Los argumentos de estos regidores del PPC se centraron en tres temas: 1) El proyecto “Rutas de la Memoria” era un paseo turístico, 2) el término “Conflicto Armado Interno” es una herramienta ideológica de los supuestos  “comunistas redactores de la CVR y defensores de los terroristas” y 3) el Informe Final de la CVR no debe ser tomado en cuenta ni debatido por que, según los regidores del mapa “no necesitan que nadie les cuente lo que han vivido.

            El primer argumento es tan débil que se cae por su propio peso. Es claro que se presento para banalizar el proyecto. El segundo es cuestionable si se tiene en cuenta la terminología estándar  utilizada en el DIH. Y el tercero es tan burdo como decir que una persona que sufrió, como población civil afectada, los daños de la Segunda Guerra Mundial puede tener un punto de vista más claro del que se puede conseguir por medio de la investigación histórica. Lo que queda claro es que a Lozada, Salinas y Villena no les interesan los argumentos, sino desacreditar el trabajo de la CVR. Sus intervenciones no presentan una búsqueda decidida de esclarecer el juicio de los regidores respecto del tema. Es lamentable que el PPC tome estas actitudes respecto del Informe Final. Felizmente Lourdes Flores Nano hizo declaraciones que buscaban poner paños fríos en el debate. Lo mejor que puede hacer el PPC, y esto lo entienda tal vez Lourdes y otros más, pero  no todos sus representantes, es deslindar de la derecha radical de este país.

            Dejo el link de la sesión, para que puedan ver las intervenciones

 http://lamula.pe/2013/08/08/la-mala-memoria-de-los-regidores-del-ppc/javierto/