domingo, 1 de junio de 2014

EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO (SEGUNDA PARTE)

3.- La articulación de una nación de ciudadanos

            A inicios del siglo XIX, bajo la influencia de los intelectuales del romanticismo intelectual – entre los que destacan Goethe y Herder- se articuló la idea de que cada Estado contenía al interior un pueblo que tenía un “espíritu único e inconfundible”, lo que los intelectuales alemanes no dudaron en llamar Volksgeist. Era el nacimiento del nacionalismo moderno. Dicho nacionalismo señalaba que cada nación era como una obra de arte: única, irrepetible, con una identidad propia y con un sentido singular. Además, dicho nacionalismo suponía que los habitantes de cada país compartían un único pueblo con una única historia, los mismos correlatos simbólicos y la misma narrativa de lo que son en tanto pueblo[1].
            Esa visión de la nacionalidad romántica ha sido frontalmente cuestionada debido a la evidencia de la multiplicidad de pueblos y etnias que encuentran al interior de un país. Desde la caída del Muro de Berlín hemos podido asistir al nacimiento de un nuevo nacionalismo que tiene como centro de gravedad la identidad étnica, cultural o religiosa. Este nuevo nacionalismo hizo saltar por los aires países como Checoslovaquia, Rusia,  o Yugoslavia. Y en algunos casos lo hizo a través de una cruenta guerra, como la que despedazó Yugoslavia. En todos estos casos, se trató de la reedición del nacionalismo romántico, pero a otra escala y por otros medios. Frente a estos fenómenos es necesario fortalecer la idea de nación que tenga como centro de gravedad no la etnia, la religión, la cultura o el  Volksgeist, sino la ciudadanía y la sociedad civil. Para ello es necesario incluir en las pertenencias que articulan la identidad de las personas la de ser ciudadanos. El proceso de forjación de ciudadanía supone una serie de procesos, desde construcción de infraestructura que permitan la conexión entre las personas hasta procesos educativos. La necesidad de elevar a los miembros de las diferentes culturas al estatuto de ciudadanos dentro de una sociedad civil activa es de vital importancia, puesto que ello permite a los pueblos indígenas y a las comunidades de migrantes entenderse como miembros de una sociedad civil activa.
Desde el seno de dicha sociedad, los diferentes grupos pueden participar en procesos políticos de mayor alcance y que resultan ser más efectivos. Desde la perspectiva limitada de “miembros de un pueblo indígena” las personas y los grupos no consiguen el impacto político que permitan que sus reivindicaciones tengan impacto en toda la sociedad, además desde esa posición las personas y los grupos no logran articular sus reivindicaciones con reivindicaciones más universales.  En cambio, en tanto miembros de una sociedad civil activa las personas y los grupos pueden conseguir que sus reivindicaciones empaten y sean apoyadas por los demás ciudadanos y terminen impactando en las políticas de Estado y en la legislación. En cambio, si continúan atrapados en los patrones de pensamiento del nacionalismo romántico no lograrán objetivos efectivos[2]. Por otra parte, la misma idea de pueblos indígenas y las propias exigencias que provienen del nacionalismo romántico resultan ser construcciones occidentales proyectadas sobre las minorías culturales, cosa que hace sospechoso el uso de las mismas categorías.


4.- Educación para una ciudadanía intercultural

            Es por esa razón que es necesario educar para la ciudadanía. La educación intercultural debe de articularse con la educación para la ciudadanía nacional. Esto supone en conocimiento de la cultura propia, el reconocimiento del otro en su cultura y el concebirse como conciudadano con el otro en el marco de la sociedad civil. Esto supone que la conciencia de ser miembro de una cultura debe ser acompañada de la conciencia de ser ciudadano en una nación en la cual hay personas de otras culturas. Esta forjación de ciudadanos modifica la propia comprensión de la identidad de una persona y lo inserta en el centro de la sociedad civil como copartícipe del destino de una nación de ciudadanos.
Pero la construcción de ciudadanía no es posible sin  la articulación de una narrativa que permita el reconocimiento del otro como ciudadano. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) constituye aquella narrativa que permite dicho reconocimiento. En Informe ha mostrado las vejaciones, maltratos y muertes que los peruanos nos hemos infringido unos a otros durante los veinte años del conflicto armado interno. Especialmente, se relata allí la violencia que con la que Sendero Luminoso y, en algunos momentos y lugares específicos, los miembros de las fuerzas del orden ejercieron contra las personas pertenecientes a la cultura andina (quechuas y aymaras) y a las pertenecientes a las diversas culturas amazónicas.  La construcción de la educación de la ciudadanía desde el Informe Final de la CVR permite realizar los procesos de reconocimiento de las personas y las culturas para conectarlas con la construcción de una nación de ciudadanos donde los derechos y las libertades de todos sean reconocidos y respetados[3].
Sin embargo, este trabajo tiene que enfrentar tres obstáculos importantes. El primero de ellos es la negativa a aceptar el Informe Final de parte del un sector influyente de la sociedad. Este sector está compuesto por algunos partidos políticos (el APRA y el Fujimorismo especialmente, pero también algunos miembros del PPC), la derecha empresarial del país, especialmente los medios de comunicación y los sectores más conservadores de las iglesias, especialmente de la Iglesia Católica, lo mismo que los sectores simpatizantes de Sendero Luminoso. Estos sectores de la sociedad se sienten amenazados por el Informe y lo rechazan porque en él se muestra la responsabilidad que han tenido estos sectores durante el conflicto armado interno.  
El segundo obstáculo lo ofrece la penetración del discurso y las acciones de los agentes del neoliberalismo económico en la sociedad peruana. El discurso del neoliberalismo ha penetrado a través de los medios de comunicación y ha propalado el mensaje del Perú como país de emprendedores.  Esta idea ha llevado a las personas a concebirse a sí misma no como ciudadanos sino como engranajes del libre mercado, y en cuanto tales, lo que consideran primordial es el crecimiento económico de las empresas. Ello trae consigo una presión sobre la política económica en el Perú, que tiene dos direcciones centrales.
La primera es reemplazar la política de redistribución de la riqueza por la política de crecimiento económico de las empresas.  Esta primera dirección, en su momento más radical, reemplazó la política de combate contra la pobreza por la política de combate contra los pobres representada por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esta política tenía como núcleo combatir la pobreza evitando que los pobres se reproduzcan biológicamente. La segunda es la desregulación del mercado de trabajo, que trae como uno de sus elementos centrales el facilitar las cosas a las empresas, especialmente al momento de contratar, despedir y pagar el sueldo a un empleado. Esto va aparejado con la desaparición de los sindicatos y la casi desaparición del salario mínimo, a la par de la política de privatización de los servicios del estado[4].
Finalmente, el tercer obstáculo lo representa la penetración del neoliberalismo económico en la escuela privada y algunas universidades, y sus intentos de penetrar la escuela pública[5]. En la escuela privada, dicha penetración se muestra en la reducción del juego, las artes y las humanidades para centrar la enseñanza en la lectoescritura, el razonamiento verbal y el razonamiento matemático. En la universidad se ha ido reduciendo el espacio de las humanidades, las artes y la creación científica, y ha ido creciendo el lugar que tiene el conocimiento técnico-aplicativo de las diferentes disciplinas. Por otro lado, se han ido cerrando facultades humanísticas o se han ido reduciendo a través de la fusión, a la par que se han eliminado por completo los estudios generales compartidos, y se han ido reduciendo paulatinamente al interior de cada facultad. Esta tendencia en las universidades obedece a las exigencias que el mercado les impone.



[1] Respecto de la concepción romántica de nación Cf. TAYLOR, Charles; Hegel, Barcelona: Anthropos, 2010. Además Cf.  MAYOS SOLSONA, Goncal; Ilustración y romanticismo. Introducción a la polémica entre Kant y Herder, Barcelona: Herder, 2004.
[2] Respecto de la necesidad de una nación de ciudadanos constituida por una sociedad civil activa  Cf. SEN, Amartya; Identidad y violencia, Bnos. As.: Katz, 2007.
[3] COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN; Informe Final, Lima, 2003.
[4]  Al respecto de estos problemas Cf. CAVIGLIA, Alessandro; Démocratie et autoritarisme dans le Pérou actuel, en: Droit et Cultures: reveu internationale interdisciplinaire, n° 62 (2011). Además, del mismo autor, se puede ver La vigencia social de los derechos humanos en la escena peruana reciente, en: Páginas, Vol37, n° 227.
[5] Respecto de la fuerza mundial del neoliberalismo, Cf. FRASER, Nancy; Escalas de justicia, Barcelona: Herder, 2008. Respecto de la penetración del neoliberalismo en la educación Cf. NUSSBAUM, Martha; Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades, Madrid: Katz, 2010.  

domingo, 25 de mayo de 2014

EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO (PRIMERA PARTE)

Desde la década de los 70 se ha generado en el Perú y en América Latina un movimiento de exigencia de educación intercultural y de promoción una política intercultural. Dicho movimiento ha tenido dos escenarios: el de la actividad política y el de la academia. En el plano político se encuentran desde entonces aquellos líderes regionales que exigen la implementación de una educación bilingüe intercultural (EBI) y  el reconocimiento de derechos colectivos sobre el territorio. La EBI tiene como objetivo preservar la cultura y apunta a derechos culturales, mientras que los derechos colectivos apuntan a exigencias sociales y económicas de propiedad comunal sobre el territorio[1].

En el plano académico, en cambio, se ha desarrollado una reflexión respecto de la política de la interculturalidad que considera que las culturas no se encuentran solas o aisladas una de otras, sino que en relaciones unas con otras, y que en América Latina, debido al pasado colonial, se encuentran subordinadas unas a otras de manera conflictiva y a través de relaciones de poder. Tanto los activistas políticos como los académicos han dejado fuera del espectro de reflexión la necesidad de incluir la diversidad cultural al interior de un Estado nacional que tenga como eje central la idea de una sociedad civil activa. El presente trabajo procura abonar en esta última dirección, para lo cual presentará las políticas de la EBI (1) para pasar a definir los términos que nos permitan entender lo que significa la interculturalidad (2) y terminar apoyando la idea de articular un proyecto de nación que tenga como centro de gravedad las ideas de ciudadanía y de sociedad civil activa (3). Finalmente, veremos las consecuencias que trae este giro en la educación para la ciudadanía intercultural (4).

1.- La política de la Educación Bilingüe Intercultural

La EBI es, desde los años 70, una política llevada a delante por maestros y comunidades locales con la finalidad de preservar la lengua y la cultura locales. Esta política fue llevada adelante principalmente por las comunidades de la selva peruana, pues ellas mantuvieron a sus líderes y sus organizaciones políticas locales; cosa que no sucedió en la región andina. En los andes peruanos, a diferencia de Ecuador y Bolivia, las comunidades andinas fueron descabezadas después de la rebelión de Túpac Amaru II.

Las exigencias políticas de los partidarios de la EBI son el mantenimiento de la lengua y la cultura  de las comunidades así el derecho a la propiedad colectiva de la tierra. La primera exigencia es la de un derecho cultural y la segunda representa un derecho cultural y económico a la vez. La preservación de la lengua y la cultura se asocia a un proyecto colectivo de preservación y mantenimiento a través de generaciones de una comunidad lingüística y cultural que se encuentra amenazada por la penetración del castellano que, en tanto lengua dominante, está penetrando las comunidades nativas y está vulnerando las culturas locales. La propiedad colectiva sobre el territorio, por su parte, representa una exigencia cultural y económica. Se trata de una exigencia cultural porque es la reinterpretación de las comunidades nativas del derecho a la propiedad, exigencia que cuestiona el modelo occidental de propiedad privada y el proyecto de titularización de la propiedad llevado a cabo desde hace décadas por Hernando de Soto. Paro, a la vez, se trata de la reivindicación de derechos económicos, debido a que la subsistencia de las comunidades nativas depende de la propiedad colectiva debido a su modo de producción y de subsistencia.  

2.- La política de la interculturalidad

La política de la interculturalidad ha sido planteada no por los activistas políticos, sino por los académicos. Esta política parte del fenómeno del interculturalismo, es decir , de la coexistencia de diferentes culturas que se relacionan entre sí. Esta parte del un hecho general más abarcador, que el del pluralismo, que tiene su expresión en el pluralismo cultural, religioso, moral y filosófico que caracteriza a las sociedades contemporáneas.

El interculturalismo es una manera de entender el pluralismo cultural. Esta manera se ha gestado en América Latina y ha llevado a la gestación de un tipo de política nominada política de la interculturalidad. Esta política es una forma de gestionar la diversidad cultural. En el Canadá y en Europa se ha interpretado el pluralismo cultural bajo los lentes del fenómeno del multiculturalismo, lo que ha llevado a las llamadas políticas de la multiculturalidad. En Canadá las comunidades aborígenes y Quebec – la zona francófona – han exigido derechos culturales como son el derecho a la educación en sus lenguas y culturas propias en las escuelas públicas. Al mismo tiempo han exigido cierto nivel de autogobierno y el estatuto de “sociedad distinta”[2]. En Europa, los inmigrantes, como los indios y otras comunidades en Inglaterra, ha exigido derechos como el mantenimiento de su lengua y cultura propias a través de la escuela pública. De hecho, el Estado británico financia escuelas públicas para las comunidades de inmigrantes más importantes. La manera de encarar el multiculturalismo en Inglaterra como en otros países europeos a sido denominado por Amartya Sen “monoculturalismo plural”, el cual sería una política fallida pues no permite la integración social de las diferentes comunidades culturales al interior de la sociedad civil[3]. 

Finalmente, en Estados Unidos se ha gestionado la diversidad cultural por medio de políticas de acción afirmativa y de discriminación positiva. Allí la diversidad cultural ha sido tratada de la misma manera que la diversidad religiosa: se ha llevado a cabo la separación de la Iglesia y el Estado, así como la separación entre cultura y Estado, de tal manera que se ha asegurado la neutralidad del Estado frente a la religión y a la cultura. Al mismo tiempo, se ha asignado derechos individuales, como el de creencia religiosa, libertad de asociación y libertad de conciencia y expresión para que cada ciudadano elija la religión que prefiera y pueda mantenerse en su núcleo cultural. Una vez hecho esto, la política estadounidense para gestionar la diversidad cultural ha sido a través de la política de discriminación positiva, que permita resarcir las injusticias que han tenido décadas o siglos para con colectividades diversas: mujeres, negros, grupos religiosos o grupos culturales. La discriminación positiva se canalizó mayormente a través de políticas de cuotas para individuos pertenecientes a grupos históricos discriminados. Las políticas de la interculturalidad y de la multiculturalidad han incorporado la dotación de derechos colectivos y han exigido incorporar exigencias culturales en la política del Estado. Con ello se ha exigido la  quiebra de la neutralidad del Estado para que pueda otorgar derechos colectivos dirigidos a hacer justicia cultural. En cambio, las políticas de acción afirmativa y de discriminación positiva niegan la necesidad de incorporar la reivindicación cultural en la política y preservan la neutralidad del Estado[4].

La política de la interculturalidad latinoamericana entiende que las culturas no se encuentran aisladas unas de otras sino que conviven unas entre otras y establecen relaciones asimétricas entre sí. De esta manera, las comunidades nativas de la selva se encuentran en relaciones de subordinación y resistencia frente a la cultura occidental e hispalohablante dominante. La posición económica y el control de los medios de producción hace de la cultura occidental la dominante y ello exige que, a fines de hacer justicia, las comunidades nativas puedan tener derecho colectivo al territorio y derecho a la preservación de su cultura. Pero la inserción de un mercado nacional y la presencia de las comunicaciones, especialmente la telefonía móvil, ha hecho que las comunidades nativas tengan que matizar su posición. En el caso de la propiedad colectiva de la tierra, se ven obligadas a negociar con empresas extranjeras extractoras de petróleo. Para ello han logrado que el Estado les reconozca la Ley de Consulta Previa, que les da voz pero no voto ni derecho a veto. De otro lado, la educación ha tenido que girar hacia la búsqueda de competencias adecuadas para poder insertarse de mejor manera en el mercado. Esto último no significa un abandono del proyecto de preservación de la cultura, sino incluir los instrumentos para la incorporación de las comunidades en el mercado.


[1] Respecto de los alcances y límites del proyecto político de la EBI, Cf. TUBINO, Fidel; No una sino muchas ciudadanías: una reflexión desde el Perú y América Latina, en: Revista Cultural Electrónica Construyendo Nuestra Interculturalidad, año 5, n° 5, Noviembre 2009. Lima, Perú.
[2] Cf.  TAYLOR, Charles; La política del reconocimiento, en: GUTMANN, Amy (ed.), El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México: FCE, 2009.
[3] Cf. SEN, Amartya; Identidad y violencia: la ilusión del destino, Bnos. As.: Katz, 2007.
[4] Al respecto, Cf. TAYLOR, Charles; La política del reconocimiento, en: GUTMANN, Amy (ed.), El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México: FCE, 2009 y KYMLICKA, Will; Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías, Barcelona: Paidós, 1996.

domingo, 18 de mayo de 2014

¿MERECEN LAS OPINIONES RESPETO?

    Como docente universitario me he tenido que hacerle la siguiente pregunta a mis estudiantes: "¿Consideran ustedes que las opiniones merecen respeto?". La respuesta inmediata es un  "sí" enfático. Entiendo esa reacción inmediata ya que en los medios se ha repetido indefinidamente esa afirmación y a menudo sucede  que asumimos como ciertas ideas que se repiten constantemente.  Pero, al examinar más de cerca esa afirmación, los estudiantes se dan con algunas sorpresas. 
          Para creer que todas las opiniones merecen respeto, lo que debemos asumir es que descalificar una opinión es igual a descalificar a la persona quien la ha emitido, es decir, puesto que toda persona merece respeto, sus opiniones también lo merecen. Pero esa identificación entre la persona y sus opiniones debe ser cuestionada. Apoyar esa identificación es como estar de acuerdo que cuando desaprobamos las acciones de alguien lo que hacemos es descalificar a la persona. Y esa inferencia es falsa.
         No toda opinión merece respeto. Aquellas mediante las cuales difamamos o calumniamos a alguien merecen nuestra desaprobación más que nuestro respeto. En este punto los estudiantes universitarios suelen estar de acuerdo. Pero hay un segundo nivel: una opinión que carece de fundamentación o justificación argumentativa debe ser cuestionada. En este nivel, los estudiantes ponen cara de no entender de qué se está hablando. Entonces mi experiencia es como si ellos perteneciesen a un mundo totalmente diferente al mío.  Su mundo es ajeno a la argumentación racional y a la fundamentación de lo que se dice. En ese momento me veo forzado a aclarar algunas nociones de lógica básica, especialmente, qué es un argumento o un razonamiento válido. Les explico, entonces que una afirmación se puede sostener en un argumento, y en el debate público debe vencer la autoridad de mejor argumento.
          Tres elementos impiden que las personas confíen en la argumentación: 1.- la popularidad de la pareja relativismo - fundamentalismo, 2.- la ausencia del razonamiento sobre la moral, las costumbres y el derecho positivo, y 3.- una falsa concepción sobre la libertad de creencia, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.
          La pareja relativismo - fundamentalismo se ha vuelto muy popular. Los defensores del relativismo señalan que cada opinión vale lo mismo, mientras que el fundamentalismo sacraliza ciertas afirmaciones porque las encuentran apoyadas en una autoridad religiosa o pseudoreligiosa (Dios o un líder que se considera poseedor de la verdad absoluta). Ambas posiciones de esta pareja comparten algo: la desconfianza en la argumentación racional. 
            Sucede que, a la par, la moral y las costumbres convencionales como también el derecho positivo son asumidos acríticamente. Se asume que no pueden ni deben ser confrontadas sino seguidas. Se considera también que no deben ser examinadas racionalmente. Los estudiantes de derecho y muchos abogados y juristas no entienden (o consideran una herejía) la distinción entre pensar en el marco de la constitución y pensar la constitución. 
           Finalmente, una falsa concepción de la libertad de creencia religiosa, de libertad de pensamieto y de libertad de expresión también se ha vuelto muy popular. En esta concepción se reintroduce la máxima relativista de "todo vale".  Pero si esas libertades fuesen absolutas no entenderíamos porqué ciertas prácticas religiosas no son toleradas en un Estado Democrático de Derecho (como los sacrificios humanos o la esclavitud) y ciertas declaraciones pueden ser censuradas, como es el de la apología al terrorismo. Incluso, si viviésemos en una sociedad en la cual el derecho no penaliza la apología al terrorismo, ello no significa que  la libertad de expresión sea incompatible con la posibilidad de cuestionar la opinión de alguien.
      Si las opiniones no puedan ser cuestionadas y fundamentadas, el debate público y el debate académico carecerían de sentido. Otra cosa muy distinta es que nos encontremos en una sociedad en el cual el debate sea precario, y se le dé más importancia a la opinión de la Sra. Valcárcel que a la de los intelectuales respecto de la propuesta de ley de Unión Civil.

domingo, 11 de mayo de 2014

EL DENGUE Y LA DELINCUENCIA

Llama tremendamente la atención el que en este país se utilicen dos racionalidades diferentes para combatir dos males que análogos: el dengue y la delincuencia. La política para con el dengue es preventiva, en cambio aquella que se desarrolla respecto de la delincuencia es exclusivamente punitiva.

Respecto del dengue, se señala que debemos de concentrarnos en eliminar las condiciones de posibilidad para que se reproduzca el mosquito que propala dicha enfermedad. De tal manera que se busca informar y concientizar a la población respecto de la importancia de la importancia de tratar de manera adecuada los reservorios de agua, pues es en ello en ellos el mosquito del dengue deposita sus huevos y se reproduce. Se trata de una política orientada a la prevención y no al tratamiento de la enfermedad del dengue. Claro que ello no impide que también se trata la enfermedad, cuando esta es contraída, en los puestos públicos de salud.

La política para enfrentar la delincuencia es completamente diferente. Se centra casi exclusivamente en la penalización y no en la prevención. Cuando ésta aumenta, lo que se hace es endurecer las penas para castigar con más severidad a los delincuentes. Es como si la política contra el dengue abandonase el tratamiento de los reservorios para concentrarse en montar más puestos de salud. Algunos hablan de una política de prevención del delito cuando plantean que el endurecimiento de las penas disuaden a los delincuentes o que es necesario poner en las calles más efectivos policiales. 

El argumento según el cuál penas más altas disuaden a los delincuentes está desmentido por los por la experiencia en este país y en otros. No está de más señalar que algunos políticos, en búsqueda de figurar y tener más puntos en las encuestas, clamen por la pena de muerte incluso cuando saben que es imposible implantarla debido a la conexión que tiene el Perú con el sistema internacional de derechos humanos. Alan García enarbola la bandera de la pena capital cada vez que puede porque quiere figurar en las encuestas en una buena posición y sabe que la población suele ser estar a favor de ella. 

Quienes señalan que lo que hay que hacer es poner más efectivos policiales en las calles señalan que abogan por una política de prevención del delito. Pero el argumento de que a mayor número de policías va a haber menos delitos parece extraño. ¿Acaso se piensa que la cantidad de policías van a disuadir a los delincuentes?. Ello sería como endurecer las penas . La otra posibilidad  es pensar que más policías podrían capturar a los delincuentes una vez que han delinquido. Pero eso ya no sería prevención del delito. La tercera posibilidad es que se crea que a más policías en las calles se va a poder desarticular las bandas criminales. Para lograr eso no es necesario más efectivos en las calles sino un mejor trabajo de inteligencia policial. La política de prevención del delito, así planteada, sería como una política contra el dengue en la que los médicos del sector público salen con un matamosca a darle a los mosquitos.

Estoy de acuerdo con que se requiere incrementar el número de efectivos policiales en las calles y en que es necesario mayor inteligencia policial. Pero creo que eso no representa una auténtica política de prevención del delito. La derecha en este país suele pensar de esta manera. Para ella, la solución es legal -leyes más drásticas- o mayor persecución. Pero rechazan la idea de una política social más amplia para prevenir el delito. Quienes proponemos eso somos tildados de de izquierdistas o caviares. 

Considero que una política contra la delincuencia debe enfocarse en dos puntos fundamentales: una política social y una una política carcelaria. La primera consiste en mejorar el sistema educativo, el de salud pública y el acceso a la seguridad de parte del Estado para evitar que más jóvenes se vayan del lado de las bandas delincuenciales o encuentren la delincuencia como la única opción para sus vidas. Para ello debemos de dejar de pensar en que el delincuente es un perverso (como piensa la derecha en este país) para verlo como alguien a quien la sociedad y el país le fallaron porque no le dieron mejores opciones sociales y de vida.  Ello supone que la sociedad tiene que dar mejores condiciones de vida a la población más vulnerable. Esto no pasa, claro está, con un crecimiento económico. 

Ha quedado demostrado que el crecimiento de las cifras económicas y las vinculadas a la reducción de la pobreza no van aparejadas con la disminución de la delincuencia, y sospecho que es porque el modelo de crecimiento tiene un enfoque incompleto. Ahora más peruanos pueden ir a la escuela, pero, ¿qué clase de educación reciben en ella? ¿O en la universidad? No hay que olvidar que una buena educación es una puerta que abre muchas oportunidades. Los medidores de pobreza no miden eso.

Por el otro lado, a saber, la política carcelaria, también es importante. La derecha suele pensar que la cárcel es un lugar en el que que se amontona escoria social y rechazan la idea de que los presos son seres humanos. Las condiciones carcelarias deben de corresponder a una política social integral. El no asinamiento,  la rehabilitación, la educación dentro de los establecimientos penitenciarios tienen que venir acompañados de agentes pénitenciacios no corruptos y orden al interior de las cárceles de tal manera que se pueda elevar los estándares las mismas.

Ciertamente, los políticos tienen que colaborar en esta política de prevención de la delincuencia. Deben rechazar la tentación de indultar a narcotraficantes o de aceptar dinero que viene del narcotráfico para financiar sus campañas electorales, y deben abstenerse de contratar sicarios para eliminar a sus adversarios políticos. Si la política peruana se tiñe de cocaina y el Estado peruano deviene en un narcoestado Alan García puede clamar todo lo que quiera por la pena de muerte  y eso no servirá de nada. En vez de eso, García debería explicar la cuestión de los narcoindultos.  


domingo, 4 de mayo de 2014

CIENCIAS SOCIALES Y COMPROMISO POLÍTICO





En un conocido texto llamado Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, Nietzsche señala que todo nuestro lenguaje es metafórico y que no tiene como objetivo describir la realidad externa sino de dar cuenta del estado interno del sujeto. De esta manera, la diferencia entre lenguaje metafórico y lenguaje literal es ilusoria, así que lo que denominamos "lenguaje literal" no es más que un conjunto de metáforas gastadas y petrificadas por el uso. Erróneamente asumimos la creencia que el llamado lenguaje literal describe la realidad externa cuando en realidad expresan las vivencias internas del sujeto. Sólo cuando entramos en contacto con la cultura caemos en la cuenta o recordamos la verdadera naturaleza del lenguaje. En ese caer en la cuenta, las bases centrales del positivismos se remecen, debido a que éstas suponen que el lenguaje de las ciencias no es metafórico sino que representa un acceso directo a la realidad tal como es. De esta manera, se socava la autoridad del científico positivista dentro de la sociedad, así como antes se había socavado la autoridad de los sacerdotes. Todo esto corresponde a la disolución de las estructuras metafísicas acontecida en la historia de la cultura occidental.   

Esto que Nietzsche está apuntando respecto del positivismo y las ciencias trajo con sigo consecuencias importantes para varias áreas de la cultura contemporánea. Especialmente, tuvo un impacto poderoso en las ciencias sociales. Pero como el pensamiento de Nietzsche carecía de las herramientas para articular una propuesta para la política, sino que se centró en una crítica a las configuraciones de poder organizado, el alcance de su propuesta no pudo ser aprovechada por sus seguidores, en parte porque al mismo Nietzsche no le interesaba desarrollar una propuesta política, en parte por la poca originalidad de sus estos seguidores. Uno de sus seguidores, el popular Michel Foucault,  dedicó su trabajo a la crítica del poder utilizando un marco teórico que terminó endureciéndose, de manera que el filósofo francés nunca logró alcanzar una actitud falibilista que le permitiese someter a revisión su propia teoría.  Además, las ciencias sociales asumieron respuestas diferentes frente al aporte el filósofo alemán. De una parte,  la antropología y los estudios culturales asumieron su crítica cultural y se quedaron en ella sin lograr un alcance más amplio y políticamente significativo . Por otra parte, la sociología y la ciencia política rechazaron el aporte de Nietzsche y se refugiaron en la versión utilitarista del positiviso, a saber, la teoría de la elección racional. Finalmente, el derecho se atrincheró en el positivismo, restructurándolo una y otra vez, hasta llegar a su versión contemporánea llamada neoconstitucionalismo.

De esta manera, las ciencias sociales en su conjunto abandonaron al espacio del pensamiento político y lo dejaron en manos de la filosofía política. En este alejarse del pensamiento político asumieron una actitud destructora de toda articulación política (en la antropología y en los estudios culturales) o asociaron su tarea al perfeccionismo de las instituciones políticas existentes, sin plantearse su modificación (en la sociología, en la ciencia política y en el derecho) dejando la tarea de la reforma de las instituciones y de la sociedad a la filosofía política, que mantuvo las herramientas necesarias para incorporar una reflexión seria respecto de la justicia y de lo que las instituciones deberían ser. Pero como la filosofía política fue vista siempre con sospecha por moverse en el nivel abstracto de los conceptos y planear direcciones posibles de reformas asociadas al deber ser, fue rápidamente tildada de idealista y marginada.

Esta situación en la que han quedado entrampadas tas ciencias sociales ha  sido aprovechada al máximo por los defensores del neoliberalismo económico, pues han encontrado el espacio suficiente para hacer pasar premisas dudosas como datos de la realidad. Así , ideas como la de la perfección de los mercados, la de las personas como empresarios, la de la reducción de las funciones del Estado y, sobre todo, la idea de que el sistema marcha de las mil maravillas y que vivimos en el mejor de los mundos posibles desde el día en que dejemos de plantearnos políticas de redistribución de la riqueza y comenzamos a plantearnos políticas de crecimiento económico. Esas ideas han devenido en moneda corriente sin que los ciudadanos no puedan reconocer la falsedad de las mismas.    
            

domingo, 27 de abril de 2014

JUAN XXIII, EL GRANDE

     

La santificación de Juan XXIII es un acto que enaltece a la Iglesia Católica, debido a lo que significó e imparcto positivo su papado. El Papa Juan XXIII marcó de manera decisiva, por sus acciones,  ideas y gestos, a la Iglesia. Después de él, nadie se le puede comparar en grandeza.  Su gran legado fue el modernizar a la Iglesia como Institución, más que imprimirle una dirección política en tal o en cual sentido. Esta modernización se consolidó a través del Concilio Vaticano II, que es el que rige a la Iglesia Católica hasta el día de hoy. 
      El Concilio Vaticano II significó un giro copernicano en la Iglesia. Antes de él, la Iglesia exigía al mundo a que se adecuase a un modelo preestablecido, que no se había modificado desde la Edad Media, y que suponía el desdén por la Modernidad y la laicidad (es decir, la separación entre Estado e Iglesia). Con el Concilio, en cambio, la actitud de la Iglesia cambió radicalmente: en vez de cerrar la Iglesia al mundo moderno, ésta se abre de para en par, para comprenderlo.
      A la luz del Concilio, se produjeron las conferencias episcopales latinoamericanas más importantes del siglo XX y XXI: Puebla, Medellín, Santo Domingo y Aparecida. Además se gestaron espiritualidades y teologías que fueron de suma importancia para la Iglesia y para el mundo. Entre ellas se encuentra la Teología de la Liberación del padre peruano Gustavo Gutiérrez. La Teología de la Liberación fue uno de los aportes más importantes a la Iglesia. La obra de Gutiérrez impactó en todo el mundo de manera significativa porque recoge una de las grandes instpiraciones del Concilio y del papado de Juan XXIII: la opción preferencial por los pobres, que se recoge de los evangelios.
      De manera vergonzosa, dentro de la Iglesia hubo personas que no estuvieron a la altura del Concilio Vaticano II. Algunos de ello fueron separados, pero muchos permanecieron dentro. Incluso algunos papas posteriores consideraron que el concilio representava un exceso que había que corregir o cancelar. Algunos, cargados de una ideología extremadamente conservadora y de odio contra todo lo que les podía oler a "comunismo", prefirieron encubrir a sacerdotes que tenían cuentas con la justicia a seguir las líneas del Concilio Vaticano II.
       Uno de esos papas fue Juan Pablo II. Durante su excesivamente largo pontificado se dedicó, entre otras cosas, a desarrollar una política conservadora que tenía tres líneas centrales: a) Desmantelar Vaticano II, b) Perseguir a las teologías que se inspiraron en el concilio y c) Proteger a los sacerdotes que tenían cuentas con la justicia. Juan Pablo II combatió con todas sus fuerzas a la Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez por considerarla una penetración del comunismo en la Iglesia Católica. Con ello mostró tener una pobre comprensión del mundo no europeo, a pesar de haber viajado mucho. Es en ese contexto que nombre cardenal de Lima a Juan Luis Cipriani, en primer cardenal miembro del Opus Dei. Esta acción representa una política completamente opuesta al Concilio Vaticano II.
       Felizmente, para la Iglesia, parece que los años de oscuridad que el pontificado del papa polaco están quedando atrás. El Papa Francisco ha mostrado una actitud de apertura frente a la Teología de la Liberación. Hace unos meses invitó al padre Gutiéttez a Vaticano para darle su apoyo. Eso es un buen augurio respecto de la dirección que va a tomar la Iglesia respecto al concilio. Un signo de esperanza para creyentes y no creyentes.