A LOS DIEZ AÑOS DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA CVR

        El 28 del presente se cumplen los diez años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se trata de una fecha de suma importancia por varias razones, entre las que podría destacar tres: a) lo que el conflicto armado interno de la década de los 80 y 90 significó en este país b) por el valor del Informe y c) por el lugar que el Informe tiene en la agenda política nacional.

     El conflicto armado interno

            El conflicto armado interno que sufrió el Perú entre las dos últimas décadas fue, sin lugar a dudas, el más intenso y traumático que hemos vivido en toda nuestra vida republicana. Ni siquiera la crisis que significó la Guerra con Chile tuvo tal magnitud de daño. La Guerra con Chile nos dejó activos interesantes, como los discursos de Gonzales Prada y la conciencia de la necesidad de refundar la República. Los veinte años de conflicto armado interno nos dejó también un activo que debemos tener en cuenta: el Informe Final de la CVR. La necesidad de refundar nuevamente la República Democrática brota de esta experiencia traumática.

            Pero el conflicto armado interno no sólo tiene su significado en la tarea política que deja, sino en la exigencia de hacer justicia y de reconocer a las víctimas. La constitución de la CVR se encuentra en este contexto. Ella se instituye como la necesidad de alcanzar un relato sobre el conflicto que permita hacer justicia y llevar adelante el reconocimiento de las víctimas. El reconocimiento de que hubo en este país un conflicto armado interno y que dejó cuantiosas víctimas es necesario para no bar la espalda a lo que vivieron decenas de miles de personas. Pero durante estos últimos diez años se ha procurado señalar que: a) no se trató de un “conflicto armado interno” y b) que las cifras que se consignan en el Informe son falsas. La cuestión del término “conflicto armado interno” volvió a repetirse hace unas semanas en la discusión sobre las “Rutas de la Memoria” en el seno de la Municipalidad de Lima. En ese contexto, algunos regidores pepecistas reactivaron el argumento según el cual lo que ocurrió aquí no fue un conflicto armado interno, sino acciones demenciales de grupos terroristas frente a las cuales la sociedad y el Estado peruanos respondieron juntos. Esta manera de percibir lo que sucedió en este país trata de encubrir de manera política que la población civil se encontraba entre Sendero Luminoso y el MRTA, de una parte, y las FF.AA. de otra. Es decir, la población, especialmente en el interior del país, sufrió los embates de los grupos terroristas y de las FF.AA. Es por ello que el Informe consigna que las FF.AA. tuvieron en algunos momentos y lugares específicos una política sistemática de violación de derechos humanos. Todo esto no quita que miembros de dichas fuerzas hayan sido también víctimas de la violencia y que muchos efectivos hayan tenido un comportamiento a la altura de las circunstancias.

            La cuestión referente a las cifras de las víctimas ha sido también atacada durante los últimos diez años. Desde el absurdo pedido de Rafael Rey, de que se publicaran los DNI de las víctimas, sabiendo que en esa zona muchas personas no contaban con documentos y que los niños tampoco; hasta informes como el aparecido en el último Hildebrandt en sus trece, que señala que el grupo de trabajo de la CVR infló las cifras utilizando métodos estadísticos dudosos. Lo cierto es que la CVR procedió de acuerdo a los métodos estadísticos que la ONU recomienda y que han sido usados en otras experiencias de conflicto como en Kósovo.

           

       Valor del Informe

El Informe Final de la CVR tiene un valor en sí mismo. Se trata de un relato muy completo y que da cuenta de lo sucedido en esos años. El relato se teje con un conjunto de elementos que incluyen los testimonios de los afectados, afectados que provienen de diferentes sectores e instituciones  de la sociedad.  El Informe es considerado, a nivel internacional,  como uno de los más completos en su género. Ciertamente, puede ser perfectible y mejorado. Pero lo que se ha procedido a hacer desde la presentación del Informe ha sido descalificarlo radicalmente, inclusive sin haber leído sus partes centrales.

Esa reacción proveniente de varios sectores políticos era de preverse, puesto que el trabajo cuestiona el actuar de muchos líderes y agrupaciones políticas durante los años 80 y 90. En este contexto, el ataque al monumento “El ojo que llora” situado en el Campo de Marte por parte de hordas fujimoristas no fue ninguna casualidad. O la amedrentacion a algunos miembros de la Comisión, como es el caso de las amenazas de muerte contra Salomón Lerner Febres. El trabajo de la Comisión y el mismo Informe iba en contra de los intereses de muchos grupos, razón por la cual se trató de descalificar en su conjunto, y no discutir sus partes.

Por su valor, la información del Informe iba a ser incluida en los textos escolares durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero al llegar el gobierno aprista el proyecto fue abortado. La finalidad era que las nuevas generaciones tengan conocimiento de lo sucedido y no se vuelva a repetir que la prédica de Sendero Luminoso ganase adeptos. Ello hubiera quitado fuerza al MOVADEF y a los grupos afines a SL que están operando en la actualidad.

El lugar del Informe en la agenda política nacional   

Hace unas semanas Martín Tanaka publicó artículo en el diario La República (http://www.larepublica.pe/columnistas/virtu-e-fortuna/cvr-10-17-08-2013) en el que presenta su balance de los diez años del Informe. Bajo el título “CVR + 10” el texto llega a una sorprendente conclusión. Hablando de las recomendaciones del Informe señala que la agenda política actual en el Perú ya  no puede conectarse con el Informe:

Mantener vivo el “espíritu” de la CVR implica pensar en una nueva agenda, que no es más la del propio Informe, y también desarrollar y ampliar su narrativa, de manera que sea más incluyente y no patrimonio de un pequeño círculo de activistas.

Lo que Tanaka está defendiendo es la ya popular tesis de “la CVR ya fue”, defendida incluso por algunos grupos de derechos humanos. Ello supone afirmas que el Informe ya no tiene relevancia para la política actual en el Perú. El argumento de Tanaka incluye una consideración, también sorprendente: puesto que las recomendaciones del Informe nos colocan una valla tan alta, es mejor desentendernos del mismo. Las recomendaciones exigen combatir a la pobreza y las desigualdades, acabar con la discriminación étnica, racial y de la mujer, entre otras cosas como el fortalecimiento de la democracia. El argumento de Tanaka es que como estos objetivos son muy difíciles de lograr deberíamos de abandonarlos. El argumento parece insinuar que basar la agenda política nacional en las recomendaciones de la CVR, y en especialmente en combatir esos males sería como basarla en ficciones que no vamos a poder alcanzar, por lo tanto debemos colocar otros temas en la agenda.

Gonzalo Gamio publicó un post que se llama “Ficciones que valen la pena” (http://gonzalogamio.blogspot.com/2008/07/ficciones-que-valen-la-pena.html) con el que estoy completamente de acuerdo. Si la justicia y el reconocimiento que exige el trabajo de la CVR son ficciones, creo que ellas valen la pena y deben ser incluidas en la agenda política constituyéndose en su centro.  Lo mismo respecto con el fortalecimiento de la democracia en este país. Tal vez algunos científicos políticos y sociólogos prefieran dejar fuera las ficciones y los ideales. Tal vez denostar de los ideales y las ficciones les pueda dar “caché” y pueda hacer que coincidan con políticas conservadoras tan amadas entre nosotros. Tal vez escuchar a los filósofos y sus propuestas cause vergüenza entre las personas que se consideran prácticas, eficaces y exitosas (algo que ya Kant había notado en el siglo XVIII). Pero lo que está en juego es más que la posición de algunos sobre la palestra o los intereses políticos de los grupos de poder. Es por ello que hay que defender la agenda que brota de la CVR y su Informe Final. 

FILOSOFÍA DEL DERECHO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

            La argumentación jurídica es una herramienta muy antigua en la actividad del derecho. Jueces, legisladores y abogados se han visto constantemente forzados a argumentar en sus sentencias, leyes y alegatos. La argumentación siempre ha estado presente en la actividad jurídica desde antiguo, pues es propio de ésta el que los actores pretendan convencer, persuadir y ganarse la aprobación y legitimidad para sus pretensiones. Pero la argumentación a la que todos ellos han recurrido desde un siempre ha tenido una filosofía del derecho de trasfondo. En los últimos años se han hecho esfuerzos para explicitar las ideas filosóficas que se encuentran detrás de la argumentación jurídica.

            Esto se ha debido a que el contexto de fortalecimiento de la democracia liberal en muchos países ha llevado al derecho a afinar sus herramientas de argumentación. De esta manera, el derecho inserto en una sociedad democrática liberal ha traído consigo la necesidad de pulir y verificar sus medios de argumentación para encontrarse legitimado democráticamente. En este contexto ha surgido la llamada “Teoría de la argumentación jurídica”, y la misma argumentación jurídica como un tema de estudio reciente en el derecho. Es natural que muchos abogados, juristas y jueces no se encuentren familiarizados con las ideas que la argumentación jurídica está desarrollando en estos años, pues cuando se formaron en sus respectivas Facultades de Derecho no se hablaba de este tema tal como se hace hoy en día. Estas páginas tiene como objetivo aclarar qué se entiende por argumentación jurídica para que personas que no tiene mucha idea al respecto pueda tener una primera aproximación.

            La argumentación jurídica, tal como la entendemos hoy en día, está conectada con una filosofía del derecho que, como ya hemos señalado, le sirve como trasfondo. No podremos comprender a cabalidad lo que es ésta si no entendemos la filosofía del derecho que le sirve de base. El error de mucho de los que tratan sobre el tema consiste en que desconectan la argumentación jurídica contemporánea de la filosofía del derecho que le da significado. Con esta desconexión lo que hacen es convertir a la argumentación jurídica en una herramienta técnica que carece de orientación y finalidad, cuando en realidad se trata de una práctica jurídica que tiene una orientación y finalidad específica: el servir como una práctica jurídica en el contexto de una sociedad democrática y liberal. Es por ello que la argumentación jurídica de encuentra conectada con una política democrática liberal.

Entiendo que los abogados acusen de “hereje” a quien considere que el derecho y la argumentación jurídica se encuentran conectados con la política. Esta reacción es comprensible si tenemos en cuenta el hecho de que muchos abogados (me atrevería a decir, la mayoría) han sido formados en escuelas en las que los dogmas del positivismo jurídico de Kelsen y de Hart eran tomados como verdades absolutas e incuestionables. Dichos dogmas fueron asumidos con la pasión de un dogmatismo intransigente. Y uno de los dogmas del positivismo jurídico, desde John Austin en el siglo XIX, ha sido el que el derecho, para ser ciencia, debe tomar distancia de todo componente ideológico, como la política, la moral, e incluso de la justicia.  Esta posición radical respecto de la pureza del derecho ha sido repetida de manera irreflexiva por décadas en las escuelas de derecho, a pesar de que ha mostrado en varias oportunidades sus falencias. Uno de los momentos más claros fue durante El juicio de Núremberg, en el cual los generales nazis fueron sentados en el banquillo de los acusados por los crímenes que cometieron durante la guerra, especialmente contra los judíos, los gitanos y los homosexuales. Los generales nazis señalaron que ellos actuaron de acuerdo al derecho positivo que regía en el III Reicht, de manera que acusaron una y otra vez el hecho de que el juicio era político y no jurídico, es decir, que representaba la represalia que los vencedores estaban propinando a los vencidos. Con ello lo que saltaba a luz es que el paradigma del positivismo jurídico se había agotado.

Si nos desembarazamos del dogma positivista que exige la separación del derecho y la política, y abandonamos la hipocresía de la “neutralidad” del derecho, podemos ganar para nuestra reflexión la idea según la cual el derecho (como práctica y como instituciones) se encuentra inserto en la política. La relación entre el derecho y la política no es la de dos ámbitos desconectados, como cajones uno al lado del otro, sino como círculos concéntricos, uno dentro del otro. Así, el derecho es es representado por el círculo que está dentro de un círculo mayor, que es la política. Ahora bien, la política de la que se trata aquí es la política liberal y democrática, es decir, aquella actividad política que inspira el proyecto de articulación y de fortalecimiento de las sociedades democráticas y liberales contemporáneas. La filosofía del derecho explora estas ideas el conocida como “Liberalismo Político”.  ¿Había oído hablar de ella antes? Se trata del trasfondo filosófico sobre el que se levanta la argumentación jurídica tal como la conocemos actualmente.  El liberalismo político concibe el derecho como una práctica inserta en una sociedad democrática y liberal, y piensa las  instituciones jurídicas como articuladas con el resto de instituciones de la sociedad democrática y liberal. La articulación misma es de carácter político, pero respecto de ello trataremos a su debido tiempo.

En consecuencia, la argumentación jurídica es el tipo de argumentación que se desarrolla en la práctica del derecho dentro de instituciones de una sociedad democrática y liberal, donde las mismas instituciones jurídicas se encuentran conectadas con las instituciones políticas de la sociedad. 

LA RUTA DE LA MENORIA Y EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

            El Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, informe que este año cumple una década de su presentación pública y respaldo del Estado, utilizando la terminología presente en los documentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha calificado lo que vivimos en el Perú durante las décadas de los 80 y 90 como “conflicto armado interno”.  La elección de dicho término no fue ni arbitraria ni ideológica, sino porque así lo indican los varios Convenios de Ginebra, en sus artículos 3. Dichos Convenios distinguen dos categorías, no más: a) los Conflictos Armados Internacionales (CAI) y b) los Conflictos Armados No Internacionales (CANI).

            Además, dicha terminología describe lo que sucedió en este país. De una parte se encontraban los grupos terroristas, de otro lado, las FF.AA. y en medio de ambas se encontraba la población. No sucedió lo que Crespo y el MOVADEF señalan, que se trató de una Guerra Civil, porque para ello debe haber fraccionamiento de las FF.AA. Ni Sendero Luminoso ni el MRTA consiguieron que parte de ellas se uniese a sus huestes. Pero tampoco sucedió que se trataba de un enfrentamiento en la que había sólo dos partes, los terroristas, de una, y las FF.AA. junto con la  población, por otra. Los testimonios de muchos involucrados en el conflicto desmiente esa versión que la extrema derecha quiere popularizar. Claro que no se trata de testimonios recogidos en Miraflores o San Isidro, sino en Ayacucho o en otras zonas del interior del país.

            De esta manera, el término “Conflicto Armado Interno”, utilizado por la CVR en su Informe Final se encuentra plenamente justificado. Ahora bien, sucede que el 7 de agosto del presente se produjo un debate acalorado sobre este término en la Municipalidad de Lima.  El debate tuvo como centro el proyecto propuesto por la alcaldesa de organizar un circuito de visitas a lugares de la ciudad de Lima en los cuales se había vivido el conflicto durante las dos últimas décadas del siglo pasado, llamado “Rutas de la Memoria”. El evento se inscribe dentro de las actividades de los diez años de la entrega del Informe Final de la CVR.  Esta iniciativa generó la airada respuesta de algunos regidores del PPC, precisamente, Alfredo Lozada, Jaime Salinas y Jorge Villena. Los argumentos de estos regidores del PPC se centraron en tres temas: 1) El proyecto “Rutas de la Memoria” era un paseo turístico, 2) el término “Conflicto Armado Interno” es una herramienta ideológica de los supuestos  “comunistas redactores de la CVR y defensores de los terroristas” y 3) el Informe Final de la CVR no debe ser tomado en cuenta ni debatido por que, según los regidores del mapa “no necesitan que nadie les cuente lo que han vivido.

            El primer argumento es tan débil que se cae por su propio peso. Es claro que se presento para banalizar el proyecto. El segundo es cuestionable si se tiene en cuenta la terminología estándar  utilizada en el DIH. Y el tercero es tan burdo como decir que una persona que sufrió, como población civil afectada, los daños de la Segunda Guerra Mundial puede tener un punto de vista más claro del que se puede conseguir por medio de la investigación histórica. Lo que queda claro es que a Lozada, Salinas y Villena no les interesan los argumentos, sino desacreditar el trabajo de la CVR. Sus intervenciones no presentan una búsqueda decidida de esclarecer el juicio de los regidores respecto del tema. Es lamentable que el PPC tome estas actitudes respecto del Informe Final. Felizmente Lourdes Flores Nano hizo declaraciones que buscaban poner paños fríos en el debate. Lo mejor que puede hacer el PPC, y esto lo entienda tal vez Lourdes y otros más, pero  no todos sus representantes, es deslindar de la derecha radical de este país.

            Dejo el link de la sesión, para que puedan ver las intervenciones

 http://lamula.pe/2013/08/08/la-mala-memoria-de-los-regidores-del-ppc/javierto/

UN PRESIDENTE VACIADO DE SUEÑOS

            Una apreciación en la que Rosa María Palacios y César Hildebrandt  han con coincidido es que el presidente Humala se encuentra vacío de sueños. No puede ofrecer al país un proyecto o un sueño, sino que más bien lo que está haciendo es decirle a la gente en este país que todo va a seguir igual. La explicación de Hildebrandt parece ser sensata cuando afirma que ello se debe a que ingresó al gobierno con un proyecto al cual tuvo que renunciar por la presión de los poderes fácticos. Siendo formado en los ideales del Etnocacerismo, ahora nos encontramos ante una persona vaciado de espíritu. No propiamente un fantasma, sino un cadáver.

            Frente a ello, la derecha neoliberal y radical ha impuesto su proyecto sectario a diestra y siniestra. Se trata de un proyecto pensado no para todo el país, sino para fortalecer las posiciones. La oposición a ese proyecto sectario casi no encuentra oposición. El Frente Amplio todavía necesita consolidarse y la derecha se siente cómoda hablando y analizando a la izquierda porque la siente inofensiva. Y cuando la izquierda se le asusta, tiene la estrategia perfecta: asociarla con MOVADEF-SL. Esta nunca falla. El discurso de la derecha se convierte en lo siguiente: si no estás de acuerdo con nuestro proyectos es porque eres cercano a Sendero Luminoso (es decir, violentista) o eres Caviar (es decir, hipócrita). Y si los jóvenes salen a la calle a protestar, dan marcha atrás (como en el caso del TC), o corren la volada de que en la manifestación se ha infiltrado el MOVADEF o deciden no decir nada al respecto (como Humala en 28/7).

            Ahora, uno de los terrenos que la derecha quiere conquistar es la educación. La educación privada ya está capturada por las universidades y colegios empresa, en los que no se forma ciudadanos, sino sujetos funcionales al proyecto de la derecha empresarial (proyecto que no es otro que incorporar todas las esferas de la sociedad al mercado para que el dinero domine).  Ahora, el proyecto se dirige a eliminar la escuela pública y privatizarla en su totalidad. No es casual que Alfredo Bullard haya propuesto eso. De hecho, el proyecto ya está en marcha. El Grupo Interbank está instalando ese proyecto con sus Innova Schools: escuelas a bajo costos, masivos, con buena infraestructura e instalado en zonas populares. La promesa de educación de Innova es de alta calidad, pero en la práctica es de baja calidad, por dos motivos: a) excluye artes y humanidades y b) los salones son masivos (60 alumnos), en los cuales se supone que cada estudiante puede tener un contacto personalizado con el maestro por medio de una laptop  instalada en su carpeta. El sistema no funciona, puesto que los profesores no se encuentran debidamente capacitados. E inclusive, si contasen con profesores calificados y capacitados es imposible que pueda atender las necesidades pedagógicas de 60 alumnos en el aula. De tal manera que no se trata de una educación personalizada en ningún sentido del término.

            Pero el hecho es que el proyecto de privatización de la escuela pública está en marcha. Innova Schools es un piloto y el discurso de Bullard es la ideología que lo justifica. Si el presidente Humala carece de un  sueño, la derecha neoliberal sí tiene un proyecto propio para poder expandir sus intereses  particulares y hacerlos pasas por generales.

28 DE JULIO – DOBLE DISCURSO

             El  28 de Julio estuvo marcado por un doble discurso que es interesante apuntar: de un lado el discurso del Presidente de la República y, del otro, el discurso no verbal de la gente en las calles (#27J).  Ciertamente, el segundo fue más elocuente y de mayor fuerza expresiva.

            El discurso presidencial fue monótono, breve y simplemente explicativo. No salido del libreto. Marcado por grandes ausencias, especialmente, los errores del gobierno y el descontento de la gente por la corrupción de la clase política y por algunas medidas de gobierno.  Respecto de los errores, parece que se optó por no hablar de ello para que desaparecieran, pero el efecto fue el contrario: no mencionarlos los evocó como por un efecto mágico. Y el descontento de la gente parece no preocupar, pero sin embargo ya van varios pasos para atrás que este gobierno da por presión de la ciudadanía. Parece ser que al iniciar un tercer año con baja popularidad, el Presidente ha elegido ser cauto. Pero ser demasiado cauto, a veces puede ser un error político, especialmente cuanto se tiene el vecindario movido.

            Tampoco se dijo nada respecto del maremoto político en el congreso, y el reacomodo de las fuerzas políticas. Ni de la negociación con la dinastía Fujimori a cambio de la negativa al indulto, ni del discurso de Alberto por RPP. Claro todo eso es TOP SECRET. El discurso no fue otra cosa que un mensaje a los nuevos aliados políticos del gobierno –que ya no incluye ni a la izquierda ni a Perú Posible – señalando que respetará los acuerdos tomados.

            Tal vez, lo más interesante y relevante políticamente sea el #27J. Se trata de una manifestación más entre otras que se han ido sucediendo en estos meses.  Lo que moviliza a la gente son varias cosas, reclamos y sobre todo indignación.  Los reclamos tiene diferentes causas: la ley del Servicio Civil, la situación de los médicos, enfermeros y técnicos de la Salud Pública, entre otros. La indignación tiene como base la desfachatez de los paridos políticos. Se creía que si las cifras macroeconómicas iban bien, no habría descontento. Se creía que la indignación era propia de una Europa en crisis.  Parece que no es así. Brasil también está indignado, aunque macroeconómicamente está bien.

            Parece ser que la indignación muestra un desgaste del modelo neoliberal en general. Dicho modelo incluye la transacción política burda. Humala prometió una vía diferente, y ni siquiera ha podido atemperar la ola neoliberal que es más radical que nunca. Dicho modela pretende ingresar con toda su rabia en las zonas Awajun (a través de la alianza Universidad de Piura -  Grupo Romero), y en la  Zona de Selva del Vicariato “San Francisco Javier” eh Jaén.

            Un elemento claramente ausente este 28 de Julio ha sido los 10 años de la presentación del Informe Final de la CVR. Ni una mención de parte del ejecutivo, En un discurso político que no lo mencione  puede estás ocurriendo dos cosas: a) la plena indiferencia,  b) la colusión con la derecha radical para que el tema no aparezca. ¿O se espera hasta el 28 de Agosto para pronunciarse sobre eso?  Parece que a la derecha radical neoliberal en este país no le gusta ni la protesta ni la memoria. Respecto de la protesta, se busca criminalizarla, insinuando que el MOVADEF puede están infiltrada, cuando el APRA tuvo más infiltración y violencia en el #27J. Respecto de la memoria, es mejor no recordar cuando tus aliados políticos  rabo de paja.              Pero no es posible mantener silencio frente a los años de violencia, pues ello es abofetear a los deudos. Esta política (la del piloto automático en política y de la amnesia respecto del pasado) ya ha demostrado sus  límites claros. El MOVADEF  es un síntoma claro. 

LA FALLIDA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

          La fallida repartija fraguada en el Congreso de la República ha sacado a luz varios problemas de la política y de la endeble democracia peruana. Entre ellos podemos destacar la descarada negociación política que los partidos intentaron cristalizar en esas elecciones, la fortaleza de la movilización social en el Perú (que puede hacer que el Congreso y el Ejecutivo den marcha atrás), la manera de actuar de la “clase política” (que juega a tirar la piedra y a esconder la mano, y a ver si alguien se queja respecto de acuerdos tomados bajo la mesa).

            Pero hay un elemento que quisiera abordar, y que tiene que ver con la misma institución del TC. Al ser sus miembros elegidos  por el Congreso, el resultado siempre será político. El TC es una institución política y la elección de sus miembros es un acto político. Lo que se espera es que dicho acto sea fruto de un acuerdo entre las fuerzas de políticas representadas en el Congreso, y no fruto de una negociación. Pero el acuerdo parece ser demasiado ideal, especialmente cuando no hay partidos políticos fortalecidos y por lo tanto siempre tendremos un TC fruto de una negociación. Ésta puede ser solapada o ser burda, pero lo indignante no es que sea burda, sino el que sea fruto de un regateo político y una jugada de ajedrez.

            En vista de las circunstancias se escuchan voces que reclaman repensar la manera de elección a los miembros del TC. Pero todas las combinaciones posibles terminan dejando la decisión en manos del Congreso.  La única solución es disolver el TC y desplazar sus funciones a la Corte Suprema,  tal como sucede en otros países, como los EEUU, por ejemplo. En el Perú las dos instituciones se dividen el trabajo de la siguiente manera: el TC toma decisiones políticas mientras que la Corte Suprema se encarga de cuestiones jurídicas y procedimentales. Esta división ha sido fortalecida teóricamente por la presencia del neoconstitucionalismo, que bien no hace a las Instituciones democráticas por las confusiones internas que tiene como teoría respecto de las cuestiones constitucionales. El neoconstitucionalismo, junto con el positivismo imperante en la academia jurídica, termina por establecer una falsa distinción entre el derecho y la política.

            El enfoque de colocar de un lado el derecho y del otro la política (reproducido en el esquema “Corte suprema – Tribunal Constitucional”) no es sólo errado, sino perverso, puesto que permite validar intereses políticos subalternos bajo una supuesta neutralidad. Pero tal como varios intelectuales, como el Ronald Dworkin señalaron, es necesario desenmascarar tal hipocresía conservadora. El punto de vista más adecuado es pensar el derecho y la política como círculos concéntricos, en el cual el derecho se inserta en la dinámica política de la sociedad democrática. Asumir este punto de vista permite sincerar las cosas y fortalecer la democracia.  Esto supone sumar a las funciones que actualmente tiene la Corte Suprema las del control constitucional, que actualmente se encuentra en manos del TC.

            Los miembros de la Corte Suprema deben ser elegidos democráticamente, y no por el Congreso. Y los candidatos deben reunir condiciones exigentes, especialmente tener una trayectoria importante en tanto jueces. La idea de dejar en manos del Congreso la elección de los miembros del TC o de la Corte Suprema tiene la aristocrática idea de que los ciudadanos no están capacitados para tomar una decisión de tal importancia. Esa idea va en contra de la propia constitución democrática. A los alumnos de derecho de las universidades se les enseña una idea que está pensada para que se mantenga el sistema como está hasta ahora, y para que los partidos políticos puedan hacer de las suyas. Se les dice que la Constitución Política del Perú, es “política”, pero no deben olvidar que también es “jurídica”. Pero con ese estribillo “también es ‘jurídica’” se les manda el mensaje ambiguo de que la Constitución Política es jurídica y no política. Ese extraño juego de palabras oculta un juego político. Otra cosa que no se dice a los estudiantes de derecho es que en política no hay coincidencias, si las hay se trata de las coincidencias de los intereses políticos.

LA UNIVERSIDAD, LAS HUMANIDADES Y LA FORMACIÓN MORAL

           La crisis de la educación que trae consigo el imperante modelo neoliberal ha generadoo un debate en torno a la necesidad de la educación humanista para la forjación moral de los ciudadanos. Las partes en conflicto son, de un lado, los defensores de la introducción del lucro en la educación, y en especial, en la universidad, y aquellos quienes, de otro lado, consideramos la necesidad de defender a las instituciones educativas, en general, y a la universidad, en particular, de la centralidad en el lucro.

            Hay cuatro precisiones necesarias antes de continuar: a) No sólo a través de la universidad se puede forjar el carácter moral de los ciudadanos (ello nos conduciría a la idea absurda que aquellos que no han pasado por la universidad carecen de la posibilidad de desarrollar un carácter moral); b) No todos los individuos que cursan la universidad logran fortalecer un carácter moral (también la casa, la escuela y las circunstancias influyen); c) La ganancia económica no está reñida con la universidad y la formación moral (pero cuando las universidades se centran en el lucro, la formación moral de los estudiantes parece afectarse gravemente, pues ni siquiera se reflexiona seriamente respecto de la exigencias morales que tienen los ciudadanos); y d) La formación moral de la que estamos hablando no es en una moral convencional (religiosa o basada en la tradición), sino en una moral crítica (depurada a través del examen racional y compatible con una sociedad democrática caracterizada por el hecho del pluralismo).

            Teniendo en cuenta estas cuatro precisiones, quiero enfocar la siguiente reflexión en la posición que ocupa la universidad dentro de una sociedad democrática. Es aquí donde se abren dos concepciones diferentes. Los partidarios de la arremetida neoliberal en la educación consideran que las funciones de la universidad son básicamente dos: a) Generar individuos funcionales al sistema neoliberal, y b) Proteger el sistema neoliberal de toda alteración o cambio social. Pero esta segunda tarea no supone mantener y proteger la democracia y sus instituciones, sino, perforarlas para que las políticas neoliberales puedan tener un mayor espacio en la vida social. Neoliberalismo y democracia no son sinónimos, sino todo lo contrario. Esto explica porqué muchos partidarios del neoliberalismo se sienten más augusto con sistemas autoritarios y admiran países que tienen regímenes políticos no democráticos. Por esta razón operan recortes en cursos, departamentos y áreas académicas humanistas, porque la reflexión humanista puede formar intelectuales comprometidos con el cambio social.

            Quienes defendemos, en cambio, la necesidad de las humanidades en la universidad consideramos que las cuatro consideraciones que introduje arriba deben ser tomadas en cuenta, pero además vemos en la universidad un espacio particular desde el cual se puede adquirir una diversidad de conocimientos, desde diferentes orientaciones de pensamiento y que, además, se puede generar una reflexión sobre la forma en que debemos de vivir como comunidad. Esta reflexión es inevitablemente de carácter ético-político, asumiendo u punto de vista crítico respecto de nuestras formas actuales y convencionales de asumir la vida personal, social y política. Ciertamente, la reflexión no nos vuelve en personas morales de manera automática, pero nos brinda una plataforma que nos hace pensar una toma de posición en nuestra vida personal y social respecto de diferentes temas. Esto hace que la universidad se convierta en una institución comprometida con la transformación y el mejoramiento social. Las humanidades en la universidad pueden forjar ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, y que la protejan frente a la arremetida neoliberal.

            Quienes defendemos las humanidades en la universidad no consideramos que la universidad es el único espacio en el que se puede tener este tipo de reflexiones, pues otras instituciones también lo pueden desarrollar, pero somos de la idea de que la universidad es un lugar privilegiado para ellas. Si bien, la conexión entre el conocimiento y la reflexión con la formación del carácter moral no es automática, sí hay una colaboración estrecha entre una cosa y la otra. La virtud moral y la conciencia de las injusticias pueden ser fortalecidas en las universidades donde la filosofía, la historia y la literatura están presente, junto con las artes. El hecho de que en algunos casos ese fortalecimiento no se dé, ya no es un  problema de la universidad, sino de la casa o de los otros ambientes sociales. Las llamadas universidades empresas, que destierran las humanidades no pueden ofrecer esa plataforma para que los estudiantes formen carácter moral. Si en esas universidades empresa los estudiantes adquieren espíritu crítico, fortaleza moral y reflexión sobre qué tió de vida debemos vivir como sociedad no se debe al fomento que viene de la universidad empresa, y a veces, es a pesar de la misma universidad.