La derecha radical y la renuncia a la política

Durante los años 30 en Europa, especialmente en Alemania e Italia, la extrema derecha decidió reemplazar la política parlamentaria por la violencia. Así, una vez que Hitler y Mussolini llegaron al poder disolvieron el parlamento, impusieron un proyecto no concertado, y persiguieron a los opositores. El proyecto que impusieron estaba guiado más por los apetitos personales que por el “bienestar de la sociedad”.

¿Por qué los ciudadanos aceptaron dicho proyecto?

Si bien hubo una oposición que fue exterminada, la mayoría de la población aceptó el proyecto de la derecha radical. Hay muchas explicaciones que confluyen, pero entre las que podría resaltar son la humillación y el temor.

Es sabido que después del tratado de Versalles, Alemania e Italia sufrieron una gran humillación como naciones. Pero el temor es una pasión que puede dominar a los miembros de una sociedad y de la que un dictador puede aprovechar para colocar sus garras sobre la ciudadanía.

Puede tratarse de miedo al comunismo o al desempleo, o a seguir sufriendo humillación nacional. Cualquier fantasma es una buena herramienta para infundir terror en la población, especialmente si se cuenta con medios de comunicación masivos, como la radio, los grandes estadios y las plazas repletas para las peroratas terroristas.

La renuncia a la política

Cuando la derecha radical ha desbaratado el parlamento y ha reemplazado la concertación, el diálogo y la negociación por la imposición de un proyecto por medios violento, podemos decir que allí ha muerto la política.

Ciertamente, es común la idea maquiavélica de la política como “captura de poder”. Si tal definición de la política fuese correcta, tendríamos que aceptar que quien controla un territorio por medio de las armas tiene “poder político”. El poder político supone legitimidad, y un delincuente que me apunta con un arma tiene poder, pero no poder político.

Legitimada del poder político

Hannah Arendt (Arendt, La condición humana, 1996) y Jürgen Habermas (Habermas, Facticidad y validez, 2001) han acertado al distinguir claramente la política de la violencia. La política consiste la deliberación entre todos los ciudadanos respecto del proyecto común. La violencia, supone más bien, eliminar los mecanismos de deliberación para poder imponer el proyecto o el interés de un sector de la población.

La derecha autoritaria actual

En la escena política contemporánea se ha instalado una derecha autoritaria que sigue utilizando el miedo como un mecanismo de control sobre la población. Todorov (Todorov, El miedo a los bárbaros, 2008) señala que en el mundo actual hay muchas pasiones sociales que los políticos utilizan para neutralizar la política. Entre ellas se encuentran el miedo y la apetencia. En Europa y Estados Unidos el miedo es la pasión que la extrema derecha utiliza para controlar a la población. Se trata del miedo a los inmigrantes y a los agentes del terrorismo internacional. El temor a los árabes resulta ser una pasión poderosa.

La derecha autoritaria en Perú: apetencia y temor.

En otros países, como Perú, el miedo se combina con la apetencia. Los grandes empresarios han trazado los lineamientos para el futuro: crecimiento de las empresas, control sobre la población a través de los medios de comunicación y difusión del temor a todo lo que huele a comunismo.

Esta derecha, movida por la pasión de la apetencia, ha definido el futuro sin consultar a la población. Cuando alguien cuestiona el proyecto, lo tilda de bárbaro, incivilizado, retrógrado o manipulado por comunistas, como en el caso de Bagua. Y para potenciar infundir el temor en la población, se señala que la delincuencia está aumentando y que el terrorismo de Sendero luminoso no ha sido erradicado (Adrianzén, Perú hoy. Por aquí compañeros, Aprismo y neoliberalismo, 2008).

La derecha en Perú está lejos de tener un proyecto de país. Ciertamente, se maneja dentro de los márgenes de una democracia de instituciones débiles, pues hoy ya no es posible mantenerse en el mercado global y ser una dictadura cuando se es un país chico. Así como Hitler estaba dominado por la apetencia de un poder mundial, la derecha radical peruana está dominada por la apetencia del enriquecimiento. Es por eso que ha renunciado a la política y ha optado por la violencia.



La demora del Jurado Nacional de Elecciones y la mina de la democracia

La extremada lentitud y demora que ha tenido el JNE para establecer quién ganó las elecciones en Lima y en otros lugares del país daña la ya pobre democracia peruana. Las suspicacias que esta demora produce, sea quien gane, termina por restarle legitimidad a la alcaldesa y credibilidad a la institución democrática.

Hay dos tipos de personas que apoyan el hecho de que la demora sea tanta: los abogados que no se han enterado de lo que se trata la política y los políticos que no conocen qué significa el término democracia. Los abogados creen que basta con fundar instituciones y las cosas se resuelven, como por arte de magia, de tal manera que vociferan que esperarán lo que declare la instancia pertinente. Sin embargo olvidan que una institución no sólo debe contar con reglar y normas, sino que es propio de un sistema democrático que las instituciones cuenten con legitimidad, es decir, con la confianza de la ciudadanía. Si el pacto entre la ciudadanía y las instituciones se quiebra se vulnera profundamente la democracia.

Ciertamente, muchos abogados tienen una pobre formación académica y se encuentran atrapados en el legalismo vacío que el derecho positivo representa. Bien hacía Kant en afirmar que el derecho positivo es como un tambor, que mientras más vacío (es decir, más carente de contenido y se presenta como un derecho puramente formal) se encuentra mejor suena. Es como decir que se trata de una cabeza sin sesos.

Los políticos, por su parte, están interesados en la lentitud del JNE porque ven en ello la oportunidad para presionar y hacer que gane su candidata preferida. Son realmente pocos los políticos peruanos que se encuentran comprometidos por la democracia y con que las instituciones en el país sean creíbles por los ciudadanos. La mayoría de ellos consideran que los ciudadanos no piensan ni sacan sus conclusiones de lo que ven. Ignoran que los ciudadanos no son tan ignorantes como lo creen. Es más, quisieran que los ciudadanos sean más ignorantes de lo que son actualmente, de otra manera no se explicaría por qué la educación en el Perú está en los últimos lugares ¿acaso por culpa del SUTEP? Si el SUTEP no controla la política educativa, sino que el gobierno lo hace, ¿quién tiene la culpa, entonces?

Los políticos creen que las cifras macroeconómicas justifican sus actitudes adversas a la democracia. Lo que parecen ignorar es que sus políticas antidemocráticas, que excluyen la consulta de los sectores implicados en las decisiones que toman, no fomentan el crecimiento macroeconómico, y que menos aún está poniendo en movimiento la microeconomía. Resulta ser una bofetada a los ciudadanos hablar de las tasas de crecimiento macroeconómico que no significan absolutamente nada en sus vidas, vidas capturadas por las deudas de las tarjetas de crédito. Lo único que consiguen los políticos es que la población desprecie aún más la democracia y adhieran al autoritarismo. Sospecho que esa es actutud premeditada de los políticos que utilizan la democracia sólo de manera estratégica.

Se cree que si la comida peruana es valorada en el mundo porque alguien supo utilizar una artimaña para que eso suceda, el Perú es un país exitoso. Ese es un espejismo tan grande como el caso de los mineros rescatados en Chile, que simplemente funciona para fomentar un populismo de derecha. Personalmente siento vergüenza ajena por el show mediático que se armó en Chile al respecto sabiendo que las condiciones de los cientos de mineros de la mina cerrada quedarán “patitas en la calle” y que muchos mineros y otras personas pasan penurias y mueren de hambre a lo largo del mundo ¿acaso ha habido un seguimiento televisivo de la guerra en Ruanda, en la exYugoslavia o en los miles de peruanos que mueren de frío cada invierno?

Todo ello me hace recordar la película “Días de radio” de Woody Allen, en la que se ve a todo un país pegado de oído a la radio por la suerte de unos individuos particulares sin tener en cuenta el sufrimiento de miles de personas anónimas. Parece ser que las pantomimas no son exclusivas del populismo en Chile y que en Perú ocurre lo mismo con la llamada industria de la “comida peruana”.

Todo eso no hace más que vulnerar la democracia, y la democracia del JNE, sea cual sea el resultado, ya ha minado la democracia peruana. Pero eso no les quita el sueño a los poderes fácticos del país. Ya han perdido lo poco de decencia que tenían, de manera que no sorprenderá lo que hagan en el futuro. Lo único que nos queda a los ciudadanos es o permitir que se sigan riendo en nuestras caras o que tomemos medidas al respecto. Respecto de lo último, no estaré dispuesto a que esas medidas abonen en dirección al autoritarismo y la destrucción de nuestra democracia de baja intensidad.

¿Qué tan democrática es la derecha peruana?

Las elecciones municipales en Lima han puesto de manifiesto dos cosas que hay que destacar. La primera es que una izquierda democrática y liberal, como la representada por Fuerza Social y Susana Villarán, puede aglutinar a los movimientos de izquierda más importantes. La segunda es que la derecha democrática peruana no ha tenido un comportamiento tan democrático.

Frente al asenso y al eventual triunfo de Susana Villarán, la derecha ha caído en una contradicción que, a mi parecer, es reveladora y grave. Por una parte, se ha presentado como la paladina de la democracia que combate las fuerzas antidemocráticas que Fuerza Social y su entorno representarían. De otro lado, ha considerado que los únicos que tienen derecho de ocupar un lugar en la vida política y representan un proyecto válido es ella.

Desde el punto de vista de la derecha peruana, la izquierda no tiene cabida en la democracia. La pregunta cae por su propio peso ¿esa es una actitud auténticamente democrática? En realidad, la campaña electoral ha mostrado el rostro autoritario y antidemocrático de la derecha en el Perú. En diversos medios de comunicación se ha satanizado a Susana Villarán e incluso se ha llegado a amedrentar a los votantes diciéndoles cosas como “si usted votó por Villarán, será responsable de lo peor”.

Esta actitud es comprensible, pero no justificable. Es comprensible por dos motivos fundamentales: primero, la derecha está acostumbrada a no tener una izquierda atractiva, democrática y con cierta capacidad de convocatoria. La derecha está acostumbrada a que, haciendo uso de los poderes fácticos, puede hacer creer fácilmente a los ciudadanos que sus proyectos partidarios son los proyectos de todo el país. En segundo lugar, la presencia de Sendero Luminoso en la escena peruana reciente le ha hecho mucho daño a la izquierda, a tal punto que muchos piensan que algunos de los grupos que acompañan a Fuerza Social representan versiones camufladas del senderismo.

Tal vez se pueda comprender tal actutud, pero es imposible de justificar. Si la derecha cree que es la única que tiene acreditación democrática, quiere decir que no han entendido qué significa en realidad la democracia. ¿No es posible, acaso, que surja en el Perú una izquierda liberal y democrática que tenga derecho a formar parte del sistema de partidos? Parece que esa posibilidad incomoda, irrita y fastidia profundamente a ciertos líderes de la derecha y a ciertos medios de comunicación que se atreven a amenazar a los ciudadanos por sus creencias política o sus preferencias electorales. Parece que a la derecha defensora de la democracia, en el fondo no le agrada una democracia en la que podría perder alguna elección. Esto es sumamente grave, porque esa actitud mina el mismo sistema democrático

Etica pública y ejercicio del poder ciudadano (última parte)

1.2.2.- La desobediencia civil

El segundo marco de acción que tiene el ejercicio del poder público es aquél que designa la desobediencia civil. La desobediencia civil es el tipo de actividad política que indica el límite de lo permitido en el contexto de un Estado Democrático de Derecho. El término “desobediencia civil” requiere una aclaración conceptual, pues los juristas hacen un uso confuso de los términos en sus textos y su práctica jurídica. La mayor confusión es la de la desobediencia civil y la objeción de conciencia, cuando ambas figuras son completamente distintas. Sin embargo, muchos juristas en sus sentencias, en sus discursos y textos insisten en la confusión entre ellas, lo que trae como consecuencia el que dicha confusión se ahonda y se instala cada vez más en nuestra cultura jurídica. Algunos juristas creen que la confusión se puede eliminar citando sentencias, cuando, la única manera de avanzar en el esclarecimiento de la cuestión es realizar un análisis de los conceptos. Este no es el lugar para llevar adelante este análisis, sólo señalaré algunos de los elementos que definen a la desobediencia civil.

En primer lugar, la desobediencia civil es la acción de un ciudadano de desobedecer una ley determinada porque ésta entra en contradicción con la Constitución. En segundo lugar, la acción del desobediente no consiste en desobedecer necesariamente la ley inconstitucional, contra la que reclama. En tercer lugar, el desobediente civil está dispuesto a acatar las consecuencias legales de sus actos. Finalmente, en cuarto lugar, la acción del desobediente no puede ser realizada con violencia, es decir, no debe dañar ni la vida, ni la integridad física ni los bienes de ninguno. El hecho de que la desobediencia civil se relacione con una defensa de la Constitución y que no tiene relación con el hecho de hacer valer algún aspecto de la concepción religiosa, moral o filosófica de quien actúa es lo que distingue al desobediente civil del objetor de conciencia . De esta manera, quien se reúsa a trabajar los viernes o los sábado por razones religiosas, no está dentro del ámbito de la desobediencia civil, sino en el de la objeción de conciencia, por más que algunos jueces confundan ambos conceptos. El objetor de conciencia tendría que apelar a un derecho constitucional que se le esté siendo negado y señalar que su motivo es defender la constitución, para que su alegato pueda ser tomado jurídicamente en serio.

Esta aclaración conceptual tiene consecuencias políticas prácticas de importancia, pues no permite liberar el potencial político que la figura de la desobediencia civil. Este bloque de la desobediencia civil resta poder público a los ciudadanos.


2.- Conclusiones

La ética pública se encuentra profundamente conectada con el ejercicio del poder ciudadano en un doble sentido. De una parte, la ética pública fortalece el poder ciudadano; de otra, el ejercicio del poder ciudadano puede evitar o menguar la corrupción de las instituciones públicas. De esta manera, cuando las instituciones públicas se encuentran apartadas de la corrupción, generan el ambiente jurídico y político para que el poder de la ciudadanía se exprese en reforma de leyes y transformación de las decisiones políticas, de tal manera que los ciudadanos se perciben a sí mismos como miembros del verdadero poder soberano, llevando a cabo, de ese modo, las aspiraciones de la república. De otro lado, el poder ciudadano puede llevar adelante la crítica de las instituciones públicas que se encuentran hundidas en la corrupción. Este segundo aspecto requiere que la sociedad civil mantenga ese tipo de comunicación y deliberación pública que le permita tener poder. Cuando la sociedad civil se encuentra profundamente desarticulada, ese poder comunicativo se disuelve entre las manos de los ciudadanos.

Las fuerzas políticas autoritarias se confabulan con los poderes eclesiales fundamentalistas y la fuerza del gran capital que el neoliberalismo económico expresa para desintegrar el poder ciudadano y hacer de la democracia una forma de dictadura blanda. Con ello, la democracia ve disolverse sus valores públicos fundamentales, como son la defensa de los derechos humanos y la defensa de una sociedad pluralista y tolerante. El Perú contemporáneo, en tanto que heredera de un proceso de transición truncado se encuentra al acecho de estos poderes que están decididos a destruir la democracia. Por suerte, para la democracia, el proceso de transición iniciado el 2000 ha permitido articular importantes instituciones intermedias de la sociedad civil. Si bien ello no garantiza el que la democracia no fenezca, dota de un margen de acción a los ciudadanos para que emprendan la defensa de sus derechos y libertades. Lo que tenemos que percibir con claridad los ciudadanos es que si nosotros mismos no nos organizamos en la defensa de la democracia, poco podrán hacer instituciones como la Defensoría del Pueblo.

1.2.- Poder ciudadano

En cuanto al término “ejercicio del poder público” es necesario señalar que éste incluye dos marcos de acción distintos que tiene previstos los Estados Democráticos de Derecho. El primero de éstos es el ejercicio de la deliberación pública que constituye lo que Immanuel Kant denomina “uso público de la razón” y que otorga a los ciudadanos lo que se conoce como “poder comunicativo”. El segundo marco de acción es el de la desobediencia civil que demarca los límites de la política democrática y consiste en una acción que tiene como fin defender la Constitución Política en un Estado Democrático de Derecho o Democracia Constitucional.


1.2.1.- El uso público de la razón

El uso público de la razón designa dos procesos políticos diferentes, pero articulados entre sí: en primer lugar, se dirige a hacer valer el derecho político de deliberación pública; en segundo lugar, conduce a la generación del poder comunicativo que permite a los ciudadanos hacer frente a las fuerzas del dinero, el fundamentalismo y la política que buscan corromper la democracia.

El derecho político de deliberación pública constituye un derecho fundamental de los ciudadanos . Por medio de él los ciudadanos pueden intercambiar, aclara y purificar sus opiniones sobre cuestiones públicas fundamentales. Así, por medio de la discusión pública, ellos pueden perfilar con más claridad sus posiciones sobre cuestiones políticas importantes. Este derecho político es un derecho fundamental en una sociedad democrática, por lo que constituye un valor político. Pero, al mismo tiempo, a través de la comunicación se articula el uso público de la razón. Kant, en su opúsculo sobre la Ilustración entendió el uso público de la razón como aquél que hacen los ciudadanos, en tanto que doctos en la esfera pública. El término “docto” designa a todo ciudadano que tiene una opinión argumentada sobre las reformas que deben realizarse en las reglas y normas que regulan tanto las instituciones de la sociedad civil (como las iglesias, las universidades y los colegios profesionales, etc.) como las instituciones del Estado. Estas manifestaciones públicas (Kant pensaba en la prensa como el canal natural de estas comunicaciones, pero hoy en día contamos con otros medios alternativos que se pueden encontrar más o menos libres de coacción) van articulándose entre sí bajo la forma de argumentos y razones que exigen la transformación de las instituciones y sus normas a fin de hacer valer la libertad y la igualdad jurídicas de los ciudadanos . En este proceso se articula el poder público, que necesita como una condición de posibilidad indispensable el ejercicio del derecho político de deliberación pública. He aquí la articulación entre el uso público de la razón como derecho de deliberación pública y el uso público de la razón como ejercicio de poder público.
Cuando los funcionarios y las instituciones públicas se encuentran profundamente corrompidos se produce automáticamente un atentado serio contra las libertades políticas de deliberación. En el Perú hemos vivido durante la década de los 90 este proceso de debilitamiento de los derechos políticos de los ciudadanos. Como lo hemos experimentado en carne propia, una vez que el poder del dinero comienza a corromper las instituciones públicas y los partidos políticos, la capacidad de ejercer los derechos políticos de los ciudadanos comienza a debilitarse sustantivamente. La vida política del país comienza a articularse entre los políticos y los capitales, a espaldas de ciudadanos volcados a sus asuntos privados y carentes de voz pública. Este proceso es lo que Alexis de Tocqueville denominaba “despotismo blando” . Se trata, en realidad de una democracia de baja intensidad, en la que sólo está funcionando la dimensión representativa y no la dimensión participativa de la sociedad civil.

La dimensión representativa restringe la democracia al ejercicio del voto ciudadano cada cierto tiempo, en vistas de que elijan a sus representantes o al presidente de la república. Una vez elegidos los representantes, los ciudadanos son invitados a asumir una actitud pasiva respecto de la vida política. Pero como la política es un bien tan preciado que los ciudadanos no podemos dejar en manos de los políticos, es necesario complementar la dimensión representativa de la democracia con la dimensión participativa de los ciudadanos, participación que se ejerce por medio de las instituciones intermedias de la sociedad civil, como lo son las universidades, las iglesias y los colegios profesionales, entre otras instituciones.

El término “despotismo blando” designa a una democracia donde sólo existe la dimensión representativa. Durante los años 90, los paladines del gobierno de Fujimori rechazaban la dimensión participativa de la vida democrática . De esa manera, un gobierno altamente corrupto podía mantener a raya la participación política ciudadana y neutralizar el poder público. Pero esa no es la única estrategia que los gobiernos autoritarios tienen para neutralizar o cancelar el poder público. Otras de las maneras de hacerlo, y que hemos experimentado en este país durante los años noventa, es apelando a la llamada “democracia directa”. Este tipo de democracia es de carácter asambleístico, en el cual los ciudadanos se convierten en una masa y son consultados vía referéndum sobre cuestiones políticas fundamentales. En ese trance, los ciudadanos masificados se encuentran sin la posibilidad de deliberar entre sí respecto de las posiciones políticas a tomar, lo cual los vuelve presa del poder de la demagogia y la propaganda del gobierno, que excita sus emociones y anula su razonamiento. Una figura análoga a la democracia directa se encuentra en las mal llamadas “encuesta de opinión pública”. Estas ocultan su verdadero significado bajo el rótulo “opinión pública”. Tales encuestas son, en realidad, recolección de opiniones privadas sobre asuntos públicos. La opinión pública no se articula ni se expresa sino por medio de un proceso de deliberación y discusión pública entre ciudadanos; proceso que se encuentra completamente ausente en tal tipo de encuesta.

Un tipo muy diferente de democracia lo constituye la democracia radical, en la que se trata de profundizar en la dimensión participativa de los ciudadanos, fortalecer las instituciones de la sociedad civil y hacer crecer el poder de la ciudadanía. Las universidades si bien no son el único espacio, se presentan como el espacio privilegiado para fortalecer la democracia radical que se requiere para robustecer el poder público. Ello es así, porque es en ella donde la deliberación, la discusión de ideas y la contrastación de los saberes conducen a fortalecer la conciencia ciudadana. La universidad tiene una tarea profética: puesto que se trata del lugar donde el saber, la discusión académica y la imaginación se articulan, es en ella en la que se puede vislumbrar y construir las bases de la sociedad deseable por venir. Como muy bien señalaba el padre Felipe MacGregor, en la universidad se deben hacer y vivir las cosas que se desean se hagan y vivan en la sociedad después de una o dos décadas. Sin embargo, la universidad en el Perú se encuentra coaptada por tres fuerzas que perforan su autonomía y libertad cada vez con más radicalidad: el poder del dinero, el poder político y el poder de los grupos eclesiales fundamentalistas. Así, podemos encontrar, en nuestro país, tres tipos de universidades donde la autonomía, la excelencia y discusión académica se está haciendo añicos. De una parte encontramos universidades empresa, que se organizan sin centros federados y que se encuentran diseñadas para servir a los intereses del neoliberalismo económico. De otra, encontramos las universidades públicas donde la discusión político-partidaria va convirtiéndolas en centros de adoctrinamiento de posturas radicales. Finalmente, las universidades confesionales reemplazan la excelencia académica por el maridaje entre el poder económico y el adoctrinamiento religioso-fundamentalismo.

Ética Pública y Ejercicio del Poder Público (segunda parte)

1.- Aclaración de los términos.

Para poder entender procesos históricos y situaciones sociales como el de la corrupción y qué es lo que puede hacer la ciudadanía para que la ética pública se sobreponga a las malas prácticas instaladas en el aparato del Estado, es necesario aclara los términos para que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de ética pública y poder ciudadano.


1.1.- Ética pública

En el término “ética pública” se oculta una ambigüedad que es necesario despejar antes de ver su relación con el de “ejercicio del poder público”. En primer lugar, refiere al tipo de normas éticas que deben seguir los funcionarios e instituciones públicas, así como la institucionalidad de los organismos del Estado. En segundo lugar, se trata del conjunto de valores públicos que son propios de una sociedad democrática. En la primera acepción, la ética pública especifica un conjunto de normas de tipo moral al que deben atenerse los funcionarios públicos. Ello se acerca a lo que se conoce comúnmente con el nombre de “deontología profesional”, con la atingencia de que el ser funcionario pública no necesariamente se identifica con lo que denominamos profesión. En la segunda acepción, la ética pública señala los valores públicos de una república, como son la democracia, el rechazo a la esclavitud, el rechazo a la discriminación política o social de cualquier índole, la tolerancia y los derechos humanos, como otras exigencias que se hacen desde la moral a la política y al derecho. En este segundo sentido, nos referimos, entonces, a la moral de la política y del derecho .


1.1.1.- La ética de los funcionarios e instituciones públicas

Los funcionarios públicos deben encontrarse sujetos a un conjunto de normas éticas mientras se encuentran en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, los jueces deben mostrar su independencia e imparcialidad resistiéndose a los imperativos del poder político o del poder económico, de manera que no deben ceder a presiones políticas ni deben aceptar coimas. Los congresistas, por su parte, han de mostrar su lealtad a sus partidos y a sus electores y no deben ceder a la tentación del transfuguismo ni a las fuerzas de la política, del dinero o de los grupos religiosos fundamentalistas. En ese sentido, ellos no deben ceder a la presión de los grupos eclesiales fundamentalistas que les exigen oponerse a una política de planificación familiar o a las uniones de parejas del mismo sexo. Cuando los funcionarios públicos no cumplen con esas exigencias éticas propias de sus funciones se produce lo que conocemos como corrupción.

Pero, en un sentido más preciso, la ética pública refiere a la capacidad de los funcionarios públicos de no ceder a las presiones de los intereses privados, ya sean propios o de otros particulares. En el Perú contemporáneo se ha generado un fenómeno que los sociólogos denominan “fenómeno de la puerta giratoria” , por medio del cual empresarios privados van ocupando puestos públicos y después vuelven a sus negocios particulares como quien cruza una puerta giratoria que los coloca en las instituciones públicas y los regresa a sus puestos privados, lo que les da la oportunidad de arreglar las cuestiones públicas en beneficio propio. Otra manera de intromisión de los intereses privados lo constituye el financiamiento particular de las campañas políticas que esperan, obviamente, una retribución una vez que se acceda al poder.

Pero el dinero, ni el fenómeno de las puertas giratorias constituyen el único medio de hacer que intereses privados se enquisten en la función pública, sino que podemos identificar tres fuentes potenciales de corrupción de funcionarios públicos: el poder político, el poder del dinero y el poder de los sectores eclesiales fundamentalistas. Ahora bien, cuando la corrupción se generaliza entre los funcionarios de una institución pública, convirtiéndose en una política institucional, nos encontramos ante la corrupción de las instituciones.

Las instituciones deben ser vistas desde dos perspectivas a la vez: vistas “desde arriba”, se trata de formas de organización de las relaciones sociales que reducen la incertidumbre de los individuos en la toma de decisiones, de manera que una de sus características es su predictibilidad, la cual se sustenta en la existencia de reglas y normas, y en la vigencia y cumplimiento de éstas. Las instituciones, así como las reglas que las definen, contribuyen decididamente con el orden y la estabilidad social, en tanto que reducen los márgenes de arbitrariedad y, por consiguiente, la incertidumbre. De esta manera, junto con la generalización de funcionarios corruptos, la ausencia de seguimiento de las reglas de las instituciones abren la puerta a la arbitrariedad con lo que la incertidumbre propicia el abuso y la corrupción . Pero, al mismo tiempo, las instituciones “vista desde abajo”, incluyen el aspecto de la legitimación democrática, es decir, el hecho de que sus estructuras y las reglas que las regulen se encuentren legitimadas por la ciudadanía al interior de un Estado Democrático de Derecho . De esta manera, una institución se corrompe cuando se encuentra movilizada por fuerzas autoritarias que actúan de manera arbitraria y se ha vaciado por completo el carácter democrático que las legitima.

El neoliberalismo tiene un efecto pernicioso respecto a la fortaleza de las instituciones. Casos como el de Liliane Dettencourt, la multimillonaria francesa dueña del imperio de cosméticos y perfumes L’Oréal, a quien se le vincula con un escandaloso caso de corrupción del ministro de Trabajo francés, Eric Woerth, muestran de qué manera el poder del dinero y el neoliberalismo económico tienen una vocación perversa de corrupción de las Instituciones. El gran capital utiliza su poder para torcer las reglas de las instituciones a fin de conseguir mejores posiciones políticas y económicas. De esta manera, se puede percibir que el neoliberalismo se convierte en un enemigo de la democracia porque, de un lado perfora sus instituciones, y de otro, abre el espacio político a movimientos radicales antidemocráticos, como los fascismos de derecha e izquierda

Ética Pública y Ejercicio del Poder Público (Primera parte)

Cuando, el 19 de noviembre del 2000, Alberto Fujimori Fujimori renunció vía fax desde Tokio, Japón, a la Presidencia de la República , se dio fin a uno de los más tristes capítulos de la historia republicana, marcado por una dictadura cívico-militar que creyó que el combate contra la subrepción debía realizarse violando Derechos Humanos, y desestructurando las instituciones políticas y sociales fundamentales del país a través de un recurso exacerbado de la corrupción. Es por esa razón que el gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua Curazao asumió la tarea de restablecer el sistema democrático en el Perú.

La transición a la democracia implicaba llevar a cabo tres procesos específicos. El primer proceso era instalar una Comisión de la Verdad (la Comisión de la Verdad y Reconciliación –CVR- que fue presidida por el Dr. Salomón Lerner Febres), que investigue lo sucedido durante los años de conflicto interno. Como parte de este primer proceso, se contemplaba poner ante la justicia a los violadores de derechos humanos, y llevar a cabo las recomendaciones que la Comisión presente en su Informe Final. El segundo proceso consistía en llevar adelante un juicio a los agentes involucrados en el sistema de corrupción que se había instalado en el Estado. Finalmente, el tercero de estos procesos consistía en el cambio de la Constitución Política de la República, porque se entendía una república democrática no podía regirse por la Constitución Política de 1993, dada por un gobierno dictatorial.

Puesto que el gobierno de transición duró demasiado poco, los gobiernos sucesivos, los de Alejandro Toledo y Alan García, no culminaron con todas las tareas asumidas por el gobierno de transición. La CVR culminó su tarea, pero partes importantes de las recomendaciones consignadas en el Informe Final han quedados inconclusas, como, por ejemplo, las reparaciones individuales y el fortalecimiento institucional de las universidades nacionales. El proceso judicial contra la corrupción se realizó bajo la forma de un Megaproceso, pues se comprendió que el grado de la corrupción que había azotado nuestro país era profundo y extendido, pero sin embargo no fue posible evitar que los poderes corruptos de entonces se reciclaran y mantuviesen partes de sus posiciones incluso en nuestros días. Con respecto al cambio de Constitución que se hacía necesaria para dar planamente el paso al régimen democrático, no se ha avanzado un milímetro, aunque el cotorreo político fue abundante, especialmente en los últimos años. Lo cierto es que la Constitución en cuestión es de carácter neoliberal y resulta ser una herramienta útil a los intereses del gran capital nacional y extranjero, porque, entre otras cosas permite la desmembración de las tierras comunales de la costa, y con las modificaciones dadas por el mismo gobierno de Fujimori, en desmembramiento de las tierras comunales en la sierra y en la selva.

Una cuestión que debe quedar clara para nosotros es que existió y aún existe un vínculo poderoso entre las violaciones de Derechos Humanos y la corrupción. Es por eso que los agentes de la corrupción se hayan dedicado a amedrentar a los comisionados de la CVR y a frustrar sus metas. La capacidad que han tenido dichos grupos para neutralizar las acciones de la CVR es un indicador del poder político y económico que mantienen en nuestros días. Así, que cuando hablamos de la corrupción en el Perú actual, hemos de tener en cuenta que se trata de un proyecto llevado a cabo por importantes grupos de poder, y no solamente de la falta de agentes aislados.

Es importante tener presente estos hechos en la política peruana reciente a fin de otorgarle un contexto a los conceptos que vamos a desarrollar en la presente ponencia. Muchos de estos conceptos provienen de la filosofía política, y respecto de ella –y en general, de todos los conceptos filosóficos- sucede que comúnmente se tiene la impresión, tanto de parte de los filósofos como de los no filósofos, de que la filosofía y sus conceptos, y la vida cotidiana no tienen puntos de encuentro, de modo que cuando uno habla de filosofía o utiliza sus conceptos se está refiriendo a un mundo completamente distinto del que queda fuera, una vez cerradas las puertas del salón de clases o las de la sala de conferencia . Sin embargo, los conceptos filosóficos brotan de la vida de las sociedades concretas y vuelven a ella, a fin de otorgar una luz adicional a la comprensión de nuestras prácticas humanas.