Etica pública y ejercicio del poder ciudadano (última parte)

1.2.2.- La desobediencia civil

El segundo marco de acción que tiene el ejercicio del poder público es aquél que designa la desobediencia civil. La desobediencia civil es el tipo de actividad política que indica el límite de lo permitido en el contexto de un Estado Democrático de Derecho. El término “desobediencia civil” requiere una aclaración conceptual, pues los juristas hacen un uso confuso de los términos en sus textos y su práctica jurídica. La mayor confusión es la de la desobediencia civil y la objeción de conciencia, cuando ambas figuras son completamente distintas. Sin embargo, muchos juristas en sus sentencias, en sus discursos y textos insisten en la confusión entre ellas, lo que trae como consecuencia el que dicha confusión se ahonda y se instala cada vez más en nuestra cultura jurídica. Algunos juristas creen que la confusión se puede eliminar citando sentencias, cuando, la única manera de avanzar en el esclarecimiento de la cuestión es realizar un análisis de los conceptos. Este no es el lugar para llevar adelante este análisis, sólo señalaré algunos de los elementos que definen a la desobediencia civil.

En primer lugar, la desobediencia civil es la acción de un ciudadano de desobedecer una ley determinada porque ésta entra en contradicción con la Constitución. En segundo lugar, la acción del desobediente no consiste en desobedecer necesariamente la ley inconstitucional, contra la que reclama. En tercer lugar, el desobediente civil está dispuesto a acatar las consecuencias legales de sus actos. Finalmente, en cuarto lugar, la acción del desobediente no puede ser realizada con violencia, es decir, no debe dañar ni la vida, ni la integridad física ni los bienes de ninguno. El hecho de que la desobediencia civil se relacione con una defensa de la Constitución y que no tiene relación con el hecho de hacer valer algún aspecto de la concepción religiosa, moral o filosófica de quien actúa es lo que distingue al desobediente civil del objetor de conciencia . De esta manera, quien se reúsa a trabajar los viernes o los sábado por razones religiosas, no está dentro del ámbito de la desobediencia civil, sino en el de la objeción de conciencia, por más que algunos jueces confundan ambos conceptos. El objetor de conciencia tendría que apelar a un derecho constitucional que se le esté siendo negado y señalar que su motivo es defender la constitución, para que su alegato pueda ser tomado jurídicamente en serio.

Esta aclaración conceptual tiene consecuencias políticas prácticas de importancia, pues no permite liberar el potencial político que la figura de la desobediencia civil. Este bloque de la desobediencia civil resta poder público a los ciudadanos.


2.- Conclusiones

La ética pública se encuentra profundamente conectada con el ejercicio del poder ciudadano en un doble sentido. De una parte, la ética pública fortalece el poder ciudadano; de otra, el ejercicio del poder ciudadano puede evitar o menguar la corrupción de las instituciones públicas. De esta manera, cuando las instituciones públicas se encuentran apartadas de la corrupción, generan el ambiente jurídico y político para que el poder de la ciudadanía se exprese en reforma de leyes y transformación de las decisiones políticas, de tal manera que los ciudadanos se perciben a sí mismos como miembros del verdadero poder soberano, llevando a cabo, de ese modo, las aspiraciones de la república. De otro lado, el poder ciudadano puede llevar adelante la crítica de las instituciones públicas que se encuentran hundidas en la corrupción. Este segundo aspecto requiere que la sociedad civil mantenga ese tipo de comunicación y deliberación pública que le permita tener poder. Cuando la sociedad civil se encuentra profundamente desarticulada, ese poder comunicativo se disuelve entre las manos de los ciudadanos.

Las fuerzas políticas autoritarias se confabulan con los poderes eclesiales fundamentalistas y la fuerza del gran capital que el neoliberalismo económico expresa para desintegrar el poder ciudadano y hacer de la democracia una forma de dictadura blanda. Con ello, la democracia ve disolverse sus valores públicos fundamentales, como son la defensa de los derechos humanos y la defensa de una sociedad pluralista y tolerante. El Perú contemporáneo, en tanto que heredera de un proceso de transición truncado se encuentra al acecho de estos poderes que están decididos a destruir la democracia. Por suerte, para la democracia, el proceso de transición iniciado el 2000 ha permitido articular importantes instituciones intermedias de la sociedad civil. Si bien ello no garantiza el que la democracia no fenezca, dota de un margen de acción a los ciudadanos para que emprendan la defensa de sus derechos y libertades. Lo que tenemos que percibir con claridad los ciudadanos es que si nosotros mismos no nos organizamos en la defensa de la democracia, poco podrán hacer instituciones como la Defensoría del Pueblo.

1.2.- Poder ciudadano

En cuanto al término “ejercicio del poder público” es necesario señalar que éste incluye dos marcos de acción distintos que tiene previstos los Estados Democráticos de Derecho. El primero de éstos es el ejercicio de la deliberación pública que constituye lo que Immanuel Kant denomina “uso público de la razón” y que otorga a los ciudadanos lo que se conoce como “poder comunicativo”. El segundo marco de acción es el de la desobediencia civil que demarca los límites de la política democrática y consiste en una acción que tiene como fin defender la Constitución Política en un Estado Democrático de Derecho o Democracia Constitucional.


1.2.1.- El uso público de la razón

El uso público de la razón designa dos procesos políticos diferentes, pero articulados entre sí: en primer lugar, se dirige a hacer valer el derecho político de deliberación pública; en segundo lugar, conduce a la generación del poder comunicativo que permite a los ciudadanos hacer frente a las fuerzas del dinero, el fundamentalismo y la política que buscan corromper la democracia.

El derecho político de deliberación pública constituye un derecho fundamental de los ciudadanos . Por medio de él los ciudadanos pueden intercambiar, aclara y purificar sus opiniones sobre cuestiones públicas fundamentales. Así, por medio de la discusión pública, ellos pueden perfilar con más claridad sus posiciones sobre cuestiones políticas importantes. Este derecho político es un derecho fundamental en una sociedad democrática, por lo que constituye un valor político. Pero, al mismo tiempo, a través de la comunicación se articula el uso público de la razón. Kant, en su opúsculo sobre la Ilustración entendió el uso público de la razón como aquél que hacen los ciudadanos, en tanto que doctos en la esfera pública. El término “docto” designa a todo ciudadano que tiene una opinión argumentada sobre las reformas que deben realizarse en las reglas y normas que regulan tanto las instituciones de la sociedad civil (como las iglesias, las universidades y los colegios profesionales, etc.) como las instituciones del Estado. Estas manifestaciones públicas (Kant pensaba en la prensa como el canal natural de estas comunicaciones, pero hoy en día contamos con otros medios alternativos que se pueden encontrar más o menos libres de coacción) van articulándose entre sí bajo la forma de argumentos y razones que exigen la transformación de las instituciones y sus normas a fin de hacer valer la libertad y la igualdad jurídicas de los ciudadanos . En este proceso se articula el poder público, que necesita como una condición de posibilidad indispensable el ejercicio del derecho político de deliberación pública. He aquí la articulación entre el uso público de la razón como derecho de deliberación pública y el uso público de la razón como ejercicio de poder público.
Cuando los funcionarios y las instituciones públicas se encuentran profundamente corrompidos se produce automáticamente un atentado serio contra las libertades políticas de deliberación. En el Perú hemos vivido durante la década de los 90 este proceso de debilitamiento de los derechos políticos de los ciudadanos. Como lo hemos experimentado en carne propia, una vez que el poder del dinero comienza a corromper las instituciones públicas y los partidos políticos, la capacidad de ejercer los derechos políticos de los ciudadanos comienza a debilitarse sustantivamente. La vida política del país comienza a articularse entre los políticos y los capitales, a espaldas de ciudadanos volcados a sus asuntos privados y carentes de voz pública. Este proceso es lo que Alexis de Tocqueville denominaba “despotismo blando” . Se trata, en realidad de una democracia de baja intensidad, en la que sólo está funcionando la dimensión representativa y no la dimensión participativa de la sociedad civil.

La dimensión representativa restringe la democracia al ejercicio del voto ciudadano cada cierto tiempo, en vistas de que elijan a sus representantes o al presidente de la república. Una vez elegidos los representantes, los ciudadanos son invitados a asumir una actitud pasiva respecto de la vida política. Pero como la política es un bien tan preciado que los ciudadanos no podemos dejar en manos de los políticos, es necesario complementar la dimensión representativa de la democracia con la dimensión participativa de los ciudadanos, participación que se ejerce por medio de las instituciones intermedias de la sociedad civil, como lo son las universidades, las iglesias y los colegios profesionales, entre otras instituciones.

El término “despotismo blando” designa a una democracia donde sólo existe la dimensión representativa. Durante los años 90, los paladines del gobierno de Fujimori rechazaban la dimensión participativa de la vida democrática . De esa manera, un gobierno altamente corrupto podía mantener a raya la participación política ciudadana y neutralizar el poder público. Pero esa no es la única estrategia que los gobiernos autoritarios tienen para neutralizar o cancelar el poder público. Otras de las maneras de hacerlo, y que hemos experimentado en este país durante los años noventa, es apelando a la llamada “democracia directa”. Este tipo de democracia es de carácter asambleístico, en el cual los ciudadanos se convierten en una masa y son consultados vía referéndum sobre cuestiones políticas fundamentales. En ese trance, los ciudadanos masificados se encuentran sin la posibilidad de deliberar entre sí respecto de las posiciones políticas a tomar, lo cual los vuelve presa del poder de la demagogia y la propaganda del gobierno, que excita sus emociones y anula su razonamiento. Una figura análoga a la democracia directa se encuentra en las mal llamadas “encuesta de opinión pública”. Estas ocultan su verdadero significado bajo el rótulo “opinión pública”. Tales encuestas son, en realidad, recolección de opiniones privadas sobre asuntos públicos. La opinión pública no se articula ni se expresa sino por medio de un proceso de deliberación y discusión pública entre ciudadanos; proceso que se encuentra completamente ausente en tal tipo de encuesta.

Un tipo muy diferente de democracia lo constituye la democracia radical, en la que se trata de profundizar en la dimensión participativa de los ciudadanos, fortalecer las instituciones de la sociedad civil y hacer crecer el poder de la ciudadanía. Las universidades si bien no son el único espacio, se presentan como el espacio privilegiado para fortalecer la democracia radical que se requiere para robustecer el poder público. Ello es así, porque es en ella donde la deliberación, la discusión de ideas y la contrastación de los saberes conducen a fortalecer la conciencia ciudadana. La universidad tiene una tarea profética: puesto que se trata del lugar donde el saber, la discusión académica y la imaginación se articulan, es en ella en la que se puede vislumbrar y construir las bases de la sociedad deseable por venir. Como muy bien señalaba el padre Felipe MacGregor, en la universidad se deben hacer y vivir las cosas que se desean se hagan y vivan en la sociedad después de una o dos décadas. Sin embargo, la universidad en el Perú se encuentra coaptada por tres fuerzas que perforan su autonomía y libertad cada vez con más radicalidad: el poder del dinero, el poder político y el poder de los grupos eclesiales fundamentalistas. Así, podemos encontrar, en nuestro país, tres tipos de universidades donde la autonomía, la excelencia y discusión académica se está haciendo añicos. De una parte encontramos universidades empresa, que se organizan sin centros federados y que se encuentran diseñadas para servir a los intereses del neoliberalismo económico. De otra, encontramos las universidades públicas donde la discusión político-partidaria va convirtiéndolas en centros de adoctrinamiento de posturas radicales. Finalmente, las universidades confesionales reemplazan la excelencia académica por el maridaje entre el poder económico y el adoctrinamiento religioso-fundamentalismo.